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La auditoría como camino a las alternativas
PACD BARCELONA
Ante la ilegitimidad de la deuda y la necesidad de abordar su cancelación o incluso su repudio, los movimientos sociales de todo el mundo han puesto en marcha durante décadas un amplio abanico de estrategias, entre ellas la de las auditorías de la deuda.
Planteadas no como un fin en sí mismas, sino más bien como una herramienta que evidencie la ilegitimidad de estas deudas, la auditoría en sus diferentes formatos busca sumar argumentos, pruebas y fuerzas a la exigencia de no pagar las deudas que no corresponde pagar. Con este horizonte, aunque con diferentes objetivos y metodologías se han llevado a cabo diferentes experiencias de las que es preciso aprender para poder afrontar la situación de endeudamiento ilegítimo en nuestro país.
La auditoría pública realizada en Ecuador por el Gobierno en 2007 y 2008, la realizada por el juez Jorge Ballestero en Argentina en el 2000 o la que acaba de finalizar el Gobierno de Noruega sobre las deudas de las que es acreedor, son ejemplos que quedan muy lejos de la idea de la auditoría ciudadana que planteamos. Sin embargo, es necesario reconocer el precedente que marcan experiencias surgidas desde los movimientos sociales en países como Brasil o Filipinas. En Egipto, Túnez, Grecia, Portugal o Irlanda los movimientos sociales también han iniciado procesos para realizar auditorías ciudadanas o reclamar auditorías públicas de la deuda. En todos los casos existe un reclamo común: la exigencia de saber cómo se han generado las deudas, quiénes son los responsables y cuáles sus impactos, para así reclamar responsabilidades y construir modelos alternativos al del endeudamiento.
La auditoría ciudadana como camino a la construcción de alternativas
En nuestro país, la irresponsabilidad de las élites dirigentes y la actual situación de los derechos sociales y culturales como consecuencia de la deuda ilegítima obligan a la ciudadanía a buscar alternativas al sistema político y económico actual. En este momento, parece más claro que nunca que nos encontramos ante un sistema que, además de generar desigualdades sociales y promover una dinámica de crecimiento de la producción que destruye los recursos del planeta, se basa en un endeudamiento creciente, a la larga insostenible.
La socialización de las deudas generadas por el sistema financiero es consecuencia de las decisiones asumidas por los partidos políticos en el poder sin haber realizado una consulta a la ciudadanía, hecho ineludible teniendo en cuenta la gravedad de las consecuencias que hoy constatamos. A partir de esta socialización, en la que las deudas privadas pasan a ser públicas, se ha apelado a la supuesta obligación moral de los deudores con los acreedores, bajo el supuesto de que una deuda debe devolverse bajo cualquier circunstancia. A partir de agosto de 2011 y tras la modificación del artículo 135 de la Constitución española, la devolución del capital así como el pago de los intereses de la deuda tienen máxima prioridad, por lo que debe asegurarse su pago por encima de cualquier otro gasto del Estado. Las políticas económicas y especialmente la reducción de las partidas de gasto social están condenando a la población a una pérdida progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales, y a un empobrecimiento sistemático.
Los objetivos de la PACD
El proceso de auditoría ciudadana que proponemos desde la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda ¡No Debemos! ¡No Pagamos! (PACD) está en construcción, especialmente porque lo estamos construyendo entre muchas. Queremos que paralelamente al trabajo de análisis de la deuda del Estado se realicen auditorías sectoriales (sanidad, educación, medio ambiente, de género, eléctrica…) o de diferente ámbito (municipal, autonómico y estatal). Cada movimiento ciudadano, cada lucha sectorial, cada comité de trabajadoras, cada asamblea local, constituyen una fuente de información de primera mano acerca del proceso de endeudamiento llevado a cabo por las diferentes instituciones públicas. Por otro lado, también aportan información sobre los principales impactos de la deuda y de las medidas de austeridad impuestas para pagar esa deuda.
En un camino hacia la construcción de alternativas, desde la PACD se plantea un proceso de auditoría ciudadana abierto, colectivo, permanente y descentralizado. Por eso, uno de los primeros objetivos que se planteó la PACD es la difusión de la información que permita comprender las causas y consecuencias de la crisis de la deuda, que en la mayoría de ocasiones ha sido sistemáticamente ocultada por los medios de comunicación de masas. Así, queremos evidenciar que la problemática de la deuda en el país responde al sobreendeudamiento privado, al trato diferenciado por parte de los diferentes gobiernos ante la deuda de las familias y la de los bancos, o a las presiones que los gobiernos de los países europeos, especialmente aquellos cuyos bancos son acreedores de la banca española, han ejercido sobre los gobiernos del país.
Junto a esta tarea de investigación y difusión, otro de los objetivos de la PACD es trabajar por el derecho a la información y, sobre todo, por fomentar el empoderamiento de la ciudadanía en las cuestiones políticas, sociales y económicas. Sabemos que, en muchas ocasiones, la información no está disponible o bien los documentos que están al alcance de la ciudadanía resultan prácticamente incomprensibles por la complejidad del lenguaje utilizado.
La voluntad de que la auditoría sea ciudadana implica que no se pretenda limitar la auditoría a un análisis de expertos. Al contrario, todas somos auditoras en potencia, en tanto que podemos solicitar información, exigir explicaciones a las administraciones, compartir esa información y las respuestas, analizar los datos desde nuestro punto de vista, denunciar las irregularidades y proponer alternativas. La auditoría podrá empoderar tan solo si se realiza desde y para la ciudadanía.
Entendemos que a partir de ese análisis colectivo podemos no solo caminar hacia el no pago de la deuda ilegítima y la depuración de responsabilidades de los verdaderos causantes de la crisis, sino también hacia la construcción de alternativas. El objetivo del proceso de auditoría por tanto no es tan solo dirimir entre deudas legítimas e ilegítimas, sino denunciar las irregularidades del sistema financiero actual a la vez que el funcionamiento de las instituciones que, a pesar de ser supuestamente democráticas, atentan contra el bienestar y los derechos de la población. Solo a través de la comprensión colectiva de cómo hemos llegado a esta situación, podemos proponer alternativas que realmente respondan a las necesidades e intereses de la población (y no de los mercados, las élites económicas y los acreedores). Por lo tanto, el proceso de auditoría ciudadana busca contribuir a la apropiación de su soberanía a través de espacios de aprendizaje y de democracia participativa.
La auditoría ciudadana que proponemos no puede, además, limitarse a un análisis financiero, sino que debe responder a la complejidad de la situación. Entre todas, cada una desde nuestras vivencias y capacidades, podemos abordar un análisis más amplio y profundo que abarque desde los recortes en los derechos fundamentales a los impactos ambientales, de género, culturales, sociales, económicos y políticos de las medidas adoptadas o los proyectos financiados a crédito.
Lo queremos hacer además sin limitarnos a un ámbito territorial (el estatal, autonómico o local), sino abordando los diferentes espacios de endeudamiento institucional, desvelando que este problema es el resultado de una dinámica económica y política que va más allá de nuestras fronteras. Nuestra crisis es la de Grecia, Chipre, Portugal o Islandia, pero también la de Argentina, Jamaica o Túnez. Si la deudocracia es global, los procesos de auditoría también lo deben ser, y por ello nos coordinamos desde abajo con otros movimientos similares a través de redes como ICAN (Red Internacional de Auditorías Ciudadanas de la Deuda).
Diferentes fases del proceso de auditoría ciudadana
La auditoría ciudadana engloba entre otras las siguientes fases, que no tienen por qué ser consecutivas.
Acceso a la información: Como veremos más adelante, el acceso a la información es una de las fases previas a la realización de la auditoría ciudadana. Sin los datos difícilmente podremos hacer frente a los objetivos del proceso planteado. En este sentido necesitaremos conocer el funcionamiento y los plazos del calendario de participación y toma de decisiones de las administraciones públicas. Una vez conocemos los plazos y procedimientos legales para presentar instancias, alegaciones, mociones, etc., nos lanzaremos a solicitar la mayor información posible para analizarla y obtener las evidencias de las irregularidades, ilegitimidad, falta de transparencia y otras cuestiones relevantes que se encuentren durante la revisión o análisis.
Como ejemplo, alguna de la información que debería estar accesible a la ciudadanía, en formato trabajable, es:
- Expedientes presupuestarios completos (previsiones, modificaciones interanuales aprobadas, ejecuciones trimestrales), cuadro de financiación.
- Estandarización de las partidas presupuestarias para que sean comparables varios años entre sí.
- Contratos firmados con todas sus modificaciones y expedientes de adjudicación (proveedores, concursos públicos, préstamos bancarios, avales y otros contratos bancarios…)
- Publicación abierta de todos los documentos de estudio de las sindicaturas de cuentas y del tribunal de cuentas.
- Base de datos pública con todas las leyes aplicables completas (en todo su proceso, con qué votos y cuándo se aprobaron), ordenada por fechas, temas, regiones, entrada en vigor…
Análisis de datos: Es el trabajo de análisis y obtención de las evidencias que servirán como prueba de los argumentos utilizados para evidenciar la ilegitimad de la deuda y defender su no pago. Una vez tenemos la información para analizar, estableceremos prioridades de análisis, de manera que empezaremos por tratar los hechos o casos más relevantes. Es importante que obtengamos evidencias y documentemos los casos que evaluamos. Este análisis no debería estar relegado a expertos, sino que deberíamos poder disponer de las informaciones de forma que sean comprensibles para un amplio sector de la población, y así poder realizar un análisis lo más colectivamente posible. El análisis, como se ha comentado antes, tampoco se debería centrar tan solo en cuestiones técnicas o financieras. Por ejemplo, se puede documentar el impacto social o ambiental de un proyecto determinado preguntando a los vecinos y vecinas afectados cuál ha sido ese impacto.
Acciones de incidencia: Durante el proceso se podrán llevar a cabo tantas acciones como sean necesarias para conseguir nuestros objetivos, como ejemplos actuales, entre otros, disponemos de mociones en los ayuntamientos exigiendo auditorías ciudadanas, transparencia y accesibilidad a los presupuestos…
Tejer redes: El éxito de nuestra tarea dependerá, en gran parte, de la masa crítica que podamos conseguir, tanto para apoyar o trabajar las acciones o el análisis conjuntamente. Como veremos más adelante, es necesario abrir los procesos de auditoría ciudadana a la mayor cantidad de grupos posibles.
Difusión: Es imprescindible comunicar y hacer públicos los trabajos y resultados obtenidos. Además de ello, es importante que a través de las acciones de comunicación se muestre el proceso de auditoría ciudadana como algo replicable. Por otro lado, reclamamos transparencia a las administraciones públicas, y por tanto debemos hacer gala de esa misma transparencia. Artículos, boletines, comunicados y notas de prensa, breves informes, grabaciones de las acciones que se realicen y difusión en redes sociales, así como estar en la calle con mesas informativas son algunas de las estrategias disponibles.
Educación popular: Se trata de empoderar a la sociedad con el conocimiento de la realidad financiera, identificando el rol de la deuda y los mecanismos que la generan, con el objetivo de poner a la luz la verdad sobre el sistema para el repudio de la deuda ilegítima, exigiendo responsabilidades así como el cambio hacia un nuevo sistema por el que se abogue por la transparencia, la democracia y la justicia social.
Exigir responsabilidades: Identificar a los autores y exigir todas las responsabilidades, incluso por vías judiciales si el caso lo requiere.
Transparencia e información
Teniendo en cuenta que la primera fase de cualquier auditoría es solicitar información, consideramos que como ciudadanas somos auditoras en potencia y no necesitamos más que las ganas de saber. Porque más allá de lo simple que pueda parecer el planteamiento, el querer saber y el sentirnos con el derecho a poder preguntar, es el paso más importante para generar un proceso de auditoría desde abajo. La información está y tenemos el derecho legal a obtenerla. Uno de los objetivos de la PACD es la lucha por la transparencia, ya que queremos contribuir a conseguir que las cuestiones públicas estén sometidas a un control completo de la ciudadanía, a través de mecanismos como los programas electorales vinculantes, referéndums revocatorios o presupuestos participativos (especialmente en el ámbito local).
Si bien es muy importante situar el marco de la línea de trabajo en la incidencia en cuanto a la transparencia y acceso a la información, debemos trabajar la traducción de este marco a acciones de incidencia con las instituciones y de capacitación y empoderamiento popular. El caso de cafèambllet[7] es un ejemplo de auditoría ciudadana que ha servido para hacer mella en la credibilidad política, señalar responsables —que a día de hoy están involucrados en procesos judiciales— y desarrollar conciencia social alrededor de la corrupción institucional. Poco a poco, gracias a estos ejemplos, vamos entendiendo que las alternativas reales no pasan por la reforma o el cambio de poder de las instituciones, sino por una transformación plena que asuma el valor democrático en su máxima expresión como elemento base de control y justicia.
Al abordar la cuestión de la transparencia y el acceso a la información nos encontramos a menudo con un elevado nivel de desinformación en las propias administraciones públicas, contra el que debemos actuar. Los procesos de participación se han burocratizado, convirtiendo el acceso a la información en complejos procesos legales, y la propia información en inaccesible e ininteligible. A menudo no disponemos de la información que deseamos o esta es incompleta, enrevesada o confusa. En ocasiones nos encontramos también con actitudes en las administraciones que obstaculizan ese acceso a la información. Existe poca cultura de transparencia y nos encontramos con respuestas reaccionarias ante preguntas directas —y legítimas— de trabajadores públicos. Parece como si un sentimiento de miedo a compartir invadiese las mentes de quienes deberían estar al servicio de la ciudadanía. Sin embargo, es precisamente esta falta de cultura de transparencia sobre la que debemos trabajar.
Debemos por lo tanto ser capaces de poner en evidencia la falta de transparencia en las administraciones denunciando y haciéndola pública, para lo que podemos iniciar vías de acceso a la información con el objetivo de hacerla pública y abierta a la ciudadanía a través de distintos mecanismos. Algunos ejemplos son los casos de organización ciudadana en contra de la burocracia innecesaria como los Observatorios Ciudadanos Municipales[5] o tuderechoasaber[6], la presión popular en las calles para reclamar transparencia a todos los niveles y a todo tipo de organizaciones públicas (AAPP así como Empresas Públicas y Mixtas), la presión hacia las Sindicatura de Cuentas, Defensores del Pueblo o el Tribunal de Cuentas para que hagan públicos y accesibles sus informes y la información que disponen, o las vías judiciales para exigir a la administración el cumplimiento de su responsabilidad con la ciudadanía en materia de acceso a la información. Finalmente estaremos en condiciones de valorar la vía judicial ordinaria, tanto para la exigencia de documentación de interés social como para la denuncia de algún proceso considerado ilegítimo y, por supuesto, ilegal a la vez que potenciaremos las denuncias ciudadanas de prácticas ilegítimas o corruptas ante la justicia estatal, europea o internacional.
Recientemente hemos colaborado con la presentación de las instancias ciudadanas llevadas a cabo en Sant Joan Despí, Sant Adrià del Besós y El Masnou que han conseguido aumentar el nivel de transparencia de sus ayuntamientos durante el 2012, y en este sentido, hemos conseguido algunos triunfos en los últimos meses. El martes 25 de junio de este año, vivimos un momento histórico: el Ayuntamiento de Badalona, a instancia de la moción presentada en colaboración con el Grupo de la Auditoría de la Deuda de Badalona, ha sido el primero de todo el Estado que declara ilegítima una parte de su deuda; reconociendo que esta fue contraída sin responder a los intereses de los ciudadanas. Así, hemos conseguido introducir la ilegitimidad en el discurso político, a través de mociones para declarar ilegítima parte de la deuda, como las aprobadas, hasta la fecha, en varios municipios de Cataluña y la Comunitat Valenciana que declaraban ilegítimos los intereses generados en el Plan de Pago a Proovedores-ICO.
Alianzas con otros movimientos
Las movilizaciones de los grupos sectoriales que están sufriendo los recortes, principalmente trabajadoras y usuarias de los servicios públicos como la sanidad y la educación, así como otras plataformas movilizadas por los derechos básicos, o como resultado de grandes fraudes como las preferentes, tienen todas un nexo en común. La lucha por unos presupuestos que respondan a las necesidades básicas y en contra de los recortes tienen mucho que ver con la reivindicación del No pago de las deudas ilegítimas.
Los recortes han sido permanentemente justificados como una política necesaria ante una situación insostenible de las finanzas públicas, pero el trabajo de la PACD puede servir de argumento a todos estos movimientos, difundiendo la reflexión sobre qué significa el concepto deuda ilegítima, aportando información sobre las experiencias en otros países, así como actuando como vínculo entre los diferentes movimientos y organizaciones que quieran hacer estudios sectoriales concretos (como los hay en sectores como el de las eléctricas, la privatización del agua o la gestión hospitalaria, entre otros), aportando argumentos para desmentir el discurso oficial y herramientas en la medida de lo posible que ayuden a conseguir los objetivos, agruparlos y difundirlos. De esta forma, trabajando todas juntas podremos empoderar a la sociedad y generar y potenciar el debate sobre qué modelo económico, político y social queremos, construyendo una nueva alternativa al sistema actual que responda a los intereses y necesidades de la población.
Ninguna acción aislada, por mucho potencial que parezca tener, será suficiente por sí misma para generar una transformación real de las administraciones. Lo único que permitirá un cambio real será la sucesión de las diferentes y diversas acciones. Por tanto, se necesita coordinación entre los movimientos y colectivos que luchen contra la austeridad y, por tanto, por el no pago de la deuda.
Para que la exigencia de la mayoría social permita «no pagar la deuda ilegítima y denunciar a los culpables, exigiendo responsabilidades», como ciudadanas que somos os alentamos a ejercer vuestro derecho a demandar información y a realizar auditorías ciudadanas.
Somos auditoras ciudadanas ¿y tú?