III
Impactos de la crisis de la deuda

Introducción

El pago de la deuda pública absorbe cada vez más cantidad de recursos públicos, lo que exige la reducción de los gastos en otras partidas. El pago de los intereses de la deuda representará para 2013 un 19% del PIB, 38.590 millones de euros^[1], y esta cifra ha aumentado en 9742 millones desde 2012. Para compensar en parte el aumento de los gastos por pago de intereses, el gobierno ha ejecutado una serie de recortes en gasto social, y plantea continuar en la misma dirección para los próximos años. En este sentido es necesario subrayar dos aspectos, el primero es que el elemento clave para comprender este aumento de la deuda pública son los rescates a la banca que, recordamos, han costado directa e indirectamente 1,4 billones de euros. En segundo lugar, indicar que las partidas a las que se han aplicado los recortes no han sido escogidas de forma neutral y que, en muchos casos, han servido para imponer un nuevo modelo, como en el caso de la privatización del acceso a la sanidad y a la educación. Así, las privatizaciones ofrecen nuevos nichos de mercado, que transforman en mercancías las necesidades de las personas.

En definitiva, podemos observar que para alimentar el hambre insaciable de los intereses del capital estamos sacrificando el débil sistema del bienestar que se había construido. A pesar de que en ocasiones resulta complicado establecer los vínculos, podemos inferir que el rescate a la banca española finalmente se pagará con una menor protección social de la clase trabajadora, un mayor peso de trabajo sobre las mujeres, proyectos que generen más impactos ambientales y el desmantelamiento de las políticas de cooperación con el Sur, entre otros. Mientras seguimos pagando los mismos impuestos, que incluso aumentan —como el IVA—, la contrapartida que recibimos es cada vez menor. Finalmente, esto no es más que una redistribución de la riqueza desde los sectores más vulnerables a los sectores más enriquecidos.

De este modo, la «deudocracia», es decir el régimen impuesto por los acreedores, cuyo máximo representante es la troika, establece cuáles serán las políticas económicas aplicadas en España. Junto con las políticas de recortes, también se ha aprobado una reforma laboral que acaba con los derechos de las trabajadoras, conquistados tras largos períodos de lucha obrera; además, se ha dado la espalda a las políticas de empleo y a las políticas industriales, abocando a la miseria a una capa cada vez más grande de población sin empleo y marginando a los propietarios de pequeñas y medianas empresas.

Cada vez más, los derechos básicos, recogidos en la carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o en la propia Constitución, pasan a ser papel mojado para someterse a los derechos comerciales, a los contratos de endeudamiento. Uno de los ejemplos más graves en el caso español es el del derecho a disfrutar de una vivienda digna. La crisis de la deuda, muy vinculada al boom de la construcción, generó una deuda privada tanto para las familias como para los bancos. Pero las respuestas al problema del sobreendeudamiento hipotecario han sido distintas para unos y otros ya que, mientras los diferentes Gobiernos rescataban a la banca española y, de forma indirecta, a la banca europea, estos mismos Gobiernos han dado la espalda a los cientos de familias que han sido desahuciadas. Es más, son las fuerzas de seguridad del Estado las que asisten y practican los desahucios en caso de que haya resistencia. A la vez, tras la compra con dinero público de los activos inmobiliarios de bancos y cajas, esto no ha servido para poner a disposición de la ciudadanía un parque de vivienda social, sino para venderlo a bajo precio a empresas y fondos de inversión después de haberlo comprado a un precio por encima del de mercado.

A continuación repasaremos algunos de los impactos de la crisis de la deuda en este país y, aunque en esta ocasión no podemos incluirlos todos, esperamos que sirvan como ejemplo y como base para un futuro trabajo.

La gestión de la crisis financiera y sus efectos en la educación: ¿Hacia un cambio de modelo educativo?

MARCEL PAGÈS, TONI VERGER y XAVIER BONAL^[*]

Introducción

En este capítulo revisamos de forma sintética cómo la crisis de la deuda ha afectado a la educación. Nuestro análisis se centra en el contexto estatal, aunque se toma también el caso catalán como referencia, ya que se trata de uno de los sistemas educativos que ha realizado ajustes más severos. Nos centramos en cuatro aspectos básicos del sistema educativo: la financiación, el profesorado, las becas y el acceso.

Dimensiones de impacto

Financiación

La financiación de la educación ha disminuido de forma drástica en los últimos años. Los presupuestos del Estado, así como los presupuestos autonómicos, han reducido sus partidas en educación sustancialmente tanto en términos absolutos como relativos.

Tabla 1

Gasto público en educación en España

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Datos y cifras curso escolar 2012/2013.

Como vemos en la Tabla 1, después de una década de expansión educativa, a partir del año 2009 los presupuestos en educación empiezan a reducirse hasta alcanzar un nivel de recorte acumulado de un 4% en 2012. Vemos también cómo el gasto en educación en relación con la riqueza estatal se ha contraído. Además, los datos relativos al número de alumnos nos muestran que dicha reducción no responde a causas demográficas, pues la población escolar no ha parado de crecer. La ecuación de más alumnos y menos inversión representa una intensificación de la presión sobre el sistema educativo, algo que puede afectar claramente a los resultados y a la calidad de la educación.

En el caso catalán la presión económica para el ajuste se materializa de forma también muy evidente. Las reducciones empiezan igualmente a partir del año 2009 y, en términos absolutos, su volumen no difiere significativamente de las cifras del Ministerio de Educación. No obstante, si observamos la reducción interanual, podemos apreciar que entre los años 2010 y 2012 se acumula una reducción del 17,58% (véase la Tabla 2). Un recorte de esta magnitud es superado solamente por Grecia, lo que sitúa a Cataluña en el top de los recortes educativos a nivel europeo.

Tabla 2

Presupuestos liquidados del Departament d’Ensenyament

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departament d’Ensenyament y el Departament d’Economia i Coneixement.

A nivel regulativo, la reforma del artículo 135 de la Constitución establece el marco legal que justifica la necesidad de ajustar las partidas destinadas a educación y a otros campos. A pesar de ello, se puede apuntar que esta reforma entra en conflicto con artículos de la misma carta que definen el derecho a la educación, entre los que destaca el punto 5 del artículo 27, donde se indica que «Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación».

Profesorado

La política de profesorado —sus condiciones laborales y la evolución de las plantillas— es la que se ve más afectada por los ajustes presupuestarios. De las partidas destinadas a educación, las retribuciones al personal docente acostumbran a suponer alrededor de un 70% del presupuesto, de modo que la contención o la reducción salarial se convierte en la estrategia fundamental del proceso de ajuste.

En este sentido, el conocido como Decreto Wert establece una jornada mínima de 25 horas lectivas para el profesorado de Primaria, con lo que la jornada se aumenta dos horas respecto al modelo anterior. Por otra parte, dicho decreto define los criterios de substitución a partir del décimo día de baja, que hasta entonces se cubría desde el primer día, y el resto de ausencias a partir del cuarto día. En el mismo decreto se fija un aumento de hasta un 20% de las ratios profesor-alumno, que el ministro Wert defendió con el argumento de favorecer una mayor socialización de los niños y las niñas. Estas medidas conllevan graves problemas de sobrecarga en el profesorado y una menor atención al alumnado debido a la reducción de personal. Las plantillas docentes también se han visto afectadas, especialmente los interinos. Los sindicatos han denunciado que en Cataluña se han dejado de contratar alrededor de 3000 docentes en los últimos cursos; al mismo tiempo, según un informe de CC OO, se calcula que, a nivel estatal, se han perdido hasta 62.000 profesores en la enseñanza pública.

Por lo que respecta a las retribuciones, España redujo los salarios de sus docentes en el curso 2010-2011 hasta un 5%; en el siguiente año los salarios se mantuvieron congelados.

Becas

Otro ámbito central que se ha visto afectado por los recortes y que es de especial relevancia, por los efectos que supone en términos de desigualdades educativas, es el ámbito de las becas y las ayudas al estudio. El decreto de becas del Ministerio, vigente desde el curso 2012-2013, ha supuesto el establecimiento de nuevos criterios para acceder a las ayudas. Las nuevas restricciones han conllevado, por una parte, que al menos un 12% de los becados hayan perdido la beca que tenían y, por otra, un ahorro de 110 millones de euros para el Ministerio. La situación en Cataluña no es mucho mejor. Como podemos ver en la Tabla 3, cada vez hay menos alumnos becados, con porcentajes próximos al 11% en los últimos años. Esta escasa cobertura contrasta con los elevados niveles de pobreza infantil, con una tasa del 24,3% en 2011.

Tabla 3

Estudiantes becados en Cataluña

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departament d’Ensenyament y el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

Acceso a la educación y privatización

Otro elemento que destaca por su relación con las cuestiones de equidad es el acceso a la educación. Sobre este ámbito cabe decir que el aumento de las tasas en universidades y en ciclos formativos puede suponer un obstáculo para el acceso a la educación; de hecho, en el curso 2012-2013 la variación interanual del número de estudiantes matriculados tanto en cursos de grado como en másteres oficiales ha disminuido por primera vez en muchos años. En Cataluña, las tasas universitarias subieron hasta un máximo del 66%, mientras se aplicaba, por primera vez, el cobro de una tasa de 360 euros para los ciclos formativos de grado superior. Por otra parte, los recortes en las dotaciones directas de funcionamiento a los centros también tienen efectos adversos por lo que respecta al acceso, debido a que los centros disponen de menos dotación económica para dar apoyo a la escolaridad y para financiar costes básicos corrientes.

Estas políticas alimentan la tendencia a la privatización de la financiación educativa ya que los costes de la educación recaen cada vez más en agentes privados (sobre todo en las familias). De hecho, los indicadores recientes reflejan cómo a pesar de la crisis existe una tendencia al alza del gasto educativo de las familias. Ahora bien, la privatización también está afectando el nivel de la provisión educativa, lo cual se manifiesta claramente en el contexto catalán donde el Departament d’Ensenyament anunció el cierre de 61 grupos de P3 en el sistema público frente a los 10 o 12 centros concertados que también eliminan grupos en este nivel. La eliminación de estas líneas supone el cierre de dos centros, la reconversión de dos escuelas en centros de secundaria y el cierre progresivo de tres escuelas más. A pesar del cierre de escuelas públicas, el Departament mantiene y amplia conciertos privados para enseñanzas postobligatorias. Estas tendencias apuntan hacia un deterioro de la escuela pública frente a la consolidación de la opción privada y concertada.

Posiblemente, el nivel educativo en el que la privatización se manifiesta con más fuerza es el de la educación superior. Hace 15 años que no se crea ninguna universidad pública en el Estado español, tendencia que parece que la crisis esté consolidando e incluso acentuando. Sin embargo, desde que estalló la crisis en 2008 se han creado seis nuevas universidades privadas y hay dos más en camino.

Conclusiones

La crisis económica y financiera que estamos atravesando, y la forma en que está siendo gestionada por nuestros gobernantes, ha alterado drásticamente el campo educativo. La manifestación más evidente de los cambios que están acaeciendo tiene su origen en la reducción del gasto público en educación y en la consiguiente constricción de inversión directa en profesorado y becas, entre otras partidas. A su vez, a raíz de la reducción de las becas, pero también del incremento de tasas en diferentes niveles educativos, una mayor parte de la financiación educativa recae en los estudiantes y en sus familias. Estos cambios introducen nuevas barreras en el acceso a la educación y tienen implicaciones negativas en materia de calidad y equidad educativas.

La deuda no es con los bancos, ¡es con las mujeres!

COMISIÓN DE FEMINISMOS DE LA PACD

Que las consecuencias de una crisis económica como la actual tengan impactos diferenciados en las personas según el sexo no es más que la constatación de que vivimos bajo un sistema social y económico patriarcal, en el que se impone a las mujeres un papel social, político y económico supeditado al rol de los hombres. Por lo tanto, podíamos esperar que en una sociedad patriarcal, pero también capitalista y racista, los costes de la crisis se transmitan a través de las cadenas de poder hacia las mujeres, las clases trabajadoras y las personas inmigradas. Es, pues, una cuestión estructural y no coyuntural.

Por otro lado, las políticas destinadas a mejorar la situación en la que se encuentran las mujeres, así como las campañas de análisis y sensibilización sobre cuestiones de machismo, se siguen considerando políticas que afectan tan solo a las mujeres y que, en todo caso, tienen una importancia secundaria. Para nosotras, las cuestiones de violencia machista, reparto de tiempos e igualdad de oportunidades no son cuestiones que afecten solo a las mujeres, sino que deberían ser preocupaciones abordadas como sociedad. Además, considerarlas como secundarias, prescindibles, es una muestra de la construcción cultural de las prioridades sociales, construcción que respalda los intereses de las élites (varón, rico, blanco y heterosexual) pero que a través de diferentes mecanismos han sido asumidos por el resto de sectores.

Los recortes en las políticas de género, por otro lado, no han respondido tan solo a que este tipo de políticas no se haya priorizado por parte del gobierno de turno, sino que, como veremos más adelante, en el contexto de la crisis se ha aprovechado para estrangular financieramente a los sectores que resultaban más «molestos» a nivel político. Las reivindicaciones de los feminismos no se han limitado a las cuestiones del patriarcado, sino que tienen fuertes vínculos con los movimientos que luchan por la justicia económica y social. Parte de las organizaciones feministas abogan por un cambio de modelo que priorice la vida por encima de la acumulación de capital, y por lo tanto pueden ser consideradas como «enemigas» por parte de los grupos y las personas que representan y defienden el modelo capitalista patriarcal actual.

Si analizamos la situación de partida, al principio de la crisis, focalizando las condiciones en las que hombres y mujeres se enfrentan a los trabajos, esta dista mucho de representar un modelo de igualdad de oportunidades. En 2008, indicadores como la duración media de la vida laboral, el salario medio anual o la tasa de temporalidad dibujaban una situación de mayor precariedad para las mujeres en el ámbito laboral, a lo que había que añadir su mayor participación en el trabajo doméstico y de cuidados. La reforma laboral de febrero de 2012 empeoró la situación, ya que precarizó aún más las condiciones del contrato a tiempo parcial, redujo el Salario Mínimo Interprofesional, muy generalizado en sectores feminizados como el de trabajadoras del hogar, y suspendió la ampliación del permiso de paternidad. En este sentido, desde la economía feminista se reivindica que el sistema capitalista se basa en gran medida en el trabajo no remunerado que realizan las mujeres. Por una parte, las clases trabajadoras pueden recibir unos salarios menores debido a los bienes y servicios resultado del trabajo doméstico y de cuidados, y por otro lado, que el reparto de los trabajos dentro de las familias están repartidos de forma desigual. Así, se ha defendido desde las esferas feministas que existe una deuda con las mujeres, o deuda patriarcal, debido a las implicaciones que en términos de tiempos, pero también de derechos sociales y políticos tiene el patriarcado. Una deuda que no creemos que pueda ser calculada ni devuelta, pero que tiene que dejar de aumentar.

Junto con la situación de partida en cuanto a tiempos y trabajo, nos gustaría centrarnos en segundo lugar en la violencia de género, que sigue siendo uno de los problemas sociales de mayor relevancia. Como muestran los informes sobre violencia de género del Ministerio de Sanidad y Política Social, entre 2003 y 2012 ha habido en el territorio español 614 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas. Y, según los datos del Instituto de la Mujer, en 2009 se conocieron 4976 delitos de abuso, acoso y agresión sexuales. Consideramos que este es un problema de primer orden de la sociedad española y que se ha agravado en la actualidad ya que la deteriorada situación económica, además de imponer una mayor tensión por las mayores dificultades económicas por las que pasan muchas familias, implica que muchas parejas no puedan permitirse la separación. A la vez, hay constancia de que cada vez menos mujeres se atreven a denunciar por miedo a no encontrar empleo o a perderlo.

Tras la crisis de la deuda, en la que se han socializado las pérdidas del sector financiero, se desata la presión para que se reduzcan las partidas de gasto, especialmente las del gasto social. Desde 2009, en que el total del presupuesto en materia de igualdad y violencia de género ascendía a 66.018.510 euros, los recortes han supuesto que en 2013 la partida se haya reducido hasta 41.150.150 euros, 24.868.360 euros menos, es decir, una reducción del 37,7%.

La ley de dependencia, aprobada en 2006, reconoció el trabajo de 150.000 cuidadoras no profesionales, la inmensa mayoría de las cuales eran mujeres, que empezaron a cotizar a la Seguridad Social. Tras el recorte de 283 millones en 2011, y el retraso de las ayudas a 400.000 dependientes en el mismo año, el decreto del Gobierno (20/2012) eliminó la cotización social a las cuidadoras no profesionales, recortó un 15% las prestaciones, y redujo en un 13% más la aportación que el Estado hacía a las comunidades autónomas. En total, unos 1000 millones de euros. En su plan de recortes para este 2013, Rajoy se ha comprometido ante Bruselas a recortar en dependencia más de 1100 millones, una cantidad superior a los 1087 millones que figuran en los presupuestos de 2013, por lo que prevemos la práctica desaparición de las ayudas públicas a la dependencia.

Asimismo, se han justificado otro tipo de medidas que, a pesar de no estar tan directamente vinculadas con la reducción de gastos, han aprovechado un contexto favorable a nivel político, con la mayoría absoluta del PP. Entre estas encontramos la propuesta de reforma de la ley del aborto de Gallardón, pendiente de aprobación, que reducirá drásticamente los casos en los que se permita y financie el aborto, o la reforma que limitará a las parejas de lesbianas y a las mujeres solas acceder a la reproducción asistida, o la eliminación según la ley de tasas de la falta de «vejaciones injustas», que suele ser el primer paso en la detección de casos de maltrato, entre otras. En un caso de extrema preocupación, aquellas personas con mayor riesgo de vulnerabilidad, mujeres y niñas migrantes en situación irregular, quedan a partir del Real Decreto Ley 16/2012, y la falta de su desarrollo reglamentario, sin acceso al sistema público de salud.

Por otro lado, la mayoría de despidos en empleo público, así como el empeoramiento de las condiciones laborales, siendo el sector público un sector ampliamente feminizado, ha aumentado el riesgo de pobreza para las mujeres. Además, aquellos servicios que antes se ofrecían desde el sector público, principalmente a través de la asistencia sanitaria y de las ayudas para financiar la alimentación de los niños y las niñas en las escuelas, se han privatizado, con lo que se ha aumentado la carga de trabajo doméstico.

En definitiva, aquellas personas que realmente acaban pagando las pérdidas del sector financiero son las que pertenecen a los sectores más empobrecidos y con menores derechos políticos que, a través de una menor protección de sus necesidades básicas y de una mayor precarización y carga de trabajos, acaban transfiriendo sus recursos, o lo que les pertenece de forma legítima. No nos gustaría acabar sin destacar el papel de las mujeres como protectoras de la calidad de vida en tiempos de crisis. Diferentes iniciativas, tanto en el Estado español como en los países del sur de Europa, lideradas por mujeres, se oponen a las políticas de «austericidio», pero también velan por la dignidad de la vida de otras personas. Así, diferentes redes de protección de la salud de las personas en situación irregular, iniciativas para el cuidado comunitario de niños y niñas, o de ancianos y ancianas, así como redes de mujeres que comparten conocimientos, tiempos y trabajos permiten que, en tiempos de crisis, la vida se mantenga en condiciones.

Así, concluimos recordando que la deuda es con las mujeres y no con los bancos, pero que, en cambio, la deuda que se reconoce y cuyo pago se impone sin importar las consecuencias es la deuda bancaria, mientras la deuda con las mujeres se olvida. Es más, los recortes aplicados para el pago de la deuda financiera así como las políticas como la reforma laboral, generan, en un contexto capitalista, una mayor carga de trabajo para las mujeres, aumentando de esta forma la deuda patriarcal.

La deuda y la sanidad: ¿Qué se debe, a quién y por qué?

ALBANO DANTE FACHIN POZZI^[*]

Cataluña fue una de las primeras comunidades autónomas en «hacer los deberes»: en el año 2011 la Generalitat empezó a aplicar las tijeras en los presupuestos sanitarios. Aunque con matices, el impacto de estos recortes se puede extrapolar a la situación que está viviendo la sanidad en el resto de España, donde el pago de la deuda está poniendo en cuestión el derecho universal a la sanidad pública de la que dependen millones de personas. Unos recortes que están poniendo vidas en riesgo. Una de las partidas que más ha sufrido por los recortes ha sido la dedicada a la sanidad, que ocupa más del 30% de todo el dinero gestionado por la Generalitat. El presupuesto dedicado a CatSalut pasó de los 9547 millones de euros en 2010 a los 8506 millones en 2012.

Paralelamente, entre los años 2010 y 2012, el dinero que dedica la Generalitat a pagar intereses por su deuda ha evolucionado inversamente: si en 2010 se pagaban 950 millones de euros, en 2012 se pagaron 1994 millones. Para el 2013 se espera que los intereses se lleven 2200 millones. Se podría decir que los 1000 millones que se quitaron del sistema público de salud han ido a parar directamente al pago de los intereses de la deuda de la Generalitat. El enorme impacto que todo esto está teniendo tanto en los ciudadanos usuarios del sistema público como en sus trabajadores obliga a analizar esta situación de manera conjunta.

En primer lugar evaluemos el impacto del recorte en el sistema. El mismo Artur Mas —que en un primer momento se refirió a los recortes en sanidad como «ajustes para garantizar la sostenibilidad del sistema»— ha reconocido en 2013 que «ya se ha tocado hueso». Pero la realidad es aún más dura y una mirada al funcionamiento del sistema nos habla de algo más que de un «hueso tocado»; en ella vemos un «hueso roto». Plantas enteras de hospitales públicos se cierran mientras los pacientes se amontonan en los pasillos de urgencias, así como decenas de quirófanos permanecen cerrados mientras las listas de espera no paran de crecer. Entre 2011 y 2012 en Cataluña se registró un aumento de las personas en lista de espera de un 35%. En España este aumento fue de un 24%, es decir, que afectó a más de medio millón de personas.

Pruebas diagnósticas, transporte sanitario, atención primaria, urgencias. No hay ámbito sanitario que se salve de unos recortes que impactan con especial dureza en los colectivos más vulnerables. Ante esta situación la respuesta del conseller de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz, es usar la televisión pública para «recomendar totalmente la contratación de mutuas de salud privadas»^[2]. Unas mutuas que, normalmente, están totalmente fuera del alcance económico de estos colectivos en situación de vulnerabilidad.

A nivel estatal, en 2012 el Gobierno del Partido Popular asestaba un duro golpe al modelo sanitario español con la aprobación del Real Decreto-Ley 16/2012 que suponía «la exclusión de cientos de miles de personas del derecho a recibir atención sanitaria», tal y como denuncian las plataformas Yo SÍ, sanidad universal y Dempeus per la Salut Pública, o la ONU, que, a través del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, ha pedido que se asegure el acceso a los servicios de salud a todas las personas que residan en España, independientemente de su situación legal.

A pie de calle, los efectos se han empezado a sentir con dureza. El caso del ciudadano senegalés Alpha Pam, muerto como consecuencia de una tuberculosis de la que no fue tratado por los servicios sanitarios de Baleares, encendió todas las alarmas y puso sobre la mesa una situación que no solo afecta a la población inmigrante, sino que deja a miles de ciudadanos españoles desprotegidos, como por ejemplo los mayores de 26 años que nunca hayan estado dados de alta en la Seguridad Social. Mientras todo esto sucede, los trabajadores de la sanidad han entrado en una espiral de pérdida de derechos laborales y caída de poder adquisitivo sin precedentes. En 2012 el sueldo de los médicos de la provincia de Girona cayó de media un 25% según el Colegio de Médicos^[3]. Ante este escenario, aparece la primera pregunta obligada: ¿en qué hemos gastado tanto? Aunque la falta de transparencia congénita en nuestro país dificulta una respuesta clara a esta pregunta, lo que es seguro es que no fue en sanidad donde se gastó en exceso. Según datos de Eurostat, en 2009 Cataluña invirtió en sanidad casi un 6% de su PIB. En el mismo año toda España invirtió casi un punto más y la media de la UE-27, un 7,5%. Aun así, seguramente una parte de la abultada deuda catalana tiene que ver con la financiación del sistema sanitario público, como decimos, una de sus mayores partidas.

Es en este punto donde aparece la segunda pregunta obligada: ¿cómo se gastó el dinero de la sanidad? La respuesta es también obligada: mal. Otra vez, Cataluña sirve para ilustrar la manera en que se ha gastado el dinero de nuestra sanidad. Una parte importante se gastó en infraestructuras y, como siempre pasa en nuestro país, cuando se trata de infraestructuras, la huella del derroche y las irregularidades son bien visibles: sobrecostes inexplicables, sobredimensionamiento, defectos constructivos, contrataciones dudosas (cuando no escandalosas) y un largo etcétera que ha sido ampliamente descrito por instituciones tan poco sospechosas de ser antisistema como la Sindicatura de Comptes catalana —que ha detectado y documentado irregularidades en decenas de hospitales— o el Tribunal de Cuentas, donde se investigan casos tan graves como el del diputado de CiU Xavier Crespo, implicado en una red que causó pérdidas de 2,4 millones de euros en dos hospitales públicos de la provincia de Girona.

Un caso que deja clara la manera en que se gestionó el dinero de la sanidad lo encontramos en la construcción del nuevo Hospital de Sant Pau de Barcelona. En julio de 2009 se inauguró un nuevo edificio de este hospital que costó a las arcas de la Generalitat unos 500 millones de euros, 200 de los cuales corresponden a los gastos financieros que generará la inversión hasta el 2032. Pese a que esta deuda será pagada con dinero público, el edificio no es propiedad pública ya que la Generalitat traspasó la propiedad del inmueble a la Fundación Privada Hospital de Sant Pau.

Por otro lado, en el conjunto del Estado español la deuda sanitaria con proveedores asciende a casi 10.000 millones de euros. Entre los proveedores encontramos, por ejemplo, a una industria farmacéutica que ejerce una constante presión a los poderes políticos en defensa de sus intereses empresariales. Aunque según la OCDE España es el segundo país del mundo en consumo de fármacos (solo por detrás de Francia y muy por delante de países como Suecia, Alemania, Finlandia u Holanda), la patronal Farmaindustria hace campaña contra los genéricos, critica los intentos de reducción en el gasto farmacéutico y presiona al poder político para cobrar sus facturas afirmando que el pago de lo que se adeuda «tranquilizaría a los accionistas internacionales». Asimismo, encontramos también una importante deuda con fabricantes de tecnología sanitaria y no podemos dejar de acordarnos de que muchas de estas máquinas están hoy sin uso por falta de recursos. O lo que es peor: máquinas compradas con dinero público puestas a disposición de los clientes de las mutuas privadas, como ya ocurre en Cataluña.

En esta deuda también hay facturas emitidas por empresas de sanidad privada que prestan servicio público. Un servicio que, como demuestran infinidad de estudios, suele resultar más caro cuando se presta desde el sector privado. Un ejemplo claro lo vemos en el estudio de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana que demuestra que las resonancias magnéticas gestionadas desde el sector privado son un 138% más caras que en el sector público.

Y mientras se paga con dinero público a empresas privadas, se cierran servicios públicos. ¿Cuántas de las empresas acreedoras son propiedad de «amigos» de los gestores de nuestra sanidad? La opacidad impide saberlo, pero diversos casos conocidos y ampliamente documentados en Cataluña nos permiten tener sospechas más que fundadas. El aparato propagandístico orquestado por los poderes financieros que ya está sacando tajada de la destrucción de nuestra sanidad está en marcha. Por ejemplo, el pasado 11 de junio de 2011 el diario La Razón titulaba: «La Sanidad acumula una deuda récord de 9390 millones» y sentenciaba en el subtítulo: «En un entorno de crisis económica tan severo como el actual, la Sanidad española es, simplemente, insostenible».

Por este motivo una auditoria ciudadana que nos permita conocer el verdadero impacto de la deuda en nuestra sanidad y nos permita sacar a la luz las falacias que promueven la destrucción del sistema sanitario público no solo es un acierto, es una necesidad urgente: la necesidad urgente de convertirnos en ciudadanos cuando lo que quieren es que seamos clientes.

La crisis de la deuda, motor del empobrecimiento en España

ALBERT SALES E INÉS MARCO^[*]

Según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el Estado español la tasa de personas en situación de «riesgo de pobreza y de exclusión social» se situaba a finales de 2012 en un 21,1%, registrando una pequeña disminución respecto al 21,8% de 2011. En la nota de prensa que emitía la agencia estadística española se celebraba que dicha reducción podía atribuirse a las relativas buenas condiciones económicas en que se encontraban las personas mayores de 65 años y a la menor incidencia que tenía la pobreza relativa entre esta parte de la población. Sorprendentemente, las personas jubiladas del país en situación de riesgo de pobreza, que en 2011 eran un 20,8% del total de jubilados, a finales de 2012 tan solo suponían un 16,9%.

El INE demostraba no estar habituado a interpretar datos en un contexto de no crecimiento. El umbral de riesgo de pobreza es una cifra relativa que cambia en función de los ingresos medios de la población. Se fija en el 60% de la mediana de ingresos de todos los hogares. Teniendo en cuenta la caída de los ingresos medios de los hogares españoles, es un umbral en descenso desde 2009. Un pensionista que en 2011 tenía unos ingresos de 7500 euros anuales se situaba por debajo del umbral de pobreza. En 2012, a pesar de no haber aumentado su renta, el mismo pensionista ya no se situaba por debajo de dicho umbral gracias al descenso de los ingresos del resto de la población. Cada vez hay que ser más pobre para ser considerado pobre en España.

En términos absolutos, el descenso de la renta de los hogares es imparable desde 2008. De los 26.500 euros anuales en 2008 a los 24.609 euros anuales en 2011, los ingresos de las familias han ido cayendo a causa de la destrucción masiva de puestos de trabajo y a la reducción de las transferencias públicas.

Las medidas de austeridad han distribuido el impacto de la crisis cebándose en la población más vulnerable e imponiendo políticas antisociales que empeoran el ya triste panorama de la protección social. A ciertos sectores de la población la imposibilidad de acceder a un trabajo remunerado les arroja irremediablemente a una situación de pobreza permanente. En los primeros compases de la recesión han sido jóvenes, mujeres de mediana edad y trabajadores inmigrantes los que han recibido el mazazo del desempleo, precisamente las personas con menores cotizaciones a la Seguridad Social y una protección social más débil. Este hecho, unido a los recortes en todo tipo de programas sociales y sanitarios, ha disparado el riesgo de pobreza entre las familias con personas dependientes, así como la vulnerabilidad de la infancia y de las personas ancianas.

La reforma laboral, un pilar básico del «austericidio» en el que vivimos, ha acelerado la destrucción de los empleos que podríamos considerar «de calidad». En anteriores crisis, el mercado laboral español se había mostrado altamente «dualizado». La destrucción de empleos afectaba, sobre todo, a los jóvenes y a las mujeres, mientras que los hombres de mediana edad mantenían sus puestos de trabajo o recibían propuestas de prejubilación que les permitían seguir siendo los «sustentadores principales» del hogar. Se trataba de un sistema altamente desigual desde la perspectiva generacional y de género, aunque frenaba la caída en la pobreza de muchos hogares. El estrepitoso fracaso del modelo económico español, la profundidad de la recesión que sufrimos y las reformas de la legislación laboral hacen que la situación actual sea tristemente novedosa. En el primer trimestre de 2013, se calcula que había 1,9 millones de familias en las que ninguna persona en edad de trabajar tenía empleo, y que dos millones de personas paradas no recibían ningún tipo de prestación. Además, cada vez son más las personas que, a pesar de tener un empleo, se encuentran en la pobreza. El 12% de la población ocupada vive en hogares bajo el umbral de la pobreza.

A los problemas del desempleo, o del empleo precario, se suman las cargas que muchas familias tienen que hacer frente, entre las que destacan las deudas hipotecarias. Los deshaucios se han convertido en una muestra de la magnitud del problema. Pero la mayor parte de las situaciones de empobrecimiento se vive en el interior de los hogares y es invisible para el resto de la sociedad. Un 14% de las familias llega a fin de mes con extrema dificultad; un 20%, con dificultad y un 29%, con cierta dificultad. Un 40% de las familias del Estado español declaran no disponer de efectivo para hacer frente a gastos imprevistos como la avería de un electrodoméstico.

El informe sobre España lanzado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en agosto de 2013 no deja lugar a dudas. El futuro que las élites internacionales y nacionales plantean para la sociedad española se fundamenta en la polarización social y en el empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población. El FMI afirma en su documento que los salarios aún deben rebajarse un 10% más, que los gastos en sanidad y educación deben reducirse, que hay que aumentar la recaudación de impuestos como el IVA y que hay que adelgazar la administración pública en todos sus niveles. En el mejor de los casos, estas medidas permitirían, según el FMI, frenar el aumento del desempleo y dejar la tasa de paro en un desesperante 20%.

Al mismo tiempo que se produce el «austericidio» oímos a diario el bochornoso discurso oficial que pretende convertir la lucha contra la pobreza en una suerte de actividad voluntariosa en la que todos los actores sociales deben ponerse de acuerdo. El programa neoliberal de destrucción del Estado de bienestar convive con actividades caritativas de todo tipo y con una narrativa cada vez más peligrosa de estigmatización y culpabilización de las personas en situación de pobreza. Se asume el empobrecimiento de las clases medias como si fuera el resultado de una catástrofe natural de la que nadie tiene culpa, mientras se atribuye la alta vulnerabilidad de las clases trabajadoras a problemas derivados de sus malos hábitos, sus vicios y su falta de cultura del esfuerzo.

El desmantelamiento del precario Estado de bienestar español, del wellfare, se produce en paralelo a la imposición del workfare. Para los voceros del neoliberalismo, las personas desempleadas carecen de incentivos para buscar un nuevo trabajo a causa de la supuesta bondad de los subsidios. Joan Rosell, presidente de la patronal CEOE, se ha pronunciado en este sentido en repetidas ocasiones, afirmando sin ningún pudor que las personas sin empleo esperan hasta el agotamiento del subsidio para aceptar una oferta de empleo.

La utilización de los débiles subsidios públicos por parte de los hogares socialmente más vulnerables está continuamente bajo sospecha. En un contexto de recortes, se transmite a la ciudadanía que existe una competencia constante por los escasos recursos públicos y que estos deben ser utilizados para socorrer a las personas que quieran trabajar, sometiendo, de este modo, a los «pobres oficiales», los usuarios de los servicios sociales, a un constante escrutinio y vigilancia que asegure que no cesarán en su empeño de lograr la «inserción laboral».

No se trata solo de reducir el Estado a su mínima expresión. La crisis ha servido para consolidar la transición al workfare ya iniciada en los noventa. Quien no asume la precariedad de los minijobs y otras opciones laborales de precariedad laboral y vital no tiene derecho a la asistencia. Como en el resto de países sometidos a las políticas de la troika, la tendencia al empobrecimiento generalizado se acelera con cada imposición aplicada.