10. Valencia y Albacete, amenazas sofocadas

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Valencia y Albacete, amenazas sofocadas

10.1. El general Menéndez, mediador en Valencia

10.1. EL GENERAL MENÉNDEZ, MEDIADOR EN VALENCIA

Desde finales de la primavera de 1938, Valencia se había convertido en un objetivo importante para las tropas de Franco, después de la llegada al Mediterráneo y su principal consecuencia: el corte de la República en dos espacios independientes. La ordenada defensa del Ejército de Levante, al mando del general Menéndez, había frenado la presión sobre la ciudad y su entorno. También la batalla del Ebro, que había volcado casi todos los esfuerzos de ambos bandos en ese frente. Posteriormente la estrategia del ejército franquista se dirigió hacia Cataluña.

En la ciudad de Valencia, a pesar de que el Partido Comunista poseía un fuerte contingente, la Junta de Defensa del coronel Casado fue bien acogida por la opinión pública y por el ejército. Al principio hubo algunas vacilaciones en ciertas unidades, sin embargo, como reconoce el mismo Casado, en el Ejército de Levante la habilidad y mano izquierda del general Menéndez evitó un alzamiento que habría tenido consecuencias importantes.

En cuanto conoció el golpe de Casado, el Comité Provincial del Partido Comunista en Valencia se manifestó frente a la Junta no como órgano de poder —sin dejar de condenar su ilegitimidad y el levantamiento— sino contra su línea política. «Fundamentábamos nuestra posición en el hecho evidente de que el Gobierno Negrín pudo abortar la sublevación o aplastarla rápidamente, pues tenía medios sobrados para ello y no lo quiso hacer»[1]. Al marcharse el Gobierno fuera de España, sólo existía un poder, la Junta, «con la particularidad que ésta encontraba el apoyo y complicidad de las organizaciones del frente popular a excepción de nuestro Partido».

Sin embargo, a espaldas de la dirección del Partido, parte del mismo, y las masas orientadas por éstos, lo que aumentó la confusión, se manifestaron públicamente a favor de acatar la Junta, orientados directamente por la Secretaría Sindical del Comité Provincial, cuyo responsable era miembro del Secretariado del Partido (Vicente Mercader).

En esta situación tan confusa se registraron pocos incidentes. La mayor amenaza provino de la Unidad de Tanques del comandante Sendín y de la Unidad de Guerrilleros instalada en la pedanía valenciana de Benimamet. También se sumaron los alumnos de la Escuela Popular de Guerra. Tras conocerse el golpe, todas las fuerzas de que disponía el PCE en el Ejército de Levante fueron concentradas en el local de la Escuela de Guerrilleros. Se organizó un Estado Mayor compuesto, entre otros, por el jefe de Guerrilleros Ungría y por el Campesino, que se incorporó desde Valencia. Después se agregaría Jesús Hernández, de quien recibían las órdenes. El Estado Mayor realizó rápidamente un plan de ataque combinado con tanques, infantería y un tren blindado que disponía de diversos cañones. La operación preveía tomar el grupo de Ejércitos y apoderarse de Valencia por medio de dos columnas. En la madrugada del día 6 Hernández dio por teléfono la señal convenida para hacer el orden de aproximación. Una media hora más tarde aproximadamente se recibió orden de Jesús Hernández de suspender la maniobra.

En las afueras de la ciudad estaban esperando una brigada de Carabineros y guardias de Asalto con carros blindados. Aproximadamente a las 10 de la mañana los emisarios del general Menéndez, dos oficiales de Asalto, entregan al emisario de Ungría un documento por el que el general le ordena que antes de las 6 de la tarde debe entregar todo el armamento al parque de Artillería y poner el personal a su disposición para ser destinado, pues el XIV Cuerpo de Ejército ha sido disuelto. A los responsables del Estado Mayor les ofrece pasaporte para viajar al extranjero o que pidan destino preferente. Como no consiguen recibir instrucciones del Partido ni nadie sabe nada de Jesús Hernández, los miembros de la resistencia al Consejo deciden salir hacia Andalucía. Cargan dos camiones con armamento y los cubren de naranjas.

El Campesino y Ungría llegan a Andalucía, el primero a la base del Servicio de Inteligencia Especial Periférico (SIEP) en Purullena (Granada) y el segundo a la Escuela del SIEP a unos veinte kilómetros de la localidad granadina de Baza. Al llegar, intentan ponerse en contacto con el partido, pero sin ningún resultado. Al enterarse de que los Guerrilleros de Andalucía han sido desarmados por un batallón de ametralladoras sin ofrecer resistencia porque así se lo ha ordenado el partido y de la detención de los miembros del Comité Provincial de PCE de Valencia, se marchan a la base marítima del SIEP en Adra (Almería). Allí cogen dos embarcaciones y huyen de España: «Las autoridades del puerto se dieron cuenta de que les habíamos engañado y la última embarcación hubo de salir a tiros», relatan los comunistas huidos[2].

Mientras, en Valencia, una compañía de Carabineros de la 45.ª División, a las órdenes de la Junta, había procedido a ocupar la sede del Secretariado Provincial del Partido Comunista en Valencia, deteniendo a sus dirigentes. También los locales de la JSU y de las organizaciones de masas como Mujeres Antifascistas, Socorro Rojo Internacional, Amigos de la Unión Soviética y la propia embajada soviética. El mismo general Menéndez y el comandante militar Aranguren dirigieron las operaciones y, en pocas horas, pusieron bajo control del Consejo Nacional de Defensa a toda la provincia.

El día 6 por la tarde algunos líderes comunistas que quedaban en la calle a los que se sumaron algunos otros que lograron escaparse durante el traslado a la prisión, redactaron un manifiesto. En él, el partido adoptaba una posición de firmeza. Se declaraba dispuesto a acatar a las nuevas autoridades puesto que de hecho ya no existía en España otro poder, a condición del restablecimiento de la unidad y de la resistencia para una paz que no significara «la catástrofe, la vergüenza y la entrega de los españoles a los verdugos fascistas». Se pedía plena libertad para el partido y para su prensa, la devolución de todos sus locales y la libertad de sus presos. La sublevación contra el Gobierno se calificaba de «hecho bochornoso». La policía ocupó la imprenta del partido donde se estaba imprimiendo el manifiesto, con lo que no llegó a publicarse. Al día siguiente se enviaron a los distintos sectores circulares con el contenido del manifiesto.

La rápida intervención del general Menéndez y su disposición de ánimo, tendente a evitar enfrentamientos, redujo la respuesta militar comunista a la resistencia pasiva del XXII Cuerpo de Ejército. Entre ambos bandos se llegó finalmente a la firma de un alto el fuego. Resultaron determinantes, además de la actitud dialogante del general Menéndez, las intervenciones del exministro Julio Just y del doctor Peset, rector de la Universidad de Valencia, que actuaron de mediadores, y la implicación de Rodríguez Vega, secretario general de la UGT que impidió la expulsión de los comunistas de los órganos directivos del sindicato, favoreciendo su reingreso a escala regional[3].

También tuvo importancia en el acuerdo el conocimiento de la marcha del Gobierno de Negrín, que dejó sin sentido la resistencia activa frente a Casado en nombre del gobierno legítimo. A partir del día 8 los comunistas valencianos comenzaron la fase de negociación. Las conversaciones entre Menéndez y los comunistas duraron varios días. El general quería su reintegración al Frente Popular y a la vida política. Restituyó en sus funciones a los militares que temporalmente habían sido apartados del mando y ordenó la puesta en libertad de los comunistas detenidos. Todo ello a cambio del reconocimiento por parte de éstos del nuevo poder militar. El Partido siguió funcionando «con normalidad» gracias en gran parte al trabajo de las mujeres. «Sobre ellas pesó casi todo el aparato de enlaces, las instrucciones a la Provincia, el abastecimiento de comida a los camaradas escondidos, el reparto en cines y barriadas y en la propia plaza Castelar de los documentos publicados por el Partido, y otras importantes tareas»[4].

10.2. Los tanques de Albacete

10.2. LOS TANQUES DE ALBACETE

Los días previos al golpe de Casado ya se percibía un extraño ambiente en la ciudad manchega. El 2 de marzo apareció publicado en la Gaceta el nombramiento del teniente coronel de Aviación Ignacio Curto Alonso como gobernador militar de Albacete, dentro de los últimos movimientos de Negrín por controlar la situación política y militar de su cada vez más menguado territorio. Cuando fue a tomar posesión de su cargo se encontró una firme oposición encabezada por el teniente coronel jefe de Intendencia Botella, a cuyas órdenes se puso el teniente que mandaba la escasa guardia de la Comandancia Militar. En este grupo figuraba el exgobernador civil Justo Martínez Amutio y el gobernador civil Vega de la Iglesia. La resistencia a la toma de posesión de Curto agudizó las tensiones entre el Gobierno Civil y la base de Los Llanos, que se mantenía fiel al Gobierno de Negrín, gracias en parte a la actitud firme del comisario Valentín[5].

Albacete tenía una gran importancia estratégica por ser sede de la principal base aérea de la zona republicana Centro-Sur y por constituir un significativo nudo de comunicaciones entre las provincias centrales y parte de la región levantina. Además, de su control podía depender, como parecía previsible, la realización de una evacuación más ordenada.

Varios miembros del Partido Comunista, al enterarse del golpe de Casado, se dirigieron rápidamente al Gobierno Civil, para palpar la opinión y conocer la actuación del gobernador. Salieron decepcionados por la pasividad mostrada por la primera autoridad civil a las inquietudes de los comunistas[6]. Temiendo la complicidad de las autoridades de la provincia con los golpistas, el Comité Provincial decidió ir a tomar la Comandancia Militar y contactar con los jefes de las unidades militares para conocer su actitud. El jefe de Estado Mayor de Aviación, el jefe del 5.º Batallón de Retaguardia y el jefe de la base de tanques se mostraron a disposición del partido. Sólo negó su apoyo el comandante Roger, jefe de la Guardia de Asalto. Ante esta negativa, los miembros del Comité Provincial decidieron no proceder a la toma de la Comandancia Militar.

El jefe del Batallón de Retaguardia aconsejó desistir de la operación porque no disponía de fuerzas suficientes para enfrentarse a las del comandante Roger, ni armas adecuadas para oponerse a las automáticas del Cuerpo de Asalto. El jefe de la base aérea de Los Llanos y comandante de la aviación republicana de la zona Centro-Sur, coronel Camacho, y el jefe de Estado Mayor, teniente coronel Alonso, también prefirieron no emprender ninguna acción abocada al fracaso. Además, sabían del rápido envío desde Madrid de dos compañías de Asalto para proteger la Comandancia Militar. Eran las 7 de la mañana del día 6 y los dirigentes comunistas se convencieron de que sus camaradas militares se habían puesto bajo las órdenes de Casado o pretendían mantenerse en una posición de neutralidad, que de hecho significaba la aceptación implícita de la autoridad del Consejo Nacional de Defensa. «Se había generalizado la especie, bien alimentada por la quinta columna, de que, si los militares activaban el final de la guerra, existían serias esperanzas de conservar su lugar en el escalafón militar»[7].

El comandante militar citó a todas las organizaciones del Frente Popular para una reunión urgente el mismo día 6. Durante su celebración, la máxima autoridad militar mostró su inquietud ante un posible levantamiento comunista. El máximo representante del PCE acalló los rumores, aunque con la salvedad de que no se moverían siempre y cuando las nuevas autoridades no les provocaran con detenciones. Pero los comunistas estaban ocultando la situación real, pues casi simultáneamente comenzó el movimiento de tanques.

El jefe de la base de tanques había ordenado tomar la plaza de Albacete con dieciocho tanques. Según informe interno del PCE, la decisión no estaba respaldada por el partido ni por sus máximos órganos[8]. Las fuerzas leales al Consejo procedieron a la detención de varios cuadros políticos y militares, como el comisario Valentín, José Luis Valcárcel y los principales responsables de la base de tanques, con lo que quedó desbaratada la operación. Además, y por si acaso, horas después también interceptaron a media brigada de blindados compuesta por veinticuatro carros y tres baterías antitanques que habían partido de las localidades ciudadrealeñas de Daimiel y Tomelloso con dirección a Cartagena, en apoyo de las fuerzas gubernamentales. No opusieron ninguna resistencia.

Las autoridades del Consejo en Albacete se quedaron con quince de estos tanques. El resto fueron enviados a Ciudad Real, a sofocar la sublevación comunista. En el trayecto hacia la capital de La Mancha sucedió una anécdota en el pueblo de La Solana, donde pensaban que eran mandados por los comunistas para apoyar a los encerrados en el Palacio Rojo. El jefe de los guardias de Asalto de la población paró a la expedición, compuesta de una columna de catorce o quince tanques y varios camiones. Los diez o doce guardias de Asalto que había destacados en La Solana estaban acompañados de cinco o seis jóvenes anarquistas. Uno de ellos le dijo al jefe de la columna de los tanques, mientras le enseñaba unas espuertas llenas de bombas, que si querían pasar al pueblo antes caerían algunos tanques y hombres. El jefe de los tanques preguntó sobre la guarnición existente en el pueblo, a lo que le respondían que estaba formada por unos 1000 hombres, cifra totalmente inverosímil. Los soldados optaron por quedarse allí toda la noche y al amanecer del día siguiente subieron al pueblo. La Plaza de Don Diego y la Plaza Mayor se llenaron de tanques y camiones y el jefe de la columna se dirigió al Ayuntamiento. Al interesarse por la guarnición del pueblo y comprobar que había sido detenido por unos guardias de asalto y unos adolescentes montó en cólera y señaló que «si yo llego a saber la guarnición que había hundo el pueblo»[9]. Ordenó rápidamente emprender camino hacia Ciudad Real.

El día 15 de marzo se reunió el Frente Popular sin la presencia de los representantes del PCE. Se decidió la expulsión de los comunistas. El mismo día fueron detenidos los miembros del Comité Provincial y trasladados a Valencia a disposición judicial. Al día siguiente el Frente Popular de la provincia hacía público un manifiesto dirigido al pueblo de Albacete en el que solicitaba el respaldo al Consejo Nacional de Defensa como «medio único de llegar a la paz digna y honrosa, exenta de rencores, en una España libre de toda dominación extranjera» y condenaba abiertamente «la actitud de rebeldía en que desde el principio se colocara el Partido Comunista con respecto a la nueva organización de Gobierno y que ha culminado en los hechos monstruosos que ensangrentaron las calles de Madrid»[10].

En los días posteriores los comunistas detenidos en Valencia fueron quedando en libertad al retirar el fiscal los cargos de rebelión. Al volver a Albacete se les mantuvo en arresto domiciliario. Entre el 25 y el 27 de marzo, la mayoría fueron evacuados hacia los puertos levantinos, consiguiendo salir de España.