8. No en nuestro territorio: obstáculos para el desarrollo.

La prohibición de la imprenta.

En 1445, en la ciudad alemana de Mainz, Johannes Gutenberg presentó una innovación que tendría consecuencias profundas para la historia económica posterior: una imprenta basada en tipos movibles. Hasta aquel momento, los libros tenían que ser copiados a mano por los escribas, lo que hacía el proceso muy lento y laborioso, o se imprimían en bloques con piezas concretas de madera cortadas para imprimir cada página. Los libros eran un bien escaso y muy caro. Tras el invento de Gutenberg, las cosas empezaron a cambiar. Como los libros se imprimían, eran más fáciles de conseguir. Sin esta innovación, la educación y la alfabetización en masa habrían sido imposibles.

En Europa occidental, se reconoció en seguida la importancia de la imprenta. En 1460, ya había una imprenta al otro lado de la frontera, en Estrasburgo (Francia). A finales de 1460, la tecnología se había extendido por Italia, con imprentas en Roma y Venecia, y pronto llegó a Florencia, Milán y Turín. En 1476, William Caxton montó una imprenta en Londres, y dos años después, había una en Oxford. Durante el mismo período, la imprenta se extendió por los Países Bajos, España e incluso Europa oriental. En 1473, se abrió una imprenta en Budapest y, un año más tarde, otra en Cracovia.

Pero no todo el mundo consideraba que la imprenta fuera una innovación deseable. Ya en 1485, el sultán otomano Bayezid II emitió un edicto que prohibía expresamente a los musulmanes imprimir en árabe. Esta norma fue reforzada todavía más por el sultán Selim I en 1515. No fue hasta 1727 cuando se permitió la primera imprenta en tierras otomanas. Entonces, el sultán Ahmed III emitió un decreto por el que concedía a Ibrahim Müteferrika permiso para montar una imprenta. E incluso este paso tardío estuvo plagado de limitaciones. El decreto mencionaba «el afortunado día en el que esta técnica de Occidente se presente como una prometida y ya no se esconda», pero la imprenta de Müteferrika iba a estar controlada muy de cerca. El decreto establecía lo siguiente:

Con el fin de que los libros impresos no tengan errores de imprenta, los eruditos religiosos especializados en ley islámica inteligentes, respetados y meritorios, el excelente cadí de Estambul, Mevlana Ishak, y el cadí de Selaniki, Mevlana Sahib, y el cadí de Galata, Mevlana Asad, que aumenten sus méritos, y de las órdenes religiosas ilustres, el pilar de los eruditos religiosos rectos, el jeque de Kasim Pasa Mevlevihane, Mevlana Musa, que crezcan su sabiduría y conocimiento, controlarán la revisión.

Müteferrika obtuvo el permiso para montar una imprenta, pero cualquier cosa que imprimía debía ser examinada por un grupo de tres eruditos religiosos y legales, los cadíes. Quizá la sabiduría y el conocimiento de los cadíes, y de cualquier otra persona, habrían aumentado mucho más de prisa si la imprenta hubiera estado disponible con más facilidad. Pero no iba a ser así, ni siquiera después de que Müteferrika obtuviera el permiso para montar su imprenta.

No es de extrañar que Müteferrika imprimiera pocos libros al final, solamente diecisiete entre 1729, cuando empezó a operar la imprenta, y 1743, cuando él dejó de trabajar. Su familia intentó continuar la tradición, pero solamente consiguieron imprimir otros siete libros antes de dejarlo finalmente en 1797. Fuera del corazón del Imperio otomano en Turquía, la imprenta se quedaba todavía más atrás. Por ejemplo, en Egipto, la primera imprenta se montó en 1798, por los franceses que formaban parte del intento fallido de Napoleón Bonaparte de conquistar al país. Hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XIX, la producción de libros del Imperio otomano todavía era realizada por escribas que copiaban a mano los libros existentes. A principios del siglo XVIII, se consideraba que había ochenta mil de estos escribas activos en Estambul.

Esta oposición a la imprenta tuvo consecuencias obvias para la alfabetización, la educación y el éxito económico. En 1800, probablemente solamente el 2 o el 3 por ciento de los ciudadanos del Imperio otomano estaban alfabetizados, mientras que, en Inglaterra, el porcentaje de alfabetización era del 60 por ciento de los hombres adultos y el 40 por ciento de las mujeres adultas. En los Países Bajos y Alemania, los índices de alfabetización eran incluso superiores. Las tierras otomanas se quedaron rezagadas respecto a los países europeos que tenían menor nivel educativo de este período, como Portugal, donde probablemente solamente alrededor del 20 por ciento de los adultos sabía leer y escribir.

Si se tiene en cuenta lo fuertemente absolutistas y extractivas que eran las instituciones otomanas, es fácil entender la hostilidad del sultán a la imprenta. Los libros propagaban ideas y hacían que la población fuera mucho más difícil de controlar. Algunas de estas ideas pueden ser formas nuevas y valiosas de aumentar el desarrollo económico, pero otras pueden ser subversivas y cuestionar el statu quo político y social existente. Además, los libros reducen el poder de los que controlan el conocimiento oral, ya que hacen que ese conocimiento esté disponible fácilmente para cualquier persona que sepa leer. Eso suponía una amenaza que afectaría al statu quo existente, en el que el conocimiento estaba controlado por las élites. Los sultanes otomanos y el establishment religioso temían la destrucción creativa resultante. Su solución fue prohibir la imprenta.

La revolución industrial creó una coyuntura crítica que afectó prácticamente a todos los países. Algunos países, como Inglaterra, no solamente permitieron, sino que fomentaron activamente el comercio, la industrialización y el espíritu emprendedor, y crecieron rápidamente. Muchos, como el Imperio otomano, China y otros regímenes absolutistas, se quedaron atrás al bloquear o al no hacer nada para fomentar la extensión de la industria. Las instituciones políticas y económicas perfilaron la respuesta a la innovación tecnológica, creando de nuevo el patrón habitual de interacción entre las instituciones existentes y las coyunturas críticas que conducían a la divergencia en las instituciones y los resultados económicos.

El Imperio otomano continuó siendo absolutista hasta su caída tras el fin de la segunda guerra mundial y, por lo tanto, fue incapaz de oponerse o impedir innovaciones como la imprenta y la destrucción creativa que habría provocado. La razón de que los cambios económicos que tuvieron lugar en Inglaterra no sucedieran en el Imperio otomano es la conexión natural entre instituciones políticas extractivas y absolutistas e instituciones económicas extractivas. El absolutismo es el control ilimitado por parte de una única persona, aunque, en realidad, los absolutistas gobiernan con el apoyo de alguna élite o algún grupo reducido. Por ejemplo, en la Rusia del siglo XIX, los zares eran gobernantes absolutistas apoyados por una nobleza que representaba alrededor del 1 por ciento de la población total. Este grupo reducido organizó las instituciones políticas para perpetuar su poder. No hubo Parlamento ni representación política de otros grupos de la sociedad rusa hasta 1905, cuando el zar creó la duma, aunque pronto redujo los pocos poderes que le había concedido. Como cabría esperar, las instituciones económicas eran extractivas, ya que estaban organizadas para conseguir la máxima riqueza para el zar y los nobles. La base de esta organización, como ocurre en muchos sistemas económicos extractivos, fue un sistema masivo de control y coacción de la mano de obra, en la servidumbre rusa, que era particularmente nocivo.

El absolutismo no era el único tipo de institución política que impedía la industrialización. Los regímenes absolutistas no eran pluralistas y temían la destrucción creativa; muchos tenían Estados centralizados o, como mínimo, estaban lo suficientemente centralizados para imponer prohibiciones en innovaciones como la imprenta. Incluso hoy en día, países como Afganistán, Haití y Nepal tienen Estados nacionales que carecen de centralización política. En el África subsahariana, la situación es incluso peor. Como comentamos anteriormente, sin un Estado centralizado que proporcione orden, imponga reglas y defienda derechos de propiedad, no pueden aparecer instituciones inclusivas. En este capítulo, veremos que en muchas partes del África subsahariana (por ejemplo, en Somalia y el sur de Sudán), un gran obstáculo para la industrialización fue la falta de algún tipo de centralización política. Sin estos prerrequisitos naturales, la industrialización no tenía ninguna posibilidad de despegar.

El absolutismo y la falta de centralización política, o la existencia de una centralización débil, son dos obstáculos distintos para la difusión de la industria. Sin embargo, también están conectados, ambos siguen funcionando por el temor a la destrucción creativa y porque el proceso de centralización política a menudo crea una tendencia hacia el absolutismo. La resistencia a la centralización política está motivada por razones similares a la resistencia a las instituciones políticas inclusivas: temor a perder poder político, esta vez, por el nuevo Estado centralizador y por las personas que lo controlan. En el capítulo anterior, vimos que el proceso de centralización política bajo la monarquía Tudor de Inglaterra aumentó la demanda de voz y representación de varias élites locales distintas en instituciones políticas nacionales como forma de evitar esta pérdida de poder político. Se creó un Parlamento más fuerte, con lo que, al final, se permitió que aparecieran instituciones políticas inclusivas.

Sin embargo, en muchos otros casos, sucedió precisamente lo contrario, y el proceso de centralización política también marca el comienzo de una era de mayor absolutismo. Un ejemplo de ello son los orígenes del absolutismo ruso, forjado por Pedro el Grande entre 1682 y 1725, el año de su muerte. Pedro construyó una nueva capital en San Petersburgo, arrebatando poder a la vieja aristocracia, los boyardos, para crear un Estado burocrático y un ejército modernos. Incluso abolió la Duma de los boyardos que le habían hecho zar. Introdujo la tabla de rangos, una jerarquía social totalmente nueva cuya esencia era el servicio al zar. También tomó el control de la Iglesia, igual que Enrique VIII cuando centralizó el Estado en Inglaterra. Con este proceso de centralización política, Pedro quitaba poder a otros y lo redirigía hacia sí mismo. Sus reformas militares provocaron que se rebelaran los guardias reales tradicionales, los streltsy. Esta revuelta fue seguida por otras, como la de los baskires en Asia central y la rebelión de Bulavin, pero ninguna tuvo éxito.

A pesar de que el proyecto de Pedro el Grande de centralización política fuera un éxito y superara a la oposición, el tipo de fuerzas que se oponían a la centralización estatal, como los streltsy, que vieron peligrar su poder, ganó en muchas partes del mundo y la falta resultante de centralización del Estado significó la persistencia de un tipo distinto de instituciones políticas extractivas.

En este capítulo, veremos que, durante la coyuntura crítica creada por la revolución industrial, muchos países perdieron el tren y no aprovecharon la difusión de la industria. O bien tenían instituciones económicas extractivas y políticas absolutistas, como el Imperio otomano, o bien carecían de centralización política, como Somalia.

Una pequeña diferencia que importó.

Durante el siglo XVII, el absolutismo fracasó en Inglaterra, sin embargo, en España se reforzó. El equivalente español del Parlamento inglés, las Cortes, solamente existían de nombre. España se formó en 1492 con la unión de los reinos de Castilla y Aragón a través del matrimonio de la reina Isabel y el rey Fernando. Aquella fecha coincidió con el fin de la Reconquista, el largo proceso de expulsión de los árabes que habían ocupado el sur de España, y que construyeron las grandes ciudades de Granada, Córdoba y Sevilla, desde el siglo VIII. El último Estado árabe de la península Ibérica, Granada, cayó en manos de España al mismo tiempo que Cristóbal Colón llegó a América y empezó a reclamar tierras para la corona española, que había financiado su viaje.

La unión de las Coronas de Castilla y Aragón y sus herencias y matrimonios dinásticos posteriores crearon un super-Estado europeo. Isabel murió en 1504, y su hija Juana fue coronada reina de Castilla. Juana se casó con Felipe de la Casa de Habsburgo, el hijo del emperador del Sacro Imperio romano, Maximiliano I. En 1516, Carlos, hijo de Juana y Felipe, fue coronado Carlos I de Castilla y Aragón. Tras la muerte de su padre, Carlos heredó los Países Bajos y el Franco Condado, que añadió a sus territorios en la península Ibérica y América. En 1519, cuando murió Maximiliano I, Carlos también heredó los territorios de los Habsburgo de Alemania y se convirtió en el emperador Carlos V del Sacro Imperio romano. Lo que había sido una unión de dos reinos españoles en 1492 se convirtió en un imperio multicontinental, y Carlos continuó el proyecto para reforzar el Estado absolutista que habían comenzado Isabel y Fernando.

El esfuerzo para construir y consolidar el absolutismo en España recibió la ayuda masiva del descubrimiento de metales preciosos en América. La plata ya había sido descubierta en grandes cantidades en Guanajuato (México), hacia 1520, y poco después se encontró en Zacatecas (México). La conquista de Perú después de 1532 creó todavía más riqueza para la monarquía. Llegó en forma de cuota, el «quinto real», que se recibía de cualquier botín de la conquista y también de las minas. Tal y como vimos en el capítulo 1, hacia 1540, aproximadamente, se descubrió una montaña de plata en Potosí, lo que llenó todavía más de riqueza los cofres del rey español.

En el momento de la unión entre Aragón y Castilla, España era una de las partes de Europa con mayor éxito económico. Tras la solidificación de su sistema político absolutista, se produjo un declive económico relativo que, después de 1600, pasó a ser absoluto. Prácticamente una de las primeras acciones de Isabel y Fernando después de la Reconquista fue la expulsión de los judíos. Los aproximadamente doscientos mil judíos de España debían irse antes de cuatro meses. Debían vender todas sus tierras y bienes a precios muy bajos y no se les permitía llevarse oro ni plata fuera del país. Una tragedia humana similar se produjo unos cien años más tarde. Entre 1609 y 1614, Felipe III expulsó a los moriscos, descendientes de los ciudadanos de los anteriores Estados árabes del sur de España. Igual que en el caso de los judíos, los moriscos debían irse solamente con lo que pudieran llevar encima y no se les permitía llevarse oro, plata ni otros metales preciosos.

Existía otro tipo de inseguridad de los derechos de propiedad bajo el dominio de los Habsburgo en España. Felipe II, que sucedió a su padre, Carlos V, en 1556, faltó al pago de sus deudas en 1557 y de nuevo en 1560, con lo que llevó a la ruina a las familias banqueras Fugger y Welser. El papel de los banqueros alemanes fue adoptado entonces por familias banqueras genovesas, que a su vez fueron arruinadas por los impagos españoles posteriores durante el reinado de los Habsburgo en 1575, 1596, 1607, 1627, 1647, 1652, 1660 y 1662.

Igual de crucial para la inestabilidad de los derechos de propiedad en la España absolutista fue el impacto del absolutismo en las instituciones económicas del comercio y el desarrollo del imperio colonial español. Como vimos en el capítulo anterior, el éxito económico de Inglaterra se basaba en la rápida expansión mercantil. En comparación con España y Portugal, Inglaterra acababa de llegar al comercio atlántico, pero permitió una participación relativamente amplia en las oportunidades coloniales y el comercio. Lo que llenaba los cofres de la Corona española enriquecía a la nueva clase emergente de comerciantes en Inglaterra. Fue precisamente esta clase la que formaría la base del dinamismo económico inglés inicial y se convertiría en el baluarte de la coalición política antiabsolutista.

En España, los procesos que condujeron al progreso económico y el cambio institucional no se produjeron. Después del descubrimiento de América, Isabel y Fernando organizaron el comercio entre sus nuevas colonias y España a través de un gremio de comerciantes de Sevilla. Éstos controlaban todo el comercio y se aseguraban de que la monarquía recibiera su cuota de la riqueza de América. No había comercio libre con ninguna de las colonias, y cada año una amplia flotilla de barcos volvía de América a Sevilla con metales preciosos y artículos de valor. La base estrecha y monopolizada de este comercio impidió la aparición de una clase amplia de negociantes que tuvieran oportunidades de comercio con las colonias. Incluso el comercio entre las colonias de América estaba fuertemente regulado. Por ejemplo, un comerciante que estuviera en una colonia como Nueva España, aproximadamente el actual México moderno, no podía comerciar directamente con nadie de Nueva Granada, la moderna Colombia. Estas restricciones al comercio dentro del Imperio español redujeron la prosperidad económica de éste, y también, indirectamente, los beneficios potenciales que España habría logrado al comerciar con otro imperio más próspero. Sin embargo, el atractivo de la situación era que se garantizaba que la plata y el oro continuarían fluyendo hasta España.

Las instituciones económicas extractivas de España eran resultado directo de la construcción del absolutismo y del camino distinto, en comparación con Inglaterra, tomado por las instituciones políticas. Tanto el reino de Castilla como el de Aragón tenían sus Cortes, el equivalente del Parlamento inglés, que representaban a los distintos grupos o «estamentos» del reino. Igual que en el caso inglés, las Cortes de Castilla debían ser convocadas para aprobar impuestos nuevos. No obstante, las Cortes de Castilla y Aragón representaban sobre todo a las ciudades principales, y no a las zonas urbanas y a las rurales, como el Parlamento inglés. En el siglo XV, representaban solamente a dieciocho ciudades, cada una de las cuales enviaba a dos diputados. En consecuencia, las Cortes no representaban a una serie de grupos tan amplia como la que representaba el Parlamento inglés, y nunca se desarrollaron como un nexo de intereses variados que compitieran para imponer límites al absolutismo. No podían legislar, e incluso el alcance de su poder respecto a los impuestos era limitado. Todo esto facilitó que la monarquía española dejara fuera a las Cortes en el proceso de consolidación de su propio absolutismo. Incluso con la plata procedente de América, Carlos V y Felipe II necesitaban cada vez más ingresos fiscales para financiar una serie de guerras caras. En 1520, Carlos V decidió presentar a las Cortes demandas para subir los impuestos. Las élites urbanas aprovecharon el momento para exigir un cambio mucho más amplio en las Cortes y sus poderes. Esta oposición pasó a ser violenta y pronto se conoció como el levantamiento comunero. Carlos pudo aplastar la rebelión con las tropas leales. Sin embargo, a lo largo del resto de siglo XVI, hubo una batalla continua, ya que la Corona intentaba arrebatar a las Cortes el derecho a cobrar nuevos impuestos y aumentar los viejos que ya tenía. Aunque esta batalla fluctuó, finalmente resultó vencedora la monarquía. Después de 1664, las Cortes no se volverían a reunir hasta que volvieron a ser reconstruidas durante las invasiones napoleónicas, casi ciento cincuenta años más tarde.

En Inglaterra, la derrota del absolutismo en 1688 condujo no solamente a instituciones políticas pluralistas, sino también a un mayor desarrollo de un Estado centralizado mucho más efectivo. En España, ocurrió lo contrario con el triunfo del absolutismo. A pesar de que el monarca ató de pies y manos a las Cortes y eliminó cualquier restricción potencial de su comportamiento, era cada vez más difícil aumentar los impuestos, incluso cuando se intentaba mediante negociaciones directas con ciudades concretas. Mientras el Estado inglés creaba una burocracia impositiva moderna y eficiente, el Estado español de nuevo se movía en sentido contrario. La monarquía, además de monopolizar el comercio y de no asegurar los derechos de propiedad para los emprendedores, vendía cargos, a menudo los hacía hereditarios, se permitía el lujo de cobrar impuestos agrícolas e incluso vendía inmunidad frente a la justicia.

Las consecuencias de estas instituciones políticas y económicas extractivas en España eran previsibles. Durante el siglo XVII, Inglaterra se dirigía al crecimiento comercial y a una rápida industrialización, y España caía en picado y se sumía en un declive económico generalizado. A principios de siglo, una de cada cinco personas de España vivía en zonas urbanas. A finales de siglo, esta cifra era de una de cada diez, debido al aumento del empobrecimiento de la población española. Las rentas españolas caían, mientras que Inglaterra se hacía rica.

La persistencia y el fortalecimiento del absolutismo en España, mientras en Inglaterra era extirpado, es otro ejemplo de que las pequeñas diferencias importan durante las coyunturas críticas. Estas diferencias radicaban en la fuerza y la naturaleza de las instituciones representativas; la coyuntura crítica fue el descubrimiento de América. La interacción de estos factores provocó que España recorriera un camino muy distinto al de Inglaterra. Las instituciones económicas relativamente inclusivas que aparecieron en Inglaterra crearon un dinamismo económico sin precedentes que culminó en la revolución industrial, mientras que la industrialización no tenía ninguna posibilidad en España. La tecnología industrial se extendía por muchas partes del mundo, pero la economía española se había hundido tanto que ni siquiera existía la necesidad de que la Corona o las élites terratenientes bloquearan la industrialización.

El temor a la industria.

Sin cambios de las instituciones políticas y el poder político similares a los que se produjeron en Inglaterra después de 1688, había muy pocas posibilidades de que los países absolutistas se beneficiaran de las innovaciones y las nuevas tecnologías de la revolución industrial. En España, por ejemplo, la falta de derechos de propiedad seguros y el colapso económico generalizado significaba que las personas no tuvieran ningún incentivo para hacer los sacrificios e inversiones necesarios. En Rusia y Austria-Hungría, no fue simplemente el abandono y la mala gestión de las élites y el deslizamiento económico insidioso bajo instituciones extractivas lo que impidió la industrialización, sino que los gobernantes bloquearon activamente cualquier intento de introducir aquellas tecnologías e inversiones básicas en infraestructuras como ferrocarriles que podrían haber actuado de catalizadores.

En la época de la revolución industrial, en el siglo XVIII y principios del XIX, el mapa político de Europa era muy distinto a como es actualmente. El Sacro Imperio romano era un enorme conglomerado de más de cuatrocientos Estados, la mayoría de los cuales finalmente se unirían en Alemania, que ocupaba la mayor parte de Europa central. La Casa de Habsburgo todavía era una gran fuerza política, y su Imperio, conocido como Imperio de los Habsburgo o austro-húngaro, se extendía por una amplia área de alrededor de 647.000 kilómetros cuadrados, aunque ya no incluyera a España, después de que los Borbones se hubieran apoderado del trono español en 1700. Respecto a su población, era el tercer Estado más grande de Europa y estaba compuesto por una séptima parte de la población europea. A finales del siglo XVIII, las tierras de los Habsburgo incluían, en Occidente, lo que hoy es Bélgica, conocida entonces como los Países Bajos austriacos. Sin embargo, la mayor parte era el bloque contiguo de tierras alrededor de Austria y Hungría, que incluía las actuales República Checa y Eslovaquia, al norte, y Eslovenia, Croacia y grandes partes de Italia y Serbia, al sur. Al este, incluía gran parte de lo que hoy son Rumanía y Polonia.

Los comerciantes de los dominios de los Habsburgo eran mucho menos importantes que en Inglaterra, y la Servidumbre prevalecía en las tierras de Europa oriental. Como vimos en el capítulo 4, Hungría y Polonia estaban en el corazón de la segunda servidumbre de Europa oriental. Los Habsburgo, a diferencia de los Estuardo, lograron mantener un control absolutista fuerte. Francisco I, que gobernó como último emperador del Sacro Imperio romano, entre 1792 y 1806, y después como emperador de Austria-Hungría hasta su muerte en 1835, era un absolutista consumado. No reconocía ningún límite a su poder y, sobre todo, deseaba preservar el statu quo político. Su estrategia básica era oponerse al cambio, a cualquier tipo de cambio. En 1821, lo dejó claro en un discurso, característico de los gobernantes Habsburgo, que dio ante los profesores de una escuela de Laibach, en el que afirmó: «No necesito sabios, sino ciudadanos buenos y honestos. Su tarea es educar a estos jóvenes para que sean esto último. Aquel que me sirva debe enseñar lo que yo le ordeno. Si alguien no puede hacerlo, o viene con ideas nuevas, se puede ir, o yo haré que se vaya».

La emperatriz, María Teresa, que reinó entre 1740 y 1780, frecuentemente respondía a las sugerencias sobre cómo mejorar o cambiar instituciones comentando: «Dejad todo como está». Ella y su hijo José II, que fue emperador entre 1780 y 1790, fueron responsables de un intento de construir un Estado central más poderoso y un sistema administrativo más efectivo. Sin embargo, lo hicieron en el contexto de un sistema político sin limitaciones reales sobre sus acciones y con pocos elementos de pluralismo. No había un parlamento nacional que ejerciera un mínimo control sobre el monarca, solamente un sistema de dietas y Estados regionales, que históricamente habían tenido poderes en materia de impuestos y reclutamiento militar. Había todavía menos controles sobre lo que podían hacer los Habsburgo austro-húngaros que sobre los monarcas españoles, y el poder político estaba concentrado estrechamente.

A medida que el absolutismo de los Habsburgo se reforzaba en el siglo XVIII, el poder de todas las instituciones no monárquicas se debilitó aún más. Cuando una delegación de ciudadanos de la provincia austriaca del Tirol pidió a Francisco una Constitución, él respondió: «¡Así que queréis una Constitución! [...] ¡No me importa! Os daré una Constitución, pero tenéis que saber que los soldados me obedecen a mí y no os lo pediré dos veces si necesito dinero... En cualquier caso, os aconsejo que tengáis cuidado con lo que vais a decir». Ante esta respuesta, los líderes tiroleses respondieron: «Si lo creéis así, es mejor no tener Constitución», a lo que Francisco respondió: «Eso es lo que opino yo también».

Francisco disolvió el Consejo de Estado que había utilizado María Teresa como foro de consultas con sus ministros. A partir de aquel momento, no habría consultas ni debates públicos sobre las decisiones de la Corona. Creó una policía del Estado y censuró despiadadamente cualquier cosa que pudiera considerarse mínimamente radical. Su filosofía de gobierno fue definida por el conde Hartig, su antiguo asesor, como «mantenimiento ilimitado de la autoridad del soberano y rechazo de todas las demandas por parte del pueblo a una participación en dicha autoridad». Le ayudó en todo esto el príncipe Von Metternich, nombrado ministro de Exteriores en 1809. De hecho, el poder y la influencia de Metternich sobrevivieron a los de Francisco, ya que continuó siendo ministro de Exteriores durante casi cuarenta años.

En el corazón de las instituciones económicas de los Habsburgo estaban el orden y la servidumbre feudales. Más hacia el este dentro del Imperio, el feudalismo se hizo más intenso, como reflejo de la desigualdad más general en instituciones económicas que vimos en el capítulo 4, al ir de Europa occidental a la oriental. La movilidad de la mano de obra estaba muy restringida, y la emigración era ilegal. Cuando el filántropo inglés Robert Owen intentó convencer al gobierno austriaco de que adoptara algunas reformas sociales para mejorar las condiciones de los pobres, uno de los ayudantes de Metternich, Friedrich von Gentz, contestó: «No deseamos que todas las grandes masas sean ricas e independientes... ¿Cómo íbamos a gobernarlas entonces?».

Además de la servidumbre, que bloqueaba completamente la aparición de un mercado laboral y eliminaba los incentivos económicos o la iniciativa de la población rural, el absolutismo de los Habsburgo prosperaba gracias a monopolios y otras restricciones del comercio. La economía urbana estaba dominada por gremios, que limitaban la entrada de nuevos miembros en las profesiones. Hasta 1775, hubo aranceles internos dentro de la propia Austria, y en Hungría los hubo hasta 1784. Los aranceles sobre los productos de importación eran muy elevados y había muchas prohibiciones explícitas en la importación y exportación de bienes.

Es evidente que la eliminación de mercados y la creación de instituciones económicas extractivas son bastante características del absolutismo, pero Francisco fue más allá. No era solamente que las instituciones económicas extractivas eliminaran los incentivos para innovar o adoptar tecnologías nuevas. En el capítulo 2, vimos que en el reino del Congo fracasaron los intentos de fomentar el uso de arados porque la gente carecía de incentivos debido a la naturaleza extractiva de sus instituciones económicas. El rey del Congo se dio cuenta de que, si podía hacer que la gente utilizara arados, la productividad agrícola aumentaría y generaría más riqueza, de lo que él se beneficiaría. Éste es un incentivo en potencia para todos los gobiernos, incluso los absolutistas. El problema en el Congo era que sus habitantes comprendían que cualquier cosa que produjeran podía ser confiscada por un monarca absolutista y, en consecuencia, no tenían incentivos para invertir ni utilizar una tecnología mejor. En las tierras de los Habsburgo, Francisco no animó a sus ciudadanos a adoptar una tecnología mejor; al contrario, de hecho, se opuso a ella, y bloqueó la expansión de tecnologías que el pueblo habría estado dispuesto a adoptar con las instituciones económicas existentes.

La oposición a la innovación se manifestó de dos formas. La primera fue que Francisco I se opuso al desarrollo de la industria. Ésta conducía a fábricas que concentrarían a los trabajadores pobres en ciudades, sobre todo en la capital, Viena. Y aquellos trabajadores podrían apoyar a los que se oponían al absolutismo. Las políticas de Francisco I tenían como objetivo fijar las élites tradicionales y el statu quo político y económico. Quería que la sociedad continuara siendo principalmente agrícola, y pensaba que la mejor forma de hacerlo era que, para empezar, no se construyeran fábricas. Esto lo hizo directamente él. En 1802, prohibió la creación de fábricas nuevas en Viena. En lugar de fomentar la importación y la adopción de maquinaria nueva, que constituyen la base de la industrialización, la prohibió hasta 1811.

La segunda forma fue que se opuso a la construcción de vías férreas, una de las nuevas tecnologías clave que aportaba la revolución industrial. En una ocasión en la que le presentaron un proyecto para construir una vía férrea en el norte, Francisco I contestó: «No, no, no tendré nada que ver con esto, no vaya a ser que la revolución llegue al país».

Como el gobierno no otorgaba una concesión para construir vías para el tren de vapor, la primera vía que se construyó en el Imperio tuvo que utilizar vagones tirados por caballos. La línea, que iba de la ciudad de Linz, en el Danubio, a la de Budweis, en Bohemia, sobre el río Moldova, se construyó con pendientes y esquinas, lo que significaba que sería imposible utilizarla después para los trenes de vapor. Así que continuó utilizando la fuerza de los caballos hasta 1860. El potencial económico del desarrollo de la vía férrea en el Imperio pronto fue percibido por el banquero Salomon Rothschild, representante en Viena de la gran familia de banqueros. Nathan, hermano de Salomon, que vivía en Inglaterra, se quedó impresionado por el motor de George Stephenson, The Rocket, y el potencial de la locomoción de vapor. Se puso en contacto con su hermano para animarle a buscar oportunidades de desarrollar vías férreas en Austria, ya que creía que la familia podía lograr grandes beneficios financiando el desarrollo del ferrocarril. Salomon estuvo de acuerdo, pero el plan no llegó a buen puerto porque el emperador Francisco volvió a decir que no.

La oposición a la industria y al ferrocarril impulsado por vapor se debía a la preocupación de Francisco por la destrucción creativa que acompañaba el desarrollo de una economía moderna. Sus prioridades eran garantizar la estabilidad de las instituciones extractivas que gobernaba y proteger las ventajas de las élites tradicionales que le daban apoyo. No solamente había poco que ganar con la industrialización, que socavaría el orden feudal atrayendo la mano de obra del campo a las ciudades, sino que Francisco también reconoció la amenaza que supondrían los grandes cambios económicos para su poder político. En consecuencia, bloqueó la industria y el progreso económico, fijando el retraso económico, que se manifestó de muchas formas. Por ejemplo, corría ya el año 1883, el 90 por ciento del hierro mundial se producía utilizando carbón, pero la mitad de la producción del territorio de los Habsburgo todavía empleaba el mucho menos eficiente carbón vegetal. De forma similar, hasta la primera guerra mundial, cuando se hundió el Imperio, los artículos textiles nunca se llegaron a tejer de forma completamente mecánica, sino de forma manual.

Austria-Hungría no era el único caso de temor a la industria. Más al este, Rusia tenía un conjunto igualmente absolutista de instituciones políticas, creadas por Pedro el Grande, como vimos anteriormente en este capítulo. Igual que Austria-Hungría, las instituciones económicas de Rusia eran altamente extractivas y se basaban en la servidumbre, con lo que mantenían como mínimo a la mitad de la población atada a la tierra. Los siervos tenían que trabajar a cambio de nada tres días a la semana en las tierras de sus señores. No se podían marchar, carecían de libertad de oficio y podían ser vendidos por capricho de su señor a otro señor. El filósofo radical Piotr Kropotkin, uno de los fundadores del anarquismo moderno, dejó una descripción clara del funcionamiento de la servidumbre durante el reinado del zar Nicolás I, que gobernó Rusia desde 1825 hasta 1855. Recordaba de su niñez:

[...] historias de hombres y mujeres arrancados de sus familias y sus pueblos y vendidos, perdidos en apuestas o cambiados por un par de perros de caza, y transportados a alguna parte remota de Rusia[...], de niños arrebatados a sus padres y vendidos a amos crueles o disolutos, de azotes en los establos, lo que ocurría todos los días con una crueldad nunca vista; de una niña que encontró su única salvación en ahogarse; de un hombre que se había hecho viejo al servicio de su señor y que, finalmente, se ahorcó bajo la ventana de su señor, y de revueltas de siervos, que fueron suprimidas por los generales de Nicolás I golpeando hasta la muerte a cada décimo o quinto hombre que sacaban de las filas, y asolando el pueblo [...]. Respecto a la pobreza que vi durante nuestros viajes a ciertos pueblos, sobre todo los que pertenecían a la familia imperial, no hay palabras adecuadas para describir la miseria a los lectores que no la han visto.

Exactamente como en Austria-Hungría, el absolutismo no solamente creó una serie de instituciones económicas que impidieron la prosperidad de la sociedad. Había un temor similar a la destrucción creativa, a la industria y al ferrocarril. En el corazón de esta oposición durante el reinado de Nicolás I estaba el conde Egor Kankrin, que fue ministro de Finanzas entre 1823 y 1844 y que tuvo un papel clave al oponerse a los cambios en la sociedad necesarios para fomentar la prosperidad económica.

Las políticas de Kankrin tenían como objetivo reforzar los pilares políticos tradicionales del régimen, sobre todo los de la aristocracia terrateniente, y mantener a la sociedad rural y agrícola. Tras convertirse en ministro de Finanzas, Kankrin rápidamente anuló una propuesta del ministro de Finanzas anterior, Gurev, para desarrollar un Banco Comercial propiedad del gobierno para hacer préstamos a la industria. Kankrin reabrió el Banco de Préstamos Estatal, que había estado cerrado durante las guerras napoleónicas. Este banco se había creado originalmente para conceder préstamos a grandes terratenientes a tipos subvencionados, política que Kankrin aprobaba. Los préstamos exigían que los solicitantes presentaran siervos como «garantía» o aval, de forma que solamente los terratenientes feudales podían obtener aquellos préstamos. Para financiar el Banco de Préstamos Estatal, Kankrin transfirió activos del Banco Comercial, con lo que mataba dos pájaros de un tiro: de este modo, quedaría poco dinero para la industria.

La actitud de Kankrin estaba proféticamente determinada por el temor de que el cambio económico conllevara el cambio político, unas ideas que compartía el zar Nicolás. La llegada al poder de Nicolás en diciembre de 1825 había sido casi abortada por un golpe frustrado de oficiales militares, los denominados decembristas, que tenían un programa radical de cambio social. Nicolás escribió al gran duque Mijaíl: «La revolución está a las puertas de Rusia, pero juro que no penetrará en el país mientras yo viva».

Nicolás temía los cambios sociales que conllevaría la creación de una economía moderna. Tal y como dijo en un discurso que pronunció en una reunión de fabricantes en una muestra industrial de Moscú:

Tanto el Estado como los fabricantes deben centrar su atención en un tema, sin el cual las fábricas en sí se convertirían en un mal y no en una bendición; el cuidado de los trabajadores que aumentan en número anualmente. Necesitan una supervisión enérgica y paternal de su moral; sin ella, esta masa de personas poco a poco se corromperá y, al final, se convertirá en una clase tan miserable como peligrosa para sus señores.

Igual que en el caso de Francisco I, Nicolás temía que la destrucción creativa desencadenada por una economía industrial moderna socavara el statu quo político en Rusia. Alentado por Nicolás, Kankrin dio pasos específicos para ralentizar el potencial para la industria. Prohibió varias exposiciones industriales, que previamente se habían realizado periódicamente para mostrar tecnologías nuevas y facilitar la adopción de dichas novedades.

En 1848, Europa fue sacudida por una serie de levantamientos revolucionarios. En respuesta a uno de ellos, A. A. Zakrevskii, gobernador militar de Moscú, encargado de mantener el orden público, escribió a Nicolás: «Para el mantenimiento de la calma y la prosperidad, que, en la actualidad, solamente disfruta Rusia, el gobierno no debe permitir la reunión de personas disolutas y sin hogar, que fácilmente se unirían a cualquier movimiento, destruyendo la paz social o privada». Su consejo fue llevado ante los ministros de Nicolás y, en 1849, se promulgó una ley que ponía límites severos al número de fábricas que se podían abrir en cualquier parte de Moscú. Prohibía específicamente la apertura de fábricas de hilado de lana o algodón y de fundiciones de hierro. Otras industrias, como el tejido y el teñido, tenían que hacer una petición al gobernador militar si querían abrir nuevas fábricas. Al final, el hilado de algodón se prohibió explícitamente. El objetivo de la ley era acabar con cualquier concentración de trabajadores potencialmente rebeldes en la ciudad.

La oposición al ferrocarril acompañó a la oposición a la industria, exactamente como en Austria-Hungría. Antes de 1842, solamente había un ferrocarril en Rusia, el de Tsarskoe Selo, que recorría veintisiete kilómetros desde San Petersburgo hasta las residencias imperiales de Tsarskoe Selo y Pavlovsk. Kankrin se oponía a la industria, y no veía razones para fomentar el ferrocarril. Afirmaba que éste conllevaría una peligrosa movilidad social y destacaba que «los ferrocarriles no siempre son resultado de una necesidad natural, sino que son más bien un objeto de necesidad o lujo artificial. Fomentan el viaje innecesario de un lugar a otro, lo que es totalmente típico de nuestro tiempo».

Kankrin rechazó numerosas ofertas para construir vías férreas y hubo que esperar hasta 1851 para que se creara una línea que uniera Moscú con San Petersburgo. La política de Kankrin continuó gracias al conde Kleinmichel, que fue nombrado jefe de la administración central de transportes y edificios públicos. Esta institución se convirtió en el árbitro principal de la construcción del ferrocarril y Kleinmichel la utilizó como plataforma para disuadir de su construcción. Después de 1849, incluso utilizó su poder para censurar el debate sobre el desarrollo del ferrocarril en los periódicos.

En el mapa 13, se muestran las consecuencias de esta lógica. Mientras el ferrocarril atravesaba Gran Bretaña y la mayor parte del noroeste de Europa en 1870, muy pocas vías férreas penetraban en el vasto territorio de Rusia. La política contra el ferrocarril solamente cambió después de la derrota definitiva rusa a manos de las fuerzas británicas, francesas y otomanas en la guerra de Crimea (1853-1856), cuando se consideró que el retraso de su red de transporte era una seria desventaja para la seguridad rusa. Además, hubo muy poco desarrollo del ferrocarril en el Imperio austro-húngaro fuera de Austria y las partes occidentales del Imperio; no obstante, las revoluciones de 1848 sí llevaron el cambio a aquellos territorios, sobre todo la abolición de la servidumbre.

No se permite la navegación.

El absolutismo reinó no solamente en gran parte de Europa, sino también en Asia, y, de manera similar, impidió la industrialización durante la coyuntura crítica creada por la revolución industrial. Las dinastías Ming y Qing de China y el absolutismo del Imperio otomano ilustran este patrón. Durante la dinastía Song, entre los años 960 y 1279, China era líder mundial en muchas innovaciones tecnológicas. Inventaron el reloj, la brújula, la pólvora, el papel y el papel moneda, la porcelana y los altos hornos para hacer hierro fundido antes que Europa. Desarrollaron independientemente ruecas y energía hidráulica más o menos a la vez que aparecieron en el otro extremo de Eurasia. En consecuencia, en el año 1500, el nivel de vida era probablemente como mínimo tan alto en China como en Europa. Durante siglos, China también tuvo un Estado centralizado con una función pública contratada meritocráticamente.

Sin embargo, China era absolutista y el crecimiento bajo la dinastía Song se realizaba con instituciones extractivas. No había representación política para ningún grupo que no fuera la monarquía en la sociedad, nada que se pareciera al Parlamento inglés o a las Cortes españolas. Los comerciantes siempre habían tenido un estatus precario en China, y los grandes inventos de los Song no fueron impulsados por incentivos del mercado, sino auspiciados o, incluso, ordenados, por el gobierno. Poco de aquello fue comercializado. Tras la dinastía Song, el control del Estado se intensificó durante las dinastías Ming y Qing. En la raíz de aquel control encontramos la lógica habitual de las instituciones extractivas. Como la mayoría de los gobernantes que presidían con instituciones extractivas, los emperadores absolutistas de China se oponían al cambio, buscaban la estabilidad y, esencialmente, temían la destrucción creativa.

El caso que mejor lo ilustra es la historia del comercio internacional. Como hemos visto, el descubrimiento de América y la organización del comercio internacional tuvieron un papel crucial en los conflictos políticos y los cambios institucionales de la incipiente Europa moderna. En China, los comerciantes privados normalmente hacían negocios dentro del país, pero el Estado monopolizaba el comercio exterior. Cuando la dinastía Ming llegó al poder en el año 1368, el emperador Hongwu gobernó durante treinta años. A Hongwu le preocupaba que el comercio exterior fuera desestabilizador desde el punto de vista político y social, y permitió que hubiera comercio internacional solamente si estaba organizado por el gobierno y si implicaba recaudar impuestos, no llevar a cabo actividades comerciales. Hongwu incluso ejecutó a cientos de personas acusadas de intentar convertir las misiones tributarias en aventuras comerciales. Entre 1377 y 1397, no se permitieron misiones tributarias que supusieran navegar en el océano. Prohibió a las personas físicas comerciar con el extranjero y no permitió que los chinos navegaran fuera del país.

En 1402, el emperador Yongle llegó al trono e inició uno de los períodos más famosos de la historia china reanudando el comercio exterior patrocinado por el gobierno a gran escala. Yongle patrocinó al almirante Zheng He para que realizara seis enormes misiones al sureste y al sur de Asia, Arabia y África. Los chinos conocían aquellos lugares por su larga historia de relaciones comerciales, pero nunca había sucedido nada a esa escala antes. La primera flota incluía a veintisiete mil ochocientos hombres y sesenta y dos grandes barcos de tesoros, acompañados por ciento noventa barcos más pequeños, entre los que se contaban algunos específicamente para llevar agua dulce, otros para provisiones y otros para tropas. Sin embargo, el emperador Yongle detuvo temporalmente las misiones después de la sexta en 1422. Esto se hizo permanente por parte de su sucesor, Hongxi, que gobernó de 1424 a 1425. La muerte prematura de Hongxi llevó al trono al emperador Xuande, que, al principio, permitió que Zheng He llevara a cabo su misión final, en 1433. No obstante, después de ésta, se prohibió todo el comercio exterior. En 1436, incluso se declaró ilegal construir barcos para la navegación marítima. La prohibición del comercio exterior continuó hasta 1567.

Estos acontecimientos, aunque solamente eran la punta del iceberg extractivo que impedía muchas actividades económicas consideradas potencialmente desestabilizadoras, tuvieron un impacto crucial en el desarrollo económico chino. Justo en el momento en el que el comercio internacional y el descubrimiento de América estaban transformando fundamentalmente las instituciones de Inglaterra, China se apartó de esta coyuntura crítica y se replegó hacia el interior. Este cambio no acabó en 1567. La dinastía Ming fue derrocada en 1644 por el pueblo yurchen, los manchúes del interior de Asia, que crearon la dinastía Qing. Posteriormente, se vivió un período de intensa inestabilidad política. Los Qing expropiaron propiedades y activos de forma masiva. T’ang Chen, un erudito chino retirado y comerciante frustrado, escribió hacia 1690:

Han pasado más de cincuenta años desde la fundación de la dinastía Ch’ing [Qing], y el Imperio cada día que pasa es más pobre. Los agricultores están en la miseria, los artesanos están en la miseria, los comerciantes están en la miseria y los oficiales también están en la miseria. El cereal es barato, pero es difícil tener suficiente para comer. La ropa es barata, pero es difícil cubrirse la piel. Cantidades enormes de productos viajan de un mercado a otro, pero hay que vender la carga con pérdidas. Al dejar sus puestos, los oficiales descubren que no tienen medios para ganarse la vida. De hecho, las cuatro profesiones están empobrecidas.

En 1661, el emperador Kangxi ordenó que todas las personas que vivían en la costa desde Vietnam hasta Chekiang (básicamente, toda la costa sur, la que fue en el pasado la parte activa más comercial de China) debían irse a vivir veintisiete kilómetros hacia el interior. La costa fue patrullada por tropas para imponer aquella medida y, hasta 1693, se prohibió navegar por toda la costa. Esta prohibición se volvió a imponer periódicamente en el siglo XVIII, con lo que, de hecho, se atrofió la aparición del comercio extranjero chino. Aunque se desarrollaron algunas relaciones, pocas personas estaban dispuestas a invertir cuando el emperador podía cambiar de repente de idea y prohibir el comercio, con lo que la inversión en barcos, equipos y relaciones comerciales no valdría nada o incluso conduciría a una situación peor.

El razonamiento de los Estados Ming y Qing para oponerse al comercio internacional ya resulta familiar: el temor a la destrucción creativa. El objetivo principal de los líderes era la estabilidad política. El comercio internacional era potencialmente desestabilizador ya que los comerciantes se enriquecían y se envalentonaban, como en el caso de Inglaterra durante la expansión por el Atlántico. No era solamente lo que creían los gobernantes durante las dinastías Ming y Qing, sino también la actitud de los gobernantes de la dinastía Song, aunque éstos sí estuvieron dispuestos a patrocinar innovaciones tecnológicas y permitir una mayor libertad comercial, pero bajo la condición de que estuvieran bajo su control. Las cosas empeoraron bajo las dinastías Ming y Qing cuando se intensificó el control del Estado sobre la actividad económica y se prohibió el comercio con el extranjero. Sin duda, había mercados y comercio en la China Ming y Qing, y el gobierno recaudaba impuestos bastante bajos en la economía nacional. Sin embargo, hacía poco para apoyar la innovación e intercambió la estabilidad política por el desarrollo de la prosperidad industrial o mercantil. La consecuencia de todo este control absolutista de la economía era previsible: la economía china estuvo estancada a lo largo del siglo XIX y principios del XX, mientras que otras economías se industrializaban. Cuando Mao estableció su régimen comunista en 1949, China se había convertido en uno de los países más pobres del mundo.

El absolutismo del preste Juan.

El absolutismo como conjunto de instituciones políticas y las consecuencias económicas que provocaba no se limitaban a Europa y Asia. Estaban presentes en África, por ejemplo, en el reino del Congo, como vimos en el capítulo 2. Un ejemplo todavía más duradero del absolutismo africano es Etiopía o Abisinia, cuyas raíces vimos en el capítulo 6, cuando comentamos la aparición del feudalismo tras el declive de Aksum. El absolutismo abisino fue incluso más duradero que sus homólogos europeos porque se enfrentó a desafíos y coyunturas críticas muy distintos.

Después de la conversión del rey Ezana de Aksum al cristianismo, los etíopes continuaron siendo cristianos y, en el siglo XIV, se habían convertido en el foco del mito del rey preste Juan. El preste Juan era un rey cristiano que había sido apartado de Europa por el auge del islam en Oriente Próximo. Inicialmente, se pensaba que su reino estaba en la India. Sin embargo, a medida que el conocimiento europeo sobre la India aumentaba, la gente se dio cuenta de que no era verdad. El rey de Etiopía, como era cristiano, se convirtió en un objetivo natural para el mito. De hecho, los reyes etíopes se esforzaron por forjar alianzas con los monarcas europeos contra las invasiones árabes, enviando misiones diplomáticas a Europa desde como mínimo el año 1300 en adelante, e incluso convencieron al rey portugués para que enviara soldados.

Estos soldados, junto con diplomáticos, jesuitas y viajeros que deseaban conocer al preste Juan, dejaron muchos relatos sobre Etiopía. Algunos de los más interesantes desde el punto de vista económico son los de Francisco Álvares, capellán que acompañaba a una misión diplomática portuguesa que estuvo en Etiopía entre 1520 y 1527. Además, hay relatos del jesuita Manoel de Almeida, que vivió en Etiopía desde 1624, y de John Bruce, un viajero que estuvo en el país entre 1768 y 1773. En estos textos, se describen con todo lujo de detalle las instituciones políticas y económicas de aquel momento en Etiopía y no dejan lugar a dudas acerca de que Etiopía era un ejemplo perfecto de absolutismo. No había instituciones pluralistas de ningún tipo, ni controles ni limitaciones al poder del emperador, que reclamaba el derecho a gobernar basándose en sus supuestos antepasados legendarios, el rey Salomón y la reina de Saba.

La consecuencia del absolutismo fue una gran inseguridad de los derechos de propiedad impulsados por la estrategia política del emperador. John Bruce, por ejemplo, anotó:

Toda la tierra es del rey; él la da a quien él desea cuando le place y la recupera cuando le apetece. En cuanto muera, toda la tierra del reino estará a disposición de la Corona, y no sólo eso, sino que, si se produce la muerte del propietario actual, sus posesiones, por mucho tiempo que las haya disfrutado, pasan al rey, y no a su hijo mayor.

Álvares aseguró que habría mucha más «fruta y labranza si los grandes hombres no trataran mal al pueblo». El relato de Manoel de Alameida sobre el funcionamiento de la sociedad concuerda con lo anterior. Alameida observó:

Es tan habitual que el emperador intercambie, altere y arrebate las tierras que tiene cada hombre cada dos o tres años, en ocasiones cada año e incluso muchas veces al año, que no causa sorpresa alguna. A menudo, un hombre ara la tierra, otro siembra y otro recoge la cosecha. Por eso, sucede que nadie cuida de la tierra que disfruta, ni siquiera hay nadie que plante un árbol porque sabe que el que lo planta rara vez recoge el fruto. Sin embargo, para el rey, es útil que ellos dependan tanto de él.

Estas descripciones sugieren que había grandes similitudes entre las estructuras políticas y económicas de Etiopía y las del absolutismo europeo, aunque también dejan claro que el absolutismo fue más intenso en Etiopía y las instituciones económicas, todavía más extractivas. Además, como destacamos en el capítulo 6, Etiopía no estaba sujeta a las mismas coyunturas críticas que ayudaron a minar el régimen absolutista de Inglaterra. Etiopía estaba aislada de muchos de los procesos que configuraron el mundo moderno. Incluso aunque no hubiera sido así, la intensidad de su absolutismo probablemente habría provocado que el absolutismo se reforzara aún más. Por ejemplo, como en España, el comercio internacional en Etiopía, incluido el lucrativo tráfico de esclavos, estaba controlado por el monarca. Etiopía no estaba completamente aislada. Los europeos realmente buscaron al preste Juan, y realmente tuvo que luchar contra los Estados islámicos circundantes. Sin embargo, el historiador Edward Gibbon observó con cierta precisión que «rodeados por todas partes por los enemigos de su religión, los etíopes durmieron casi mil años, olvidando al mundo, que también se olvidaba de ellos».

Cuando empezó la colonización europea de África en el siglo XIX, Etiopía era un reino independiente bajo el mando de Ras Kassa, coronado como emperador Teodoro II en 1855. Teodoro se embarcó en la modernización del Estado y creó una burocracia y un poder judicial centralizados y un poder militar capaz de controlar el país y, posiblemente, de luchar contra los europeos. Destinó gobernadores militares, responsables de recaudar impuestos y enviárselos a él, para que se encargaran de todas las provincias. Sus negociaciones con las potencias europeas fueron difíciles y, debido a su exasperación, encarceló al cónsul inglés. En 1868, los ingleses enviaron una fuerza expedicionaria que saqueó la capital. Teodoro se suicidó.

De todas formas, el gobierno reconstruido por Teodoro logró uno de los grandes triunfos anticolonialistas del siglo XIX, contra los italianos. En 1889, Menelik II llegó al trono, y se tuvo que enfrentar de inmediato al interés de Italia por establecer una colonia allí. En 1885, el canciller alemán Bismarck había convocado una conferencia en Berlín en la que las potencias europeas planearon la «lucha por África», es decir, decidieron cómo dividir África en distintas esferas de interés. En la conferencia, Italia aseguró su derecho a tener colonias en Eritrea, la costa de Etiopía y Somalia. Etiopía, aunque no estuviera representada en la conferencia, consiguió sobrevivir intacta. Sin embargo, los italianos todavía tenían los ojos puestos allí y, en 1896, enviaron un ejército hacia el sur desde Eritrea. La respuesta de Menelik fue parecida a la que hubiera dado un rey medieval europeo; formó un ejército haciendo que la nobleza convocara a sus hombres armados. Mediante este enfoque no se podía conseguir un ejército en el campo de batalla durante mucho tiempo, pero sí se conseguía un ejército enorme durante un período corto de tiempo. Este período corto bastó para derrotar a los italianos, cuyos quince mil hombres fueron aplastados por los cien mil de Menelik en la batalla de Adua de 1896. Fue la derrota militar más seria que pudo infligir un país africano precolonial a una potencia europea, y garantizó la independencia de Etiopía durante otros cuarenta años.

El último emperador de Etiopía, Ras Tafari, fue coronado Haile Selassie en 1930. Gobernó hasta ser derrocado por una segunda invasión italiana, que empezó en 1935, pero volvió del exilio con la ayuda de los ingleses en 1941. Posteriormente, gobernó hasta ser derrocado en 1974 por un golpe efectuado por el Derg, «el Comité», un grupo de oficiales del ejército marxistas que empobrecieron y devastaron todavía más el país. Las instituciones económicas extractivas básicas del Imperio etíope absolutista, como el gult (mencionado anteriormente en esta obra) y el feudalismo creado tras el hundimiento de Aksum, duraron hasta ser abolidas tras la revolución de 1974.

Actualmente, Etiopía es uno de los países más pobres del mundo. La renta del etíope medio es alrededor de una cuadragésima parte de la de un ciudadano medio inglés. La mayor parte de la población vive en zonas rurales y practica la agricultura de subsistencia. Carecen de agua potable, electricidad y acceso adecuado a la educación y la sanidad. La esperanza de vida es de unos cincuenta y cinco años y solamente una tercera parte de los adultos están alfabetizados. La comparación entre Inglaterra y Etiopía refleja la desigualdad mundial. La razón de que Etiopía esté donde está hoy es que, a diferencia de Inglaterra, el absolutismo etíope persistió hasta un pasado reciente. Y llegó acompañado de instituciones económicas extractivas y pobreza para la masa etíope, aunque, evidentemente, los emperadores y la nobleza salieron enormemente beneficiados. No obstante, la consecuencia más duradera del absolutismo fue que la sociedad etíope no pudo aprovechar las oportunidades de industrialización durante el siglo XIX y principios del XX, lo que reforzó la absoluta pobreza de sus ciudadanos hoy en día.

Los niños de Samaale.

Las instituciones políticas absolutistas del mundo impidieron la industrialización, ya fuera indirectamente, mediante la organización de la economía, o directamente, como hemos visto en los casos de Austria-Hungría y Rusia. Sin embargo, el absolutismo no fue el único obstáculo para la aparición de instituciones económicas inclusivas. En los albores del siglo XIX, muchas partes del mundo, especialmente de África, carecían de un Estado que pudiera proporcionar un mínimo de ley y orden, el requisito previo esencial para tener una economía moderna. No había un equivalente a un Pedro el Grande de Rusia que iniciara el proceso de centralización política y que después forjara el absolutismo ruso, y mucho menos nadie parecido a los Tudor en Inglaterra, que centralizara el Estado sin destruir completamente (o, más apropiadamente, sin ser completamente capaz de destruir) el Parlamento y otros límites de su poder. Sin algún tipo de centralización política, aunque las élites de estos Estados africanos hubieran deseado recibir a la industrialización con los brazos abiertos, no habría habido mucho que pudieran hacer.

Somalia, situada en el cuerno de África, ilustra los efectos devastadores de la falta de centralización política. Ha estado dominada históricamente por seis clanes familiares. Los cuatro clanes más grandes, Dir, Darod, Isaq y Hawiye, afirman que sus antepasados proceden de un ancestro mítico, Samaale. Estas familias de clanes se originaron en el norte de Somalia y poco a poco se extendieron al sur y al este, e, incluso hoy, son principalmente un pueblo de pastores que migran con sus rebaños de cabras, ovejas y camellos. En el sur, los Digil y los Rahanweyn, agrícolas sedentarios, forman las dos últimas familias de clanes. Los territorios de dichos clanes aparecen en el mapa 12.

Los somalíes se identifican primero con su clan familiar, pero son muy extensos y contienen multitud de subgrupos. Los primeros son los clanes cuyos ancestros se remontan a uno de los grandes clanes familiares. Más significativas son las agrupaciones dentro de los clanes, que se denominan grupos de pago de la diya, formados por familiares con vínculos estrechos que pagan y recogen la diya, o «riqueza de sangre», una compensación que se paga tras el asesinato de uno de sus miembros. Los clanes somalíes y los grupos de pago de la diya estaban históricamente sumidos en un conflicto prácticamente continuo por los escasos recursos que tenían a su disposición, sobre todo los recursos hídricos y las tierras buenas de pastoreo para sus animales. Además, constantemente robaban los rebaños de los clanes y grupos de pago de la diya vecinos. Aunque los clanes tenían líderes llamados sultanes, y ancianos, estas personas no tenían un poder real. El poder político estaba muy disperso, ya que cada somalí adulto hombre podía opinar sobre las decisiones que podían afectar al clan o al grupo. Esto se logró a través de un consejo informal formado por hombres adultos. No había ley escrita, policía ni sistema legal, excepto la ley charía que se utilizó como marco dentro del cual incluir las leyes informales. Estas leyes informales para un grupo de pago de la diya se codificarían en lo que se denominó heer, un cuerpo de obligaciones y derechos formulados explícitamente que el grupo exigía que obedecieran otras personas en sus interacciones con el grupo. Con la aparición del gobierno colonial, se empezó a escribir todo el heer. Por ejemplo, el linaje Hassan Ugaas formó un grupo de pago de la diya de unos mil quinientos hombres y era un subclán del clan familiar Dir en la Somalilandia británica. El 8 de marzo de 1950, su heer fue registrado por el comisionado de distrito británico; las primeras tres cláusulas decían:

1.   Cuando un hombre de los Hassan Ugaas es asesinado por un grupo externo, su familiar más próximo recogerá veinte camellos de su riqueza de sangre (cien) y los ochenta camellos restantes serán compartidos por todos los Hassan Ugaas.

2.   Si un hombre de los Hassan Ugaas queda herido por alguien de fuera y sus heridas se valoran en treinta y tres camellos y un tercio, se le deben dar diez camellos y los restantes serán para su grupo jiffo (un subgrupo del grupo diya).

3.   El homicidio entre los miembros de los Hassan Ugaas está sujeto a compensación a un precio de treinta y tres camellos y un tercio, pagables solamente al familiar más próximo. Si el culpable no puede pagarlo todo o parte de dicha compensación, recibirá la ayuda de su linaje.

El hincapié que se hace en el heer por el asesinato y las heridas refleja el estado de guerra prácticamente constante entre los grupos de pago de la diya y los clanes. También la riqueza de sangre y la disputa de sangre fueron decisivas. Un crimen contra una persona se cometía contra todo el grupo de pago de la diya y exigía una compensación colectiva, la riqueza de sangre. Si no se pagaba dicha riqueza de sangre, el grupo de pago de la diya de la persona que había cometido el crimen se enfrentaba a la compensación colectiva de la víctima. Cuando el transporte moderno llegó a Somalia, la riqueza de sangre se extendió a gente que quedaba herida o que fallecía en accidentes de tráfico. El heer de los Hassan Ugaas no se refería solamente al asesinato, sino que la cláusula 6 decía: «Si un hombre de los Hassan Ugaas insulta a otro en un consejo de los Hassan Ugaas, pagará ciento cincuenta chelines a la parte ofendida».

A principios de 1955, los rebaños de dos clanes, el Habar Tol Ja’lo y el Habar Yuunis, pasturaban cerca unos de otros en la región de Domberelly. Un hombre del Yuunis quedó herido tras una disputa con un miembro del Tol Ja’lo por una manada de camellos. El clan Yuunis se vengó inmediatamente, atacando al clan Tol Ja’lo y matando a un hombre. Siguiendo el código de la riqueza de sangre, aquella muerte condujo a que el clan Yuunis ofreciera una compensación al clan Tol Ja’lo, que fue aceptada. La riqueza de sangre se iba a entregar en persona, como siempre, en forma de camellos. En la ceremonia de entrega, uno de los Tol Ja’lo mató a un miembro de los Yuunis, al confundirlo con un miembro del grupo de pago de la diya del asesino. Aquello condujo a la guerra sin cuartel y, al cabo de cuarenta y ocho horas, trece Yuunis y veintiséis Tol Ja’lo habían sido asesinados. La guerra continuó otro año antes de que los ancianos de ambos clanes, unidos por la administración colonial inglesa, consiguieron negociar un acuerdo (el intercambio de riqueza de sangre) que satisfizo a ambas partes y se pagó durante los tres años siguientes.

El pago de la riqueza de sangre tenía lugar bajo la sombra de la amenaza de fuerza y disputa. Incluso una vez pagada, no detenía necesariamente el conflicto, que normalmente moría y volvía a estallar de nuevo.

Por lo tanto, el poder político estaba ampliamente disperso en la sociedad somalí, era casi pluralista. Sin embargo, sin la autoridad de un Estado centralizado que impusiera el orden, y los derechos de propiedad, no conllevó la aparición de instituciones inclusivas. Nadie respetaba la autoridad de los demás, y nadie, incluyendo al Estado colonial británico cuando llegó, fue capaz de imponer el orden. La falta de centralización política hizo imposible que Somalia se beneficiara de la revolución industrial. En este clima, habría sido inimaginable invertir o adoptar las nuevas tecnologías procedentes de Gran Bretaña ni crear el tipo de organizaciones necesarias para hacerlo.

La compleja política de Somalia incluso tuvo implicaciones todavía más sutiles para el progreso económico. Anteriormente, mencionamos algunos de los grandes enigmas tecnológicos de la historia africana. Antes de la expansión del control colonial a finales del siglo XIX, las sociedades africanas no utilizaban el transporte con ruedas ni la agricultura con arados, y pocas tenían escritura. Etiopía sí que la tenía, como hemos visto. Los somalíes también tenían escritura, pero, a diferencia de los etíopes, no la utilizaban. Ya hemos visto ejemplos de esto en la historia africana. Las sociedades africanas puede que no utilizaran ruedas ni arados, pero no cabe duda de que los conocían. En el caso del reino del Congo, como hemos visto, esto se debía fundamentalmente al hecho de que las instituciones económicas no creaban incentivos para que el pueblo adoptara esas tecnologías. ¿Podían surgir los mismos problemas con la adopción de la escritura?

Podemos hacernos una idea a partir del reino de Taqali, situado al noroeste de Somalia, en las montañas Nuba del sur de Sudán. El reino de Taqali, formado a finales del siglo XVIII por una banda de guerreros dirigida por un hombre llamado Isma’il, fue independiente hasta ser anexionado al Imperio británico en 1884. El rey y el pueblo Taqali tenían acceso a la escritura en árabe, pero sólo la utilizaban, excepto los reyes, para su comunicación externa con otros Estados y para la correspondencia diplomática. En principio, esta situación resulta muy desconcertante. La historia tradicional del origen de la escritura en Mesopotamia es que fue desarrollada por los Estados para registrar información, controlar al pueblo y recaudar impuestos. ¿Acaso no estaba el Estado Taqali interesado en estos asuntos?

Estas cuestiones fueron investigadas por la historiadora Janet Ewald a finales de la década de los setenta cuando intentaba reconstruir la historia del Estado Taqali. Parte de la historia es que los ciudadanos se resistieron al uso de la escritura porque temían que se utilizara para controlar recursos como la tierra valiosa, al permitir que el Estado reclamara su propiedad. También temían que condujera a una recaudación de impuestos más sistemática. La dinastía que empezó Isma’il no condujo a un Estado potente. Aunque lo hubiera querido, el Estado no era lo suficientemente fuerte para imponer su voluntad contra las objeciones de los ciudadanos. Sin embargo, había otros factores más sutiles en juego. Varias élites también se oponían a la centralización política, por ejemplo, al preferir la interacción oral a la escrita con los ciudadanos, porque así tenían una libertad máxima. Las leyes u órdenes escritas no se podían retirar o negar y eran más difíciles de cambiar; establecían puntos de referencia que las élites gobernantes podrían querer cambiar por completo. Por lo tanto, ni los administrados ni los administradores de Taqali consideraron que la introducción de la escritura los fuera a beneficiar.

Los administrados temían cómo la utilizarían los administradores, y los propios administradores vieron que la ausencia de escritura ayudaba a su ya precario control del poder. Fue la política de Taqali lo que impidió que se introdujera la escritura. Aunque los somalíes tenían una élite aún menos definida que la del reino Taqali, es bastante plausible que las mismas fuerzas inhibieran su uso de la escritura y la adopción de otras tecnologías básicas.

El caso somalí muestra las consecuencias de la falta de centralización política para el crecimiento económico. La literatura histórica no registra ejemplos de intentos de crear esa centralización en Somalia. No obstante, es evidente por qué habría sido muy difícil. El hecho de centralizar políticamente habría significado que algunos clanes estuvieran sujetos al control de otros. Sin embargo, rechazaron este dominio, y la rendición de su poder que esto habría entrañado: el equilibrio de poder militar en la sociedad también habría dificultado crear esas instituciones centralizadas. De hecho, es probable que cualquier grupo o clan que hubiera intentado centralizar el poder no solamente se habría enfrentado a una resistencia férrea, sino que habría perdido su poder y los privilegios que tenía. Como consecuencia de esta falta de centralización política y la ausencia que implica de incluso la seguridad más básica de los derechos de propiedad, la sociedad somalí nunca generó incentivos para invertir en tecnologías que mejoraran la productividad. Mientras en otras partes del mundo se llevaba a cabo un proceso de industrialización en el siglo XIX y principios del XX, los somalíes luchaban y defendían su vida, y su retraso económico se hizo más fuerte.

Soportar el retraso.

La revolución industrial creó una coyuntura crítica transformadora para todo el mundo durante el siglo XIX y más allá: las sociedades que permitieron a sus ciudadanos invertir en nuevas tecnologías podían crecer rápido. Sin embargo, muchas no pudieron hacerlo, o eligieron explícitamente no hacerlo. Los países controlados por instituciones políticas y económicas extractivas no generaron aquellos incentivos. España y Etiopía proporcionan ejemplos de que el control absolutista de las instituciones políticas y las instituciones económicas extractivas implicadas asfixiaban los incentivos económicos mucho antes de la llegada del siglo XIX. El resultado fue similar en otros regímenes absolutistas (por ejemplo, en Austria-Hungría, Rusia, el Imperio otomano y China, aunque, en estos casos, los gobernantes, debido a su temor a la destrucción creativa, no solamente dejaron de fomentar el progreso económico, sino que dieron pasos explícitamente para bloquear la extensión de las nuevas tecnologías que aportarían industrialización).

El absolutismo no es la única forma de institución política extractiva y tampoco fue el único factor que impidió la industrialización. Las instituciones políticas y económicas inclusivas exigen cierto grado de centralización política para que el Estado pueda imponer la ley y el orden, defender derechos de propiedad y fomentar la actividad económica invirtiendo en servicios públicos cuando sea necesario. Sin embargo, todavía hoy, muchos países, como Afganistán, Haití, Nepal y Somalia, tienen Estados que son incapaces de mantener el orden más rudimentario y los incentivos económicos prácticamente se destruyen. El caso de Somalia ilustra que el proceso de industrialización también pasó de largo en aquellas sociedades. Existe resistencia a la centralización política por la misma razón que los regímenes absolutistas se resisten al cambio: el temor a menudo justificado de que el cambio reasignará el poder político y que éste pasará de los que lo dominan hoy a individuos y grupos nuevos. Por lo tanto, cuando los bloques del absolutismo se mueven hacia el pluralismo y el cambio económico, también lo hacen los clanes y las élites tradicionales que dominan la escena en sociedades sin centralización estatal. En consecuencia, las sociedades que todavía carecían de esta centralización en los siglos XVIII y XIX tenían una desventaja concreta en la era de la industria.

Mientras que la variedad de instituciones extractivas del absolutismo y los Estados con poca centralización no aprovecharon la expansión de la industria, la coyuntura crítica de la revolución industrial tuvo efectos muy distintos en otras partes del mundo. Como veremos en el capítulo 10, las sociedades que ya habían dado pasos hacia las instituciones políticas y económicas inclusivas, como Estados Unidos y Australia, y aquellos en los que el absolutismo se cuestionaba más seriamente, como Francia y Japón, aprovecharon aquellas nuevas oportunidades económicas e iniciaron un proceso de rápido crecimiento económico. Como tal, el patrón habitual de interacción entre una coyuntura crítica y las diferencias institucionales existentes que conducen a una mayor divergencia institucional y económica se manifestó de nuevo en el siglo XIX, y esta vez con un mayor efecto sobre la prosperidad y la pobreza de los países.