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LA MALA EDUCACIÓN LOS ESCÁNDALOS SEXUALES DEL CLERO

Por si los graves problemas económicos no hubieran sido suficiente, la última etapa del pontificado de Juan Pablo II se vio salpicada por multitud de escándalos sexuales protagonizados por sacerdotes. Tan grave llegó a ser la situación que el volumen de las Acta Apostolicae Sedis (Actas de la sede apostólica), el boletín oficial del Vaticano, correspondiente a 2001, recogía una serie de directrices redactadas por el papa y por la Congregación para la Doctrina de la Fe para intentar atajar este serio asunto.

Una carta del hoy papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, instaba a las diócesis a informar al Vaticano de cualquier caso de esta naturaleza y a someterlo al juicio de un tribunal eclesiástico secreto a la mayor brevedad posible.

Con esta carta, esperamos no sólo que estos graves delitos sean evitados, sino sobre todo que la santidad del clero y de los fieles se vea protegida por las necesarias sanciones y por el cuidado pastoral ofrecido por los obispos u otros responsables.^[1]

La circular de Ratzinger no mencionaba nada respecto a la necesidad de denunciar ante las autoridades civiles los casos de pederastia que se descubriesen. Más bien al contrario, hacía especial hincapié en que el contenido de la carta fuera tratado con la máxima reserva posible y no saliera del estricto marco de la Iglesia católica.

Uno de los casos que tanto preocupaban a Ratzinger ocurrió en España en febrero de 2002, cuando Ignacio Lajas Obregón, párroco de Casar de las Hurdes, Cáceres, fue detenido por un presunto delito de pornografía infantil cometido a través de Internet. El sacerdote, de veintinueve años, fue uno de los nueve arrestados por pertenecer a una red internacional de intercambio de imágenes:

El obispado de Coria-Cáceres emitió un comunicado en el que se destacaba la conducta ejemplar del detenido, así como su arrepentimiento.

También en España, y en ese mismo año, se hizo público el caso de un ex juez del Tribunal Eclesiástico de Madrid, al que sólo se conoce por sus iniciales, J. M. P., que fue denunciado por abusos sexuales continuados sobre una niña de cuatro años.^[3] Según la denuncia, todo comenzó cuando la madre de la víctima alquiló una habitación a J. M. P., el juez que le tramitó su separación matrimonial. La niña comenzó a tener un comportamiento anormal, pero nadie sospechó nada raro hasta que en 1996, ya con diecinueve años, confesó que había sufrido abusos sexuales por parte de J. M. P. La madre informó al cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid, para que suspendiera al sacerdote, y en 1997 puso una denuncia.

El juez ordenó someter a la joven a un tratamiento de hipnosis regresiva, el primero que se realizaba en España por orden judicial. La madre sufrió un gran impacto al presenciar la prueba: «La sesión grabada es espeluznante. Mi hija vuelve a la infancia y relata agresiones terribles. Algunas tenían lugar en casa, otras en la sede del Tribunal Eclesiástico».

En España, los estudios académicos sobre abuso de menores y la implicación del clero en estas prácticas arrojan unas cifras escalofriantes. En 1994, fecha de la realización del estudio, se llegó a la conclusión de que un 19 por 100 de la población española había sido víctima de abusos sexuales siendo menor. De ellos, el 8,96 por 100 de los hombres y el 0,99 de las mujeres lo fueron a manos de un religioso católico. Dicho de otra forma, el 4,17 por 100 de los abusos sexuales a menores han sido cometidos por un miembro del clero.^[4]

DIABLOS CON SOTANA

El problema de los sacerdotes pedófilos no es nuevo. Sin embargo, siempre había sido algo de lo que se hablaba en voz baja, nunca se sabía si pertenecía al ámbito de las leyendas urbanas o si era real y, como mucho, terminaba siendo tema de algún chiste de mal gusto. En 1985 las dudas sobre la realidad y gravedad del asunto comenzaron a despejarse cuando el padre Gilbert Gauthe, de Lafayette, Louisiana, confesó haber abusado sexualmente de decenas de muchachos.^[5] Gauthe acabó en la cárcel cumpliendo una condena de veinte años. El asunto sirvió para dar publicidad, y sólo en Louisiana aparecieron decenas de víctimas que denunciaron abusos sexuales. En la mayoría de los casos, la Iglesia pagó con dinero el silencio de los afectados, pero no fue suficiente para detener la marea negra que se le vino encima.

La situación se volvió alarmante. Thomas Doyie, un experto en derecho canónico del Vaticano destacado en Washington, envió un informe secreto a la Santa Sede en el que estimaba que, de no ponerse remedio, la Iglesia podría enfrentarse a un escenario en el que tendría que pagar más de mil millones de dólares en indemnizaciones durante los próximos diez años.

En 1989 el obispo de Hawai, Joseph Ferrarlo, tuvo el dudoso honor de convertirse en el primer jerarca de la Iglesia en ser acusado de abusos sexuales. Sus abogados consiguieron que no se sentara en el banquillo, no por falta de pruebas, sino debido a un defecto de forma. Un año más tarde, el escándalo fue aún mayor al conocerse que el acusado era el responsable de un centro de acogida de menores. Otro caso notorio fue el del padre Bruce Ritter, responsable de la Covenant House, un orfelinato especializado en jóvenes con problemas. Lo que nadie podía sospechar es que en muchas ocasiones el problema era, precisamente, el padre Ritter. Varios de los antiguos inquilinos de la institución le acusaron de abusos sexuales, tras lo cual fue enviado rápidamente a la India.

En Bostón la situación era mucho peor. En febrero de 2002 empezaron a salir a la luz los detalles escabrosos de cuarenta años de abusos sexuales en algunas de las iglesias católicas más conocidas de la ciudad. El cardenal Bernard Law se enfrentó a una crisis de primer orden no sólo por lo bochornoso y repugnante del hecho en sí, sino porque centenares de víctimas comenzaron a pedir compensaciones económicas por los asaltos sexuales de los curas. El cardenal intentó defenderse recurriendo al argumento de que los sacerdotes culpables eran «enfermos», y, por tanto, no eran responsables de sus actos. A la justicia estadounidense, sin embargo, le parecieron criminales. Las autoridades se hicieron con un listado en el que aparecían los nombres de 87 curas catalogados por la Iglesia en sus archivos como sacerdotes con un pasado de abusos sexuales a niños. En muchos de los casos, la Iglesia había llegado a acuerdos particulares con los afectados sin denunciar los hechos ante la justicia. Las estimaciones de las autoridades hablaban de más de mil víctimas. El detonante de todo el caso fue el descubrimiento de las actividades del sacerdote John J. Geoghan, al que se le imputaron ochenta causas por abusos sexuales.

UN SACERDOCIO MUY EFECTIVO

No deja de ser sorprendente lo dicho por el cardenal Law cuando se hizo pública la primera condena contra Geoghan: diez años de cárcel y la recomendación de que, una vez abandonara la prisión, se le vigilase estrechamente. «Tu sacerdocio ha sido muy efectivo, tristemente interrumpido por la enfermedad. Que Dios te bendiga, Jack». «Jack» le había costado a la Iglesia 11,5 millones de euros en indemnizaciones privadas.^[6] El reverendo Jack buscaba en la parroquia a madres de familias numerosas que atravesaran por graves problemas económicos. Era lógico que su oferta de ayuda fuera vista por esas madres agobiadas como una tabla de salvación. Pronto, el sacerdote Geoghan se hacía habitual en las casas de sus víctimas: duchaba a los niños, rezaba con ellos en la cama y, ocasionalmente, les llevaba a merendar. Durante aquellos paseos, el sacerdote detenía el coche y obligaba a los niños a que le masturbaran. Después, venía la amenaza: «Como cuentes esto nadie te va a creer».

Una familia llegó a descubrir que el cura había abusado de sus siete hijos. Cuando se pusieron en contacto con la archidiócesis para denunciar los hechos, la carta que recibieron del cardenal Humberto Medeiros, predecesor de Bernard Law, les dejó estupefactos. Les pedía que no dieran a conocer la noticia por el propio bien de los niños: «Al mismo tiempo invoco a la compasión de Dios y comparto esa compasión en el conocimiento de que Dios perdona los pecados».

Tan grave y extenso es el problema actualmente en Estados Unidos que existe una Red de Supervivientes de Abusos Sexuales de Curas. Según los datos que obran en poder de su presidente, David Ciohessy, entre el 2 y el 10 por 100 de los sacerdotes católicos estadounidenses puede ser pedófilo. El número de víctimas se ha estimado en unas cien mil. El estereotipo del sacerdote abusador suele corresponderse con el de un rígido cura con sotana y doble moral. Sin embargo, los curas «progres» no se encuentran libres de sospechas. Buen ejemplo de ello es el caso del padre Paul R. Shanley. En los años setenta, con su pelo largo y su ropa informal, así como su defensa a ultranza de los drogadictos y los homosexuales, representaba en Bostón la encarnación del cura «amigo». Tal vez demasiado. Su atractivo físico y su carisma provocaron que recibiera no pocas tentaciones para pecar con alguna de sus feligresas, pero sus gustos no iban por ahí. Al padre Shanley le gustaba el juego, en especial las partidas de strip poker^[7] que organizaba con los jovencitos de su parroquia. Shanley decía a los adolescentes que Dios le utilizaba para averiguar quién era homosexual. Cuarenta y dos víctimas identificadas hasta el momento sufrieron sus abusos.

ESCÁNDALO EN POLONIA

Para el papa, mucho peor que el gigantesco problema surgido en Bostón fue comprobar que su Polonia natal tampoco se libraba de estos terribles hechos. El implicado en aquella ocasión fue el arzobispo de Poznan, Julius Paetz, acusado de agredir sexualmente a varias decenas de sacerdotes y seminaristas de su propia diócesis. Roma envió una comisión investigadora a Poznan, que interrogó durante una semana a los clérigos que afirmaban haber sido víctimas de las agresiones sexuales del arzobispo, así como a varias decenas de sacerdotes y fieles. Todos se ratificaron en sus denuncias y el rector de un seminario que se encuentra a doscientos metros del palacio episcopal, el padre Tadeus Karzkosz, contó que tenía prohibido al arzobispo el acceso a sus instalaciones.^[8]

El de Polonia no fue un caso aislado. En Europa comenzaron a surgir una cascada de hechos similares a los denunciados en Estados Unidos. En Austria, el arzobispo de Viena, Hermann Groer, fue forzado a dimitir tras ser acusado de abusar de varios jóvenes en un seminario. Su sustituto, el cardenal Christoph Schonborn, no tuvo más remedio que reconocer la veracidad de las informaciones y pedir disculpas públicamente. Mientras, en Irlanda, la Iglesia desembolsaba más de cien millones de dólares para indemnizar a los afectados por los abusos sexuales.

Francia se estremeció con la condena a tres meses de cárcel contra el obispo de Bayeux-Lisieux, Fierre Pican, culpable de «haberse abstenido de denunciar» los actos pedófilos de un cura de su diócesis, Rene Bissey. Para el tribunal, «dado que se trata de niños, el silencio del señor obispo supone un excepcional trastorno del orden público». Ya en octubre de 2000, Bissey había sido condenado a dieciocho años de cárcel por haber abusado sexualmente de varios menores de quince años. Aunque el obispo Pican sabía del comportamiento delictivo de Bissey nunca lo condenó, limitándose a apartarlo durante algún tiempo de la enseñanza y a trasladarlo cuando los rumores sobre sus abusos sexuales con los niños se habían vuelto demasiado notorios.^[9]

Poco después de lo ocurrido en Polonia, el 10 de marzo de 2002 el fantasma del abuso sexual regresó a Estados Unidos, obligando a dimitir al obispo de Florida, Anthony J. 0'Connell, que admitió públicamente que veinticinco años atrás había abusado de dos seminaristas: «Quiero pedirles disculpas sincera y humildemente, y quiero que me perdonen por el daño, la confusión, el dolor y el enfado que mis palabras puedan producir».^[10] 0'Connell admitió que a finales de la década de los setenta se metió en la cama, desnudo, con Christopher Dixon, un joven que había acudido a él para pedirle consejo. El obispo dijo que no mantuvo relaciones sexuales y que sólo hubo tocamientos. Con la cabeza baja, 0'Connell confirmó más tarde que esto sucedió en otra ocasión, aunque se desconoce la identidad de la víctima. La cosa no llegó a más dado que la diócesis de Misuri, a la que pertenecía, silenció el asunto pagando 125.000 dólares. Se da la circunstancia de que 0'Connell había llegado a Florida tres años antes para sustituir al obispo J. Keith Symons, que también cesó en su cargo tras confesar abusos a menores.

Quince días más tarde, en Nueva York, la tercera diócesis de Estados Unidos, el cardenal Edward Egan tuvo que justificar su decisión de permitir el ejercicio a sacerdotes involucrados en abusos cuando era obispo de Bridgeport (Connecticut). En una misiva repartida por las 413 parroquias de la ciudad, Egan aseguró que los casos sucedieron antes de que él asumiese la dirección y que una comisión psiquiátrica respaldó el regreso de aquellos sacerdotes al ministerio.

El alud de denuncias trajo consigo una ingente cantidad de dinero para acallar a las víctimas. En 1992 se estimaba que la Iglesia había gastado 400 millones de dólares en este tipo de acuerdos. Sólo en la diócesis de Bostón los arreglos extrajudiciales le costaron a la Iglesia aproximadamente treinta millones de dólares. En 1996, las parroquias de Dallas tuvieron que hacer frente al pago de otros treinta millones. En San Louis, casi dos millones.^[11] En muchas ocasiones, la estrategia de defensa de la jerarquía católica fue tratar de criminalizar a las víctimas y así ahorrarse el pago de indemnizaciones. La diócesis de Santa Fe, Nuevo México, llegó a contratar a un detective privado para indagar el pasado de un joven que había denunciado a un sacerdote, involucrado anteriormente en otros casos de abusos.

EL ABORTO DEL PADRE JOHN

En California, las diócesis de Orange y Los Ángeles extendieron un cheque de 1,2 millones de dólares a Lori Capobianco Haigh, una mujer que durante su adolescencia mantuvo una relación con el sacerdote John Lenihan, que la ayudó posteriormente a abortar. Los abusos de Lenihan comenzaron cuando Haigh tenía tan sólo catorce años. Los contactos sexuales culminaron con un embarazo a los dieciséis: «El padre John me condujo hasta su banco, me dio dinero para pagar el aborto, pero no vino conmigo a la clínica… No le preocupaba el estado de mi alma». Los abusos terminaron cuando «el padre John se interesó por otra mujer». En su demanda, Lori Haigh acusaba a los responsables de la diócesis de desoír sus reiteradas peticiones de ayuda y de no tomar medidas contra Lenihan, pese a que las primeras quejas contra él databan de 1978. En una ocasión, Haigh asegura que uno de los sacerdotes trató de besarla después de que le hubiese contado los abusos que sufría del padre John.^[12]

Pero la Iglesia no sólo se gastaba dinero en acuerdos extrajudiciales. Las sentencias de los tribunales imponían indemnizaciones mucho más cuantiosas. En 1997 un tribunal de Dallas dictó una sentencia a favor de las víctimas del padre Rudy Koss, imponiendo el pago de 120 millones de dólares. En las posteriores apelaciones la sentencia quedó reducida a treinta millones, pero aun así la diócesis se vio obligada a vender parte de sus propiedades. El abogado Roderick McLeish, representante de muchas de estas víctimas, estimaba que aquellas cantidades eran sólo la punta del iceberg de un «agujero» económico importantísimo en las arcas de la Iglesia.^[13]

En España la cosa tuvo algunos matices diferentes y el Tribunal Supremo condenó a una compañía aseguradora a indemnizar como responsable civil subsidiaria a tres niños que sufrieron abusos sexuales por parte del director de un centro dependiente de una parroquia de la localidad barcelonesa de Llagosta.^[14]

Así las cosas, en abril de 2002 el Vaticano fue denunciado y llamado a juicio en los Estados de Florida y Oregón para responder a las acusaciones de conspiración y de encubrimiento a los sacerdotes que ejercieron abusos sexuales y pedofilia. Era la primera vez que el nombre del Vaticano aparecía vinculado con el abuso a menores. Juan Pablo II no figuraba en la lista de los sospechosos llamados a declarar, pero el tribunal pretendía poner en evidencia a otros altos dignatarios de la Iglesia romana.^[15] En Cleveland, más o menos por las mismas fechas, el reverendo Don Rooney apareció muerto al volante de su coche con un disparo en la cabeza después de faltar a una cita con sus superiores, que iban a preguntarle respecto a las denuncias que pesaban sobre él por haber abusado de una joven.^[16] Se suicidó antes de hacer frente a sus actos.

En Estados Unidos el asunto había adquirido unas proporciones enormes, convirtiéndose en tema prioritario de actualidad nacional. El presidente George W. Bush llamó la atención de la Santa Sede diciendo que estaba seguro de que la Iglesia limpiaría su imagen y haría lo correcto. El asunto había llegado demasiado lejos y Juan Pablo II mandó llamar al Vaticano a los cardenales estadounidenses para discutir la situación. En aquel momento ya había alrededor de 600 sacerdotes acusados de abuso a menores. La negativa del pontífice de suspender a los sacerdotes encontrados culpables de estos hechos había suscitado las más encendidas críticas a nivel mundial. Los curas pedófilos sólo serían separados del sacerdocio si el hecho era «establecido, notorio y reiterado»…^[17]

RELACIONES PÚBLICAS, PECADOS PRIVADOS

La cumbre de los cardenales estadounidenses con Wojtyla fue percibida como «un ejercicio de relaciones públicas (…) para hacer ver que el Papa se ocupa del asunto».^[18] Razones sobraban, ya que además de poner en evidencia la descomposición política y moral de la Iglesia, el escándalo amenazaba con arruinar a las instituciones educativas católicas, cuyo prestigio iba mermándose poco a poco.

Los cardenales norteamericanos fueron reprendidos duramente, pero no por haber consentido semejantes desmanes en sus dominios, sino por su falta de discreción, por haber reconocido la existencia de abusos sexuales y por entregar a la justicia, contra las órdenes expresas de la Santa Sede, los nombres de los culpables.^[19] El papa emitió una carta titulada Sacramentorum sanctitatis tutela (Tutela de la santidad de los sacramentos) en la que se reafirmaba la autoridad absoluta y exclusiva de la Congregación para la Doctrina de la Fe en los casos de delitos sexuales,^[20] actuando por encima de las autoridades laicas y, a ser posible, sin conocimiento de éstas.

Tras la reunión vaticana del papa con los cardenales pudo detectarse un cambio radical en la estrategia jurídica de la Iglesia. La litigación agresiva reemplazó a los acuerdos extrajudiciales. No se iba a dar más dinero fácil. La nueva estrategia se basaba en la investigación de la vida privada de las víctimas, buscando antecedentes que mermasen su credibilidad o pusieran en duda la responsabilidad de los agresores. Ya no se darían más documentos internos de la Iglesia a la justicia. En último extremo, se procuraría alargar lo más posible los procesos judiciales, intentando, así, que el delito prescribiese. Estas tácticas suponían para las víctimas pasar por otra experiencia dolorosa antes de obtener justicia.

(El asidero al que se agarró la Iglesia consistía en que cuando el afectado acudiese a otro sacerdote para denunciar los hechos, éste recurriese a una argucia sutil y efectiva para no tener que denunciar al compañero y, a la vez, librarse de los cargos de encubrimiento. Simplemente, instaba a la víctima a que contase lo sucedido bajo la formalidad del sacramento de la confesión, cuyo secreto está protegido por las leyes).

Con todo ello, lo que se hacía era perpetuar una tradición de secretismo y ocultismo respecto a estos crímenes. Ya en 1962, Juan XXIII emitió un documento titulado Crimine solicitaciones, en el que se hacía explícita referencia a los delitos sexuales cometidos por los sacerdotes, instando a la jerarquía católica a mantenerlos en el más estricto de los secretos bajo pena de excomunión.

Las buenas noticias para el Vaticano eran que sus cuentas se encontraban a salvo. Como Estado soberano, la Santa Sede no podía ser demandada ni obligada a pagar indemnizaciones. En todos los casos anteriores fueron las diócesis las que tuvieron que pagar con sus propios recursos una situación especialmente grave, debido a que los escándalos afectaron a algunas de las económicamente menos favorecidas. Scott Appleby, director del Centro Cushwa de Estudios Católicos de la Universidad de Notre Dame, resume perfectamente la situación: «Muchos programas de ayuda han tenido que ser suprimidos y los pobres han sido los más afectados».^[21]

La diócesis de Santa Fe se vio forzada a vender una casa de retiro para monjas dominicas. Chicago y Dallas también tuvieron que vender propiedades. Las compañías de seguros pasaron a especificar expresamente la no cobertura de la pedofilia en las pólizas que se suscribían con la Iglesia. Además, las donaciones, sobre todo en Estados Unidos, el país en el que son más cuantiosas, cayeron en picado. Una vez más, las arcas de la Iglesia se vaciaban bajo la sombra del escándalo.