13. Por qué fracasan los países hoy en día.

Cómo ganar la lotería en Zimbabue.

Corría el mes de enero del año 2000 en Harare, Zimbabue. El maestro de ceremonias Fallot Chawawa tenía que elegir el billete que ganaría la lotería nacional organizada por un banco, en parte, propiedad del Estado, el Zimbabwe Banking Corporation (Zimbank). La lotería estaba abierta a todos los clientes que habían mantenido cinco mil o más dólares de Zimbabue en sus cuentas durante diciembre de 1999. Cuando Chawawa sacó el billete, se quedó estupefacto. Tal y como señaló la declaración pública de Zimbank: «El maestro de ceremonias Fallot Chawawa no podía creer lo que veían sus ojos cuando le pasaron el billete para el premio de cien mil dólares de Zimbabue y vio que estaba escrito “su excelencia R. M. Mugabe”».

El presidente Robert Mugabe, que había dirigido Zimbabue por las buenas y por las malas, y, normalmente, con mano de hierro, desde 1980, había ganado la lotería, cien dólares de Zimbabue, unas cinco veces la renta per cápita anual del país. Zimbank afirmó que el nombre del señor Mugabe había sido extraído de entre miles de clientes elegibles. ¡Qué suerte tiene este hombre! Huelga decir que no necesitaba realmente el dinero. De hecho, Mugabe hacía poco que se había concedido a él mismo y a su gabinete aumentos de sueldo de hasta el 200 por ciento.

El billete de lotería era solamente una indicación más de las instituciones extractivas de Zimbabue. Se podría llamar corrupción, pero es únicamente un síntoma del malestar institucional de Zimbabue. El hecho de que Mugabe incluso pudiera ganar la lotería si quería mostró cuánto control tenía sobre los asuntos de Zimbabue, y dejó entrever al mundo hasta qué punto eran extractivas las instituciones del país.

La razón más común por la que fracasan los países hoy en día es porque tienen instituciones extractivas. Zimbabue, bajo el régimen de Mugabe, ilustra claramente las consecuencias sociales y económicas. Aunque las estadísticas nacionales de Zimbabue sean muy poco fiables, la mejor estimación es que, en 2008, la renta per cápita de Zimbabue era de alrededor de la mitad de cuando el país logró su independencia en 1980. Por dramático que parezca, de hecho ni siquiera capta en absoluto el deterioro del nivel de vida del país. El Estado se ha colapsado y prácticamente ha dejado de proporcionar servicios públicos básicos. En 2008-2009, el deterioro del sistema sanitario condujo a un brote de cólera en el país. El 10 de enero de 2010, había 98.741 casos notificados y 4.293 muertes. Fue el brote de cólera más mortífero de África durante los últimos quince años. Entretanto, el desempleo en masa también había alcanzado unos niveles sin precedentes. A principios de 2009, la Oficina de las Naciones Unidas de Coordinación de Asuntos Humanitarios afirmó que la tasa de desempleo era de un increíble 94 por ciento.

Las raíces de muchas instituciones políticas y económicas de Zimbabue, igual que en gran parte del África subsahariana, se remontan al período colonial. En 1890, la British South Africa Company de Cecil Rhodes envió una expedición militar al entonces reino de los ndebeles, en Matabelelandia, y a la vecina Mashonalandia. La superioridad de su armamento eliminó rápidamente la resistencia africana y, en 1901, se formaba la colonia de Rodesia del Sur, que tomaba su nombre de Cecil Rhodes, en la zona que actualmente es Zimbabue. Ahora que la zona era una concesión privada de la British South Africa Company, Rhodes vio que podía ganar dinero allí mediante la prospección y minería de minerales preciosos. Aquellas operaciones nunca despegaron, pero las ricas tierras de cultivo empezaron a atraer la migración blanca. Aquellos colonos pronto anexionaron gran parte de la tierra. En 1923, se habían liberado del control de la British South Africa Company y convencieron al gobierno británico para que les concediera el autogobierno. Lo que ocurrió es muy similar a lo que sucedió en Sudáfrica unos diez años antes. La ley de las tierras indígenas (capítulo 9) de 1913 creó una economía dual en Sudáfrica. Rodesia aprobó leyes muy similares y, poco después de 1923, construyó un Estado de apartheid solamente para blancos inspirándose en el modelo sudafricano.

Cuando los imperios coloniales europeos se hundieron a finales de los cincuenta y principios de los sesenta, la élite blanca de Rodesia, dirigida por Ian Smith, formada posiblemente por el 5 por ciento de la población, declaró la independencia de Gran Bretaña en 1965. Pocos gobiernos internacionales reconocieron la independencia de Rodesia, y la ONU le impuso sanciones económicas y políticas. Los ciudadanos negros emprendieron una guerra de guerrillas desde las bases en los países vecinos de Mozambique y Zambia. La presión internacional y la rebelión de los dos grupos principales, el ZANU (Unión Nacional Africana de Zimbabue) de Mugabe y el Zimbabwe African People’s Union, ZAPU (Unión del Pueblo Africano de Zimbabue), dirigido por Joshua Nkomo, dieron como resultado un fin negociado al dominio blanco. El Estado de Zimbabue fue creado en 1980.

Después de la independencia, Mugabe estableció rápidamente su control personal. O bien eliminó violentamente a sus adversarios, o bien los neutralizó. Los actos más atroces de violencia tuvieron lugar en Matabelelandia, el corazón del apoyo al ZAPU, donde hasta veinte mil personas fueron asesinadas a principios de los ochenta. En 1987, el ZAPU se había unido con el ZANU para crear el ZANU-PF, y Joshua Nkomo fue apartado políticamente. Mugabe pudo volver a redactar la Constitución que había heredado como parte de la negociación de la independencia, convirtiéndose en presidente (había empezado como primer ministro). Abolió las listas de votantes blancos que formaban parte del acuerdo de independencia y, finalmente, en 1990, se deshizo del Senado por completo e introdujo cargos en el poder legislativo que él pudiera nombrar. El resultado fue un Estado con un solo partido de facto dirigido por Mugabe.

Tras la independencia, se apoderó de una serie de instituciones económicas extractivas creadas por el régimen blanco, como un gran número de regulaciones de precios y comercio internacional, industrias dirigidas por el Estado y juntas de comercialización agrícolas obligatorias. El empleo público se expandió con rapidez y se dieron puestos de trabajo a los partidarios del ZANU-PF. La severa regulación de la economía efectuada por el gobierno convenía a las élites del ZANU-PF porque hacía muy difícil que surgiera una clase independiente de hombres de negocios africanos, que podrían haber complicado el monopolio político de los viejos hombres de negocios. Este caso fue muy parecido al de Ghana de los años sesenta que vimos en el capítulo 2. Evidentemente, lo irónico es que esto hizo que la clase de negocios principal estuviera formada por blancos. Durante este período, las fuerzas centrales de la economía blanca, sobre todo el sector agrícola altamente productivo, no sufrieron cambios. Sin embargo, esto duraría solamente hasta que Mugabe perdiera su popularidad.

El modelo de regulación e intervención del mercado poco a poco se hizo insostenible y, en 1991, tras una grave crisis fiscal, se inició un proceso de cambio institucional, con el apoyo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El empeoramiento de los resultados económicos condujo finalmente a la aparición de una oposición política seria al dominio de un solo partido, el ZANU-PF: el Movement for Democratic Change (MDC). Las elecciones parlamentarias de 1995 distaron de ser competitivas. El ZANU-PF ganó el 81 por ciento de los votos y ciento dieciocho de los ciento veinte escaños. Cincuenta y cinco de estos miembros del Parlamento fueron elegidos sin oposición. Las elecciones presidenciales del año siguiente mostraron incluso más signos de irregularidades y fraude. Mugabe ganó el 93 por ciento de los votos, pero sus dos adversarios, Abel Muzorewa y Ndabaningi Sithole, ya habían retirado sus candidaturas antes de las elecciones, pues acusaron al gobierno de coacción y fraude.

Después del año 2000, a pesar de toda la corrupción, el control del ZANU-PF se estaba debilitando. Solamente consiguió el 49 por ciento del voto popular y únicamente sesenta y tres escaños. El MDC presentó candidatos para todos los escaños y logró todos los de la capital, Harare. En las elecciones presidenciales de 2002, Mugabe logró con dificultades solamente el 56 por ciento de los votos. Ambas elecciones fueron favorables para el ZANU-PF debido a la violencia y la intimidación, junto al fraude electoral.

La respuesta de Mugabe al desmoronamiento de su poder político fue intensificar tanto la represión como el uso de políticas gubernamentales para comprar apoyo. Él desencadenó el asalto generalizado a los terratenientes blancos. A partir del año 2000, animó y apoyó una amplia serie de ocupaciones y expropiaciones de tierras, a menudo dirigidas por asociaciones de veteranos de guerra, grupos supuestamente formados por excombatientes de la guerra de Independencia. Parte de la tierra expropiada fue entregada a estos grupos, pero gran parte también fue a parar a las élites del ZANU-PF. La inseguridad de los derechos de propiedad causada por Mugabe y el ZANU-PF condujo al hundimiento de la producción y la productividad agrícolas. Mientras la economía se desmoronaba, lo único que se podía hacer era imprimir dinero para comprar apoyo, lo que condujo a una enorme hiperinflación. En enero de 2009, se legalizó el uso de otras monedas, como el rand sudafricano, y el dólar de Zimbabue desapareció de la circulación por haberse convertido en un trozo de papel sin valor alguno.

Lo ocurrido en Zimbabue después de 1980 era corriente en el África subsahariana desde la independencia. Zimbabue heredó una serie de instituciones políticas y económicas altamente extractivas en 1980 que, durante los primeros quince años, se mantuvieron relativamente intactas. Aunque se celebraron elecciones, las instituciones políticas eran cualquier cosa menos inclusivas. Las instituciones económicas cambiaron un poco; por ejemplo, ya no había una discriminación explícita contra los negros. Sin embargo, en general, las instituciones continuaron siendo extractivas, la única diferencia fue que la extracción, en lugar de hacerla Ian Smith y los blancos, la hacían Robert Mugabe y las élites del ZANU-PF llenándose los bolsillos. Con el tiempo, las instituciones se hicieron todavía más extractivas y las rentas del país se hundieron. El fracaso político y económico de Zimbabue es otra manifestación de la Ley de hierro de la oligarquía, en este caso, con el régimen extractivo y represivo de Ian Smith que fue sustituido por el régimen extractivo, corrupto y represivo de Robert Mugabe. El hecho de que Mugabe ganara falsamente la lotería en el año 2000 fue simplemente la punta de un iceberg muy corrupto y determinado por la historia.

Los países fracasan hoy en día porque sus instituciones económicas extractivas no crean los incentivos necesarios para que la gente ahorre, invierta e innove. Las instituciones políticas extractivas apoyan a estas instituciones económicas para consolidar el poder de quienes se benefician de la extracción. Las instituciones políticas y económicas extractivas, aunque varíen en detalles bajo distintas circunstancias, siempre están en el origen de este fracaso. En muchos casos, por ejemplo, como veremos en Argentina, Colombia y Egipto, este fracaso adopta la forma de falta de actividad económica suficiente, porque los políticos están encantados de extraer recursos o de aplastar cualquier tipo de actividad económica independiente que los amenace a ellos y a las élites económicas. En algunos casos extremos, como Zimbabue y Sierra Leona, que comentaremos más adelante, las instituciones extractivas allanan el camino para el fracaso total del Estado, y destruyen no solamente la ley y el orden, sino también los incentivos económicos más básicos. El resultado es el estancamiento económico y, como ilustra la historia reciente de Angola, Camerún, Chad, la República Democrática del Congo, Haití, Liberia, Nepal, Sierra Leona, Sudán y Zimbabue, guerras civiles, desplazamientos en masa, hambrunas y epidemias, que hacen que muchos de estos países sean más pobres hoy en día de lo que lo eran los sesenta.

¿Una cruzada de niños?

El 23 de marzo de 1991, un grupo de hombres armados dirigidos por Foday Sankoh cruzó la frontera entre Liberia y Sierra Leona y atacó Kailahun, una ciudad fronteriza situada al sur. Sankoh, que fue cabo en el ejército de Sierra Leona, había sido encarcelado tras participar en un golpe frustrado contra el gobierno de Siaka Stevens en 1971. Tras ser puesto en libertad, acabó en Libia, donde entró en un campo de entrenamiento que dirigía el dictador libio Gadafi para revolucionarios africanos. Allí, conoció a Charles Taylor, que planeaba derrocar al gobierno de Liberia. Cuando Taylor invadió Liberia la Nochebuena de 1989, Sankoh estaba con él, y fue con un grupo de hombres de Taylor, la mayoría de Liberia y Burkina Faso, con los que Sankoh invadió Sierra Leona. Se autodenominaban el RUF (Frente Unido Revolucionario) y anunciaron que estaban allí para derrocar al gobierno corrupto y tirano del APC.

Como vimos en el capítulo anterior, Siaka Stevens y su partido, el APC, se hicieron con las instituciones extractivas de la época colonial y las intensificaron en Sierra Leona, como habían hecho Mugabe y su ZANU-PF en Zimbabue. En 1985, cuando Stevens enfermo de cáncer e hizo que Joseph Momoh lo sustituyera, la economía se estaba hundiendo. A Stevens le gustaba citar este aforismo, aparentemente sin ironía: «La vaca come allí donde esté atada». Y allí donde Stevens había comido una vez, Momoh se atiborraba. Las carreteras se caían a pedazos y las escuelas se desintegraron. Las emisiones de la televisión nacional cesaron en 1987, cuando el ministro de Información vendió el transmisor, y, en 1989, una torre de radio que transmitía señales fuera de Freetown se cayó, con lo que se acabaron las transmisiones fuera de la capital. Un análisis publicado en un periódico en la ciudad de Freetown en 1995 parecía muy veraz:

Al final del gobierno de Momoh, había dejado de pagar a los funcionarios civiles, a los profesores e incluso a los jefes supremos. El gobierno central se había hundido y, después, evidentemente, tuvimos incursiones en la frontera, los «rebeldes» y todas las armas automáticas que llegaban en avalanchas a la frontera de Liberia. El NPRC, los rebeldes y los sobels [soldados convertidos en rebeldes] equivalen al caos que uno espera cuando desaparece un gobierno. No son las causas de nuestros problemas, sino los síntomas.

El hundimiento del Estado bajo Momoh, de nuevo como consecuencia del círculo vicioso desencadenado por las instituciones extractivas extremas bajo Stevens, significó que no había nada que detuviera al RUF para que no cruzara la frontera en 1991. El Estado no tenía capacidad para hacerle frente. Stevens ya había castrado al poder militar, porque le preocupaba que lo pudieran derrocar. Así, fue fácil que un número relativamente pequeño de hombres armados crearan el caos en la mayor parte del país. Incluso tenían un manifiesto denominado Footpaths to Democracy (Caminos de democracia), que empezaba con una cita del intelectual negro Frantz Fanon: «Cada generación, dentro de una relativa opacidad, tiene que descubrir su misión, cumplirla o traicionarla». El apartado «¿Por qué luchamos?» empieza así:

Continuamos luchando porque estamos cansados de ser víctimas perpetuas de la pobreza patrocinada por el Estado y la degradación humana que se os ha infligido durante años de militarismo y gobierno autocrático. Nos contendremos y continuaremos esperando pacientemente el día de la paz, donde todos seremos vencedores. Estamos comprometidos con la paz, necesaria por cualquier medio, pero no estamos comprometidos con convertirnos en víctimas de la paz. Sabemos que nuestra causa es justa y Dios/Alá nunca nos abandonará en nuestra lucha por reconstruir una Sierra Leona nueva.

Aunque Sankoh y otros líderes del RUF hubieran empezado con quejas políticas, y las quejas de la gente que sufría bajo las instituciones extractivas del APC los hubieran animado a unirse al movimiento en una primera etapa, la situación cambió rápidamente y quedó fuera de control. La «misión» del RUF sumió al país en una agonía, como se puede ver en el testimonio de un adolescente de Geoma, al sur de Sierra Leona:

Nos cogieron a unos cuantos... Eligieron a algunos de nuestros amigos y los mataron, a dos, porque sus padres eran los jefes, y tenían propiedades y botas de soldado en sus casas. Les dispararon solamente porque los acusaron de cobijar a soldados. Los jefes también fueron asesinados, por formar parte del gobierno. Eligieron a alguien para que fuera el nuevo jefe. Todavía decían que habían venido para liberarnos del APC. Llegó un punto en el que ya no elegían a nadie a quien matar, simplemente disparaban a la gente.

En el primer año de la invasión, la posible raíz intelectual que pudiera haber tenido el RUF desapareció por completo. Sankoh ejecutó a quienes criticaban las atrocidades crecientes. Al cabo de poco tiempo, pocos hombres se unían voluntariamente al RUF, así que recurrieron al reclutamiento forzoso, sobre todo de niños. De hecho, todos los bandos lo hicieron, incluso el ejército. Si la guerra civil de Sierra Leona había sido una cruzada para construir una sociedad mejor, al final fue una cruzada de niños. El conflicto se intensificó con masacres y abusos masivos de derechos humanos que incluían violaciones en masa y la amputación de manos y orejas. Cuando el RUF se adueñaba de una zona, también empezaba la explotación económica. Era más evidente en las zonas de minería de diamantes, donde obligaban a la gente a trabajar en aquellas minas, pero estaba extendida también en otros lugares.

El RUF no era el único que cometía atrocidades y masacres y obligaba a trabajar por la fuerza, sino que el gobierno también lo hizo. La ley y el orden habían desaparecido, hasta tal punto de que se hizo difícil para la gente distinguir a un soldado de un rebelde. La disciplina militar desapareció por completo. En el momento en que acabó la guerra, en el año 2001, probablemente ochenta mil personas habían muerto y todo el país había sido devastado. Se destruyeron por completo carreteras, casas y edificios. Hoy en día, si uno va a Koidu, una gran área de producción de diamantes situada en el este, se ven filas de casas quemadas marcadas por agujeros de bala.

En 1991, el Estado de Sierra Leona había fracasado por completo. Pensemos en lo que el rey Shyaam inició con los bushongs (capítulo 5): estableció instituciones extractivas para fortalecer su poder y extraer la producción del resto de la sociedad. Sin embargo, incluso las instituciones extractivas con una autoridad central concentrada en sus manos eran una mejora frente a la situación sin ley ni orden, autoridad central ni derechos de propiedad que caracterizaba a la sociedad lele del otro lado del río Kasai. Esta falta de orden y autoridad central ha sido el destino de muchos países africanos en décadas recientes, en parte porque el proceso de centralización política se retrasó históricamente en grandes áreas del África subsahariana, pero también porque el círculo vicioso de instituciones extractivas cambió radicalmente cualquier centralización estatal que hubiera existido, con lo que allanó el camino para el fracaso del Estado.

Sierra Leona, durante su década sangrienta, la guerra civil de 1991 a 2001, fue el típico caso de Estado fracasado. Empezó simplemente como un país más de los estropeados por instituciones extractivas, si bien de un tipo particularmente vicioso e ineficiente. Los países se convierten en Estados fracasados no por su situación geográfica ni su cultura, sino por el legado de las instituciones extractivas, que concentran el poder y la riqueza en aquellos que controlan el Estado, lo que abre el camino a los disturbios, las contiendas y la guerra civil. Las instituciones extractivas también contribuyen directamente al fracaso gradual del Estado al descuidar la inversión en los servicios públicos más básicos, exactamente como sucedió en Sierra Leona.

Las instituciones extractivas que expropian y empobrecen al pueblo y bloquean el desarrollo económico son bastante comunes en África, Asia y Sudamérica. Charles Taylor ayudó a iniciar la guerra civil en Sierra Leona y, al mismo tiempo, emprendió un conflicto despiadado en Liberia, que condujo al fracaso del Estado allí también. El patrón de instituciones extractivas que se colapasaron y llegaron a causar una guerra civil y el fracaso del Estado se ha dado en otros lugares de África; por ejemplo, en Angola, Costa de Marfil, la República Democrática del Congo, Mozambique, la República del Congo, Somalia, Sudán y Uganda. La extracción allana el camino para el conflicto, de forma parecida al conflicto que las instituciones altamente extractivas de las ciudades-Estado mayas generaron hace casi mil años. El conflicto precipita el Estado fracasado. Por eso, otra razón por la que los países fracasan hoy en día es que sus Estados fracasan. Esto, a su vez, es una consecuencia de décadas de gobierno bajo instituciones políticas y económicas extractivas.

¿Quién es el Estado?

Los casos de Zimbabue, Somalia y Sierra Leona, aunque típicos de países pobres de África, y quizá incluso de algunos de Asia, parecen bastante extremos. ¿Es indudable que los países latinoamericanos no tienen Estados fracasados? ¿Y que sus presidentes no son tan descarados como para ganar la lotería de esa forma?

En Colombia, los Andes se funden poco a poco en el norte con una gran llanura costera que linda con el Caribe. Los colombianos la llaman tierra caliente, y es distinta al mundo andino de la tierra fría. Durante los últimos cincuenta años, la mayor parte de los politólogos y de los gobiernos han considerado que Colombia es una democracia. Estados Unidos se alegra de negociar un tratado de libre comercio potencial con el país y le envía todo tipo de ayuda, sobre todo ayuda miliar. Tras un gobierno militar de corta vida, que acabó en 1958, se han celebrado elecciones con regularidad, aunque, hasta 1974, existía un pacto por el que se alternaban el poder político y la presidencia entre los dos partidos políticos tradicionales, los conservadores y los liberales. De todas formas, dicho pacto, el Frente Nacional, fue ratificado por el pueblo colombiano a través de un plebiscito, y todo esto parece lo suficientemente democrático.

A pesar de que Colombia tenga una larga historia de elecciones democráticas, no tiene instituciones inclusivas. Su historia ha estado marcada por violaciones de libertades civiles, ejecuciones extrajudiciales, violencia contra los civiles y guerra civil. No es el tipo de resultados que se esperan de una democracia. La guerra civil de Colombia es distinta a la de Sierra Leona, en la que el Estado y la sociedad se hundieron y el caos reinó. Sin embargo, es una guerra civil que ha causado muchas más víctimas. El gobierno militar de los cincuenta era, en parte, una respuesta a una guerra civil conocida simplemente como «la violencia». Desde entonces, una amplia gama de grupos insurgentes, en su mayoría revolucionarios comunistas, se han multiplicado como una plaga en el campo, secuestrando y asesinando. Para evitar las acciones de dichos grupos en la Colombia rural, se debe pagar la denominada vacuna, es decir, uno se vacuna contra ser asesinado o secuestrado pagando a algún grupo de matones armados cada mes.

No todos los grupos armados de Colombia son comunistas. En 1981, los miembros del principal grupo de la guerrilla comunista de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), secuestraron a un vaquero, Jesús Castaño, que vivía en un pueblo pequeño llamado Amalfi en la tierra caliente, en la parte noreste del departamento de Antioquía. Las FARC exigieron un rescate que ascendía a siete mil dólares, una pequeña fortuna en la Colombia rural. La familia logró reunir aquella cifra hipotecando la granja, pero hallaron el cadáver de su padre encadenado a un árbol. Fue la gota que colmó el vaso para tres de los hijos de Castaño, Carlos, Fidel y Vicente. Fundaron un grupo paramilitar, Los Tangueros, para encontrar a los miembros de las FARC y vengar aquel asesinato. Los hermanos eran buenos organizadores y, al cabo de poco tiempo, su grupo había crecido y empezaba a encontrar un interés común con otros grupos paramilitares similares que se habían desarrollado a partir de causas parecidas. Los colombianos de muchas áreas sufrían a manos de las guerrillas de izquierdas y de los paramilitares de derechas que se habían formado en su contra. Los terratenientes utilizaban a los paramilitares para defenderse de las guerrillas, pero también participaban en el tráfico de drogas, la extorsión y el secuestro y asesinato de ciudadanos.

En 1997, los paramilitares, dirigidos por los hermanos Castaño, habían conseguido formar una organización nacional para paramilitares denominada Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se extendieron a grandes partes del país, sobre todo el país caliente, en los departamentos de Córdoba, Sucre, Magdalena y César. En 2001, las AUC quiza alcanzaron a tener treinta mil hombres armados a su disposición, organizados en distintos bloques. En Córdoba, el paramilitar Bloque Catatumbo estaba dirigido por Salvatore Mancuso. A medida que su poder continuaba creciendo, las AUC tomaron la decisión estratégica de participar en política. Los paramilitares y los políticos se buscaban entre sí. Varios de los líderes de las AUC organizaron una reunión con destacados políticos en el pueblo de Santa Fe de Ralito de Córdoba, y se redactó un documento conjunto, un pacto, en el que se exigía la «refundación del país». El pacto fue firmado por miembros líderes de las AUC, como Jorge 40 (apodo de Rodrigo Tovar Pupo), Adolfo Paz (nombre de guerra de Diego Fernando Don Berna Murillo) y Diego Vecino (nombre real: Edwar Cobo Téllez), y políticos, entre los que se incluían los senadores nacionales William Montes y Miguel de la Espriella. En este punto, las AUC dominaban grandes zonas de Colombia, y les resultaba fácil amañar quién saldría elegido en las elecciones de 2002 para el Congreso y el Senado. Por ejemplo, en el municipio de San Onofre, en Sucre, las elecciones fueron amañadas por el líder paramilitar Cadena. Un testigo describe así lo ocurrido:

Los camiones enviados por Cadena recorrían los barrios, corregimientos y zonas rurales de San Onofre recogiendo gente. Según algunos habitantes... Para las elecciones de 2002, cientos de campesinos fueron llevados al corregimiento Plan Parejo para poder ver las caras de los candidatos a los que tenían que votar en las elecciones parlamentarias: Jairo Merlano para el Senado y Muriel Benito Rebollo para el Congreso.

Cadena puso en una bolsa los nombres de los miembros del consejo municipal, sacó dos y dijo que los mataría a ellos y a otras personas elegidas al azar si no ganaba Muriel.

Según parece, la amenaza funcionó: cada candidato obtuvo cuarenta mil votos en todo Sucre. No es de extrañar que el alcalde de San Onofre firmara el pacto de Santa Fe de Ralito. Probablemente, una tercera parte de los congresistas y senadores debían su elección del año 2002 al apoyo paramilitar. El mapa 20, que muestra las zonas de Colombia bajo control paramilitar, señala lo extendido que estaba su control. El propio Salvatore Mancuso lo describió así en una entrevista:

El 35 por ciento del Congreso fue elegido en zonas en las que había estados de los grupos de Autodefensa; en aquellos estados, nosotros éramos los que recaudábamos impuestos, los que impartíamos justicia y los que teníamos el control militar y territorial de la región, y toda la gente que quería entrar en política tenía que venir y tratar con los representantes políticos que teníamos allí.

No resulta difícil imaginar el efecto de este alcance del control paramilitar de la política y la sociedad sobre instituciones económicas y políticas públicas. La expansión de las AUC no fue un asunto pacífico. El grupo no luchaba solamente contra las FARC, sino que también asesinaba a civiles inocentes y aterrorizaba y desplazaba a cientos de miles de personas de sus hogares. Según el Centro de Seguimiento de Desplazamientos Internos (IDMC) del Consejo Noruego de Refugiados, a principios de 2010, alrededor del 10 por ciento de la población de Colombia, casi 4, 5 millones de personas, estaba desplazada internamente. Los paramilitares, como sugirió Mancuso, se adueñaron del gobierno y de todas sus funciones, excepto que los impuestos que recaudaban eran una simple expropiación que iba a parar a sus bolsillos. Un pacto extraordinario entre el líder paramilitar Martín Llanos (nombre real: Héctor Germán Buitrago) y los alcaldes de los municipios de Tauramena, Aguazul, Maní, Villanueva, Monterrey y Sabanalarga, en el departamento de Casanare en el este de Colombia, señala las siguientes reglas que deben seguir los alcaldes por orden de los «Campesinos Paramilitares de Casanare»:

•    Dar el 50 por ciento del presupuesto municipal para que sea gestionado por los Campesinos Paramilitares de Casanare.

•    El 10 por ciento de cada uno de los contratos del municipio [para ser entregado a los Campesinos Paramilitares de Casanare].

•    Asistencia obligatoria a todas las reuniones convocadas por los Campesinos Paramilitares de Casanare.

•    Inclusión de los Campesinos Paramilitares de Casanare en todos los proyectos de infraestructura.

•    Afiliación al nuevo partido político formado por los Campesinos Paramilitares de Casanare.

•    Cumplimiento de su programa de gobierno.

Casanare no es un departamento pobre. Al contrario, posee la mayor renta per cápita de Colombia porque tiene depósitos de petróleo importantes, justo el tipo de recursos que atraen a los paramilitares. De hecho, una vez que se hicieron con el poder, los paramilitares intensificaron la expropiación sistemática de la propiedad. Según se cree, el propio Mancuso acumuló propiedades urbanas y rurales por un valor de veinticinco millones de dólares. Las estimaciones de la tierra expropiada en Colombia por los paramilitares son del 10 por ciento de toda la tierra rural.

Colombia no es un caso de Estado fracasado a punto de hundirse. Sin embargo, es un Estado sin centralización suficiente y con una autoridad lejos de ser completa sobre todo su territorio. Aunque el Estado pueda proporcionar seguridad y servicios públicos en grandes áreas urbanas como Bogotá y Barranquilla, existen partes significativas del país en las que proporciona pocos servicios públicos y prácticamente ninguna ley y orden. En su lugar, existen grupos y personas alternativos, como Mancuso, que controlan la política y los recursos. En algunas partes del país, las instituciones económicas funcionan bastante bien, y hay niveles elevados de capital humano y habilidad emprendedora; no obstante, en otras partes, las instituciones son muy extractivas, y ni siquiera proporcionan un mínimo nivel de autoridad estatal.

Podría ser difícil comprender cómo se puede mantener una situación así durante décadas, incluso siglos. Sin embargo, de hecho, la situación tiene una lógica propia, un tipo de círculo vicioso. La violencia y la falta de instituciones estatales centralizadas de este tipo inician una relación simbiótica con políticos que dirigen las partes funcionales de la sociedad. Esta relación simbiótica surge porque los políticos nacionales explotan la falta de ley de las zonas periféricas del país, mientras que el gobierno nacional deja libertad a los grupos paramilitares.

Este patrón se hizo particularmente evidente a partir del año 2000. En 2002, Álvaro Uribe ganó las elecciones presidenciales. Uribe tenía algo en común con los hermanos Castaño: su padre había sido asesinado por las FARC. Realizó una campaña en la que repudiaba los intentos de la Administración anterior de hacer las paces con las FARC. En 2002, su porcentaje de votos era 3 puntos porcentuales superior en zonas con paramilitares. En 2006, cuando fue reelegido, su porcentaje de votos era 11 puntos porcentuales superior en esas zonas. Si Mancuso y sus compañeros podían entregar el voto para el Congreso y el Senado, lo podían hacer también en las elecciones presidenciales, sobre todo para un presidente fuertemente alineado con su visión mundial y que probablemente sería indulgente con ellos. Tal y como declaró Jairo Angarita, el segundo de Salvatore Mancuso y ex líder de los bloques Sinú y San José de las AUC, en setiembre de 2005, estaba orgulloso de trabajar para la «reelección del mejor presidente que hemos tenido nunca».

Una vez elegidos, los senadores y congresistas paramilitares votaban lo que Uribe quería, sobre todo los cambios en la Constitución para que él pudiera ser elegido en 2006, lo que no estaba permitido durante su primera elección, en 2002. A cambio, el presidente Uribe promulgó una ley profundamente indulgente que permitió a los paramilitares desmovilizarse. La desmovilización no significaba el fin del paramilitarismo, sino simplemente su institucionalización en grandes zonas de Colombia y el Estado colombiano, de las que se habían adueñado los paramilitares y que se les permitió mantener.

En Colombia, muchos aspectos de las instituciones políticas y económicas han pasado a ser más inclusivos con el tiempo. Sin embargo, ciertos grandes elementos extractivos permanecen. La falta de ley y los derechos de propiedad inseguros son endémicos en grandes zonas del país, y esto es consecuencia de la falta de control por parte del Estado nacional de muchas partes del país, y la forma particular de falta de centralización del Estado en Colombia. No obstante, esta situación no es un resultado inevitable, sino una consecuencia de la dinámica que refleja el círculo vicioso: las instituciones políticas de Colombia no generan incentivos para que los políticos proporcionen servicios públicos y ley y orden en gran parte del país y no les ponen límites suficientes para evitar que hagan tratos implícitos o explícitos con los paramilitares y los criminales.

«El corralito».

Argentina estaba sumida en una crisis económica a finales de 2001. Durante tres años, la renta había estado disminuyendo, el desempleo había ido aumentando y el país había acumulado una deuda internacional masiva. Las políticas que condujeron a esta situación fueron adoptadas después de 1989 por el gobierno de Carlos Menem, para detener la hiperinflación y estabilizar la economía. Durante un tiempo, lo lograron.

En 1991, Menem vinculó el peso argentino al dólar estadounidense. Un peso era igual a un dólar según la ley. No iba a haber modificaciones en el tipo de cambio. Fin de la historia. Bueno, casi. Para convencer al pueblo de que el gobierno realmente quería ceñirse a la ley, lo persuadió de abrir cuentas bancarias en dólares estadounidenses. Los dólares se podían utilizar en las tiendas de la ciudad de Buenos Aires y se podían retirar de cajeros automáticos de toda la ciudad. Esta política pudo haber ayudado a estabilizar la economía, pero tenía un gran inconveniente. Hacía que las exportaciones argentinas fueran muy caras y las importaciones extranjeras, muy baratas. Las exportaciones cesaron y las importaciones aumentaron estrepitosamente. La única forma de pagarlas era pedir dinero prestado. Era una situación insostenible. A medida que más personas se empezaban a preocupar por la sostenibilidad del peso, ponían más parte de su riqueza en cuentas bancarias en dólares. Pensaban que, al fin y al cabo, si el gobierno hacía pedazos la ley y devaluaba el peso, estarían seguros con las cuentas en dólares. Hicieron bien en preocuparse por el peso. Sin embargo, fueron demasiado optimistas acerca de sus dólares.

El 1 de diciembre de 2001, el gobierno congeló todas las cuentas bancarias, inicialmente, durante noventa días. Solamente se permitía retirar una pequeña cantidad de efectivo a la semana. Primero, fueron doscientos cincuenta pesos, que todavía valían doscientos cincuenta dólares; más tarde, trescientos pesos. Sin embargo, únicamente se podían retirar de las cuentas que estaban en pesos. Nadie podía retirar dinero de sus cuentas en dólares, a menos que estuvieran de acuerdo en convertir los dólares en pesos. Nadie quería hacerlo. Los argentinos llamaron a esta situación «el corralito»: los depositantes estaban encerrados en un corral como si fueran animales, sin poder ir a ningún sitio. En enero, la devaluación se promulgó finalmente y el cambio, en lugar de ser un peso por un dólar, pronto fue de cuatro pesos por un dólar. Esto debería de haber sido una reivindicación de los que pensaron que debían poner sus ahorros en dólares. Sin embargo, no lo fue, porque el gobierno convirtió forzosamente todas las cuentas bancarias que estaban en dólares a pesos, pero al tipo de cambio antiguo, uno por uno. Alguien que hubiera tenido mil dólares ahorrados, de repente tenía solamente doscientos cincuenta. El gobierno había expropiado tres cuartas partes de los ahorros del pueblo.

Para los economistas, Argentina es un país desconcertante. Para ilustrar lo difícil que era comprender Argentina, el economista Simon Kuznets, ganador del Premio Nobel, dijo su famosa frase de que existen cuatro tipo de países: desarrollados, subdesarrollados, Japón y Argentina. Kuznets lo pensaba porque, en la época de la primera guerra mundial, Argentina era uno de los países más ricos del mundo. Después, empezó un declive constante en relación con otros países ricos en Europa occidental y Norteamérica y, en los setenta y los ochenta, se hundió completamente. A primera vista, el resultado económico de Argentina es desconcertante, pero las razones de su declive se hacen más claras cuando se miran a través del cristal de instituciones inclusivas y extractivas.

Es cierto que, antes de 1914, Argentina experimentó alrededor de cincuenta años de desarrollo económico, pero era el ejemplo clásico de crecimiento con instituciones extractivas. Estaba dirigida por una reducida élite que invirtió decididamente en la economía de exportación agrícola. La economía creció con la exportación de carne de vacuno, pieles y cereales en medio de un boom del precio mundial de esos productos. Como todas las experiencias de crecimiento con instituciones extractivas, esto implicó que no hubiera ni destrucción creativa ni innovación. Y no era sostenible. En la época de la primera guerra mundial, la inestabilidad política creciente y las revueltas armadas provocaron que las élites argentinas intentaran ampliar el sistema político, pero esto condujo a la movilización de fuerzas que no podían controlar y, en 1930, se produjo el primer golpe militar. Desde entonces y hasta 1983, Argentina fue alternando entre dictadura y democracia, y entre varias instituciones extractivas. Hubo una represión masiva con el dominio militar, que alcanzó su punto máximo en los setenta con, como mínimo, nueve mil personas y probablemente muchas más ejecutadas ilegalmente. Cientos de miles fueron encarceladas y torturadas.

Durante los períodos de gobierno civil, hubo elecciones —en cierto modo, hubo democracia—. Sin embargo, el sistema político estaba lejos de ser inclusivo. Desde el surgimiento de Perón en los años cuarenta, la Argentina democrática había estado dominada por el partido político que él había creado, el Partido Justicialista, normalmente conocido como Partido Peronista. Los peronistas ganaron las elecciones gracias a una enorme máquina política, que logró comprar votos, repartiendo clientelismo y participando en casos de corrupción, como contratos del gobierno y trabajos a cambio de apoyo político. En cierto sentido, era una democracia, pero no era pluralista. El poder estaba altamente concentrado en el Partido Peronista, que se enfrentaba a pocos límites respecto a lo que podía hacer, como mínimo, durante el período en el que los militares se contuvieron y no lo apartaron del poder. Como vimos anteriormente, en el capítulo 11, si el Tribunal Supremo cuestionaba una política, tanto peor para el Tribunal Supremo.

En los cuarenta, Perón había cultivado el movimiento obrero como base política. Cuando se debilitó debido a la represión militar en los años setenta y ochenta, su partido simplemente pasó a comprar votos a otros. Las políticas e instituciones económicas estaban diseñadas para dar ingresos a sus partidarios, no para crear igualdad de oportunidades. Cuando el presidente Menem se enfrentó a un límite de mandato que impidió que fuera reelegido en los años noventa, fue más de lo mismo; simplemente tenía que reescribir la Constitución y deshacerse del límite de mandato. Como muestra «el corralito», incluso si Argentina tiene elecciones y gobiernos elegidos popularmente, el gobierno es bastante capaz de anular derechos de propiedad y expropiar a sus propios ciudadanos con impunidad. Existe poco control sobre los presidentes y las élites políticas de Argentina y, sin duda alguna, no existe pluralismo.

Lo que desconcierta a Kuznets, y también a muchos otros que visitan Buenos Aires, es que la ciudad parezca tan distinta a Lima, la ciudad de Guatemala o incluso la ciudad de México. Uno no ve indígenas ni descendientes de los antiguos esclavos. En general, lo que se ve es la arquitectura y los edificios espléndidos construidos durante la belle époque, los años del crecimiento bajo instituciones extractivas. Sin embargo, en Buenos Aires, solamente se ve una parte de Argentina. Menem, por ejemplo, no era de Buenos Aires. Nació en Anillaco, en la provincia de La Rioja, en las lejanas montañas hacia el noroeste de Buenos Aires, y estuvo tres mandatos como gobernador de la provincia. En la época de la conquista de América por parte de los españoles, esta zona de Argentina era un área periférica del Imperio inca y tenía una densa población indígena (véase el mapa 1). Los españoles crearon encomiendas aquí, y una economía altamente extractiva desarrolló el cultivo de alimentos y la cría de mulos para los mineros de Potosí al norte. De hecho, La Rioja se parecía mucho más a la zona de Potosí de Perú y Bolivia que a Buenos Aires. En el siglo XIX, La Rioja vio nacer al famoso señor de la guerra Facundo Quiroga, quien gobernó la zona sin ley y marchó con su ejército sobre Buenos Aires. La historia sobre el desarrollo de las instituciones políticas argentinas es una historia sobre cómo las provincias interiores, como La Rioja, lograron acuerdos con Buenos Aires. Estos acuerdos eran una tregua: los señores de la guerra de La Rioja aceptaron dejar Buenos Aires para que se pudiera ganar dinero. A cambio, las élites de Buenos Aires abandonaron la reforma de las instituciones «del interior». Por eso, a primera vista, Argentina parece un mundo aparte comparado con Perú o Bolivia, pero, en realidad, no es tan distinto una vez que se sale de los elegantes bulevares de Buenos Aires. El hecho de que las preferencias y las políticas del interior se integraran en las instituciones argentinas es la razón de que el país haya experimentado un camino institucional muy similar al de otros países latinoamericanos extractivos.

El hecho de que las elecciones no hayan conllevado instituciones políticas ni económicas inclusivas es el caso habitual en América Latina. En Colombia, los paramilitares pueden amañar un tercio de las elecciones nacionales. En Venezuela, hoy en día, como en Argentina, el gobierno de Hugo Chávez, elegido democráticamente, ataca a sus adversarios, los echa de puestos de trabajo en el sector público, cierra periódicos si no le gustan sus editoriales y expropia bienes. En cualquier cosa que haga, Chávez es mucho más poderoso y tiene menos límites que sir Robert Walpole en la Gran Bretaña del siglo XVIII, cuando fue incapaz de condenar a John Huntridge bajo la Ley negra (véase el capítulo 11). A Huntridge le habría ido mucho peor en la Venezuela o la Argentina actuales.

La democracia que emerge en América Latina, en principio, es diametralmente opuesta al gobierno de la élite y, en retórica y acción, intenta repartir derechos y oportunidades como mínimo de un segmento de la élite, pero sus raíces están firmemente ancladas en regímenes extractivos en dos sentidos. Primero, las desigualdades persistentes durante regímenes extractivos que hacen que los votantes de nuevas democracias emergentes voten a favor de políticos que tienen políticas extremas. No se trata de que los argentinos sean ingenuos y piensen que Juan Perón o políticos peronistas más recientes como Menem o los Kirchner son altruistas y defienden sus intereses, o que los venezolanos vean su salvación en Hugo Chávez, sino que muchos argentinos y venezolanos reconocen que todos los demás políticos y partidos durante tanto tiempo no les han dado voz, no han proporcionado los servicios públicos más básicos, como carreteras y educación, ni los han protegido de la explotación por parte de las élites locales. Hoy en día, muchos venezolanos apoyan las políticas que adopta Chávez aunque vengan acompañadas de corrupción y derroche del mismo modo que muchos argentinos apoyaron las políticas de Perón en los cuarenta y los setenta. Segundo, de nuevo, son las instituciones extractivas subyacentes las que hacen que la política sea tan atractiva y tan parcial a favor de hombres fuertes como Perón y Chávez, en lugar de ser un sistema de partidos efectivo que produzca alternativas deseables desde el punto de vista social. Perón, Chávez y docenas de otros hombres fuertes de América Latina son solamente una faceta más de la ley de hierro de la oligarquía, y, como sugiere el nombre, las raíces de esta ley de hierro se encuentran en los regímenes subyacentes controlados por la élite.

El nuevo absolutismo.

En noviembre de 2009, el gobierno de Corea del Norte implantó lo que los economistas denominan «reforma monetaria». Los períodos graves de inflación suelen causar dichas reformas. En Francia, en enero de 1960, una reforma de la moneda introdujo un franco nuevo que era igual a cien de los francos existentes. Los francos viejos continuaron en circulación y la gente incluso ponía precios en esos francos, porque el cambio a los nuevos se hizo de forma gradual. Finalmente, los francos viejos dejaron de ser moneda de curso legal en enero de 2002, cuando Francia introdujo el euro. La reforma norcoreana parecía similar, a primera vista. Igual que el gobierno francés en 1960, el gobierno norcoreano decidió quitar dos ceros de la moneda. Cien wones viejos, la moneda de Corea del Norte, valdrían igual que un won nuevo. La gente podía cambiar su vieja moneda por la que se acababa de emitir, pero se tenía que hacer en una semana, en vez de en cuarenta y dos años, como en el caso francés. Entonces, llegó la pega: el gobierno anunció que nadie podría convertir más de 100.000 wones, aunque más tarde relajó la cifra y la dejó en 500.000. Cien mil wones eran unos 40 dólares en el tipo de cambio del mercado negro. El gobierno había barrido de un plumazo una fracción enorme de la riqueza privada de los ciudadanos norcoreanos; no sabemos exactamente cuánta, pero es probablemente más grande que la expropriada por el gobierno argentino en 2002.

El gobierno de Corea del Norte es una dictadura comunista que se opone a la propiedad privada y a los mercados. Sin embargo, es difícil controlar los mercados negros, y éstos hacen las operaciones en efectivo. Evidentemente, también utilizan un poco de moneda extranjera, sobre todo china, pero en muchas operaciones se usa el won. La reforma monetaria tenía por objeto castigar a la gente que utilizaba aquellos mercados y, más concretamente, asegurarse de que no se volvieran demasiado ricos ni poderosos para amenazar al régimen. Mantenerlos pobres era mucho más seguro. Pero la historia no acaba con los mercados negros. La población de Corea del Norte también guardaba sus ahorros en wones porque hay pocos bancos en Corea, y todos son propiedad del gobierno. De hecho, el gobierno utilizó la reforma monetaria para expropiar gran parte de los ahorros de la población.

A pesar de que el gobierno diga que considera que los mercados son malos, a la élite de Corea del Norte le gusta bastante lo que los mercados producen para ella. El líder, Kim Jong Il, tiene un palacio de placer de siete plantas equipado con bar, máquina de karaoke y una pequeña sala de cine. La planta baja tiene una piscina enorme con una máquina de olas donde Kim disfruta haciendo bodyboarding con una tabla que tiene un pequeño motor. Cuando, en 2006, Estados Unidos impuso sanciones a Corea del Norte, sabía cómo dar en la llaga al régimen. Finalmente, decidió que fuera ilegal exportar más de sesenta artículos de lujo a Corea del Norte, como yates, motos de agua, coches de carreras, motos, aparatos para reproducir DVD y televisores de más de 29 pulgadas. Ya no habría más pañuelos de seda, estilográficas de diseño, pieles o maletas de piel. Éstos eran exactamente los artículos que coleccionaban Kim y su élite del Partido Comunista. Un erudito utilizó las cifras de venta de la empresa francesa Hennessy para estimar que el presupuesto de coñac anual de Kim antes de las sanciones podría haber sido de hasta ochocidentos mil dólares al año.

Es imposible comprender muchas de las regiones más pobres del mundo a finales del siglo XX sin comprender el nuevo absolutismo del siglo XX: el comunismo. Marx imaginaba un sistema que generaría prosperidad con condiciones más humanas y sin desigualdades. Lenin y su Partido Comunista se inspiraron en Marx, pero la práctica no podría haber sido más distinta de la teoría. La Revolución bolchevique de 1917 fue sangrienta y no hubo nada de humano en ella. La igualdad no formaba parte de la ecuación, puesto que lo primero que Lenin y su séquito hicieron fue crear una élite nueva, ellos mismos, para liderar el Partido Bolchevique. En este proceso, purgaron y asesinaron no únicamente a elementos no comunistas, sino también a otros comunistas que habrían podido amenazar su poder. Sin embargo, las verdaderas tragedias estaban a punto de llegar: primero, con la guerra civil y, posteriormente, con la colectivización y las frecuentes purgas de Stalin, en las que se pudo haber asesinado hasta 40 millones de personas. El comunismo ruso fue brutal, represivo y sangriento, pero no fue el único. Las consecuencias económicas y el sufrimiento humano eran bastante típicos de lo que ocurrió en otros lugares, por ejemplo, en Camboya en los setenta bajo los jemeres rojos, en China y en Corea del Norte. En todos los casos, el comunismo conllevó dictaduras despiadadas y abusos generalizados de los derechos humanos. Además de la masacre y el sufrimiento humano, los regímenes comunistas establecieron varios tipos de instituciones extractivas. Las instituciones económicas, con o sin mercados, fueron diseñadas para extraer recursos de las personas, y, al aborrecer por completo los derechos de propiedad, a menudo crearon pobreza en lugar de prosperidad. En el caso soviético, como vimos en el capítulo 5, el sistema comunista al principio generó un crecimiento rápido, pero después decayó y condujo al estancamiento. Las consecuencias fueron mucho más devastadoras en la China de Mao, en la Camboya de los jemeres rojos y en Corea del Norte, donde las instituciones económicas comunistas condujeron al hambre y al hundimiento económico.

A su vez, las instituciones económicas comunistas recibían el apoyo de instituciones políticas extractivas, con lo que todo el poder quedaba concentrado en manos de partidos comunistas y no presentaba límites al ejercicio de su poder. Aunque eran instituciones extractivas muy distintas en su forma, tuvieron efectos similares en las vidas de las personas a los de las instituciones extractivas en Zimbabue y Sierra Leona.

El rey algodón.

El algodón representa alrededor del 45 por ciento de las exportaciones de Uzbekistán, lo que lo convierte en el cultivo más importante desde que el país estableció su independencia tras la desintegración de la Unión Soviética en 1991. Durante el comunismo soviético, toda la tierra de labranza de Uzbekistán estaba bajo control de 2.048 granjas propiedad del Estado. Éstas fueron divididas y la tierra se repartió después de 1991. Sin embargo, eso no significó que los agricultores pudieran actuar con independencia. El algodón era demasiado valioso para el nuevo, y hasta ahora único, gobierno de Uzbekistán, presidido por Islam Karímov. Así que introdujo regulaciones que determinaron qué podían plantar los agricultores y exactamente por cuánto lo podrían vender. El algodón era una exportación valiosa, los agricultores recibían una pequeña fracción de los precios de mercado mundiales por su cosecha y el gobierno se quedaba el resto. Nadie habría cultivado algodón a los precios que se pagaban, así que el gobierno los obligó a hacerlo. Ahora, cada agricultor debe asignar el 35 por ciento de su tierra al algodón. Esto causó muchos problemas, como las dificultades con la maquinaria. En la época de la independencia, alrededor del 40 por ciento de la cosecha era recogida por cosechadoras. Después de 1991, no resulta extraño que, teniendo en cuenta los incentivos que creó el régimen del presidente Karímov para los agricultores, éstos no estuvieran dispuestos a comprarlas ni a encargarse de su mantenimiento. Karímov reconoció el problema y dio con una solución, de hecho, una opción más barata que las máquinas cosechadoras: niños en edad escolar.

Las cápsulas de algodón empiezan a madurar y están listas para ser recogidas a principios de setiembre, aproximadamente en el mismo momento en el que los niños vuelven a la escuela. Karímov emitió órdenes a los gobernadores locales para enviar cuotas de entrega de algodón a las escuelas. A principios de setiembre, dos millones setecientos mil niños dejan vacías las aulas (datos de 2006). Los profesores, en lugar de enseñar, se convierten en reclutadores laborales. Gulnaz, madre de dos de estos niños, explicaba lo que ocurre:

Cuando empieza el curso escolar, aproximadamente a principios de setiembre, se suspenden las clases de la escuela y, en lugar de ir al colegio, los niños van a recoger algodón. Nadie pide el consentimiento de los padres. No tienen vacaciones los fines de semana [durante la temporada de cosecha]. Si, por alguna razón, algún niño se queda en casa, su profesor o monitor va allí y denuncia a los padres. Asignan un plan para cada niño, de veinte a sesenta kilos al día en función de la edad del niño. Si un niño no cumple este plan, a la mañana siguiente se le critica duramente delante de toda la clase.

La cosecha dura dos meses. Los niños de zonas rurales que tienen la suerte de ser asignados a granjas cercanas a casa pueden volver a pie o en autocar. En cambio, los que proceden de sitios más alejados o de zonas urbanas tienen que dormir en cobertizos o almacenes junto a las máquinas y los animales. No hay lavabos ni cocinas. Los niños tienen que llevarse su propia comida.

Los principales beneficiarios de todo este trabajo forzado son las élites políticas, dirigidas por el presidente Karímov, el rey de facto de todo el algodón uzbeco. Los niños supuestamente reciben dinero por su trabajo, pero no se sabe con certeza. En 2006, cuando el precio mundial del algodón era de alrededor de 1, 40 dólares estadounidenses por kilo, se les pagaba a los niños unos 0, 03 dólares estadounidenses por su cuota diaria de 20 a 60 kilos. Los niños probablemente recojan el 75 por ciento de la cosecha de algodón. En primavera, la escuela está cerrada porque hay que pasar la azada, desmalezar y trasplantar obligatoriamente.

¿Cómo se llegó a esta situación? Uzbekistán, como el resto de las repúblicas socialistas soviéticas, se suponía que lograría su independencia tras la caída de la Unión Soviética y que desarrollaría una democracia y una economía de mercado. Sin embargo, como en muchas otras repúblicas soviéticas, no sucedió nada de esto. El presidente Karímov, que empezó su carrera política en el Partido Comunista de la vieja Unión Soviética, logrando el puesto de primer secretario de Uzbekistán en el oportuno momento de 1989, justo cuando cayó el Muro de Berlín, logró reinventarse a sí mismo como nacionalista. Con el apoyo crucial de las fuerzas de seguridad, en diciembre de 1991 ganó las primeras elecciones presidenciales de Uzbekistán. Tras hacerse con el poder, reprimió a la oposición política independiente. Sus adversarios están ahora encarcelados o en el exilio. No existen medios de comunicación libres en Uzbekistán, y no se permite la existencia de organizaciones no gubernamentales. El punto álgido de la represión llegó en 2005, cuando posiblemente setecientos cincuenta manifestantes, o quizá más, fueron asesinados por la policía y el ejército en Andijon.

Utilizando este dominio de las fuerzas de seguridad y el control total de los medios de comunicación, Karímov primero amplió su mandato presidencial a cinco años, a través de un referéndum, y después ganó la reelección para un nuevo mandato de siete años en el año 2000, con el 91, 2 por ciento de los votos. ¡Su único adversario declaró que había votado por Karímov! En su reelección de 2007, considerada en general como fraudulenta, obtuvo el 88 por ciento de los votos. Las elecciones de Uzbekistán son parecidas a las que solía organizar Stalin en el apogeo de la Unión Soviética. Una de 1937 fue cubierta célebremente por el corresponsal de The New York Times Harold Denny, quien reprodujo una traducción de Pravda, el periódico del Partido Comunista, que tenía como fin trasladar la tensión y la emoción de las elecciones soviéticas:

Ya es medianoche. El 12 de diciembre, el día de las primeras elecciones generales, igualitarias y directas a Sóviet Supremo, ha llegado a su fin. Está a punto de anunciarse el resultado de la votación.

La comisión permanece sola en su sala. Hay silencio y las lámparas brillan solemnemente. Entre la expectación general atenta e intensa, el presidente realiza todas las formalidades necesarias antes de contar los votos: comprueba con la lista cuántos votantes había y cuántos han votado, y el resultado es el 100 por ciento. ¡El 100 por ciento! ¿Qué elecciones en qué país y por qué candidato han conseguido una respuesta del 100 por ciento?

Ahora empieza el tema principal. Agitado, el presidente inspecciona los sellos de las urnas. A continuación los inspeccionan los miembros de la comisión. Los sellos están intactos. Se cortan los precintos y se abren las urnas.

Silencio. Se sientan atentos y con aspecto serio los ejecutivos e inspectores de elecciones.

Ha llegado el momento de abrir los sobres. Tres miembros de la comisión cogen las tijeras. El presidente se levanta. Los escrutadores tienen sus cuadernos listos. Se abre el primer sobre. Todos los ojos se dirigen a él. El presidente coge dos papeles: blanco [para un candidato a sóviet de la Unión] y azul [para un candidato a sóviet de las nacionalidades] y lee alto y claro: «El camarada Stalin».

La solemnidad se rompe al instante. Se forma un gran revuelo, ya que todos en la sala saltan y aplauden con alegría por la primera votación de las primeras elecciones generales secretas bajo la Constitución estalinista: un voto con el nombre del creador de la Constitución.

Esta atmósfera habría capturado el suspense que rodeaba a las reelecciones de Karímov, que parece un alumno aventajado de Stalin en lo que se refiere a represión y control policial y parece organizar elecciones que compiten con las de Stalin en cuanto a surrealismo.

Bajo Karímov, Uzbekistán es un país con instituciones políticas y económicas muy extractivas. Y es pobre. Probablemente, un tercio de la población viva en la pobreza, y la renta media anual es de alrededor de mil dólares. No todos los indicadores económicos son malos. Según datos del Banco Mundial, la matriculación escolar es del 100 por ciento... Bueno, excepto posiblemente durante la temporada de recogida del algodón. La alfabetización es también muy elevada, aunque, además de controlar todos los medios de comunicación, el régimen también prohíbe libros y censura Internet. La mayoría de las personas reciben sólo el equivalente a unos céntimos al día por recoger algodón, excepto la familia Karímov y los antiguos mandos comunistas que se reinventaron después de 1989 como las nuevas élites políticas y económicas de Uzbekistán, que han pasado a ser espectacularmente ricas.

Los intereses económicos familiares están dirigidos por la hija de Karímov, Gulnora, que se espera que ocupe la presidencia después de su padre. En un país tan poco transparente y tan reservado, nadie sabe con exactitud qué controla la familia Karímov ni cuánto dinero gana, pero la experiencia de la empresa estadounidense Interspan revela lo que ha sucedido en la economía uzbeca en las dos últimas décadas. El algodón no es la única cosecha agrícola; hay zonas del país que son ideales para cultivar té, e Interspan decidió invertir allí. En 2005, había conseguido más del 30 por ciento del mercado local, pero entonces empezaron los problemas. Gulnora decidió que la industria del té parecía prometedora desde el punto de vista económico. Al poco tiempo, el personal local de Interspan empezó a ser detenido, golpeado y torturado. Se hizo imposible operar y, en agosto de 2006, la empresa se había retirado. Sus activos pasaron a manos de la familia Karímov, que estaba ampliando rápidamente sus intereses en el sector del té. En aquel momento, su cuota de mercado había pasado, en dos años, del 2 por ciento al 67 por ciento.

Desde muchos puntos de vista, Uzbekistán parece una reliquia del pasado, de una época olvidada. Es un país que languidece bajo el absolutismo de una única familia y de sus cómplices, con una economía basada en el trabajo forzado, más concretamente en el trabajo forzado infantil. Sin embargo, no es en realidad una reliquia. Forma parte del mosaico actual de sociedades que fracasan bajo instituciones extractivas, y, por desgracia, tiene muchos puntos en común con otras antiguas repúblicas socialistas soviéticas, desde Armenia y Azerbaiyán hasta Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán; y nos recuerda que, incluso en el siglo XXI, las instituciones políticas y económicas extractivas pueden adoptar una forma extractiva atroz y descarada.

Cómo influir en la igualdad de oportunidades.

La década de los noventa fue un período de reforma en Egipto. Desde que el golpe militar había eliminado a la monarquía en 1954, Egipto había sido dirigido como una sociedad casi socialista en la que el gobierno tenía un papel central en la economía. Muchos sectores de la economía estaban dominados por empresas que pertenecían al Estado. Con los años, la retórica del socialismo caducó, los mercados se abrieron y el sector privado se desarrolló. Sin embargo, no se trataba de mercados inclusivos, sino de mercados controlados por el Estado y por un reducido número de hombres de negocios aliados con el Partido Nacional Demócrata (NDP), fundado por el presidente Anwar Sadat en 1978. Los hombres de negocios se implicaron cada vez más con el partido, y éste, cada vez más con ellos bajo el gobierno de Hosni Mubarak, que asumió la presidencia en 1981 tras el asesinato de Anwar Sadat, y gobernó con el NDP hasta ser apartado del cargo por la fuerza del poder militar y las protestas populares en febrero de 2011, como comentamos en el prefacio.

Los hombres de negocios principales fueron asignados a puestos clave del gobierno en áreas relacionadas estrechamente con sus intereses económicos. Rasheed Mohamed Rasheed, antiguo presidente de Unilever AMET (África, Oriente Próximo y Turquía), se convirtió en ministro de Industria y Comercio Exterior; Mohamed Zoheir Wahid Garana, propietario y director general de la Garana Travel Company, una de las empresas de viajes más grandes de Egipto, pasó a ser ministro de Turismo; Amin Ahmed Mohamed Osman Abaza, fundador de la Nile Cotton Trade Company, la empresa exportadora de algodón más grande de Egipto, se convirtió en ministro de Agricultura.

En muchos sectores de la economía, los hombres de negocios convencieron al gobierno para que limitara la entrada a través de la regulación estatal. Estos sectores incluían medios de comunicación, hierro y acero, automoción, bebidas alcohólicas y cemento. Cada sector estaba muy concentrado y tenía elevados obstáculos de entrada que protegían a los hombres de negocio y a las empresas que disponían de conexiones políticas. Los grandes hombres de negocios próximos al régimen, como Ahmed Ezz (hierro y acero), la familia Sawiris (multimedia, bebidas y telecomunicaciones) y Mohamed Nosseir (bebidas y telecomunicaciones), no recibían únicamente protección del Estado, sino también contratos del gobierno y grandes préstamos bancarios sin tener que presentar garantías. Ahmed Ezz era a la vez presidente de Ezz Steel, la mayor empresa del país en el sector del acero, que producía el 70 por ciento del acero de Egipto, y también era miembro de alto rango del NDP, presidente del Comité de Planificación y Presupuesto de la Asamblea del Pueblo, y un estrecho colaborador de Gamal Mubarak, uno de los hijos del presidente Mubarak.

Las reformas económicas de la década de los noventa fomentadas por economistas y por instituciones financieras internacionales tenían como objetivo liberalizar los mercados y reducir el papel del Estado en la economía. Un pilar clave de aquellas reformas omnipresentes fue la privatización de activos propiedad del Estado. La privatización mexicana (capítulo 1), en lugar de aumentar la competencia, convirtió los monopolios propiedad del Estado en monopolios en manos privadas. Por lo tanto, fue un proceso que enriqueció a hombres de negocios con conexiones políticas como Carlos Slim. En Egipto, ocurrió exactamente lo mismo. Los hombres de negocios conectados con el régimen pudieron influir directamente en la implantación del programa de privatización de Egipto para que favoreciera a la rica élite empresarial, conocida como «ballenas» en su país. En el momento en el que empezó la privatización, la economía estaba dominada por 32 de aquellas ballenas.

Una era Ahmed Zayat, que dirigía el Luxor Group. En 1996, el gobierno decidió privatizar Al Ahram Beverages (ABC), que tenía el monopolio de la fabricación de cerveza en Egipto. Llegó una oferta de un consorcio de la Egyptian Finance Company, dirigido por el promotor inmobiliario Farid Saad, junto con la primera empresa de capital de riesgo formada en Egipto en 1995. El consorcio incluía a Fouad Sultan, antiguo ministro de Turismo, a Mohamed Nosseir y a Mohamed Ragab, otro hombre de negocios de la élite. El grupo estaba bien conectado, pero no lo suficiente. Su oferta de cuatrocientos millones de libras egipcias fue rechazada por ser demasiado baja. Zayat estaba mejor conectado. No tenía el dinero para comprar ABC, así que propuso un plan ingenioso del estilo de Carlos Slim. Las acciones de ABC se introdujeron en la bolsa de Londres por primera vez y el grupo Luxor adquirió el 74, 9 por ciento de ellas a 68, 5 libras egipcias por acción. Tres meses después, las acciones se dividieron en dos, y el grupo Luxor pudo venderlas todas a 52, 5 libras cada una, lo que produjo un beneficio del 36 por ciento, con el que Zayat pudo financiar la compra de ABC por 231 millones de libras al mes siguiente. En aquel momento, ABC lograba un beneficio anual de alrededor de 41, 3 millones de libras egipcias y tenía reservas de efectivo de 93 millones de libras egipcias. Era una ganga. En 1999, la recién privatizada ABC amplió su monopolio de la cerveza al vino comprando Gianaclis, el monopolio nacional del vino privatizado. Gianaclis era una empresa muy rentable, protegida por un arancel del 3.000 por ciento que se cobraba a los vinos importados, y tenía un 70 por ciento de margen de beneficios en lo que vendía. En el año 2002, el monopolio volvió a cambiar de manos cuando Zayat vendió ABC a Heineken por 1.300 millones de libras egipcias, con lo que obtuvo un beneficio del 563 por ciento en cinco años.

Mohamed Nosseir no había estado siempre en el lado de los perdedores. En 1993, compró la privatizada El Nasr Bottling Company, que tenía derechos de monopolio para embotellar y vender Coca-Cola en Egipto. Las relaciones de Nosseir con el entonces ministro del Sector Empresarial Público, Atef Ebeid, le permitieron hacer la compra sin demasiada competencia. Al cabo de dos años, Nosseir vendió la empresa por más de tres veces el precio de compra. Otro ejemplo fue el paso a finales de los noventa para implicar al sector privado en la industria del cine estatal. Una vez más, las conexiones políticas implicaron que solamente se permitiera a dos familias ofertar y operar los cines. Una de ellas fue la familia Sawiris.

Hoy en día, Egipto es una nación pobre. No tan pobre como la mayoría de los países del sur, en el África subsahariana, pero alrededor del 40 por ciento de su población es muy pobre y vive con menos de 2 dólares al día. Lo irónico es que, como vimos anteriormente (capítulo 2), en el siglo XIX Egipto fue el lugar en el que se intentó inicialmente con éxito un cambio institucional y una modernización económica bajo Muhammad Ali, que generó un período de crecimiento económico extractivo antes de ser anexionado efectivamente por el imperio británico. Durante el período colonial británico, aparecieron una serie de instituciones extractivas que continuaron tras pasar a manos de los militares después de 1954. Hubo cierto crecimiento económico e inversión en educación, pero la mayoría de la población tenía pocas oportunidades económicas, mientras que la nueva élite se beneficiaba de sus conexiones con el gobierno.

Estas instituciones económicas extractivas de nuevo recibieron el apoyo de instituciones políticas extractivas. El presidente Mubarak tenía previsto empezar una dinastía política y estaba preparando a su hijo Gamal para que lo sustituyera. Su plan terminó súbitamente por la caída de su régimen extractivo a principios de 2011 frente al malestar generalizado y a las manifestaciones que tuvieron lugar durante la denominada primavera árabe. Durante el período en el que Nasser era presidente, había algunos aspectos inclusivos de las instituciones económicas y el Estado realmente abrió el sistema educativo y proporcionó oportunidades que el régimen anterior del rey Farouk no había ofrecido. Sin embargo, fue una combinación inestable de instituciones políticas extractivas con cierta inclusividad de instituciones económicas.

El resultado inevitable, que llegó durante el reino de Mubarak, fue que las instituciones económicas se hicieron más extractivas, lo que reflejó el reparto del poder político en la sociedad. En cierto sentido, la Primavera Árabe fue una reacción a esto, no solamente en Egipto, sino también en Túnez. Las tres décadas de crecimiento tunecino bajo instituciones políticas extractivas empezaron a dar un giro radical cuando el presidente Ben Ali y su familia comenzaron a aprovecharse más y más de la economía.

Por qué fracasan los países.

Los países fracasan desde el punto de vista económico debido a las instituciones extractivas. Éstas mantienen en la pobreza a los países pobres y les impiden emprender el camino hacia el crecimiento económico. Esto ocurre hoy en día en África, en lugares como Zimbabue y Sierra Leona; en Sudamérica, en países como Colombia y Argentina; en Asia, en países como Corea del Norte y Uzbekistán, y en Oriente Próximo, en países como Egipto. Aunque existen diferencias notables entre ellos. Algunos son tropicales, otros son de latitudes templadas. Unos eran colonias de Gran Bretaña; otros, de Japón, España y Rusia. Tienen historias, lenguas y culturas muy distintas. Pero lo que todos tienen en común son las instituciones extractivas. En todos ellos, la base de estas instituciones es una élite que diseña instituciones económicas para enriquecerse y perpetuar su poder a costa de la vasta mayoría de las personas de la sociedad. Las distintas historias y estructuras sociales de los países conducen a las diferencias en la naturaleza de las élites y en los detalles de estas instituciones extractivas. Sin embargo, la razón por la que persisten estas instituciones extractivas siempre está relacionada con el círculo vicioso, y las implicaciones de estas instituciones en términos de empobrecimiento de sus ciudadanos son similares, aunque su intensidad difiera.

En Zimbabue, por ejemplo, la élite incluye a Robert Mugabe y al corazón del ZANU-PF, que encabezaron la lucha anticolonial en los setenta. En Corea del Norte, son la camarilla alrededor de Kim Jong Il y el Partido Comunista. En Uzbekistán, son el presidente Islam Karímov, su familia y sus cómplices reinventados de la era de la Unión Soviética. Esos grupos, evidentemente, son muy distintos, y estas diferencias, junto con las variadas políticas y economías que gobiernan, implican que la forma específica que adoptan las instituciones extractivas difiera. Por ejemplo, como Corea del Norte fue creada por una revolución comunista, toma como modelo político el gobierno de partido único del Partido Comunista. A pesar de que Mugabe realmente invitó al poder militar de Corea del Norte a Zimbabue en los ochenta para que masacrara a sus adversarios de Matabelelandia, este modelo de instituciones políticas extractivas no es aplicable en Zimbabue. Debido a la forma en la que llegó al poder en la lucha anticolonial, Mugabe tuvo que camuflar su dominio con elecciones, incluso si durante un tiempo consiguió crear realmente un Estado de partido único consagrado por la Constitución.

En cambio, Colombia ha tenido una larga historia de elecciones, que aparecieron históricamente como método para compartir poder entre los partidos liberales y conservadores tras la independencia de España. Tanto la naturaleza de sus élites como sus cifras son distintas. En Uzbekistán, Karímov podía secuestrar los restos del Estado soviético, lo que le dio un aparato fuerte para suprimir y asesinar a las élites alternativas. En Colombia, la falta de autoridad del Estado central en ciertas partes del país ha conducido de forma natural a élites mucho más fragmentadas; de hecho, tan fragmentadas que, en ocasiones, se asesinan entre sí. Pero, a pesar de la variedad de élites e instituciones políticas, estas instituciones a menudo consiguen consolidar y reproducir el poder de la élite que las creó. Otras veces, las luchas internas que producen conducen al colapso del Estado, como en Sierra Leona.

Así como distintas historias y estructuras implican diferencias en la identidad de las élites y la información de las instituciones políticas extractivas, también difieren los detalles de las instituciones económicas extractivas que establecen las élites. En Corea del Norte, las herramientas de extracción también fueron heredadas de los comunistas: la abolición de la propiedad privada, la industria y las granjas dirigidas por el Estado.

En Egipto, la situación era bastante similar bajo el manifiesto régimen militar socialista creado por el coronel Nasser a partir de 1952. Nasser se puso del lado de la Unión Soviética en la guerra fría, expropió inversiones extranjeras, como el canal de Suez, de propiedad británica, y nacionalizó gran parte de la economía. Sin embargo, la situación en Egipto en los cincuenta y los sesenta fue muy distinta a la de Corea del Norte en los cuarenta. Fue mucho más fácil para los norcoreanos crear una economía de estilo comunista más radical, puesto que pudieron expropiar los antiguos bienes japoneses y basarse en el modelo económico de la Revolución china.

En cambio, la Revolución egipcia fue más bien un golpe de Estado organizado por un grupo de oficiales militares. Cuando Egipto cambió de bando durante la guerra fría y se hizo prooccidental, era relativamente fácil, y oportuno, para el poder militar egipcio, pasar de la orden central al capitalismo clientelar como método de extracción. De todas formas, la mejora del resultado económico de Egipto, en comparación con Corea del Norte, fue consecuencia de la naturaleza extractiva más limitada de las instituciones egipcias. Al carecer del control asfixiante del Partido Comunista de Corea del Norte, el régimen egipcio tuvo que aplacar a su población de una forma que no fue necesaria para el régimen norcoreano. Otra razón fue que el capitalismo clientelar genera ciertos incentivos para la inversión, como mínimo entre los favorecidos por el régimen, mientras que dichos incentivos no existen en absoluto en Corea del Norte.

Todos estos detalles son importantes e interesantes, pero las lecciones más críticas se encuentran en la perspectiva global, que revela que, en cada caso, las instituciones políticas extractivas han creado instituciones económicas extractivas, que han transferido la riqueza y el poder hacia la élite.

La intensidad de la extracción en esos países distintos obviamente varía y tiene consecuencias importantes para la prosperidad. En Argentina, por ejemplo, la Constitución y las elecciones democráticas no funcionan bien para fomentar el pluralismo, pero funcionan mucho mejor que en Colombia. Como mínimo, el Estado puede atribuirse el monopolio de la violencia en Argentina. En parte como consecuencia, la renta per cápita en Argentina es el doble que la de Colombia. Las instituciones políticas de ambos países hacen un trabajo mucho mejor a la hora de limitar a las élites que las de Zimbabue y Sierra Leona, y, en consecuencia, Zimbabue y Sierra Leona son mucho más pobres que Argentina y Colombia.

El círculo vicioso también implica que, incluso cuando las instituciones extractivas conducen al hundimiento del Estado, como en Sierra Leona y Zimbabue, no se produce un fin definitivo del control por parte de estas instituciones. Ya hemos visto que las revoluciones y las guerras civiles, que se pueden dar durante las coyunturas críticas, no conducen necesariamente al cambio institucional. Los acontecimientos de Sierra Leona desde el fin de la guerra civil en el año 2002 ilustran claramente esta posibilidad.

En 2007, en unas elecciones democráticas, el viejo partido de Siaka Stevens, el APC, volvió al poder. A pesar de que el hombre que ganó las elecciones presidenciales, Ernest Bai Koroma, no tenía ninguna conexión con los viejos gobiernos del APC, sí que la tenían muchos miembros de su gabinete. Dos de los hijos de Stevens, Bockarie y Jengo, incluso fueron nombrados embajadores en Estados Unidos y Alemania, respectivamente. En cierto sentido, es una versión más inestable de lo que sucedió en Colombia. Allí, la falta de autoridad estatal en muchos puntos del país persiste con el tiempo porque parte de la élite política nacional está interesada en permitir que lo haga, pero las instituciones estatales centrales también son lo suficientemente fuertes para impedir que el desorden se convierta en un caos absoluto. En Sierra Leona, en parte debido a la naturaleza más extractiva de las instituciones económicas y en parte a la historia del país de instituciones políticas altamente extractivas, la sociedad no solamente ha sufrido desde el punto de vista económico, sino que también ha oscilado entre el caos absoluto y algún otro tipo de desorden. De todas formas, el efecto a largo plazo es el mismo: el Estado prácticamente no existe y las instituciones son extractivas.

En todos estos casos, ha habido una larga historia de instituciones extractivas desde como mínimo el siglo XIX. Son países atrapados en un círculo vicioso. En Colombia y Argentina, tiene sus orígenes en las instituciones del dominio colonial español (capítulo 1), mientras que en Zimbabue y Sierra Leona se originó en regímenes coloniales británicos establecidos a finales del siglo XIX. En Sierra Leona, a falta de colonos blancos, estos regímenes se basaron ampliamente en estructuras extractivas precoloniales de poder político y las intensificaron. Estas estructuras en sí fueron resultado de un largo círculo vicioso en el que se carecía de centralización política y de los efectos desastrosos del tráfico de esclavos. En Zimbabue, hubo más bien una construcción de una forma nueva de instituciones extractivas, porque la British South Africa Company creó una economía dual. Uzbekistán podía apoderarse de las instituciones extractivas de la Unión Soviética y, como Egipto, modificarlas y pasar a un capitalismo clientelar. Las instituciones extractivas de la Unión Soviética en sí eran, en muchos sentidos, una continuación de las del régimen zarista, de nuevo en un patrón contenido en la ley de hierro de la oligarquía. A medida que estos círculos viciosos se desarrollaron en distintas partes del mundo durante los últimos doscientos cincuenta años, apareció la desigualdad mundial, que todavía perdura.

La solución al fracaso político y económico de los países hoy en día es transformar sus instituciones extractivas en inclusivas. El círculo vicioso implica que esta transformación no sea fácil. Sin embargo, no es imposible, y la ley de hierro de la oligarquía no es inevitable. Algunos elementos inclusivos preexistentes en las instituciones, la presencia de coaliciones amplias que conducen a la lucha contra el régimen existente o solamente la naturaleza circunstancial de la historia pueden romper los círculos viciosos. Igual que la guerra civil en Sierra Leona, la Revolución gloriosa de 1688 fue una lucha por el poder. No obstante, fue de una naturaleza muy distinta a la guerra civil de Sierra Leona. Es posible que algunos miembros del Parlamento que luchaban para deponer a Jacobo II tras la Revolución gloriosa se imaginaran representando el papel del nuevo absolutista, como hizo Oliver Cromwell después de la guerra civil inglesa. Sin embargo, el hecho de que el Parlamento ya fuera poderoso y estuviera formado por una coalición amplia que abarcaba distintos intereses económicos y diferentes puntos de vista hizo que la ley de hierro de la oligarquía tuviese menos probabilidades de aplicarse en 1688. Y ayudó el que la suerte estuviera de parte del Parlamento contra Jacobo II. En el capítulo siguiente, veremos otros ejemplos de países que han conseguido romper el molde y transformar sus instituciones a mejor, incluso después de una larga historia de instituciones extractivas.