1. El Gobierno de Nergrín, sus pocos amigos y sus muchos enemigos

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El Gobierno de Negrín, sus pocos amigos y sus muchos enemigos

Hace ya dos años que España está en guerra. Y el mundo entero se pregunta por qué esta horrenda guerra no termina de una vez. Si sólo dependiese de los españoles habría terminado hace mucho tiempo… (Manuel Chaves Nogales, junio de 1938^[1]).

1.1. Formación y objetivos del segundo Gobierno Negrín

1.1. FORMACIÓN Y OBJETIVOS DEL SEGUNDO GOBIERNO NEGRÍN

El 5 de abril de 1938 tomaba posesión el segundo Gobierno del doctor Negrín, militante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Juan Negrín López había sido ministro de Hacienda en el gabinete de Francisco Largo Caballero (septiembre de 1936-mayo de 1937) y tras los trágicos sucesos de Barcelona había sustituido al líder de la Unión General de Trabajadores (UGT) al frente del ejecutivo, formando su primer gobierno. Se propuso entonces dar un cambio de rumbo total a la guerra y revolución, a partir de tres objetivos: la restauración del poder estatal, reconfigurando el aparato administrativo del Estado; la reconstrucción de un ejército combatiente regular, con mando único y jerarquizado, obediencia y disciplina en sus filas; y la intensificación de la economía de guerra y la movilización de la retaguardia al servicio de las necesidades del frente de combate.

Desde el inicio de su gestión, el sector caballerista del PSOE fue el que ejerció una postura más beligerante contra el nuevo gobierno, negando el apoyo de la UGT, y contra el Partido Comunista de España (PCE), su principal aliado, al que acusó de estar detrás de la caída de Largo Caballero. Cuando el presidente de la República, Manuel Azaña, procedió a abrir consultas, el Partido Comunista se pronunció por un gobierno de Frente Popular que diera satisfacción a las grandes masas del país en los problemas de la guerra, de la industria y de la «limpieza» de la retaguardia. Pascual Tomás, por la UGT, afirmó, por el contrario, que este sindicato sólo daría su apoyo a un gobierno presidido por Largo Caballero. La Confederación Nacional del Trabajo (CNT), principal víctima de los acontecimientos de mayo en Barcelona, también se mantuvo al margen.

En abril de 1938 el doctor Negrín intentó recuperar el espíritu del Frente Popular, integrando a la mayor parte de fuerzas políticas y sindicales. Los representantes de los sindicatos volvían al gobierno: la UGT recibía la cartera de Justicia y la CNT la de Instrucción Pública y Sanidad.

Cuando comenzaba la acción del nuevo Gobierno, las condiciones internas y externas no podían ser peores. Días antes, el 7 de marzo, aprovechando la extrema debilidad de las defensas republicanas tras el desgaste de Teruel, el ejército de Franco había emprendido una poderosa ofensiva en la zona con el objetivo de llegar al Mediterráneo y partir en dos el territorio republicano. Para reforzar la operación y debilitar la moral de los enemigos, los días 16 y 17 del mismo mes la aviación italiana realizó sobre Barcelona los mayores bombardeos sobre una ciudad conocidos hasta el momento, que se saldaron con un balance de unos 1300 muertos y más de 2000 heridos. El frente republicano se desplomó como resultado de la magnitud de los ataques y el 15 de abril las tropas franquistas alcanzaban el Mediterráneo en Vinaroz (Castellón). La República quedaba dividida en dos mitades vulnerables: un enclave central aislado excepto por vía marítima y un núcleo catalán adherido a la frontera francesa. A casi nadie se le escapaba, ni dentro ni fuera de las fronteras, que la guerra estaba prácticamente perdida militarmente para el bando republicano, a no ser que un golpe de fortuna inesperado revirtiera la situación.

Si la coyuntura militar comenzaba a resultar trágica para la República, en el ámbito de las relaciones internacionales las perspectivas no eran más halagüeñas. El día 10 de abril se producía la caída del gobierno del Frente Popular en Francia, presidido por el socialista Léon Blum, uno de los mejores aliados de Negrín. Le sucedió al frente del gobierno francés Édouard Daladier, del Partido Radical, que dio por finalizado el período de gobierno del Frente Popular, iniciado en 1936. «Es inútil disimular que la crisis del Gobierno francés nos ha producido una agradable impresión»^[2], decía la prensa portavoz del bando franquista. Mientras, Negrín permanecía en silencio imaginando lo que se le venía encima…

En Reino Unido tampoco el ambiente político era muy favorable al Gobierno de Negrín. Desde el 28 de mayo de 1937 el jefe del Partido Conservador, Neville Chamberlain, ocupó el cargo de primer ministro, sucediendo a Stanley Baldwin. Su política exterior, que pretendía por encima de todo salvaguardar la paz mundial, se caracterizó por lo que se denominó «appeasement» (apaciguamiento), estrategia contemporizadora con la política expansionista de Adolf Hitler, cediendo a la mayor parte de sus exigencias.

La política interna en el bando republicano tampoco atravesaba por buen momento, con múltiples problemas que desde dentro venían dinamitando al propio Frente Popular, coalición electoral formada en enero de 1936 para intentar recuperar, en las elecciones convocadas para el mes siguiente, la Segunda República y su espíritu reformista de 1931. Durante la guerra se había convertido en una estructura de poder. El primero de estos problemas incidía de lleno en la principal cuestión en el debate político republicano: la división entre las fuerzas republicanas por la resistencia o la rendición ante la negativa marcha de la guerra para ellos. Las notables diferencias entre los partidarios de proseguir la resistencia a ultranza, encabezados por Negrín, y los de negociar una rendición con apoyo franco-británico, apadrinados por el presidente Azaña, fueron abriendo una brecha cada vez más profunda en las formaciones políticas y sindicales, alimentada además por otros graves problemas que venían incidiendo de lleno en el desarrollo político, militar y económico de la guerra. La fractura dividía internamente a todas las fuerzas políticas, pero especialmente enfrentaba a los comunistas y al sector negrinista del Partido Socialista Obrero Español con los grupos republicanos moderados, los nacionalistas vascos y catalanes, la mayoría del anarcosindicalismo y dentro del Partido Socialista las tendencias de Izquierda Socialista, liderada por Largo Caballero, y la moderada de Besteiro.

El lema del doctor Negrín desde que se hizo con el gobierno en mayo de 1937 y sobre todo en abril de 1938, al asumir las responsabilidades de la Defensa fue «¡Resistir es vencer!». El presidente hizo de esta premisa el objetivo estratégico del Gobierno. La resistencia a ultranza, como opina Miralles^[3], fue una orientación política y una estrategia militar a la vez. Consciente de la pérdida de la guerra, pretendía lograr la mediación internacional con el fin de negociar la paz con Franco, para lo que era necesario resistir en el frente. Además había otro objetivo: enlazar con el conflicto europeo en ciernes, que Negrín, aunque lo negara una y otra vez, tuvo sin duda en cuenta.

El primer acto político importante del nuevo gobierno fue la publicación, el 30 de abril, de los denominados «Trece Puntos», donde se reafirmaba en la resistencia a través del establecimiento de unos objetivos convertidos en razones por las que se continuaba la guerra y posibles bases para un principio de acuerdo con el bando de Franco.

El general Francisco Franco, a quien la Junta de Defensa Nacional en septiembre de 1936 había otorgado la Jefatura del Estado, convirtiéndole en Generalísimo y jefe del denominado «ejército nacional», no tardó en dar respuesta a los puntos del Gobierno de Negrín. El 31 de mayo se publicaba en el periódico El Legionario (Valladolid) una entrevista con él en la que se mostraba contundente ante las intenciones del ejecutivo republicano: «La guerra se terminará por las armas y solamente por las armas. Finalizará exclusivamente por la victoria militar». Inmediatamente la noticia se trasladó por valija diplomática a las principales cancillerías europeas, por si algunas tenían dudas o coqueteaban con los intermediarios del gobierno republicano para negociar los trece puntos^[4].

Por si no fuera suficiente, Francisco Gómez-Jordana, conde de Jordana, quien había asumido la cartera de Asuntos Exteriores en el primer gobierno formal que Franco constituyó en enero de 1938, ordenó al duque de Alba, su representante en Londres desde el año anterior^[5], por carta del 10 de junio de 1938, que desmintiese en la capital británica cualquier esperanza mediadora con palabras tajantes y bien reveladoras del programa totalitario auspiciado por el régimen franquista:

Con marcada insistencia vienen los rojos maniobrando cerca de distintos Gobiernos para asegurarse una mediación en nuestra guerra en términos que les permitan salvar parte de lo que irremediablemente tienen perdido… Nuestra victoria ha de ser aplastante y hay que exterminar cuanto sea reminiscencia de lo que precedió al Movimiento. No es nuestro Estado una Dictadura ni es retrógrado su sentido, sino progresivo y avanzado en todos los aspectos, pero libre de las lacras que nos llevaron al desastre: el parlamentarismo, el sectarismo, la demagogia, el cacicato de los indeseables, la intervención de Moscou, el imperio del marxismo, la injusticia social, la persecución de la Iglesia, etc. Todas ellas tienen que desaparecer radicalmente y para ello es necesario que nuestra Cruzada por Dios y por la Patria termine con rotunda victoria… El pueblo vencido totalmente será susceptible de regeneración, vencido a medias no^[6].

Una vez que Negrín fue consciente del rechazo de Franco a su propuesta de los «Trece Puntos», vio como única salida resistir para enlazar el conflicto español con el que ya todos daban por seguro a nivel mundial, que sin embargo se retrasaría un año más. Para él, no se trataba sólo de resistir por una cuestión de orgullo personal, sino por el interés y el miedo de la mayoría, a los que no quería dejar abandonados sin unas mínimas garantías que Franco, desde luego, no confirmaba. Así se lo aseguró una y otra vez, como a su amigo Jesús Hernández, comisario político del ejército republicano de la zona Centro-Sur y exministro del anterior gabinete:

El pueblo está cansado de la guerra, pero tiene miedo a perderla. Quiere la paz, pero con posibilidades mínimas de vivir. Y comprende bien que sin resistir no se puede negociar la paz. Prueba de esto es el ritmo de incorporación de las nuevas quintas. Pese a todo el sabotaje descarado de los C. R. I. M. (centros de reclutamiento e instrucción militar), los comprendidos en los llamamientos acuden hasta con bandas de música^[7].

En el mismo sentido se manifestó ante otro amigo y correligionario, Vidarte, al que confesó que no estaba dispuesto a entregar indefensos a centenares de españoles, que se estaban batiendo heroicamente por la República, para que Franco se diera el placer de fusilarlos como lo estaba haciendo en Galicia, Andalucía y Vascongadas:

¿Es que usted cree que a mí no me pesa, como al que más, esta odiosa servidumbre? Pero no hay otro camino. Cuando hablo con nuestros amigos de Francia, todo son promesas y buenas palabras. Después empiezan a surgir los inconvenientes y de lo prometido no queda nada. La única realidad, por mucho que nos duela, es aceptar la ayuda de la URSS, o rendirse sin condiciones… ¡Qué más puedo hacer! La paz negociada siempre; la rendición sin condiciones para que fusilen a medio millón de españoles, eso nunca^[8].

Este primer problema terminó por afectar y agudizar a otros de los más básicos que se venían planteando en la política republicana desde el comienzo de la guerra, e incluso antes, como eran la división interna en el PSOE, el partido que presidía el gobierno, y el aislamiento del PCE en el seno del Frente Popular, por las notables diferencias estratégicas con el resto de formaciones, especialmente con parte del Partido Socialista y con la CNT.

En abril de 1938 aparecía de forma evidente la división del PSOE en tres vías irreconciliables, surgidas a partir de la revolución de octubre de 1934. Negrín no era capaz, siquiera, de dominar la tendencia centrista del partido, en la que se adscribía, especialmente a partir de la ruptura con Indalecio Prieto, al que sacó del segundo de sus gobiernos para asumir él mismo la cartera de Defensa. A ambos lados tenía la beligerancia de Izquierda Socialista, liderada por el sindicalista Francisco Largo Caballero, y la moderación conservadora de Julián Besteiro, que intentaban disimular las pocas simpatías que le despertaba el gobierno del doctor Negrín.

Días antes del cambio de gobierno, en el seno de la Comisión Ejecutiva del PSOE, Negrín y Prieto se enfrentaron abiertamente. Este último, todavía ministro de Defensa, se mostró «convencido de que toda resistencia futura era inútil y sólo servía para propiciar el aumento de la influencia militar y policial de los comunistas»^[9]. Negrín le replicó que no podía prescindir de los comunistas porque eran los únicos que eficazmente ayudaban, y no podía poner en peligro la colaboración de la URSS, único apoyo efectivo que tenían en cuanto a material de guerra. De franceses e ingleses, todo eran solamente buenas palabras pero muy pocas realidades.

Durante el Consejo de Ministros que se celebró en la noche del 29 de marzo, Negrín decidió prescindir de su gran amigo Indalecio Prieto al frente del Ministerio de Defensa, como reconocería en la correspondencia cruzada entre ambos al finalizar la guerra^[10]. Según le reprochaba Negrín, el informe del todavía ministro de Defensa desmoralizó a los miembros del gabinete: «Dejó usted a aquellos hombres convertidos en guiñapos e inutilizados para su labor». Para él, «su moral decaída impedía que su capacidad singular y su actividad prodigiosa dieran un rendimiento positivo y su indiscreta incontinencia nos llevaba a la catástrofe». Prieto contestó rechazando su indiscreción, a lo que replicaba Negrín que cuando estaba gestionando ante el embajador francés el envío de nuevo material, éste le replicó que tenía muchas dudas de emprender la gestión por las propias manifestaciones que le había realizado el ministro de Defensa. «Me preguntó —escribe Negrín— si yo ignoraba que el Ministro de Defensa Nacional, Sr. Prieto, daba la guerra por perdida». El secreto a voces se extendió por diputados, militares, políticos y funcionarios.

La versión de Prieto es bien distinta. En la reunión del día 29 sólo expuso la situación de forma realista, incluso más dosificada que la que días antes le había expuesto a él el general Rojo, responsable del Ejército Popular, quien le advirtió como ministro de Defensa que «el Gobierno debe pensar en las probabilidades de una derrota militar». Indalecio Prieto expuso en el Consejo de Ministros, en síntesis, que «ante la falta de combatividad de nuestras tropas, su desorden y desorganización, ante la enormidad de material del adversario, preveo que los facciosos llegarán al Mediterráneo; tengo por inevitable el hecho, y deben tomarse ya las medidas procedentes».

Efectivamente, los informes del general Rojo no parecían nada optimistas, al contrario, hablan de inferioridad, desmoralización e incapacidad de reorganizar las líneas defensivas en el Este^[11]. Para él, no era una cuestión tanto de falta de armamento, salvo la excepción de la aviación, como de transportes. El Ejército de Maniobras estaba prácticamente inutilizado porque era incapaz, con tan sólo doce camiones, de mover a unos 50 000 soldados que tenía preparados para reforzar los frentes. La falta de repuestos, además, hacía que tan sólo se pudiera volver a poner en circulación uno de cada diez camiones averiados por el continuo desgaste. No había otra alternativa que solicitar una mayor implicación de la retaguardia enviando nuevos vehículos, pues el ferrocarril prácticamente no tenía capacidad de movimientos. «Acentúa también la gravedad del problema de transportes —explicaba—, el hecho de que, habiéndose recibido abundante material de guerra, principalmente de artillería y de la D. E. C. A., y siendo indispensable para poner en servicio estos materiales la asignación de medios de transporte automóvil, ha sido preciso restar de las reservas disponibles varios centenares de camiones destinados a dicho fin. Como la llegada de material no se interrumpe, nos hallamos ante el problema de prescindir casi totalmente de la reserva de transportes o dejar sin utilizar dicho material de guerra». Todo ello generaba una quiebra moral en los combatientes, que sin apenas descanso veían cómo nunca llegaban los refuerzos prometidos. «En síntesis —escribía el 30 de marzo— puede decirse que al Sur del Ebro tenemos un frente establecido, pero desde el Ebro hacia el Norte nuestro frente prácticamente no existe, pues la mayor parte de las tropas que constituían el Ejército del Este, como las enviadas de refuerzo, se hallan desarticuladas entre sí, sin constituir un frente defensivo, y la mayor parte desorganizadas y retrocediendo, víctimas de un fenómeno de pánico».

Para Prieto, la situación militar no pesó tanto en la resolución de Negrín de prescindir de su persona como la oposición crítica que ejerció continuamente ante la influencia que tenían tanto en la actividad política como en la militar los comunistas, por la que «se entregaban al Partido Comunista los más importantes resortes del Poder». Entre otras cuestiones, criticaba el nombramiento de Jesús Hernández, quien dejaba un ministerio sin apenas funciones como el de Instrucción Pública, para convertirlo en comisario jefe de la zona Centro-Sur, es decir, de las cuatro quintas partes del Ejército Popular. También nombró a Cordón como subsecretario del Ejército de Tierra y a Prados para la jefatura del Estado Mayor de la Marina. Éstos se sumaban al de Hidalgo de Cisneros al frente de la Aviación republicana. También la Dirección General de Seguridad recayó en un comunista (Cuevas) y la Dirección General de Carabineros en un miembro del PSUC (Marcial Fernández). Con estas medidas y otras más, Negrín reforzó el predominio comunista en el Ejército de la República y en el control de la seguridad ciudadana.

La crisis interna del PSOE se resolvió a primeros de abril a favor de las tesis de Negrín, pero a costa de formar un nuevo gobierno en el que asumía también la cartera de Defensa pero perdía a uno de los líderes más carismáticos de la época. Para él no había otra alternativa a su política, por la negativa de Franco a negociar la capitulación, pues sólo aceptaba la rendición incondicional. La gran víctima en lo personal fue Indalecio Prieto, al que sustituyó el propio Negrín al frente del ministerio porque, según explicaba, no podía ejercer las responsabilidades de Defensa alguien que no creía en las posibilidades del Ejército Popular y, sobre todo, por proclamarlo públicamente^[12]. Pero tampoco se puede olvidar otra cuestión que resultó determinante en la voluntad de Negrín de separar a Prieto de la cartera de Defensa: la presión de los comunistas^[13].

Indalecio Prieto nunca perdonó a su amigo que le apartara del ejecutivo en momentos tan decisivos. Había sido uno de sus valedores junto a Azaña en mayo de 1937, pues veía en él al hombre culto, de reconocido prestigio intelectual, conocedor de varios idiomas, enérgico y moderado, que necesitaba el régimen republicano para lograr sus objetivos en la política internacional. Tras la guerra, Prieto rompió su silencio, que creía necesario entonces para no perturbar ni la acción gubernamental ni la militar. Desaparecidas «tan delicadas circunstancias», decía sentirse en libertad para proclamar en público «mis discrepancias pasadas y presentes con Negrín». Le acusaba de ejercer un poder personal dedicado «sin contemplaciones, a eliminar a cuantos pudieran constituir estorbo para sus arbitrariedades»^[14].

Quien se debió alegrar de la salida de Prieto del gobierno sería el propio Largo Caballero, según las últimas investigaciones del profesor Aróstegui^[15]. Para el líder sindical, la política férrea y hasta autoritaria de Negrín por controlar toda decisión política y militar se debía al predominio comunista de la política de guerra y, más aún, al apoyo que le había brindado una parte del socialismo. Pero a esa situación, que había provocado su salida de la presidencia del Consejo de Ministros en mayo de 1937, se llegó por culpa del propio Indalecio Prieto: «La campaña para reducir a Largo Caballero y los suyos al silencio fue orquestada en especial por los comunistas, a través de los resortes del poder, de la prensa y la palabra hablada, pero, desde luego, con el permanente y decisivo apoyo del socialismo oficial, es decir, de la línea prietista que controlaba la Comisión Ejecutiva del partido. Ramón Lamoneda fue su hombre fundamental». La Ejecutiva, «con la activa colaboración del PCE, emprendían la decisiva acción de expulsar al caballerismo de sus reductos».

El Gobierno de Negrín contó con el inestimable apoyo de una parte de su propio partido —no la más numerosa, probablemente—, encabezada por su secretario general, el prietista Ramón Lamoneda, aunque ni mucho menos sincera: «La dirección del PSOE, aturdida y desorientada ante esa verdadera fuga de su máximo líder (que iniciaba así una especie de pasivo exilio interior, al igual que Largo Caballero previamente), no encontró otra solución que dar su apoyo a Negrín con más resignación que entusiasmo y devoción. Sobre todo porque Negrín, ante la actitud tomada por Prieto, anunció a la Ejecutiva su disposición a dimitir y recomendar a Azaña que busque otro presidente. Y ante esa perspectiva pavorosa, la dirección del PSOE reaccionó de la única manera posible»^[16]. Salvo el sector oficial, el resto (prietistas, caballeristas y los seguidores de Besteiro) estaban cada vez más abiertamente en contra. También la mayoría de los diferentes partidos republicanos y de sus líderes, empezando por el presidente de la República, Manuel Azaña. Esta circunstancia no sólo hacía menos operativo al ejecutivo, sino que incluso tenía que malgastar enormes fuerzas en acallar las conspiraciones internas. El presidente del Consejo de Ministros, en algunos momentos de desesperación, no se recataba de denunciar públicamente las constantes intrigas políticas contra él y su gobierno, en las que participaban el propio Azaña; el presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio; y el líder socialista Julián Besteiro, que apostaban abiertamente por iniciar cuanto antes las negociaciones que llevaran a finalizar la guerra lo antes posible. Las intrigas no eran nuevas, decía Negrín. Pero lo realmente novedoso es que ahora se sumaba Indalecio Prieto^[17], su gran valedor y amigo, al que había tenido que apartar del gobierno.

Los sindicatos también estaban divididos ante el respaldo al Gobierno del doctor Negrín. El aparato oficial de la CNT, con su secretario general Mariano Rodríguez Vázquez a la cabeza, apoyaba al ejecutivo. También lo hacía sin fisuras el de la UGT, con su dirección nacional al frente: Ramón González Peña, Amaro del Rosal, Felipe Pretel, Virgilio Llanos y Edmundo Domínguez. Pero buena parte de los militantes de estos sindicatos mayoritarios se situaban enfrente de Negrín y, por tanto, de sus líderes.

La separación entre mandos y militantes en ambos sindicatos tuvo también negativas y amplias repercusiones en la política cotidiana. Las masas cenetistas nunca habían entendido que el sindicato anarquista entrara en el gobierno, por primera vez en la historia, en un momento de tantas dificultades como en noviembre de 1936, y que se hiciera con tres ministerios de poca influencia en la política general. Además, recriminaban a sus líderes no sólo que se renunciara a uno de los importantes para ellos como era el de Agricultura, en el que se jugaba la marcha de la revolución, sino que este ministerio se entregara a un comunista. Frente al objetivo central de la CNT, el Partido Comunista de España había decidido renunciar a la revolución ante el objetivo prioritario de ganar la guerra. Después de la victoria, ya habría tiempo para revoluciones.

El debate interno en el seno del sindicato anarquista fue continuo y cada vez más beligerante. También lo fue con el resto de compañeros anarquistas. En el Pleno Nacional de Regionales del Movimiento Libertario (CNT, FAI y FIJL), celebrado en Barcelona del 16 al 30 de octubre de 1938, se discutió ampliamente sobre la conveniencia de estar en el poder. Horacio Prieto, que representaba a la Regional del Norte, se mostraba partidario firme de la participación en el gobierno, afirmando que «la acción verdaderamente decisiva sólo se puede ejercer desde los órganos del poder». La polémica estalló. El representante del Comité Nacional de la FAI se opuso a esa postura: «No puede considerarse como un éxito nuestra entrada en el gobierno, colofón obligado de una etapa en que se estuvo mendigando el poder. Éste no se pide: o se toma porque se tiene fuerza o se le entrega a uno por conveniencia». Replicó el líder Mariano R. Vázquez, del Comité Nacional de la CNT, recogiendo las diferencias entre la CNT y la FAI: «Afirma que existen dos interpretaciones: la de la FAI, que no quiere que estemos en el gobierno, y la nuestra, que no queremos estar en la oposición». Lo dejaba claro: no querían pero no había otra solución si se quería avanzar y defender las conquistas revolucionarias; se trataba de un ejercicio de responsabilidad. El pleno se clausuró con la aprobación del dictamen final, que eludía pronunciarse sobre la intervención del anarquismo en el ejecutivo y proclamaba una política que continuara «la línea de resistencia que tiene trazada el Movimiento Libertario y sostener la necesidad de continuar la lucha contra el fascismo hasta aplastarlo y conseguir arrojar de España al último invasor»^[18].

En la UGT la situación era similar. El sindicato de tendencia mayoritariamente socialista también vivió una tensa situación interna, por las diferencias entre sus responsables y por la escisión entre militantes y aparato oficial. Tampoco fueron fáciles las relaciones con el que consideraban su partido, el PSOE. Según iban creciendo las dificultades materiales y la impopularidad del gobierno presidido por Negrín por su política de resistencia a ultranza, aumentaba la popularidad del denostado Largo Caballero. Su expulsión de la Ejecutiva de la UGT en octubre de 1937 fue interpretada por él mismo como el éxito de las corrientes comunistas que llevaban tiempo intentando controlar el sindicato socialista. La nueva Ejecutiva designada el 1 de octubre de 1937 estaba liderada por el presidente Ramón González Peña. En ella había dos comunistas, en calidad de vocales, una novedad que muchos no aprobaron. El 24 de octubre de 1937 la reunión del Comité Nacional de la UGT en Valencia ratificó por unanimidad a la nueva Ejecutiva de González Peña. El caballerismo quedaba liquidado oficialmente. En cierto sentido, la decisión de la Comisión Ejecutiva de excluir a la Izquierda Socialista de la dirección del sindicato puede explicarse por el propio conflicto interno del PSOE. Como la influencia de Largo era fundamentalmente a través de la UGT, el Partido Socialista, dominado por los centristas, quiso garantizar la paz en el partido desafiando allí el poder de la Izquierda Socialista. Las manifestaciones de Largo contra Negrín eran públicas y reincidentes, y el PSOE necesitaba proyectar una imagen de unión y fuerza.

El caballerismo, hundido en 1937, cada vez fue cogiendo más adeptos e influencia en el seno de la UGT y del partido. Atrincherado en algunas federaciones, empezó a salir a la arena política denunciando el poder del PCE y la pérdida de influencia del PSOE y la UGT. Largo Caballero supo aprovechar el amplio sentimiento anticomunista existente tanto en las bases del Partido Socialista como de la UGT. Además, las bases militantes del PSOE tenían la sensación de que Lamoneda no estaba con ellos. Muchos socialistas, aislados en el centro y el sur de la península, rodeados por territorio franquista y el mar, sin sentir a su líder, acabaron por entregarse al caballerismo y al anticomunismo. Esta sensación aumentó al final, pues tras la caída de Cataluña, en febrero de 1939, la Ejecutiva de Lamoneda se marchó a Francia.

Los responsables de la UGT también intentaron neutralizar a los caballeristas reforzando sus lazos de unidad con los anarquistas de la CNT, con los que compartían objetivos revolucionarios en la economía de guerra. El 6 de febrero de 1938, ambas organizaciones obreras acordaron conjuntamente lanzar una propuesta de comité de enlace denominada «Bases de inteligencia hacia la unidad sindical»^[19], que constaba de varias iniciativas, sobre todo militares y económicas, los dos grandes asuntos del momento, que preocupaban tanto a las autoridades como al pueblo. En el plano militar, aspiraba a mantener y robustecer los lazos de confraternidad entre los componentes del Ejército Popular y evitar que en la retaguardia se suscitaran cuestiones que pudieran distraer la acción del gobierno de su principal misión, que era ganar la guerra con rapidez, contribuyendo a crear una moral de guerra. Además, los sindicatos contribuirán a la creación de fuertes reservas que permitieran ampliar los efectivos del Ejército Popular y una política regular de relevos.

El pacto de unidad de acción, por el que se aprobaba la constitución del Comité Nacional de Enlace UGT-CNT, se firmó el 18 de marzo de 1938, con similares propuestas a las acordadas en las bases un mes antes^[20]. Este pacto era realmente algo nuevo y no tenía nada que ver con el rubricado en julio de 1937^[21], por el que Largo Caballero después de perder poder e influencia por los sucesos de mayo intentó ganar cuota de poder político a través de la UGT y de las estrechas relaciones de ésta con la CNT, pero el debilitamiento de unos y otros por los acontecimientos de Barcelona hicieron del pacto papel mojado.

El comité quedaba presidido por Horacio Martínez Prieto y como vicepresidente figuraba Roberto Alfonso, ambos del Comité Nacional de la CNT. El secretario general de la UGT José Rodríguez Vega era nombrado secretario y vicesecretario César García Lombardía, uno de los dos representantes del PCE en la Ejecutiva de la UGT. La sede se establecía en Barcelona, en la propia del sindicato socialista. A mediados de abril de 1938, ante la situación creada por los últimos avances enemigos en tierras levantinas, acordó constituir una delegación en Valencia, que actuaría en todo momento, según el objetivo planteado, bajo la dirección del Comité Nacional^[22].

Tras la ratificación del pacto por las cúpulas de las dos organizaciones sindicales se organizó una campaña pública para dar a conocer sus condiciones. En los actos celebrados por varias ciudades de la España republicana (Madrid, Barcelona, Valencia, Castellón, Almería…) los dirigentes de la CNT y la UGT quisieron quitar presión a la política afirmando su compromiso con la alianza obrera revolucionaria como instrumento sindical de apoyo al Gobierno de Negrín. Pretendían, sin duda, no inquietar ni al PSOE ni al PCE, que habían cedido a la firma por pensar que el pacto garantizaba la desmovilización política de los dos sindicatos, al supervisar los dos partidos marxistas el acuerdo de unidad de acción.

El Comité Nacional de Enlace fue estimulando la organización de distintos comités territoriales en los ámbitos regional, provincial y local, y en diversos sectores productivos. En el sector agrícola, el 16 de abril de 1938, la Federación Española de Trabajadores de la Tierra de la UGT y la Federación Nacional de Campesinos de la CNT constituyeron el Comité Nacional Campesino de Enlace UGT-CNT. Este comité conjunto, con sede en Valencia, estaba presidido por el caballerista Ricardo Zabalza, secretario general de la Federación Española de Trabajadores de la Tierra (FETT) desde 1934^[23]. Como secretario figuraba Armando Artal, de la CNT.

Se trataba, sin duda alguna, de un intento desesperado por encauzar la producción ante la gravedad por la que atravesaba la República, con las tropas franquistas avanzando ya por tierras de Levante y Cataluña, con numerosos problemas y disputas en el seno del colectivismo y cada vez con menos hombres útiles para el trabajo, especialmente desde la movilización de las quintas del 22 al 26. Representaba, según sus propios propósitos, «una conciencia, una disciplina y una convicción, puestas al servicio de la guerra, de la libertad y de la transformación del país»^[24].

Este comité de enlace campesino se convirtió en un poderoso instrumento en manos del «temido» Largo Caballero, que aunque en minoría oficial en la Ejecutiva de la UGT conservaba el predominio en la Federación Española de Trabajadores de la Tierra, la más importante organización del sindicato socialista por su elevado número de afiliados^[25]. Largo la utilizó como instrumento para seguir en el escenario político, declarando continuamente que sería su forma de volver a dominar la UGT.

Los comités de enlace estimulados desde la dirección de la UGT y de la CNT en 1938 intentaron revitalizar la política republicana a partir de un acercamiento sincero a las bases. Parecía el momento adecuado por la coyuntura difícil por la que pasaba la República ante las propias rivalidades de las organizaciones políticas y sindicales del Frente Popular, por la negativa evolución de la economía y de la guerra y por la desmoralización cada vez más generalizada tanto en la retaguardia como en los frentes, visible en el propio seno del Ejército Popular. Resurgía el poder desde abajo. Pero tal vez lo más significativo de este nuevo poder no estaba tanto en sus acciones como en su significado, al incorporar totalmente al anarcosindicalismo a la acción de gobierno de la República^[26].

El Comité Nacional de Enlace UGT-CNT consiguió muchos de sus objetivos políticos, sociales y económicos, y sobre todo mantuvo el tipo en la lucha en la calle contra la desmoralización y el derrotismo. Una vasta red de comités regionales, provinciales y locales, unos de carácter general y otros especializados por sectores productivos, trabajaron sin cesar por acercar el poder al pueblo, para que éste siguiera identificado con su Gobierno y con su Ejército.

La actuación de los distintos comités se hizo muy difícil por las rivalidades existentes en el seno del propio partido gubernamental, el PSOE, y en el sindicato de la UGT. Muchas más que las de ambos con el anarquismo. Amplios sectores del partido y del sindicato socialista se oponían abiertamente a la propia política de resistencia de Negrín, apoyada sin fisuras tan sólo por el PCE en el interior y por la URSS en el exterior. El propio Negrín había impulsado la organización de los comités de enlace, aunque la «jugada» le salió mal con el comité campesino, que cayó desde el primer momento en manos de su principal oponente: Largo Caballero. Eso justifica, tal vez, la poca atención que recibió desde el Gobierno.

1.2. El «incondicional» apoyo del Partido Comunista y las dificultades en la relación PSOE-PCE

1.2. EL «INCONDICIONAL» APOYO DEL PARTIDO COMUNISTA Y LAS DIFICULTADES EN LA RELACIÓN PSOE-PCE

«Sería muy bueno poder recoger un trozo de las operaciones y trasplantarlas a Ciudad Libre y otras provincias para que en ellas se enteren un poco más de cerca de la guerra. Eso ayudaría a muchos compañeros a comprender los problemas de la unidad y darse cuenta que el enemigo no es aquel que defiende la unidad, sino los fascistas y los aliados que los fascistas puedan encontrar en su lucha contra las libertades populares» (Santiago Carrillo, secretario general de las JSU, a José Serrano Romero, secretario provincial de las JSU en Ciudad Real^[27]).

El apoyo más firme y sin apenas fisuras al Gobierno de Negrín se lo dio el Partido Comunista de España^[28]. Una vez terminada la guerra, Palmiro Togliatti, delegado de la Comintern en España, confesaba en su informe-balance de la guerra civil, escrito el 21 de mayo de 1939, que «el Partido Comunista era el único partido que apoyaba a Negrín de modo leal… porque todos los otros partidos se declaraban en público favorables a él y a su política de resistencia, pero en realidad no le prestaban ningún apoyo decisivo»^[29].

Cuando se formó el segundo gabinete de Negrín, el PCE se hallaba entre el dilema de abandonar el gobierno, tesis defendida por el propio Stalin con el fin de conseguir el acercamiento de las potencias democráticas, y la de multitud de militantes que lo que propugnaban era tomar el poder. Al final prevaleció la vía intermedia defendida por el secretario general del Partido Comunista de España, José Díaz, que a pesar de estar gravemente enfermo supo mantener su principio de autoridad para seguir colaborando con Negrín. Por medio de una carta publicada en la prensa del partido, recordaba a todos los comunistas que estaban inmersos en una guerra de independencia nacional por la defensa del régimen legal del país y no por el socialismo^[30]. Al final, el PCE formó parte del Gobierno de Negrín, aunque perdió un ministro con respecto al anterior.

Negrín se apoyó en el PCE y éste respaldó al Gobierno, quizá más por intereses propios que por convicción. El Partido Comunista seguía la línea marcada por la Comintern mientras Negrín buscaba la ayuda material y militar de la URSS. Marginado el caballerismo, liquidado el sedicente trotskismo y contenido el anarcosindicalismo, el PCE se convirtió en la principal alianza estratégica del doctor Negrín, especialmente ante su defensa a ultranza de la resistencia. Aunque el apoyo puede interpretarse como una exigencia de Moscú, parece ser que no lo fue, pues ni el partido ni la URSS pretendían prolongar la guerra a cualquier precio, incluido el del sufrimiento de la población civil, en aras de sus intereses. La Comintern «gestionaba ya el escenario de un futurible acuerdo para poner fin a la contienda española que pasase por la salida de las fuerzas extranjeras de territorio español. Para dar ejemplo, en la sesión del 27 de agosto de 1938 se comunicó a los dirigentes españoles la retirada de las Brigadas Internacionales, con el pretendido fin de conseguir una respuesta recíproca de alemanes e italianos y una aproximación favorable a una mediación anglofrancesa»^[31].

El 3 de septiembre, la Internacional Comunista propuso sorprendentemente la búsqueda de un armisticio y un final de la guerra civil sobre la base «de un acuerdo leal entre patriotas españoles hecho posible a condición de que las tropas de ocupación extranjeras sean expulsadas de España»^[32]. Esto ocurría antes de Múnich. Sin embargo, tras la defección de las democracias en la ciudad bávara, Stalin volvió a prestar su apoyo decidido a la República española, en forma de armas y de un llamamiento de sus agentes en España a favor de la resistencia.

Negrín tuvo que confiar en los comunistas porque internamente eran sus más fervientes e incondicionales aliados y porque en el exterior la URSS se convirtió en el único país que ayudaba realmente a la República, aunque ni mucho menos de forma desinteresada. La factura global en concepto de compra de armamento ruso arroja un importe final de unos 250-300 millones de dólares (el 77% correspondía al período entre octubre de 1936 y septiembre de 1937). A esa cantidad habría que sumar el dinero concedido en distintas operaciones financieras de guerra en París, como 256 millones de dólares que en 1937 transfirió la URSS a la cuenta que tenía la República española en el Eurobank, 77 millones de un crédito concedido y 155 millones a lo que probablemente ascendieran los préstamos nunca compensados. En total, unos 738 millones de dólares (como mínimo). El valor del oro del Banco de España que salió para Moscú fue aproximadamente de unos 518 millones de dólares. Sin embargo, puede establecerse un equilibrio en la balanza financiera de ambos países si se tiene en cuenta que el armamento vendido a la República española se hizo con precios muy abultados y que la manipulación de los cambios de divisa de rublos a dólares y de dólares a peseta también tuvo intereses desorbitados, quizá de un 25% más caros de lo que deberían haber sido^[33].

Lo que la URSS hizo con la República fue —en palabras de uno de los principales especialistas en la economía de la guerra^[34]— un conjunto de operaciones comerciales de venta de armamento, no siempre de la mejor calidad ni de lo más moderno de la época, cobradas al contado, con la garantía de 510 toneladas de oro (la mayor parte de las reservas metálicas del Banco de España) a precios excesivos y jugando, siempre a su favor, con la falta de transparencia del cambio del rublo. Además de las armas, la Unión Soviética vendió a la República petróleo, materias primas, alimentos y medios de transporte y compró algunos productos españoles como frutas. Todo apunta a que también en estos intercambios, la URSS salió muy beneficiada.

Los apoyos del PCE y de la URSS dieron tranquilidad y estabilidad al gobierno republicano pero crearon muchos recelos en los países del entorno. «Negrín era consciente de las servidumbres que tal cosa implicaba, pero en la… entrevista con los encargados de negocios británicos en España, Skrine Stevenson y Leche, el 31 de octubre de 1938, Negrín les dijo, precisamente, que los comunistas desaparecerían de su gobierno si él podía obtener de Francia y Gran Bretaña lo que sólo le daba la Unión Soviética, cosa que evidentemente no sucedió»^[35].

Por debajo del colaboracionismo oficioso entre los comunistas y el Gobierno de Negrín todo eran problemas en las relaciones entre el PSOE y el PCE. La relación oficial entre ambos, la tan pregonada política de unidad marxista, sólo guardaba las apariencias, porque había exceso de desconfianza entre ambas organizaciones. Se revitalizó el comité de enlace, pero hay quien opina que sólo intentaba neutralizar el poder de los caballeristas en la UGT^[36]. En la calle, los militantes de uno y otro partido se veían más como enemigos que como aliados en la lucha común contra el fascismo.

Los recelos no surgieron durante la guerra, aunque con ésta no se apaciguaron ni mucho menos, como podría esperarse en una situación extrema. Una de las principales explicaciones de las divergencias puede encontrarse en la estrategia mantenida desde 1935 por la Comintern, la organización comunista internacional fundada por Lenin en 1919 para agrupar a los partidos comunistas de los distintos países. Ésta quiso aprovechar el fracaso de la revolución de octubre de 1934 y las duras secuelas que tuvo para el PSOE para lograr que el PCE absorbiera cuanto de válido existía en las organizaciones socialistas. «Así, en la segunda mitad de 1936 la política de la Comintern registra una y otra vez oscilaciones pendulares entre la voluntad dominante de atenerse a sostener la República y la propensión a infiltrarse en las instituciones y ganar incesantemente cuotas de poder, erosionando de este modo el supuesto de unidad de la izquierda que subyacía a la estrategia de Frente Popular»^[37].

La política de unidad del Partido Comunista de España estuvo inducida desde la Comintern, según han estudiado Elorza y Bizcarrondo. Esta organización mantuvo entre 1934 y 1939 una trayectoria zigzagueante, que refleja el impacto de los cambios y de los intereses de la política de la URSS como Estado por encima de los de España. La estrategia de la Internacional Comunista trataba de acabar con la hegemonía del PSOE, incluso captando a sus afiliados. Ésta es la razón principal de la aproximación a los socialistas en el marco de la unidad de acción, con la propuesta señera de unificar los dos partidos: «Las incesantes proclamaciones a favor de la unidad encubrían una estrategia de canibalismo político», afirman.

Tras la revolución de octubre, el PCE consiguió, después de ímprobos esfuerzos, que el Comité de Enlace con el PSOE se constituyera, pero fue incapaz de lograr que se publicara siquiera el primer manifiesto por el que debía darse a conocer a las agrupaciones. El comité no convocó ninguna acción común, e incluso dejó prácticamente de reunirse tras la decisión socialista de limitar sus sesiones a las absolutamente indispensables^[38].

A pesar de los amplios recelos de los socialistas hacia los comunistas, fueron ellos los que «invitaron» al Partido Comunista a sumarse al pacto electoral de febrero de 1936, aunque no tanto por simpatía como por otras causas más ocultas. El PCE entró en el Frente Popular «más que por presión propia, por voluntad de los caballeristas para contrapesar la iniciativa prietista a favor de los republicanos. Así, con los socialistas divididos, el PCE se encontró con una plataforma que le posibilitaría adquirir un fuerte protagonismo»^[39].

La sublevación militar de julio de 1936 provocó tanto temor en los dos partidos marxistas que aparcaron sus diferencias abrumados y asustados por los acontecimientos. Los comités nacionales del Partido Socialista y del Partido Comunista lanzaron a la opinión pública en general, con la autorización del Gobierno, una nota en la que le mostraban su lealtad y su disposición a luchar en todos los frentes, incluso en el de batalla. En ella solicitaban actuar conjuntamente en esta lucha a muerte, «hay que acumular la energía de todos para lanzarse como un alud sobre el adversario. El Frente Popular necesita revalidar con las armas la victoria que alcanzó en las urnas»^[40]. La lucha en la calle los días de la sublevación fundió a los dos partidos marxistas, pero tras convertirse la sublevación frustrada en guerra civil volvió la rivalidad entre ambos.

Las disputas manifiestas y constantes entre ambas formaciones políticas por su modo distinto de entender la revolución acabaron con los enfrentamientos de Barcelona de mayo de 1937. Entre el 3 y el 10 de mayo de 1937 se produjo una auténtica batalla campal en el centro de Barcelona entre las propias fuerzas republicanas, por un lado el bando gubernamental (PCE, PSUC, JSU, ERC, Estat Català, Acció Catalana Republicana, parte de la UGT y fuerza pública) y por otro el bando revolucionario (POUM, CNT, FAI, Juventudes Libertarias y JCI). Este conflicto se explica además de por el modo distinto de entender la revolución por el enfrentamiento entre el PCE y el POUM ante la oposición de éste al estalinismo comunista y defensa del trotskismo. Las disputas venían de lejos; en diciembre de 1936 se le había excluido del gobierno de la Generalitat. Pero en mayo adquirieron tintes dramáticos: el conflicto armado, que duró entre el día 3 y el 10, dejó un saldo de 218 muertos^[41].

A partir de entonces, el Partido Comunista recuperó la línea frentepopulista y de unidad, gracias fundamentalmente al cambio de responsable de la Comintern en España. Esta estrategia se materializó en la búsqueda de la unidad de los dos partidos marxistas, a partir de la constitución del Comité Nacional de Enlace PSOE-PCE. Después de varios meses sin apenas actividad, el 19 de agosto de 1937 se aprobó el Programa de Acción Conjunta. Diez días después se reunieron los miembros del Comité de Enlace en Valencia. Se procedió al primer examen general de los problemas del Partido Único, los principios doctrinales del programa, la estructura y organización del partido, denominación que habría de tener… Al final todo quedó simplemente en la publicación de un manifiesto sobre la guerra en el norte de España contra el fascismo.

Para el que fuera en los últimos meses de guerra delegado en España de la Comintern, el comité

se convirtió, por culpa del Partido Socialista en un comité de oír quejas y reclamaciones y en un comité de conflictos. Casi ninguna vez se consiguió debatir y resolver los grandes y principales problemas políticos, militares, tácticos y de Estado, aunque la delegación del C. C. del Partido Comunista los planteaba en las reuniones de este comité. No hubo verdadera unidad de acción ni mutua confianza entre el Partido Socialista y el Partido Comunista y en verdad el bloque de estos dos partidos era el fundamento del Frente Popular^[42].

Efectivamente, tenía toda la razón Stepánov. Las relaciones entre el PSOE y el PCE eran bastante tensas en la mayor parte de provincias y todavía más en el Ejército, sobre todo tras la reconciliación entre los partidarios de Prieto y de Largo Caballero en Madrid para ir contra la influencia del PCE en el Gobierno del socialista Negrín. En Ciudad Real, por ejemplo, provincia de retaguardia de gran importancia económica para el régimen republicano, un representante de la dirección del Partido Comunista visitó la capital con el fin de estudiar la problemática existente entre ambos partidos marxistas a raíz de sus disputas en un periódico local. En su informe llegó a escribir con gran tristeza que «en ninguna parte de la España Republicana he oído afirmaciones tan negativas y catastróficas como en Ciudad Leal. Un camarada llegó a decirme textualmente: Que el enemigo común eran los comunistas»^[43].

Durante 1938 proliferaron los actos públicos de exaltación republicana, que se fueron incrementando especialmente tras la derrota en la batalla del Ebro. Pero lejos de asegurar la unidad política y de reforzar la alineación popular, generaron múltiples problemas entre las autoridades, los partidos políticos y las fuerzas militares. En unos casos las fricciones vinieron porque los comunistas los aprovecharon para criticar a las autoridades de otros partidos, a las que acusaban de hacer un doble juego, por un lado formar parte del gobierno y por otro estar negociando la paz con el enemigo. Es el caso, por ejemplo, de lo ocurrido en la localidad toledana de Sonseca, donde dos consejeros municipales (concejales) acusaron públicamente a los ministros de Izquierda Republicana del Gobierno de la República de estar intentando pactar con el enemigo. El Gobierno Civil de la provincia destituyó fulminantemente a los consejeros. Acusaciones similares fueron vertidas también en el municipio de Menasalbas (Toledo) por el secretario del Radio-Comunista de dicha localidad, según decía el implicado, porque recibió consignas en ese sentido de los delegados del partido que asistieron a la Asamblea Provincial que se iba a celebrar en Mora y que fue suspendida por las autoridades para evitar males mayores^[44].

En otros momentos los problemas surgieron en actos públicos organizados por el comisariado comunista, como sucedió en la provincia de Ciudad Real^[45]. El gobernador civil tuvo que intervenir en varias ocasiones ante los actos públicos organizados por el comisario del CRIM número 3 de la capital, Pedro Fernández, sin la preceptiva autorización del Ministerio de Defensa Nacional, realizados con la finalidad de levantar la moral combativa y de retaguardia, en los que en muchas ocasiones se vertían acusaciones hacia las formaciones no comunistas del Frente Popular. El 4 de octubre de 1938 el gobernador enviaba un escrito al ministro de la Gobernación quejándose del último de los actos organizados por el comisario comunista, el día 2 de octubre en el Teatro Cervantes de la capital. «¿Ha de consentirse que en una ciudad de retaguardia, fuera de toda zona de los Ejércitos, haga y deshaga su omnímoda voluntad el Comisariado Político del Ejército?», preguntaba al ministro. Éste contestó días después diciendo sencillamente que daba traslado al ministro de Defensa «para que concrete criterio».

La pasividad del ministro provocó la ira de los gobernadores. Ante ello, el Ministerio de la Gobernación envió a todos los gobiernos civiles una circular de fecha 10 de diciembre de 1938 por la que se comunicaba «la prohibición de celebrar toda clase de actos públicos que no sean organizados por el Frente Popular y con la aquiescencia de su Autoridad». Autorizaba celebrar asambleas de partidos o sindicales así como conferencias en domicilio social o lugar cerrado, pero nunca, recalcaba, «se permitirá atacar ni iniciar ataques al Gobierno, Ejército y otras instituciones de carácter público. Tampoco atacar a otros partidos o sectores políticos, nada, en fin, que suponga disgregar las fuerzas que apoyan al Gobierno»^[46].

Al mal tiempo buena cara. En los días posteriores proliferaron las reuniones de los frentes populares provinciales para tomar acuerdos que permitieran incrementar la imagen de unidad. Por ejemplo, el Frente Popular Provincial de Ciudad Real, en una reunión extraordinaria celebrada el 15 de diciembre, aprobó diversos acuerdos al respecto. El primero y principal, «reforzar aquí hasta donde fuese necesario, la compenetración, convivencia y tolerancia necesaria entre todos los partidos políticos y organizaciones sindicales». También acordó intentar «conseguir una mejor y más completa distribución de los medios económicos que existan en la provincia, armonizando en un esfuerzo común todas las ramas y organismos que controlan la producción en general tanto en lo que concierne a nuestra zona, como igualmente de lo que hubiere de venir de fuera de ella». Por último, reafirmar «su voluntad inquebrantable de continuar la lucha, siguiendo las directrices que marca el Gobierno de Unión Nacional que preside el Doctor Negrín»^[47].

Las discrepancias no sólo no se fueron apaciguando sino que se acentuaron con el paso del tiempo, convirtiéndose en abierto enfrentamiento desde los últimos días de 1938 hasta el final de la guerra. Para unos, el PSOE no perdonaba que el fuerte incremento de afiliación al PCE hubiera sido, en gran parte, a su costa. Este partido había sabido convertirse en una organización de masas capaz de aglutinar en su seno la representación de un amplio espectro social interclasista identificado con el proyecto originario del Frente Popular^[48]. Para otros, esto era sólo reconocer una parte. Los socialistas achacaban a sus rivales el hecho de que se valorara más la cantidad que la calidad: el PCE y la CNT habían aumentado su afiliación a costa de engrosar sus filas con desafectos al régimen, deseosos éstos de conseguir cualquier carné que les salvaguardara su poco preciada vida. Al Partido Comunista le acusaba de servir a los propietarios y de ser, por tanto, cobijo de ellos. Las manifestaciones de algunos líderes comunistas venían a confirmarlo. El secretario local de Piedrabuena (Ciudad Real) decía en el II Congreso del Partido Comunista, celebrado en abril de 1937, que su comarcal contaba con 900 afiliados, 600 más que antes de estallar la guerra, quejándose de que muchos desafectos al régimen se habían hecho con el carné del partido recurriendo a solicitarlo en otros Radios distintos a sus respectivos pueblos, donde no eran conocidos^[49]. En toda la provincia el PCE tenía 900 afiliados en marzo de 1936; en diciembre del mismo año, 6500; y en noviembre de 1937, 15 500^[50]. Las cifras, tal vez, hablan por sí solas. Como en la provincia de Ciudad Real, en el resto de la zona republicana la mayor parte de nuevos afiliados se habían adherido al partido tras el comienzo de la guerra, como puede apreciarse en la tabla número 3 para algunas de sus provincias. Antes del estallido del conflicto, en toda España el PCE tenía solamente 45 713 afiliados^[51], llegando a la cifra de 258 139 para bastante menos de la mitad del territorio antes del comienzo de 1938.

La unidad interna estaba cada día más resquebrajada no sólo en la calle. También era percibida en los órganos oficiales de ambos partidos. En agosto de 1938 se reunió el Comité Nacional del PSOE. El secretario general, Ramón Lamoneda, resumió el criterio mayoritario diciendo que había que defender la unidad con lealtad recíproca, pero no la unificación de partidos. La resolución final no ocultó la inquietud existente por lo que el PSOE consideraba política partidista de los comunistas:

El CN expresa su deseo de que las relaciones entre el partido socialista y el comunista, lejos de enfriarse, sean cada día más cordiales y estrechas. Ocultaría, sin embargo, una parte de su pensamiento el Comité Nacional si no hiciera presente que con las reuniones que viene celebrando, y una vez conocidos los informes abundantísimos que ha tenido ocasión de examinar, se ha experimentado un disgusto notorio y unánime al comprobar que la lealtad con que el partido socialista acoge y alienta aquellos propósitos unificadores a que antes hacemos referencia no ha sido correspondida siempre.

Añadía, sin embargo, que era «indispensable que las relaciones entre los dos partidos no se interrumpan ni se entibien»^[52].

El 21 de noviembre de 1938, Lamoneda confesaba con resignación: «Hoy hay menos unidad que nunca». El Comité de Enlace PSOE-PCE llevaba prácticamente inactivo desde el comienzo del verano, lo cual significaba que los dos partidos no tenían formalmente contacto directo entre sí. Se trataba de una estrategia de los veteranos de la potente Agrupación Socialista Madrileña, feudo de Largo Caballero^[53]. Las pocas reuniones que celebró «pasaron a ser encuentros entre dirigentes de segunda fila»^[54]. Las tensiones creadas por la guerra, la perspectiva internacional cada vez más grave y las rivalidades internas de largo tiempo provocaban esas diferencias. «El resquebrajamiento del apoyo de su partido es sin duda lo que explica la última jugada que ensaya Juan Negrín en el curso de la guerra. A comienzos de diciembre Negrín se pone en contacto con el PCE para lanzar la idea de un Frente Nacional, por considerar agotados los cauces de unidad usados hasta entonces»^[55]. A pesar del apoyo sin reservas del PCE, no puede llevarlo a cabo por la oposición de su propio partido y de los republicanos. El PSOE le desaconsejó la iniciativa, proponiéndole como recambio un reforzamiento del Frente Popular.

También la Comintern rechazó la propuesta. El 10 de diciembre explicaba su postura por miedo a que Negrín acabara convirtiendo su gobierno en una dictadura personal. Moscú, sin embargo, proponía profundizar en la unificación de los dos sindicatos, UGT y CNT, para desde la unidad de la clase obrera oponerse a los partidarios externos e internos de la capitulación. A esas alturas, sin embargo, la política de unidad sindical ya estaba también quemada.

A finales de 1938, la situación era realmente difícil para Negrín. Su estrategia política estaba cuestionada por gran parte de las formaciones políticas y sindicales del Frente Popular (e incluso en buena parte de la suya propia, el PSOE), que no comprendían su tozudez en seguir adelante con la guerra y con la «alianza» táctica del PCE. Militarmente, la evolución en el campo de batalla era claramente desfavorable. La marcha de la economía tampoco era mejor, pues se resintió gravemente tras la pérdida del Norte el año anterior. Este factor, sin duda, acabó incidiendo directa y negativamente en el escenario político y en el campo de batalla. A todos estos condicionantes, por si fueran pocos, vino a sumarse la precaria estabilidad internacional, que se tradujo para el gobierno republicano español en la pérdida continua de ayuda efectiva desde fuera de las fronteras.

1.3. La situación internacional: el abandono definitivo de las democracias europeas

1.3. LA SITUACIÓN INTERNACIONAL: EL ABANDONO DEFINITIVO DE LAS DEMOCRACIAS EUROPEAS

Durante los primeros días de la guerra de España, como se la conocía por todo el mundo, la República solicitó ayuda militar a las principales potencias internacionales. Su llamamiento apenas obtuvo respuesta. El 25 de julio, Francia, con el apoyo de Gran Bretaña, tomó la decisión de aplicar una política de no intervención en la guerra española. Este acuerdo intergubernamental, con débil base en el derecho internacional de la época y totalmente al margen de la Sociedad de Naciones, evitaría irradiar el conflicto español a costa del sacrificio del régimen republicano, aunque no evitaría tres años después el estallido de la guerra mundial.

El Pacto de No Intervención se explica por algunos autores en el contexto difícil de las relaciones internacionales y de debilidad de las potencias europeas^[56]. Francia y Gran Bretaña seguían confiando en la posibilidad de evitar un gran enfrentamiento armado y de lograr un reacomodo de las pretensiones italianas y alemanas dentro del concierto europeo, siguiendo el modelo del Appeasement Policy (política de apaciguamiento) impuesto por la diplomacia británica. En la base de dicha política estaba la convicción de que ambas democracias no tenían fuerza ni recursos económicos suficientes para librar un posible conflicto internacional ante enemigos de la talla de Alemania, Italia y Japón. La Gran Depresión pasaba factura. Tampoco podían contar con la ayuda de los Estados Unidos, replegados en una posición de aislacionismo absoluto, en gran parte también por las dramáticas consecuencias de la crisis económica.

Pero a la vista de la documentación diplomática británica también hay un componente interno en la actitud ante España. Ya en los meses previos a la guerra la embajada en Madrid mostraba continuamente su inquietud ante la situación política, social y económica española. Se sentía especialmente preocupada por el extremismo de Largo Caballero, por la extensión del comunismo, por la cuestión territorial en el País Vasco y Cataluña y por los intereses de las empresas británicas. Para colmo, el 4 de julio fue asesinado el empresario escocés Joseph Mitchell en Barcelona, lo que provocó reiteradas protestas de la diplomacia británica^[57]. Cuando comenzó la guerra la situación en la zona republicana siguió inquietando a la embajada británica. El nuevo ejecutivo de Giral fue visto con temor: «El tono del Gobierno es ahora más radical», calificaba el embajador en despacho del 20 de julio al ministro de Exteriores británico^[58]. El 31 de julio elevó por escrito su protesta oficial, que ya había transmitido verbalmente, ante el presidente catalán Companys por la intervención y confiscación de empresas británicas^[59].

La Segunda República se encontró «sola ante el peligro». Y eso que todas las potencias democráticas veían al fascismo como el principal enemigo internacional; por lo menos sobre el papel. En realidad se demostró que temían mucho más, si cabe, a la Unión Soviética y al comunismo, que proponía a través de una ideología universal un sistema social alternativo^[60]. Las potencias democráticas extranjeras mostraron «miedo a la revolución».

El 21 de julio, el Gobierno español cursó una petición al ejecutivo británico para que los buques de la flota republicana pudieran repostar víveres y carburante en Gibraltar y en la ciudad internacional de Tánger. Parece ser que el propio Franco habría presionado al cónsul británico para que no accediera a la solicitud, bajo la amenaza de bombardear Tánger. La actitud inglesa pudo resultar determinante para abortar el incipiente traslado por vía marítima de las tropas coloniales. Londres no sólo no respondió a ninguno de los llamamientos del ejecutivo español, sino que asumía a toda velocidad una actitud de neutralidad, «neutralidad benévola» según la terminología del profesor Moradiellos^[61], que favorecía a los golpistas. Para él, ello se debía a la doble creencia de que la República carecía de capacidad para frenar los conatos revolucionarios y de que el régimen no convenía a los intereses británicos.

Ángel Viñas va más allá al analizar la influencia de Gran Bretaña en la sublevación, calificando la postura británica de «hostilidad encubierta»^[62], según se desprende del análisis de los documentos interceptados por los servicios de inteligencia junto con el de las estimaciones militares del Air Intelligence Service. Mantiene que el Reino Unido fue la potencia que más daño hizo a la República. El temor irracional a un posible triunfo comunista en España motivó el abandono británico al régimen democrático español, aun a sabiendas del apoyo de Italia y Alemania a los sublevados. El 30 de julio, el embajador británico en España, sir Henry Chilton, informaba a Londres de que en las regiones donde no había triunfado la rebelión el control «está en manos de los comunistas» y que se estaban reproduciendo «muy fielmente» las condiciones de la «revolución (rusa) de 1917»^[63].

La postura de Francia estuvo ampliamente condicionada por la decisión británica. La primera medida de cara al exterior que adoptó el Gobierno Giral fue la de pedir armas y material al gobierno amigo de Léon Blum. Hubo un primer momento de apoyo, con el suministro de material bélico en escasas cantidades, pero no llegó a consolidarse. Las autoridades galas, fuertemente divididas, tuvieron miedo a las protestas internas, al contagio del conflicto y, sobre todo, a los británicos, a los que no querían molestar. Blum se sentía acorralado por la presión insoportable del Ministerio de Negocios Extranjeros, del Estado Mayor francés y de la prensa para abandonar a la República española. Además, Gran Bretaña amenazaba con inhibirse en caso de conflicto y su coalición de gobierno se encontraba a punto de resquebrajarse. Confesó a sus íntimos que tenía «el alma desgarrada», pero decidió resistir al frente del Gobierno como única salida para ayudar a la España amiga^[64].

La inhibición oficial del país vecino constituyó para el Gobierno español un varapalo tremendo, porque era su más firme aliado en las complicadas relaciones internacionales de la época, con el que además compartía frontera y línea ideológica. «Las primeras noticias del pacto de no intervención me dejaron estupefacto; sobre todo, su inmediata aplicación provisional por Francia», diría un Azaña desconsolado^[65].

El abandono de las democracias, «la soledad de la República», en palabras de Viñas, provocó el viraje del Gobierno español hacia la Unión Soviética, aunque ésta tardaría unos meses en reaccionar. La noticia del golpe militar provocó cierta sorpresa en la URSS. Los dirigentes soviéticos no sólo se mostraron vacilantes al recibirla, sino que reaccionaron con lentitud y de forma relativamente incoherente^[66]. Los días posteriores a la sublevación los soviéticos jugaron a esperar a ver qué pasaba, permitiendo que los acontecimientos se desarrollaran plenamente antes de emprender ninguna acción decisiva. El 25 de julio, el presidente Giral pidió al embajador soviético en París que solicitara a su gobierno el suministro de armas y pertrechos militares de todas clases. El telegrama no obtuvo respuesta. Apenas una semana después de que se declarara la guerra, el Kremlin distaba mucho de comprometerse a prestar una ayuda militar directa. Varios días después, el 29 de julio, el embajador británico en Moscú comunicaba que los soviéticos mostraban un interés grande por la guerra española, pero «sin comprometerse a nada». El 5 de agosto la URSS comunicó que suscribiría el pacto de no intervención si Portugal —que por entonces ayudaba claramente a los sublevados— también firmaba. El 23 de agosto los soviéticos proclamaron formalmente su adhesión al acuerdo. Diez días antes, el agregado militar francés en Moscú comunicaba que Stalin prefería evitar cualquier intervención por temor a provocar una reacción de Alemania e Italia. Pero alemanes e italianos no estaban quietos.

Dos meses después del golpe de Estado, las autoridades soviéticas decidieron ayudar con armas a la República española. Sin duda alguna resultaba demasiado tarde; aunque bien es cierto que la ayuda resultó decisiva para que el ejército republicano aguantara en varios frentes estratégicos, sobre todo en Madrid. Todo el mundo era consciente, a finales de 1936 y durante los primeros meses de 1937, cuando se produjeron las mayores batallas en el entorno de la capital, de que la pérdida de Madrid significaría el final de la guerra.

El paso del armamento de la URSS hacia la España republicana se hizo sobre todo a través de Francia. La ayuda francesa, al no poder concretarse en la venta directa de armas ni mucho menos en cualquier tipo de colaboración bélica, se materializó en lo que Blum llamó la «no-intervención atenuada», esto es, en propiciar una especie de contrabando oficioso mediante el cual Francia cerraba los ojos al tránsito de armamento soviético por su territorio^[67]. La República española se resignó a aquella política como mal menor, presionando todo lo que pudo a los gabinetes franceses para que hicieran oídos sordos a las presiones inglesas dirigidas a forzar el cierre de la frontera.

El núcleo encargado de los envíos clandestinos comenzó a actuar por iniciativa de Blum poco después de la prohibición oficial del 8 de agosto y siguió funcionando durante toda la guerra. La política de No Intervención impidió desde entonces que España realizara adquisiciones importantes de material bélico francés, pero no evitó que la embajada española en París se convirtiera en el centro de la compra encubierta de armas a diversos proveedores de toda Europa y de la organización de un servicio de transportes marítimos en buques propios, con bandera británica o escandinava pero tripulación española^[68].

Desde el momento en que la acción submarina en el mar Mediterráneo dificultó la navegación soviética hacia los puertos del Levante español, prácticamente la única ruta del armamento era a través de Francia atravesando la frontera pirenaica por Cataluña. «Del tráfico por Francia dependió la vida de la República española»^[69]. La frontera francesa fue el hilo vital que conectaba a los republicanos españoles a sus suministros de armas y a sus eventuales apoyos diplomáticos, y sin ambos no hubiera podido sobrevivir el tiempo que lo hizo.

En abril de 1938, el nuevo ejecutivo de Negrín comenzó una intensa campaña diplomática para informar y sensibilizar a las principales potencias extranjeras de los objetivos del Gobierno, especialmente de la resistencia. El 7 de mayo de 1938, el ministro de Exteriores, Álvarez del Vayo, convocó en la embajada en París a los embajadores españoles en Francia, Estados Unidos, Bélgica, Inglaterra y Checoslovaquia para preparar los argumentos a utilizar en la próxima reunión de la Sociedad de Naciones^[70]. De poco sirvió el esfuerzo y de nada habían valido los gestos ni las llamadas desesperadas ante las potencias democráticas. Reino Unido, como hiciera en julio de 1936, seguía mirando hacia otro lado.

El duque de Alba, con inmunidad diplomática, se convirtió en un personaje clave en la política de «neutralidad benévola» jugada por el Reino Unido en el seno del Pacto de No Intervención^[71]. El mayor peligro para el Gobierno de Franco era que Londres abandonara esa política que, básicamente, le resultaba favorable y adoptara una posición más enérgica frente a la intervención de Italia y Alemania por temor a que España se convirtiera en un peón de la política expansiva de Mussolini y Hitler. Por ello, Alba se esforzó en transmitir al Gobierno inglés la ausencia de hipotecas exteriores de un movimiento que, por ser nacional, nunca cedería parte alguna de su territorio, ni tampoco bases navales, ni se comprometería a permitir el paso de ejércitos extranjeros. También añadía que el capital inglés sería bienvenido en la reconstrucción nacional y que se mantendrían las tradicionales relaciones comerciales entre ambos países. Además, no cesaba en recordar el peligro de un triunfo comunista en España, lo que convertiría a este país en una secuela de Rusia. Por último, otro de sus objetivos básicos consistía en sacar al Gobierno británico de lo que él consideraba «lamentable error» de creer que la guerra española estaba en una situación de tablas que hacía posible una mediación.

Otra de las misiones de Alba fue la de denunciar ante el Gobierno británico el importante tráfico clandestino de armas para la República por la frontera pirenaica, tolerado por un Gobierno francés que se sentía inquieto por la reciente anexión de Austria por Alemania y por la perspectiva de una victoria en España de un aliado de Hitler y Mussolini. El Gobierno de Léon Blum no sólo autorizó mediante dos órdenes secretas del 16 y 17 de marzo de 1938 el tránsito de material de guerra, en su mayoría de procedencia soviética, a través de su frontera, sino que había llegado a considerar la posibilidad de una intervención abierta para frenar el avance de Franco. Tras la sustitución de Blum por Daladier el tráfico clandestino continuaba. Entonces el duque de Alba recibió instrucciones de Jordana para ejercer una mayor presión sobre el Gobierno inglés, única receta para hacer variar de rumbo al francés convenciéndole de que constituía un foco de peligro para la paz de Europa y de la inutilidad de seguir alimentando la resistencia de la República. El 28 de abril el duque de Alba transmitió al Foreign Office la solicitud de que presionara al Gobierno francés para que cerrara su frontera al tráfico de armas de manera efectiva.

El Gobierno británico consideraba peligrosa la permisividad francesa respecto a los suministros soviéticos, que no se había podido mantener oculta, y el 7 de junio la embajada británica en París transmitió la disconformidad de su Gobierno ante aquella violación del acuerdo de no intervención. Una semana después, el ejecutivo francés decidió suspender las facilidades para el tránsito de armamento por la frontera pirenaica, una decisión que algunos periódicos franceses atribuyeron a la presión británica. El Gobierno del Reino Unido no podía arriesgarse a apoyar abiertamente la causa de Franco, debido a la actitud de su propia opinión pública, pues la guerra española era el tema que más apasionaba y dividía a los políticos y a la opinión pública de Gran Bretaña. Pero según opinión del duque de Alba, el propio primer ministro Chamberlain deseaba «la victoria de la España nacional, con la que simpatizaba, pero veía con claridad que el movimiento de la opinión pública británica en contra de ella era indiscutiblemente grande. En parte lo atribuía a una hostilidad hacia el catolicismo»^[72].

Éstas son la mayor parte de razones que explican que a muchos demócratas les pareciera incomprensible el abandono de Reino Unido y de Francia a la Segunda República española, conscientes, como eran, de los objetivos ya hechos públicos de Franco de implantar, tras su supuesta victoria, un régimen totalitario, con gran peso en la organización de Falange, como venían advirtiendo los embajadores desde abril de 1938^[73]. Quizás a estas dos potencias europeas les asustaba más la posibilidad de una deriva de la política española hacia una revolución prosoviética que un régimen dictatorial de Franco^[74]. A los cuatro días de formarse el nuevo Gobierno de Negrín, la diplomacia británica comunicaba a la francesa, por expreso deseo del general Franco, que jamás iba a ceder nada de territorio español a ninguna potencia extranjera y que garantizaba la integridad de la soberanía nacional. Tampoco consentiría el establecimiento de bases destinadas a una acción extranjera. Franco, a través de Inglaterra, quería ganarse la confianza de Francia^[75].

La última de las esperanzas de Negrín en el concierto internacional se desvaneció demasiado pronto. El 30 de septiembre de 1938 los jefes de gobierno de Italia (Mussolini), Alemania (Hitler), Francia (Daladier) y Reino Unido (Chamberlain) firmaron los Acuerdos de Múnich, por los que aprobaron la incorporación de los Sudetes (perteneciente a Checoslovaquia) a Alemania, justificando la decisión en que la mayor parte de sus habitantes eran de habla alemana. Las potencias democráticas habían capitulado ante Hitler, dejándole las manos libres en Europa y a la República española sin apoyos externos, cortándose la escasa ayuda técnica y humana que venía recibiendo del exterior. En palabras del profesor Moradiellos, el desenlace de la crisis germano-checa «fue una auténtica sentencia de muerte irrevocable para la República y para la política de resistencia preconizada por el doctor Negrín. La cesión de las potencias democráticas ante el Eje en Múnich y su sacrificio de Checoslovaquia confirmaban clamorosamente su negativa a hacer frente a la intervención italo-germana en España y descubría su correlativa aceptación implícita de la victoria de Franco. Así fue comprendido y asumido por todas la cancillerías europeas y por los propios bandos españoles»^[76]. Franco respiró tranquilo. La posibilidad de una conflagración mundial le aterraba, consciente de que las potencias democráticas se pondrían del lado de la República y que como mal menor dejaría de recibir la ayuda de Italia y Alemania. Todo lo ganado en el campo de batalla se podía ir al traste por un asunto ajeno al conflicto español. Como reconocía la diplomacia francesa, en Francia era generalizado el rumor de que si fracasaban las negociaciones en Múnich, los franceses se lanzarían rápidamente a ocupar Mallorca, el Marruecos español y una parte de Navarra. ¡La ruina de Franco! Negrín se habría comprometido, a cambio, a disminuir la influencia de los comunistas^[77]. Según informe del Consulado de Francia en Palma de Mallorca, los militares nacionalistas eran presa del pánico al pensar en la posibilidad de que estallara la guerra en el Este, pues veían a Mallorca convertida en base de operaciones italo-germana contra Francia e Inglaterra^[78]. La cesión de las potencias democráticas ante el Eje en Múnich y su sacrificio de Checoslovaquia ponía fin a una de las mayores inquietudes del Generalísimo durante toda la guerra.

Por si acaso se resquebrajaba la paz en Europa, Franco había previsto algunos planes y solicitado informes a sus más allegados colaboradores. El 29 de septiembre, el jefe del Estado Mayor de la Armada de su Cuartel General enviaba una «Nota para S. E. el Generalísimo»^[79] con distintas sugerencias ante la gravedad de la situación internacional y, sobre todo, si no se llegaba a un acuerdo que mantuviera la paz. En ella exponía que Inglaterra y Francia decidirían intervenir abiertamente en la guerra de España. Sobre todo resultaba más decisivo el primer país, tanto por haber mantenido más escrupulosamente su neutralidad como por su potencial marítimo. La intervención inglesa significaría que el dominio del mar pasaría a sus manos tanto por su potencial como por la proximidad al campo de operaciones de la flota francesa. La ayuda germano-italiana no serviría de nada. De Francia su principal respuesta vendría hacia Menorca y Canarias, objetivos prioritarios para el país vecino. «Los franceses tienen bastante con atender a las fronteras de Alemania e Italia», decía el informe. Éste finalizaba con una propuesta de movimientos estratégicos de los buques de la Armada nacional hacia los puertos clave (Cádiz, Bilbao, Ferrol, Santander y Palma) en caso de estallar el conflicto internacional.

Aunque los resultados de Múnich favorecieron al bando franquista, también tuvo que pagar su factura, pues durante las negociaciones, cuando la guerra en Europa parecía inminente, se molestó a Alemania para salvar las relaciones con Reino Unido y Francia. En los días previos a la firma del pacto, Johannes E. F. Bernhardt, director de la compañía comercial que enmascaró la ayuda alemana a la España nacional, Hispano Marroquí de Transportes (HISMA), escribía a Franco para pedirle una declaración pública potente y firme dirigida tanto al pueblo español como a todo el mundo en la que manifestara su resuelta e inquebrantable voluntad «de exterminar al enemigo»^[80]. Justificaba tal propuesta porque «la impresión de tal acto de voluntad estimo constituirá un éxito rotundo que relajaría la ya muy quebrantada moral de los rojos». Franco no sólo no accedió a tal «suicidio» ante ingleses y franceses, sino que respondió declarando apresuradamente su neutralidad ante un eventual conflicto general, lo que causó una pésima impresión en Alemania e Italia y una gran satisfacción en Reino Unido y Francia.

A partir de entonces, tanto ingleses como franceses se mostraron reacios a las solicitudes de Negrín. Resultaba cada vez más evidente que la diplomacia de ambos países quería una solución rápida para el conflicto español, lo que sin duda sólo pasaba por el triunfo de Franco. Gran Bretaña pretendía lograr cuanto antes la plena reconciliación con Italia. Francia estaba convencida de que con el final de la contienda española, Mussolini atemperaría su conducta y reclamaciones respecto de Francia. A su vez, este país desconfiaba de británicos e italianos por su actuación en España.

El presidente Negrín quedó ampliamente decepcionado de las democracias europeas, como mostró públicamente en todas sus intervenciones. Una de ellas fue su discurso de despedida a las Brigadas Internacionales el 29 de octubre de 1938. Ante voluntarios de cincuenta y tres naciones de los cinco continentes, a los que agradeció el sacrificio de sus vidas por venir a un país lejano, lamentó la política del Pacto de No Intervención, que exigió mucho a los republicanos y muy poco al bando enemigo, lo que abrió las puertas claramente a alemanes e italianos: «Mientras nuestros soldados luchaban indefensos e inermes, recibían fabulosas ayudas de material bélico los insurrectos». Criticó los embargos a los envíos para la República y los cuantiosos soldados de Alemania e Italia a los que «disfrazaron» de voluntarios para permitirles la entrada^[81].

Negrín, a pesar del desánimo, decidió continuar la guerra y esperar una coyuntura más favorable que permitiera a Franco reconsiderar su postura. La de las potencias internacionales ya resultaba definitiva. «Después de la experiencia de Múnich no cabe otra actitud, ni otra línea de conducta», afirmó el presidente en un discurso radiofónico emitido desde Madrid. El presidente intentó jugar su última baza ante Francia, a quien veía más dispuesta a intervenir por el miedo a que los italianos se apoderaran de Menorca y, con la isla, de gran parte del control del tráfico del Mediterráneo. Envió a Francia un supuesto pacto secreto firmado el 8 de octubre entre Franco y Mussolini que, según todos los indicios, era falso. El denominado «Pacto de amistad, colaboración y asistencia» reconocía, en su estipulación número XX, que tanto en la guerra como al término de ésta, por medio de misiones militares oficialmente solicitadas y acreditadas cerca del Estado español, Italia «continuará teniendo ilimitado derecho en el Territorio español y en la Zona del Protectorado, de hacer los estudios que considere necesarios para el mejor utilizamiento de posibles bases militares navales y aéreas y de efectuar en ellas, de acuerdo con el Estado Español, los trabajos que considere necesarios para su rápida adaptación»^[82].

Consciente o no de ello Negrín, intentaba provocar una actitud más resuelta del país vecino y amigo hacia la República, que venía escatimando todo tipo de ayuda militar y, tal vez, enturbiar las difíciles relaciones italo-francesas. Desde el mes de junio, Francia había cerrado la frontera pirenaica, consecuencia tanto del miedo como de la política de No Intervención, lo que significó para los republicanos españoles el final de su última línea de aprovisionamiento de suministros militares y alimentos procedentes del exterior. Lo único que consiguió Negrín de esta jugada, o quizás más por su imagen de desesperación, fue que el Gobierno de Francia volviera a abrir la frontera para permitir que entrase material bélico a España por avión.

Durante el último trimestre del año sólo siguieron llegando desde el país vecino caravanas de solidaridad con camiones llenos de suministros de víveres, pero ya no con tanta frecuencia como se venían recibiendo desde el comienzo de la guerra hasta el verano de 1938, a tenor de los datos de la policía parisina^[83]. Los años previos fueron habituales las suscripciones populares, actos culturales y políticos para recaudar fondos, manifestaciones… organizadas por los partidos políticos, sindicatos, organizaciones estudiantiles y asociaciones de carácter social en solidaridad con el pueblo español. En muchos casos, éstas se presentaban como independientes de todas las opiniones políticas, culturales y confesionales. La mayor parte de las caravanas de camiones partían de la Puerta de Italia, en París. Las más numerosas se componían de unos cincuenta camiones cargados de víveres. Se realizaban actos de despedida multitudinarios, presididos por las autoridades francesas y el embajador español. Algunos contaron con asistencia de hasta 2000 personas.

A partir de octubre de 1938 se siguieron organizando caravanas, pero en menor frecuencia y con mucha menos cantidad de camiones y víveres. Además, salían de París «casi a hurtadillas». Tenemos constancia de algunas organizadas por el Centro Sindical de Acción contra la Guerra, Solidaridad Internacional Antifascista, Comité Francés de Coordinación para la Ayuda a la Población Civil de la España Republicana, Conferencia Francesa de Socorro a la Población Civil de la España Republicana, Comisión Internacional de Avituallamiento de la Población Civil de España, Comisión de Solidaridad Popular por la Ayuda al Pueblo Español, Comité Franco-Italiano-Español, Comité de Rescate Socialista a la España Republicana, Comité para la España Libre… La más propagandística fue la que el 24 de diciembre organizaron varios partidos políticos y sindicatos, liderada por el Partido Comunista Francés, que partió de la Puerta de Italia ante la presencia de 300 asistentes y curiosos, compuesta por seis camiones cargados de víveres y adornados con pancartas de ¡Viva la España republicana! Para la prensa y la diplomacia italiana, algunas de estas caravanas no eran tan inocentes como parecían. Denunciaron constantemente a Francia por no evitar el contrabando de armas a la España republicana a través de sus fronteras^[84].

Otra de las consecuencias de Múnich fue la intensificación de las presiones de empresas y Cámaras de Comercio para que Francia estableciera relaciones comerciales con la España nacionalista y nombrara un encargado de negocios ante Franco^[85]. Alegaban criterios económicos (el incremento de las exportaciones al país en guerra) y que era de los pocos países, junto a la URSS, Colombia y México, que no tenían agente comercial en Burgos. Gran Bretaña lo nombró en noviembre de 1937, sir Robert Hodgson, un diplomático retirado cuyos años de servicio en la Unión Soviética le habían convertido en un firme anticomunista y abierto simpatizante de Franco. Su misión, supuestamente comercial, en realidad tenía una dimensión política. Ante la negativa de las autoridades galas a las múltiples solicitudes que llegaban de forma individual al Ministerio de Asuntos Extranjeros, el 7 de febrero de 1939 la Asamblea de Presidentes de las Cámaras de Comercio, con 144 miembros, elevó al ministro una solicitud unánime. El Gobierno francés se mantuvo firme hasta que llegó el reconocimiento oficial a finales de febrero de 1939.

A partir de estos informes se llegaba a apreciar el interés económico de la guerra para los franceses. Antes del conflicto, Francia tenía una balanza comercial negativa con España. Durante él, se revertió la situación. En 1935, las exportaciones españolas en Francia alcanzaban un valor aproximado de 631 millones de francos, sobre todo por la venta de naranjas, plátanos y vinos. Las importaciones francesas en España, de 339 millones. Las ventas españolas a Francia disminuyeron durante 1936 a 548 millones, en 1937 a 317 millones y en los diez primeros meses de 1938 a 185. Los productos franceses vendidos en España ascendieron en 1936 a 320 millones de francos, en 1937 a 426 y en los diez primeros meses de 1938 a 328^[86]. Buena parte de ellos eran a la zona controlada por el Gobierno de Franco.

En el viraje francés hacia la República influyó no sólo el cambio de gobierno del país vecino o los intereses económicos, que eran muchos, sino también la intensa actividad desplegada en París por el exembajador de España en Francia entre 1916 y 1931 José María Quiñones de León, agente especial de Franco durante la guerra. Trabajó en cuestiones de información y espionaje primero para el Servicio de Información de la Frontera Noroeste de España (SIFNE) y desde febrero de 1938 para el Servicio de Información y Policía Militar (SIPM), que a partir del 1 de marzo quedó como único servicio de información del bando franquista. Estaba mandado por el coronel José Ungría Jiménez^[87]. Según reconocían los servicios de información de la policía francesa, Quiñones venía pagando subvenciones a la prensa de ese país para obtener a cambio una campaña favorable a la imagen y al reconocimiento del Gobierno de Franco^[88]. Quizá por ello fue recompensado con la embajada de España en París tras el reconocimiento oficial en febrero de 1939. También anduvo frecuentemente por París, con pasaporte diplomático, el banquero Juan March, uno de los principales financiadores del golpe de Estado de julio de 1936, de cuyos viajes de negocios desconfiaba la policía francesa, por parecer, según sus informes, más de carácter político que económico. Sobre todo, decía uno de ellos en diciembre de 1938, March estaba preparando el reconocimiento del Gobierno de Franco y las futuras relaciones de España y Francia^[89].