Escándalo
Las denuncias sobre la desaparición de Ingalinella tuvieron eco en el interventor federal, Ricardo Anzorena, quien el 8 de julio emitió una declaración de 13 puntos, de tono ambiguo, en la que se pasaba a disposición de la justicia a Lozón, Monzón, Rey y al entonces jefe de policía de Rosario, comisario Gazcón.
El 27 de julio la intervención en la provincia reconoció que el médico había muerto de un ataque cardíaco en la mesa de torturas. Al día siguiente, en la Cámara de Diputados, el radical Óscar Alende —también médico—, dijo: «tengo la inquietud de saber cómo la intervención en Santa Fe ha llegado a formular el diagnóstico de síncope cardíaco con respecto al fallecimiento del doctor Ingalinella: porque una de dos: o la intervención en Santa Fe ha dado fe a las palabras y a las declaraciones de los propios delincuentes, o ha tenido el cadáver del doctor Ingalinella para realizar el correspondiente examen y diagnóstico».
A raíz de la presión de la bancada radical —opositora en ese momento— el 28 de julio se constituye en Rosario la Comisión Bicameral Investigadora, presidida por el peronista Abel Montes. Entre tanto una delegación del Partido Comunista —Rodolfo Ghioldi, Florindo Moretti, Alcira de la Peña, Rodolfo Aráoz Alfaro entrevistó al interventor Anzorena y emitió una declaración pública. Agitaban el fantasma del obrero azucarero Carlos Antonio Aguirre, torturado hasta la muerte en Tucumán durante la huelga de 1949.
El 2 de agosto, el juez Robere se comprometió, ante un grupo de jóvenes que lo entrevistaron, a llevar la investigación hasta el fin. Las Cortes Supremas de la Provincia y la Nación rechazaron los recursos presentados por Lozón y negaron atribuciones al fuero policial para ocuparse del caso.
Entre tanto, el entonces ministro del Interior, doctor Óscar Albrieu dijo que el caso Ingalinella había sido explotado políticamente.
Por fin, los tribunales, bajo el mismo gobierno peronista, sancionaron las condenas. Lozón, 20 años; Monzón, Tixe, Desimón, Leonard, Barrera, 15 años; Ricardo Rey y Andrés Godoy, 6 años; Espíndola, Serrano, 2 años; Bermúdez y Gazcón mil pesos de multa. Todos ellos cumplieron dos tercios de la pena y salieron en libertad por «buena conducta», según establece la ley.