Notas
[1] Tomo la cita de Fontana, J., La historia de los hombres, Crítica, 201, p. 353. <<
[2] Espinosa, F., «Agapito García Atadell en el infierno de Queipo», en Contra el olvido, Crítica, Barcelona, 2006, pp. 71-78. <<
[3] Estaban integrados por una sección de juristas y otra con representantes del Frente Popular, conjunto de fuerzas políticas que había obtenido el triunfo en las elecciones generales de 16 de febrero de 1936. Para más información véase Sánchez Recio, G., Justicia y guerra en España. Los tribunales populares (1936-1939), Diputación, Alicante, 1991. <<
[4] Archivo Municipal de Moguer, legajo 99. <<
[5] Preston, P., «Francisco Franco: Política y estrategia en la Guerra Civil», en Revista de Extremadura, 21, septiembre-diciembre, 1996, p. 25; también «La guerra de aniquilación de Franco», en La política de la venganza, Península, Barcelona, 1997, pp. 57-81. <<
[6] Espinosa, F., «La memoria del Fiscal del Ejército de Ocupación», en Contra el olvido, Crítica, Barcelona, 2006, pp. 79-93. <<
[7] Tomo la referencia de Salas, R., «El mito del millón de muertos», en Thomas, H., La guerra civil española, Urbión, Madrid, 1979, tomo VI, pp. 286-287. <<
[8] El debate quedó recogido en VV. AA., La guerra desde la paz. Seminario sobre la guerra civil. Córdoba, abril de 1986, Diputación Provincial, Córdoba, 1988. <<
[9] Resulta significativo el caso de Huelva. A mediados de 1937, cuando ya se llevaba varios meses con los consejos sumarísimos, fue declarada zona de guerra la mitad de la provincia por el problema de los huidos. Esto supuso el retorno a los bandos de guerra y la desaparición en unos meses de varios cientos de personas en su mayor parte no inscritas en registro alguno. <<
[10] Dejó escrito Pemán que durante un almuerzo con el general Virgilio Cabanellas en plena guerra salió el tema de la represión y aprovechó para decirle que «se ha matado y está matando todavía por los nacionales demasiada gente». Y para que pudiera comprobarlo añadió: «Haga el ensayo sobre cualquier ciudad española cuyos habitantes usted conozca bien, casi uno por uno. Quizá, por ejemplo, Zaragoza para usted o Cádiz para mí. Logre que le den la lista nominal de todos los ejecutados del (sic) bando nacional, para esa triste, pero no dudo que precisa, función de ejemplaridad o escarmiento. Confronte usted las dos listas. Puedo asegurarle que usted llegará a la convicción de que la finalidad de escarmiento hubiera sido suficientemente cumplida con un cinco o un cuatro por ciento de la lista dramática y excesiva que arrojará el setenta o el ochenta» (Mis almuerzos con gente importante, Dopesa, Barcelona, 1973, p. 153). La veracidad de la anécdota —no parece muy probable que el Pemán de la guerra criticara la excesiva represión ejercida por los sublevados cuando él mismo la había promovido en sus charlas y escritos— resulta irrelevante. Lo interesante y más creíble es que, tal como cuenta, él se hubiera hecho en Cádiz con la lista de personas asesinadas por «los nacionales», o hubiera tenido acceso a ella. Hay que señalar finalmente cómo el subconsciente lo traiciona al escribir «ejecutados del bando nacional» y no lo que en realidad debía haber escrito: «ejecutados por el bando nacional». <<
[11] No deja de ser curioso repasar la lista de ministros de Cultura de aquellos tiempos: Pío Cabanillas Gallas (1977-1979), Manuel Clavero Arévalo (1979-1980), Ricardo de la Cierva Hoces (1980), Íñigo Cavero Lataillade (1980-1981) y Soledad Becerril Bustamante (1981-1982). Cinco ministros en cinco años. Por su parte el PSOE, en sus catorce años en el poder, tuvo cuatro ministros: Javier Solana Madariaga (1982-1988), Jorge Semprún Maura (1988-1991), Jordi Solé Tura (1991-1993) y Carmen Alborch (1993-1996). Luego vendrían Esperanza Aguirre, Mariano Rajoy, etc. Téngase en cuenta que los archivos judiciales militares, las antiguas Auditorías de Guerra, a las que según la Ley de Patrimonio Documental deberíamos haber podido acceder en 1986 (cincuenta años a partir de la fecha del documento), sólo fueron accesibles a la investigación, y por lo general en lamentables condiciones, desde 1997, es decir, doce años después de cuando correspondía legalmente, que hubiera sido en los tiempos de Solana como ministro. <<
[12] Debo confesar que la Tarjeta Nacional de Investigador, que solicité en el Archivo de Indias sin tenerlas todas conmigo, me la dieron por suponer que yo dependía del mismo departamento que la persona que me acompañaba, un amigo, asiduo de dicho archivo y al que, por tanto, el personal ya conocía bien. Cuando me preguntaron si yo lo quería para lo mismo, dije que sí. En mi primera visita al Archivo Histórico Nacional tuve que rellenar un largo cuestionario informando de diversas cuestiones, como el objeto de mi investigación, para quién la hacía, etc. No recuerdo lo que puse pero sin duda varías cosas fueron inventadas. Era aquél un mundo surrealista que a quien no haya vivido bajo el franquismo le será difícil imaginar. En el Histórico Nacional de Madrid, antes de acceder a los fondos de la Causa General te hacían pasar por el despacho de un individuo, indudablemente un cura —había más de uno, al igual que guardias civiles retirados en funciones de personal auxiliar— que con modos y maneras sacerdotales te interrogaba sobre todo lo relativo a la consulta: la razón de querer ver esos papeles, el objetivo que te llevaba allí, la conciencia que tenías acerca de lo delicado del material, etc. <<
[13] No hablo de oídas. El profesor Antonio Miguel Bernal fue testigo de cómo allá por los primeros ochenta uno de los departamentos de Historia de la Universidad de Sevilla me negaba la posibilidad de realizar una tesis de licenciatura sobre el «18 de julio» en la ciudad. Otro profesor, Francisco Fuentes, lo fue igualmente de la negativa del departamento de Geografía a avalar una consulta en la sección de defunciones del Registro Civil para realizar «un trabajo de carácter demográfico». <<
[14] Aunque ninguna de las dos sean obras específicas sobre la represión cabe considerar Granada en 1936 y el asesinato de García Lorca, de Ian Gibson, y Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Historia oral de la guerra civil española, ambas publicadas por Crítica en 1979, como las primeras obras en las que, desde la historia oral y aprovechando los testimonios escritos por protagonistas dentro y fuera de España, se aborda rigurosamente la represión franquista. Sin embargo hay que recordar que la primera aproximación de Gibson a la represión en Granada, La represión nacionalista de Granada y la muerte de Federico García Lorca, vio la luz en París por la editorial Ruedo Ibérico en 1971. Algo similar cabría decir de una obra diferente a las comentadas como La guerra civil española, de Hugh Thomas, publicada por Ruedo Ibérico en París en 1961 y que no sería editada en España hasta quince años después por Grijalbo. <<
[15] He sido testigo del lamentable estado de los archivos municipales de varias provincias del suroeste en los años ochenta y noventa. La salvación de lo que quedó de esos archivos llegó tarde, a fines de los ochenta en Huelva y en los noventa en Badajoz, cuando ya el daño era irreparable. Y lo grave, y puedo dar fe de ello, es que hubo casos, como Villafranca de los Barros (Badajoz), en que el archivo llegó en estado aceptable al final de la dictadura y fue precisamente a partir de la transición cuando entró en fase de abandono y deterioro. El clima al que aludo explicaría otro curioso fenómeno: el desprecio por los archivos afecta especialmente al período 1931-1945. Los expurgos se cebaron en los asuntos delicados y el abandono hizo el resto. Sin embargo estos problemas nunca suelen afectar a los documentos relacionados con la Iglesia (hermandades y cofradías) y el Ejército (quintas). <<
[16] La cita original pertenece a un artículo en alemán de 2008. La tomo de Krawinkel, Moritz, La batalla del Jarama. Entre la historia y la memoria, Entimema, Madrid, 2009, p. 76. <<
[17] Véase Espinosa, F., El fenómeno revisionista o los fantasmas de la derecha española, texto publicado en 2005 e incluido en Contra el olvido, Crítica, Barcelona, 2006. <<
[18] En cierta forma el triunfo electoral del PP en 1996 y la mayoría absoluta del 2000 vienen a dar cuerpo a lo dicho por José María Finat Escrivá de Romaní, conde de Mayalde, embajador en el Berlín nazi, director general de Seguridad en la más negra posguerra (fue uno de los tres fascistas que intervinieron en la paliza que llevó al exilio argentino al cantante Miguel de Molina), exgobernador civil y alcalde de Madrid. Este Finat, miembro de la cohorte que acompañaba al Caudillo en la última «manifestación de adhesión» celebrada en la Plaza de Oriente el 1 de octubre de 1975, declaró a su compañero de balcón Luis Guillermo Perinat: «Esto no significa nada; lo que hay que hacer ahora es convocar unas elecciones y ganarlas» (tomo la referencia del epílogo que Josep Fontana realizó para Por Favor. Una historia de la transición, Crítica, Barcelona, 2000, p. 180). Finat murió en 1995 sin ver su sueño realizado. <<
[19] Luis Gómez y José Yoldi, El País, 01/03/2009. <<
[20] La principal relacionada con el caso Gürtel, sobre una importante trama de corrupción económica que afectaría de lleno al Partido Popular. Son estos dos frentes, el del pasado y el del presente, los que han puesto en pie de guerra a la derecha española y han activado sus resortes políticos, mediáticos, judiciales, etc. <<
[21] Tomo parte de esta información de Natalia Junquera, El País, 29/05/2009. <<
[22] Julio M. Lázaro, El País, 22/12/2009. <<
[23] El País, 20/02/2010. <<
[24] Todavía a fecha de hoy existen jueces de Primera Instancia que impiden la consulta de los libros de defunciones en su partido judicial. Sería el caso del partido de San Clemente, en Cuenca, o el de Sigüenza, en Guadalajara, según me cuentan respectivamente Máximo Molina y Pedro García Bilbao. <<
[25] El concepto de derecha permanente, que tomo de José Martínez, el creador de Ruedo Ibérico, engloba no sólo a la derecha que conocemos sino a aquellos que desde otros ámbitos e instancias consideran que cualquier crítica en profundidad al estado de cosas surgido de la transición supone una amenaza para el bien común y, aun manteniendo ciertas formas, debe ser neutralizada al coste que sea. Patxo Unzueta se refería recientemente a un artículo de José María Ruiz Soroa («Un canon problemático», El Correo, 07/12/2008) que, teniendo de fondo el cambio de visión sobre la transición producido en torno a la entrada del nuevo siglo, alertaba «sobre las consecuencias aparentemente no buscadas pero altamente desestabilizadoras que podrían derivar de ese cambio de visión: el cuestionamiento de la legitimidad de la Monarquía, dada su relación pasada con el franquismo, y la desautorización moral de la derecha política como heredera del régimen del General, lo que a su vez deslegitima la posibilidad de alternancia …». (El País, 17/02/2010). Vayamos al artículo original. <<
Decía Ruiz Soroa que la transición se afrontó partiendo de que la Segunda República y la guerra constituyeron un fracaso colectivo que había que superar. De ahí que durante más de veinte años ese pasado no se utilizara en la política española (en realidad, como escribió Paloma Aguilar en «Presencia y ausencia de la guerra civil y el franquismo en la democracia española. Reflexiones sobre la articulación y ruptura del pacto de silencio», en Aróstegui, J. y F. Godicheau, Guerra civil. Mito y memoria, Marcial Pons, Madrid, 2006, pp. 245-293, el pacto de silencio lo rompió el PSOE en las elecciones generales de 1993) y, dado el éxito de la transición, la forma de entender el pasado se convirtió en canon hegemónico. Pero, pasado ese tiempo, «parte de la clase política e intelectual» ha iniciado la construcción de un nuevo canon, cuya base sería el antifascismo y que por tanto considera esencial «la condena del fascismo como un pasado de horror», lo que, según Ruiz Soroa, «lleva a reinventar la experiencia de la Segunda República como un meritorio intento de democracia avanzada que habría sido violentamente truncado por un movimiento fascista totalitario acaudillado por los militares». De ahí el deseo de enlazar con ella. El nuevo canon conlleva la reescritura de la transición como «un momento de libertad incompleta» que trajo autoamnistía para unos y olvido para otros. Ruiz Soroa reconoce que el nuevo relato «posee una fuerza expansiva de difícil contención» y afecta a cuestiones clave como la monarquía, la Iglesia y la cuestión territorial, lo que supone un riesgo de inestabilidad para el sistema al replantear cuestiones que parecían ya resueltas. Sin embargo, para el periodista representa un factor de tranquilidad la escasa aceptación social que despierta el nuevo canon, aunque coloca a la derecha en «una situación continua de inferioridad moral ante la parte progresista o de izquierdas, incluso bajo una sospecha o estigma permanente de fascismo residual», lo que vendría a significar que «no habría manera democráticamente normal de ser de derechas». El resultado de todo esto sería «una fuerte tendencia a la sobremoralización de los mensajes y actitudes», como «la retórica de patetismo con que se ha gestionado el asunto de las fosas», lo cual no favorece «la gestión ordenada de los conflictos y el debate público». El nuevo canon, en definitiva, «dificulta la convivencia actual al presentar el pasado como una ordalía ética».
[26] Véanse dos visiones contrapuestas de la amnistía en Jaime Sartorius, «La Ley de Amnistía no ampara el franquismo» (El País, 15/03/2010), intentando probar, como secretario que fue de la comisión parlamentaria que elaboró la ley, que la amnistía no cubría los crímenes del franquismo —creo que sin éxito alguno, ya que parece, ingenuamente, no caer en la cuenta de que la amnistía para autoridades, funcionarios y personal de orden público no especificaba que sólo beneficiaría a aquellos que tuvieran causas pendientes—; y en Juan Martínez Alier, «Los crímenes franquistas y la reconciliación nacional» (Sin permiso, 14/03/2010), quien celebra haber escrito en el momento oportuno un artículo titulado «¿Quién amnistiará a los amnistiadores?» (Cuadernos de Ruedo Ibérico, 1977) y escribe: «La ley de amnistía fue como un chiste: los que habían matado sin sufrir ningún castigo y sin perder ni una de las antiguas pesetas de su patrimonio con la muerte de Franco, se daban el lujo de amnistiar a los que habían perdido la guerra y habían perdido la paz de los cementerios durante 35 años, y de paso se amnistiaban ellos mismos. Los que protestamos no tuvimos audiencia en los medios. Bien natural, nosotros éramos excluidos de la transición. El partido comunista fue actor principal en esta transición excluyente, y los nuevos políticos del sistema dieron una ley de punto final que ahora se comprueba en los hechos que era realmente efectiva. Los artículos y dictámenes, las tesis doctorales que se escriban diciendo que eso no es realmente así, que hay crímenes que no prescriben, tendrán mérito, pero la realidad parece estar indicando que nadie será nunca procesado ni tan siquiera investigado judicialmente (por lo menos en España) por crímenes realizados en el franquismo. Diez años más, y la cosa ya quedará clara definitivamente». <<
[27] He tratado estas cuestiones en los siguientes artículos: «La investigación del pasado reciente: un combate por la historia», en La transición a la democracia en España Actas de las VI Jornadas de Castilla-La Mancha de Investigación en Archivos, Guadalajara, 2003 (en origen fue una conferencia pronunciada en 2001: http:// www.salamancamemoriayjusticia.org/der/espinosareciente.pdf); «Historia, memoria, olvido: la represión franquista», en Bedmar, Arcángel (coord.), Memoria y olvido sobre la guerra civil y la represión franquista, Ayuntamiento de Lucena, Córdoba, 2003, pp. 101-139; «Contra el olvido. La lucha historiográfica en torno a la represión franquista (1936-1996)», en Chaves Palacios, J., Memoria histórica y guerra civil: represión en Extremadura, Diputación de Badajoz, 2004, pp. 87-121; «Nueve propuestas sobre la memoria histórica», en rev. Ebre 38, 2, Universidad de Barcelona, 2005, pp. 205-207; «La memoria de la represión y la lucha por su reconocimiento. En torno a la creación de la Comisión Interministerial», en http://hispanianova.rediris.es/6/dossier/6d007.pdf, 2006; «De saturaciones y olvidos. Reflexiones en torno a un pasado que no puede pasar», en http://hispanianova.rediris.es/7/dossier.htm, 2007; «Cómo acabar de una vez por todas con la memoria histórica», en VV. AA., La recuperación de la memoria social. Una perspectiva transversal desde las ciencias sociales, UPO, Sevilla, 2007 (versión actualizada); «El pasado como campo de batalla: lucha de memorias (2007-2008). De la Ley de Memoria Histórica a la iniciativa del juez Garzón», en Trípodos, 25, Facultad de Ciencias de la Comunicación Blanquerna, 2009, pp. 101-110. Algunos de ellos se encuentran en Espinosa Maestre, F., Contra el olvido, Crítica, Barcelona, 2006. <<
[28] Fue la editorial Temas de Hoy la que eligió a estos autores. En principio propuso la coordinación a Alberto Reig Tapia, pionero en plantear cuestiones de gran interés en torno a la represión franquista y que sin duda hubiera sido persona idónea para el proyecto, pero rechazó la oferta por motivos profesionales. En su lugar la editorial invitó a Santos Juliá Díaz, profesor de Historia Social y del Pensamiento en la UNED, reconocido por su extensa obra y muy conocido por su faceta mediática, pero sin relación alguna con la investigación de la represión franquista. <<
[29] No deja de llamar la atención, con lo delicados que son para estas cosas algunos archiveros y los responsables de Cultura, que ese monumento a la legitimación del golpe y de la dictadura que es la Causa General, plagada de nombres propios de personas —muchas de ellas asesinadas— que nunca pudieron defenderse de las graves acusaciones que les fueron imputadas, esté abierto a la consulta pública en internet por el propio Ministerio de Cultura, mientras otros fondos documentales de igual antigüedad donde lo que aparecen son los nombres de los represores —pienso por ejemplo en los consejos de guerra— deban pasar por el riguroso filtro de los gabinetes jurídicos de las instituciones que pagaron su digitalización. La excepción, ejemplar, la constituye la Diputación de Huelva, que el pasado año subió a su página web todos los fondos de la Auditoría de Guerra. <<
[30] En 1945 vio la luz una reimpresión titulada Datos complementarios para la Historia de España. Guerra de Liberación 1936-1939. Hubo otras muchas a lo largo de la dictadura e incluso recientemente, ya que en 2008 fue publicada una edición facsímil en la editorial Akrón con prólogo de Ricardo de la Cierva, autor al año siguiente de una obra titulada 113 178 caídos por Dios y por España cuyo subtítulo era «Baltasar Garzón, un juez contra la historia». <<
[31] Esto ha llevado a que propagandistas e investigadores poco rigurosos señalen a Villafranca como uno de los pueblos donde hubo víctimas de derechas, cuando lo cierto es que sólo las hubo cuando llegaron los golpistas. <<
[32] Un ejemplo reciente en relación con Badajoz sería el libro de L. E. Togores sobre Yagüe (La Esfera de los Libros, Madrid, 2010), escrito, según parece, por un «doctor en Historia Contemporánea y profesor universitario» y que se limita a utilizar la rancia historiografía franquista y la reciente historiografía neofranquista. El archivo de Yagüe, al que por lo visto ha tenido acceso, poco le ha lucido. No sólo no aporta absolutamente nada nuevo sobre Badajoz sino que parece que volvemos a los tiempos del primer Martínez Bande. Por otra parte, da la sensación por este caso y por el archivo de Varela de que estos fondos han sido expurgados de todo documento delicado o comprometedor. Desde luego tiempo han tenido para hacerlo. El caso del archivo de Yagüe nos ha permitido incluso asistir al lamentable espectáculo de los hijos litigando entre ellos por «los papeles del general», una para mantener unidad y orden en el legado y otros a favor del reparto y venta. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Soria de marzo de 2009 falló que el archivo, aunque en poder de la familia, pertenecía al Estado. Por el momento se encuentra depositado y cerrado al público en el Archivo Histórico Provincial de Burgos a la espera de la decisión del Tribunal Supremo. ¿Se ha preocupado alguna vez el Estado de controlar lo que en dicho archivo hubo, lo que ahora hay o lo que finalmente debe pasar a su poder? ¿Sabrá alguien qué ha quedado en el camino? <<
Conocemos también que la persona que catalogó el archivo de Varela le indicaba a éste en ciertos expedientes la conveniencia de revisarlos. Nos consta por el historiador Luis Núñez que eso ocurrió en un documento relacionado con la represión en el que Varela salía bien parado y que por tanto sobrevivió. El hecho escandaloso de que, a más de tres décadas de que la Constitución fuera aprobada, estos archivos sigan en poder de las familias de estos militares o que el de Franco esté en manos de la fundación que lleva su nombre, presidida por la hija, constituye la prueba de la distancia que nos separa de los países democráticos de nuestros entorno o, si se prefiere, de la peculiaridad española. Me consta, por ejemplo, que hace unos años fueron subastados en Madrid documentos del guardia civil Gregorio Haro Lumbreras, la máxima autoridad militar en Huelva desde finales de julio del 36 hasta enero de 1937, que, por supuesto, también se llevó su archivo.
[33] El Mundo y El País, 19-21/4/2005. <<
[34] Julio M. Lázaro, El País, 15/12/2006. <<
[35] Véanse sus actividades en http://www.cgtandalucia.org/IMG/pdf_CUADERNO_RMHSA_WEB_2.pdf. <<
[36] Esto es especialmente visible y penoso para los investigadores que han tenido la oportunidad de conocer cómo funcionan los archivos en los países europeos avanzados y en Estados Unidos. La precariedad de estos archivos militares —hablo de los dos que conozco, los de las regiones militares primera y segunda— es buena muestra del estado de nuestros archivos y de una política archivística que, por bien intencionada que sea, no suele ajustar los medios a los fines. <<
[37] Me refiero a Espinosa Maestre, F., «Sobre la represión franquista en el País Vasco», al que se puede acceder en http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2914416. <<
[38] «Memoria histórica» será una expresión usada, en relación con su tesis, por Paloma Aguilar en 1995: «Afortunadamente, en España, ya a la muerte de Franco, se había definido una memoria histórica bastante consensuada sobre las enseñanzas que cabía extraer de la Guerra Civil; al menos buena parte de las élites políticas eran conscientes de que la prioridad absoluta de los españoles era el “nunca más”, y esto implicaba renuncias, concesiones y compromisos por parte de todos, como así ocurrió» (Aguilar, P., «Aproximaciones teóricas y analíticas al concepto de memoria histórica», en Historia a debate: Actas del Congreso Internacional, Carlos Barros, Ed., 1995, vol. II, p. 132). <<
[39] Sirva de ejemplo la Cátedra de la Memoria Histórica del Siglo XX, creada en 2004 en la Universidad Complutense de Madrid y que inició sus actividades al año siguiente teniendo por director al profesor Julio Aróstegui. Me consta que ni al propio Aróstegui acababa de convencerle el nombre. <<
[40] Cenarro, A., Los niños de la Seguridad Social, Espasa, Madrid, 2008, p. 246. <<
[41] Carreras Ares, J. J., «¿Por qué hablamos de memoria cuando queremos decir historia?», Sabio Alcutén, A. y C. Forcadell Álvarez (coords.), Las escalas del pasado, IV Congreso de Historia Local de Aragón, 2005. Accedo al artículo por Dialnet: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1215768. <<
[42] Del Rey Reguillo, F., «El bienio radical-cedista desde un mundo rural», en La II República en la encrucijada: el segundo bienio, Cortes de Aragón, Zaragoza, 2009, pp. 56-59. <<
[43] Me refiero a «Historia, memoria, olvido: la represión franquista», que vio la luz en Bedmar, Arcángel (coord.), Memoria y olvido sobre la guerra civil y la represión franquista, Ayuntamiento de Lucena, Córdoba, 2003, y que luego fue incluido en Contra el olvido, Crítica, Barcelona, 2006, pp. 171-204; y a «De saturaciones y olvidos. Reflexiones en torno a un pasado que no puede pasar», en http://hispanianova.rediris.es/7/dossier.htm, 2007. El artículo de S. Juliá origen de la polémica era «Echar al olvido. Memoria y amnistía en la transición» (Claves, 129, pp. 14-24); su respuesta, en la que también comentaba, a su manera, otro artículo de Pedro Ruiz Torres, se titulaba «De nuestras memorias y nuestras miserias» y puede consultarse igualmente en Hispanianova. <<
[44] Las palabras de Juliá, reproducidas en el primero de los artículos mencionados en la cita anterior, proceden de «Echar al olvido. Memoria y amnistía en la transición», Claves, 129, enero-febrero de 2003, pp. 14-24. <<
[45] Véase su artículo «Memorias en lugar de memorira» (El País, 02/07/2006): http://www.elpais.com/articulo/opinion/Memorias/lugar/memoria/elpdompnm/20060702elpdmgpan_3/Tes. <<
[46] No deja de ser curioso y digno de estudio psiquiátrico —en esto del insulto inevitablemente asoman los fantasmas del pasado de cada uno— que Moa me haya llamado estalinista, chequista, inquisidor, rencoroso y me haya comparado con Zhdánof, y que Juliá me haya tachado de comisario político, inquisidor, rencoroso y diga que soy una mezcla de Vyshinsky y Torquemada. <<
[47] La dificultad de este debate volvió a mostrarse no hace mucho con motivo de un artículo del profesor Sebastiaan Faber: «The debate about Spain’s past and the crisis of academic legitimacy: the case of Santos Juliá», en The Colorado Review of Hispanic Studies, vol 5, 2007, pp. 165-190. Sus secuelas pueden seguirse por internet. Y es que parece que el modelo que aquí prima es el monólogo: un señor que periódicamente dice lo que le apetece sobre asuntos de actualidad, que puede aludir despectivamente —sin nombrarlo— a quien le venga en gana y que no admite crítica alguna ni que se le lleve la contraria. Esta actitud, además, no sólo impide todo debate sino que lo que acaba produciendo son cohortes de acólitos, que de un modo u otro y por la cuenta que les tiene, deben posicionarse con el «agraviado». El resultado final de este proceso es un servilismo para con la supuesta «víctima» propio de grupos cerrados y rígidos donde acceso y ascenso se consiguen, con frecuencia y por variados disfraces que adopten, mediante cooptación. <<
[48] Aguilar, P., «Presencia y ausencia de la guerra civil y el franquismo en la democracia», en Aróstegui, J. y F. Godicheau, Guerra civil. Mito y memoria, Marcial Pons, Madrid, 2006, 256. <<
[49] En mi caso puede verla en la página 342 de La guerra civil en Huelva (Diputación, 1996) y en la ya aludida La justicia de Queipo (El Autor, 2000), donde en la contraportada se leía: «Este libro trata de desaparecidos, palabra que oculta el abismo de terror instaurado por los sangrientos golpes militares de nuestra época». <<
[50] No considerar esto provoca otro desenfoque, que es pensar, como hace P. Aguilar, que una de las claves de la moderación política en que se desarrolló la transición fue el temor a un golpe de Estado que desatara una nueva guerra civil. Si dice esto debería explicar de dónde iba a salir el ejército o la fuerza que en 1981 se opusiera a los golpistas. ¿No será que ese temor y esa moderación se debieron precisamente a la memoria del terror del golpe militar? Sobre todo si tenemos en cuenta, como hemos repetido tantas veces, que éste triunfó en más de media España y que, por lo tanto, sólo podemos hablar de guerra civil en menos de medio país. <<
[51] Sirva como ejemplo de su uso Rodrigo, J. (Ed.), Retaguardia y cultura de guerra, 1936-1939, Ayer, Madrid, 2009 (4). <<
[52] http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPOJBUS=3;LEMA=retaguardia (28/03/2010). <<
[53] Barahona del Brito, A., P. Aguilar Fernández y C. González Enríquez (eds.), Las políticas hacia el pasado, Istmo, Madrid, 2002, p. 444. Supongo que si se compara la violencia habida en diversos países que padecieron dictaduras habrá que tener en cuenta las consecuencias de esta represión desde que se producen los golpes militares. Es decir, supongo que con eso de las últimas décadas no se están dejando fuera la matanza fundacional del franquismo. <<
[54] Decía Hobsbawm: «Hay sencillamente cosas que es necesario saber sobre el pasado, razón por la cual la mayoría de los sociólogos son malos historiadores: no quieren dedicar tiempo a averiguarlo» (Hobsbawm, E., Sobre la historia, Crítica, Barcelona, 1998, p. 213). <<
[55] Véase Moradiellos, E., «Revisión histórica crítica y pseudorevisionismo político presentista: el caso de la guerra civil española», Dpto. de H.ª del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos, UCM, Fundación J. Ortega y Gasset, Curso 2009-2010, Documento de trabajo 2009/4, accesible en http://www.ucm.es/info/historia/ortega/5-09.pdf, pp. 12 y ss. <<
[56] Por ejemplo, y sin ánimo de comparar hechos sino de relacionar procedimientos, tanto la quema de cadáveres como la cal viva fueron elementos presentes en la masacre realizada por los nazis en Oradour-sur-Glane (1944). <<
[57] ¿Qué lugar ocuparían en la historia Juan Gallego del Pino y sus amigos comunistas sevillanos si hubieran triunfado en su intento de atentar contra Franco durante su estancia en Sevilla en agosto de 1936? <<
[58] Éste sería el caso de la fosa de la Mina Cabezuela, de Cabañas (Toledo), donde fueron arrojadas 41 personas, exhumadas en enero de 2010 por iniciativa del arzobispado. Evidentemente esta fosa natural, una mina profunda en la que se arrojaron sobre los asesinados toneladas de materiales, no fue exhumada en su momento, al contrario que las demás, por carecerse de los medios técnicos para tan complicada tarea. No obstante, siempre hubo a lo largo de la dictadura una lápida arriba recordando a quienes se encontraban allí. Hay otra fosa donde fueron exhumadas ocho víctimas de la violencia roja: la de Villasana de Mena (Burgos). Según me cuenta Luis Castro éstas fueron asesinadas tras un bombardeo franquista. Una vez ocupada la zona fueron inhumados en un lugar de la iglesia que más tarde, en plena dictadura, no fue localizado. Finalmente fue la Fundación Aranzadi la que los encontró y exhumó. Son los únicos casos conocidos hasta el momento. Me dice Francisco Etxeberria que probablemente, al estar dentro de la iglesia, no se plantearon exhumarlos. Ya sabemos la función que cumple el tratamiento que los medios de derechas, los de La otra memoria, han dado a estos casos, aunque sin duda el más bochornoso fue la campaña montada en torno a la supuesta aparición de los restos de Andreu Nin en Alcalá de Henares. <<
[59] ¿Qué decir de las ideas peregrinas de Antonio Muñoz Molina con motivo de la campaña comercial de su última obra? En noviembre de 2009 declaraba a Jordi Socías sobre la República: «Era un bando muy caótico. Por eso, en parte, se pierde la guerra. Se empeñaron casi en perder. Es muy fácil saber eso. Lo único que hay que hacer es leer. En España se puede saber todo» (El País, 21/11/2009). En el número 119 de noviembre de 2009 de la revista Mercurio nos dio la clave, que destaco en cursiva: «A veces me llama la atención que los periodistas extranjeros vengan y digan que por fin se puede escribir sobre la guerra civil cuando se lleva haciendo desde hace cincuenta años. Además de esos testimonios cercanos, como yo tengo una disciplina mental de historiador, me he informado con libros de historia y con ensayos». Y poco después leíamos que la historia de la novela del «universal escritor» gira «en torno al arquitecto Ignacio Abel, que tuvo que exiliarse debido al miedo a morir a manos de uno de los dos bandos de la guerra…» (www.andaluciainformacion.es, 11/12/2009, Paula Oller). Menuda perspectiva ha elegido Molina para contar la guerra civil: un arquitecto formado en la Bauhaus, selecta y vanguardista escuela de arte alemana, que opta por el exilio ante la posibilidad de perder la vida a manos de cualquiera de los dos bandos. ¡Pobre República, convertida en simple bando y pobres rojos que decidieron defenderla a costa de su vida! Pero claro, el tal Abel, que debe de ser un álter ego del propio escritor, estaba por encima de los dos bandos. Para Molina todo esto no acabará hasta que no perdonemos y olvidemos por igual a los asesinos de Lorca y a los de Muñoz Seca, cosa que viene repitiendo hace tiempo Juliá a propósito de las intenciones de quienes pactaron la amnistía de 1977, habiendo declarado que «ésta debía ser general, para los dos bandos, para los crímenes de Paracuellos y los fusilamientos de la plaza de toros de Badajoz» (El País, 02/11/2002). Sólo desde el desconocimiento de la realidad represiva y el relativismo moral es posible ignorar un hecho básico: sobre Paracuellos se abrió una investigación oficial a cargo del Estado y se dignificaron los restos de las personas allí asesinadas y el propio lugar; sobre Lorca y Badajoz nunca se abrió nada. <<
[60] Moradiellos, E., «Revisión histórica crítica…», p. 12. En esta misma línea podrían citarse otros muchos autores. Sirva de ejemplo el caso de Mercedes Yusta, quien en un artículo titulado «El movimiento “por la recuperación de la memoria histórica”: una reescritura del pasado reciente desde la sociedad civil (1995-2005)», en Rújula, P. e I. Peiró, La Historia del Presente, V Congreso de Historia Local de Aragón, Instituto de Estudios Turolenses, Teruel, 2007, considera que el uso de términos como genocidio u holocausto se debe a la fuerza del fenómeno de la Shoah, cuyas palabras lo impregnan todo. Criticaba con esto respectivamente a quien esto escribe, por hablar de genocidio en Morir, matar…, y a Paul Preston, quien durante una entrevista habló del holocausto español. <<
[61] Rodrigo, J., «1936: guerra de exterminio, genocidio, exclusión», en Historia y Política, 10, julio-diciembre de 2003, pp. 253 y ss. <<
[62] En el caso español, tanto el juez Baltasar Garzón como la Unión Progresista de Fiscales consideraron en 1996 que genocidio también era «la destrucción de una parte de los individuos si se comete en atención a una serie determinada de características que los agrupa y distingue del resto». Tomo la cita de Gil, Alicia, El genocidio y otros crímenes internacionales, UNED, Valencia, 1999, p. 151. Obviamente la autora, una de las más citadas por quienes niegan al caso español la condición de genocidio, no comparte esa opinión. La definición de genocidio que se manejó en la «Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio» llegó a hablar en un primer momento de «destruir un grupo nacional, racial, religioso o política por razón de la nacionalidad o el origen racial, creencias religiosas u opiniones políticas de sus miembros», pero finalmente esta última causa fue excluida (Gil, p. 141). <<
[63] Rodríguez Arias, M. Á., entrevista en www.nuevatribuna.es, 20/02/2010. <<
[64] Hace unos años dediqué un libro, La primavera del Frente Popular (Crítica, Barcelona, 2007), a demostrar la estrecha relación que existió entre la represión que tuvo lugar en Badajoz y la reforma agraria. ¿Cómo catalogar lo ocurrido a la población jornalera, miles de personas asesinadas por el mero hecho de haber participado en el proyecto más ambicioso de la Segunda República? ¿Habrá que recordar que el 60% de los asesinados en Extremadura eran jornaleros y que el movimiento campesino fue descabezado de abajo arriba? <<
[65] Utilicé este documento, procedente del antiguo Servicio Histórico Militar, en Morir, matar…, p. 89. <<
[66] A modo de muestra, en este libro, publicado por Alianza en 2008, se lee que en Guipúzcoa fueron asesinadas por los franquistas 6000 personas, entre ellas 200 sacerdotes (p. 44). A saber de dónde ha sacado el autor semejantes cifras. Por cierto que el título del libro procede de aquel discurso genocida del párroco de Rociana (Huelva), Eduardo Martínez Laorden, que decía: «Ustedes creerán que por mi calidad de sacerdote voy a decir palabras de perdón y de arrepentimiento. No. ¡Guerra contra ellos hasta que no quede ni la última raíz!» (Espinosa, F., La guerra civil en Huelva, Diputación, Huelva, 2006, p. 518). En el epílogo de Hasta la raíz podemos leer perlas tales como «Dejar de lado la memoria de la guerra era, simbólicamente, renunciar a la confrontación violenta y al maximalismo y buscar consensos. En buena medida, olvidar la guerra era oponerse a la dictadura» o «… lo que ha habido en torno a la guerra ha sido, precisamente, memoria, mucha memoria, aunque desde luego no la reclamada hoy por los familiares y asociaciones de víctimas del golpe de Estado de 1936». Y sigue con una frase que, de no estar firmada por él, pensaríamos que era de otro autor: «Ha habido una infinita producción política, cultural, literaria e historiográfica … Tan innegable es que ha habido mucha “memoria” de la guerra, mucho recuerdo público, como que ésta no es ni ha sido, seguramente porque jamás podrá serlo, equilibrada». <<
[67] Rodrigo, J. (ed.), Retaguardia y cultura de guerra, 1936-1939, Ayer, Madrid, 2009 (4), pp. 17-19. <<
[68] Hasta un historiador tan moderado como John Elliot no se privó recientemente de responder a la pregunta «¿Qué cambió en 2004?», lo siguiente: «Ha llegado una generación que no ha vivido la Guerra Civil. No busca el consenso como ocurrió en la Transición, que perseguía esa idea como solución para España. Si se pierde esa conciencia de consenso por falta de experiencia personal puede haber una nueva polarización. Me temo que no hay tanto diálogo como hace 20 o 30 años» (La Razón, 05/02/2010). <<
[69] Aguilar, P., «Presencia y ausencia…», p. 272; Rodrigo, J., «1936: guerra de exterminio…», p. 255, y Del Rey, F., «El bienio radical-cedista…», p. 58. Aguilar, que reconoce que el acceso a ciertos archivos es «problemático» y que sabe que algunos fueron destruidos, piensa, no obstante, que, pese a la amnistía, «nada impide que se realicen investigaciones históricas rigurosas sobre determinados episodios y personajes», ni «nada debería impedir que fueran debidamente documentados los delitos en que incurrieron [los torturadores del franquismo], pues hay muchos testimonios orales que pueden recopilarse al respecto» (p. 292). Ingenuidad ésta de la que le exculpa su pertenencia al mundo de la sociología y no al de la historia. En cualquier caso le recomiendo que eche un vistazo a mi trabajo Callar al mensajero (Península, Barcelona, 2009) para que sepa lo que ha ocurrido en España con los testimonios orales en relación con la represión. <<
[70] The Economist, 13 de marzo de 2010. Debo el texto a la amabilidad de J. Fontana. <<
[71] Reig Tapia, A., «Entre la justicia debida y la omitida: el auto de Garzón y los crímenes franquistas contra la humanidad», en El valor de la historia. Homenaje al profesor julio Aróstegui, Ed. Complutense, Madrid, 2009, p. 304. <<
[72] López Villa verde, Á. L., El gorro frigio y la mitra frente a frente, Ed. Rubeo, 2008, p. 31. <<
[73] Casanova, «Pasado y presente de la guerra civil», en Historia Social, 60, 2008, p. 115. Lo dicho por Casanova se ve confirmado por lo ocurrido recientemente a la periodista Tereixa Constenla. Realizó para El País (11/03/2010) un reportaje sobre el trabajo esclavo que apareció con el título «Memoria de los esclavos de Franco», cuyo objetivo era dar a conocer que la documentación sobre presos en poder del Tribunal de Cuentas pasaba a manos del Ministerio de Cultura. Cuando en un cruce de correos electrónicos le comenté que esa documentación era historia y no memoria de los esclavos de Franco y que, por tanto, el título no era correcto, me comentó que el título que ella puso fue «Los esclavos de Franco ya son historia», pero que lo que finalmente apareció fue lo de la memoria. <<
[74] Ortiz Heras, M., «Memoria social de la guerra civil: la memoria de los vencidos, la memoria de la frustración», en Haol, 10, primavera de 2006, p. 191. <<
[75] Ortiz Heras, M., «La memoria en el laboratorio del historiador», en Damián A. González (coord.), El franquismo y la Transición en España: desmitificación y reconstrucción de la memoria de una época, La Catarata, Madrid, 2008. Utilizo una copia del artículo que me fue enviada por el propio autor. Puede ser interesante mencionar aquí unas palabras de Ángela Cenarro, profesora de la Universidad de Zaragoza. A mediados de los noventa, cuando aún buena parte de las investigaciones sobre represión recaían sobre personas ajenas al mundo universitario, escribió en relación a la historiografía de los años ochenta que «… el compromiso político ha sido la motivación fundamental de las obras dedicadas al tema de la represión en los últimos años. Ejemplos de una ausencia total de interpretación» serían, según ella, «la obra de Herrero Balsa y Hernández García sobre Soria…» y «algo menos descarados resultan» los trabajos de Egea Bruno, Vicent Gabarda, Altafaylla Kultur Taldea, Moreno Gómez y Solé y Villarroya. Lo llamativo es que este comentario venga de una de las personas que investigaron la represión en Aragón y conoció bien sus dificultades. ¿Acaso no le hubiera venido bien contar de entrada con alguna obra similar a ésas relativa a la provincia que investigó, Teruel? [Cenarro, A., El fin de la esperanza: fascismo y guerra civil en la provincia de Teruel (1936-1939), Diputación, Teruel, 1996, p. 11, nota 5]. <<
[76] Moreno Fraginals, M., La historia como arma, Crítica, Barcelona, 1999, p. 13). <<
[77] En este sentido es digno de mención el trabajo emprendido ya hace tiempo desde la Universidad de Murcia por Encarna Nicolás Marín, Carmen González Martínez y Fuensanta Escudero Andújar sobre la historia reciente de España y concretamente sobre la historia oral de Murcia. <<
[78] Declaró: «Resolver mediante la ley cuestiones de un pasado más o menos remoto es una empresa condenada al fracaso». Y añadió que, al contrario lo que ocurrió en Francia, España debería sentirse orgullosa de no haber procedido a una depuración al día siguiente de la caída de la dictadura «franquista» (El País, 21/10/2008). Si Todorov piensa que en el caso español tal cosa fue una opción que los actores políticos del momento rechazaron tras profunda meditación es que ignora cómo fue la transición española. La derecha no lo hubiera permitido y, además, por lo que pudiera pasar en el futuro, consiguió la autoamnistía antes de que se aprobase la Constitución. <<
[79] Todorov, T., Los abusos de la memoria, Paidós, Barcelona, 2008, p. 26 y 39. El memorial de Klarsfeld reúne los nombres de los 76 000 judíos deportados desde Francia a los campos nazis. <<
[80] Esta ley prohíbe desde 1990 en Francia el negacionismo del holocausto. Fue atacada desde la extrema derecha por impedir la libertad de expresión y también por historiadores franceses y europeos de diversas tendencias a través del manifiesto «Libertad para la historia», que exige al Estado que no legisle sobre la verdad histórica. Tal como era previsible, en nuestro país, al coincidir la aparición del manifiesto con la iniciativa del juez Garzón (octubre de 2008), fue utilizado por la derecha para atacar la Ley de Memoria y el auto de Garzón. Entre los firmantes españoles cabe mencionar a Octavio Ruiz-Manjón, Rafael Sánchez Mantero, Alfonso Bullón de Mendoza, Luis E. Togores y Javier Rodrigo. <<
[81] Al menos debieron hacerlo como en Grecia, donde en 1989 y por decisión parlamentaria (el centro derecha y la coalición que incluía a los comunistas) fueron pasto de las llamas los archivos de Interior (treinta millones de informes sociopolíticos). Pero no, aquí se hizo ocultamente y por decisión superior y nos enteramos muchos años después. Sobre el caso griego véase Anastassiadis, A., «“El pueblo no olvida…”. El Estado sí», en Violencias y transiciones políticas a finales del siglo XX, Casa de Velázquez, Madrid, 2009. <<
[82] Para Traverso se corre el riesgo de convertir un conflicto entre democracia y fascismo, como fue la guerra civil española, en «una secuencia de crímenes contra la humanidad», de modo que «la historia de la Guerra Civil se convertiría así en una pieza macabra en la que se opondrían dos “genocidios”: uno pequeño (perpetrado por los republicanos vencidos) y otro de mayor envergadura (el de los vencedores franquistas)» (El País, 21/12/2008). Tales planteamientos indican que Traverso desconoce la génesis del conflicto y el papel que el exterminio del enemigo jugó en los que él llama «los dos bandos». <<
[83] Traverso, E., El pasado, instrucciones de uso, Marcial Pons, 2007, pp. 31, 65-67 y 97. <<
[84] Fontana, J., La historia de la gente, Crítica, Barcelona, 2001, pp. 364-365. La idea de que el historiador sólo puede ver el pasado con los ojos del presente procede de Croce y fue también mantenida por el historiador británico Edward Hallet Carr en el clásico ¿Qué es la historia? <<
[85] Mate, R., La herencia del olvido, Errata naturae, Madrid, 2009, pp. 162-175. <<
[86] Declaraciones de Reyes Mate a Fernando Franco, La opinión de A Coruña, 07/03/2010. <<
[87] Carreras Ares, J. J., «¿Por qué hablamos…?», en Sabio Alcutén, A. y C. Forcadell Álvarez, (coords.), Las escalas del pasado, IV Congreso de Historia Local de Aragón, 2005, p. 15-24. Puede accederse al artículo por Dialnet: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1215768. <<
[88] En este sentido recuerdo como especialmente emotivo el encuentro con Emilio Fernández Seisdedos, cuyo hermano había sido asesinado en Huelva tras pasar por consejo de guerra. Mientras él estaba en el frente, su hermana Herminia fue detenida y encarcelada en 1937 por recoger firmas en el pueblo, Zalamea la Real, pidiendo su libertad. Emilio me dio un librito con sus recuerdos que había elaborado para su familia y que completaba la información utilizada por mí y, a cambio, yo le entregué una copia del pliego con las firmas a favor de su hermano que Herminia había logrado reunir antes de su detención por la Guardia Civil. Las novedades aportadas a esta historia por el encuentro con Emilio las tuve en cuenta en la segunda edición de La justicia de Queipo (Crítica, Barcelona, 2006). <<
[89] Mi respuesta, «Historia y memoria», se publicó en El Periódico de Extremadura en los últimos días de 2006. <<