I
La deuda en el mundo

GRISELDA PIÑERO y IOLANDA FRESNILLO

¿Qué significa la deuda para los pueblos?

La población española, al igual que la griega o la portuguesa, está sufriendo las criminales consecuencias de las políticas de austeridad que se imponen tras la cortina de la deuda. La crisis de la deuda, que está ahogando a los países de la periferia europea, se asemeja a la que vivieron numerosos países africanos, asiáticos y latinoamericanos, crisis que, de hecho, siguen viviendo.

La deuda ha sido y sigue siendo un mecanismo de dominación de los acreedores sobre los deudores, un mecanismo que ha servido como palanca para imponer un modelo económico centrado en el neoliberalismo. Mediante los llamados planes de ajuste estructural en los países empobrecidos, que en Europa son los de austeridad, la deuda provoca el empobrecimiento de las poblaciones, el menoscabo de sus derechos económicos, sociales y culturales y, por ende, el aumento de las desigualdades.

La crisis de la deuda en los países empobrecidos no se ha acabado

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), casi un tercio de los países de bajos ingresos se encuentran hoy en riesgo de sobreendeudamiento, a pesar de haber recibido en muchos casos importantes cancelaciones de deuda. De hecho, la deuda total de los «países en desarrollo» ha pasado de 2,1 billones de dólares en el año 2000 a 4,9 billones de dólares en 2011. En el contexto de la crisis económica global, muchos países se han endeudado aún más para suplir los impactos de la crisis en sus economías. Los países empobrecidos han visto reducidos sus ingresos por exportaciones, los precios de las materias primas se han vuelto extremadamente cambiantes, los ingresos por remesas de migrantes han caído y las empresas multinacionales han incrementado los niveles de repatriación de beneficios, además de seguir evadiendo impuestos y profundizando la fuga de capitales, con lo cual dejan cada vez menos recursos a disposición de esos países. En este contexto, es especialmente preocupante el sustancial incremento de la deuda privada en algunos países empobrecidos. Mientras en el año 2000 la deuda pública de los países en desarrollo era de 1,3 billones de dólares y la deuda privada era de tan solo 0,5 billones, a finales de 2011 la deuda pública había subido hasta 1,76 billones y la privada, a 1,71 billones (deuda a largo plazo). Por ejemplo, como vienen alertando algunos medios financieros, la burbuja de crédito privado en Asia podría derivar en una nueva crisis de deuda.

El precio del «perdón» de la deuda

Después de años de movilizaciones sociales se implementaron iniciativas de «alivio de deuda» para los países más pobres y más endeudados con las que se pretendía reducir la deuda de estos países a «niveles sostenibles». Pero las cancelaciones ofrecidas se reciben solo después de comprobarse la ejecución de programas de ajuste controlados por el FMI. Privatizaciones, liberalización financiera, eliminación de subsidios, reducción de salarios a funcionarios, recortes en sanidad y en educación, entre muchas otras medidas, fueron impuestas a países como Mali, Haití, Camerún, Tanzania o Bangladesh, a cambio del «perdón» de parte de sus deudas. En Malí, Malawi o Haití, por ejemplo, la eliminación de los subsidios al algodón, a los fertilizantes y al arroz respectivamente, y la obligación de abrir sus mercados y privatizar las empresas públicas agrícolas, no solo supuso la ruina de millones de campesinos, sino también una grave amenaza a la soberanía alimentaria de sus poblaciones.

Estas políticas, que perpetúan la relación de dependencia de los países supuestamente beneficiarios, son totalmente ineficaces e insuficientes a largo plazo ya que, después de recibir las cancelaciones parciales de sus deudas, los gobiernos siguen recurriendo al crédito, en muchos casos del FMI, reproduciendo ciclos de sobreendeudamiento.

Blanqueo de deudas, de América Latina a Europa

En América Latina, la crisis de la deuda en los años ochenta llevó a diferentes rondas de refinanciaciones, una de las respuestas más habituales ante situaciones de sobreendeudamiento. En el sudeste asiático, Ecuador o Argentina a finales de los noventa, o Grecia e Irlanda en la actualidad, refinanciar la deuda ha sido también la respuesta. Este tipo de refinanciaciones no hacen más que perpetuar el problema del endeudamiento y sirven de palanca para imponer los planes de ajuste estructural del FMI. Durante las refinanciaciones además no se tiene en cuenta el origen de la deuda, por lo que en muchos casos se acaban blanqueando deudas ilegítimas, odiosas e impagables.

Blanqueando y eternizando deudas bancarias. El caso irlandés

En el año 2006, antes del estallido de la crisis, la deuda pública irlandesa era de 43.766 millones de dólares, un 24,6% del PIB, y el país presentaba superávits fiscales. Considerada la prueba del éxito del modelo neoliberal, Irlanda pasó de un extremo a otro: de ser llamada el «tigre celta» al rescate. El Anglo Irish Bank, que había participado de lleno en la burbuja inmobiliaria irlandesa, fue rescatado por el Gobierno irlandés en 2010, lo que multiplicó la deuda pública irlandesa por tres, y disparó el déficit fiscal hasta el 30,9%, en un claro ejemplo de socialización de deudas privadas. La situación llevó al Gobierno irlandés a pedir un «rescate» de 90.000 millones de euros al FMI y a la Unión Europea (UE), que fue a parar fundamentalmente a la recapitalización bancaria, mientras se imponía un brutal plan de austeridad.

En el primer trimestre de 2013, la deuda pública había aumentado hasta el 125% del PIB. En enero del mismo año, y al borde de la suspensión de pagos, el Gobierno irlandés pactó una refinanciación de su deuda con el Banco Central Europeo (BCE), canjeando los pagarés de deuda a corto plazo (con un interés del 8%) por bonos del Estado a largo plazo con un interés mucho menor. A pesar de la presión mediática para que la refinanciación de la deuda se considerara un proceso exitoso, la campaña Anglo, not our debt denuncia que este canje significa el blanqueo de una deuda ilegítima «que fue acumulada para pagar a especuladores que se jugaron el dinero en un banco irresponsable, ahora bajo investigación criminal».

Grecia, quitas y nuevas deudas; refinanciación a la latinoamericana eternizando la deuda y la austeridad

Antes de la crisis, la deuda pública griega ya era más elevada que la del resto de sus vecinos europeos, en parte debido a la herencia de la dictadura de los coroneles, que cuadriplicó la deuda pública entre 1967 y 1974. Una deuda odiosa que después heredaría la democracia griega. Por otro lado, los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004, el elevado gasto militar y una serie de llamativos casos de corrupción están también entre los factores de la elevada deuda pública griega.

Grecia también tuvo una burbuja de deuda privada; tras la crisis financiera, que cerró el grifo del crédito a sus bancos, muchos bancos fueron rescatados, lo que aumentó la deuda pública. En 2010, ante la posibilidad de una suspensión de pagos, la troika (formada por el FMI, la Comisión Europea y el BCE) aprobó el primer «rescate»: un crédito de 110.000 millones de euros, con un draconiano plan de austeridad, recogido en el memorándum firmado con la troika. Cada tramo del «rescate» que se desembolsa requiere el cumplimiento de las condiciones del primer memorándum, lo cual socava día a día la soberanía griega. Es importante destacar que, de los 23 tramos del «rescate» griego cobrados desde 2010, un 77% de los recursos se ha destinado al sector financiero.

Sin embargo, año y medio después del primer «rescate», Grecia se encontraba en la misma situación: con una deuda impagable. En marzo de 2012 la troika aprobó el segundo «rescate» con la condición de que los acreedores privados aceptasen una quita, es decir, el impago de una parte de la deuda. Ante el riesgo de no cobrar nada, el 95,7% de los tenedores de bonos privados aceptaron el canje por nuevos bonos garantizados y bajo jurisdicción británica, con una quita de hasta un 78,5% del valor real de la deuda. No obstante, la deuda pública griega sigue aumentando. La previsión del FMI para 2013 es que llegue al 176% del PIB. En Grecia, el PIB ha retrocedido un 25% desde 2007, la tasa de desempleo llega al 27% —entre los jóvenes, a más del 57%— y casi la mitad de la población está en riesgo de pobreza.

Los riesgos de no pagar: Argentina y los fondos buitres

Argentina hizo suspensión de pagos de su deuda en 2001, después de décadas de seguir los dictados del FMI y de situar su economía (y su población) al borde del abismo. Este país aprovechó la suspensión temporal de pagos para renegociar su deuda privada y parte de la deuda bilateral y, al mismo tiempo, acumular reservas suficientes para poder pagar la deuda con el FMI. Sin embargo, en lugar de repudiar la deuda odiosa de la dictadura y analizar a través de una auditoría la ilegitimidad de las deudas posteriores, el Gobierno optó por ofrecer a los mercados dos canjes de bonos de deuda, en 2005 y 2010, con una importante quita y un retraso de los vencimientos.

El 93% de los tenedores de bonos (acreedores privados) aceptaron la quita y perdieron parte de su inversión (hasta un 75% en algunos casos). Los acreedores que no aceptaron la quita vendieron los bonos a los «fondos buitre», que, después de comprarlos a un 2% del valor nominal, recurrieron en 2012 a los tribunales reclamando al país el retorno del 100% del valor nominal de dichos bonos. Una sentencia desfavorable para Argentina, como la que se ha producido en agosto de 2013 en los juzgados de Nueva York, no solo pone contra las cuerdas a este país sino que pone en riesgo los procesos de reestructuración de deuda, como, por ejemplo, los de Grecia, Jamaica o Belice.

La deuda en el Caribe; condenados a la pobreza

De la situación de endeudamiento fuera de Europa destaca la que viven los pequeños países insulares del Caribe. Desde 2010, Antigua y Barbuda, Belice, San Cristóbal y Nieves, Granada y Jamaica reestructuran sus deudas soberanas, que fueron aumentando sin pausa desde la década de los noventa, hasta alcanzar niveles de deuda pública superiores a los de Grecia. Así, San Cristóbal y Nieves tiene una deuda pública cercana al 200% del PIB y Jamaica, una del 143%. La crisis económica global, el impacto del descenso del turismo (del que son altamente dependientes), así como los efectos económicos de huracanes y tormentas son algunos de los factores clave para explicar este aumento de la deuda.

Desde la década de los noventa, el FMI desplegó en la región sus programas de ajuste, que con la crisis actual se renovaron y en algunos casos, como el de Jamaica, endurecieron sus condiciones. De seguir bajo los dictados del FMI, los pequeños estados del Caribe tienen por delante años de ajustes y austeridad, y, por tanto, de empobrecimiento, desigualdades y violaciones de derechos.

En abril de 2013, en una situación límite, Jamaica pactó con el FMI un nuevo «rescate» de 930 millones de dólares y una reestructuración de su deuda interna. Según la Campaña para la Justicia Económica y Social de Jamaica (CESJ), que promueve una auditoría de la deuda en ese país, la deuda jamaicana es en buena parte ilegítima: deuda de corrupción, derivada del rescate bancario en los noventa, o deuda correspondiente a megaproyectos de infraestructuras inútiles que solo beneficiaron a la élite de la industria turística.

La deuda y el FMI: dos obstáculos más para las revoluciones árabes

En los meses previos a las revueltas árabes, el FMI había publicado una serie de informes sobre la política económica y los ajustes y recortes sociales realizados por los gobiernos de Egipto, Libia, Argelia o Bahréin. Tanto el FMI como el Banco Mundial (BM) valoraron muy positivamente los avances económicos de los países del norte de África, obviando el empobrecimiento de la mayoría de la población, la negación de derechos económicos, sociales y culturales, la violación de derechos humanos, la falta de democracia o el aumento de las desigualdades.

En Egipto, los préstamos del FMI y el BM al régimen de Mubarak fueron la palanca para imponer la llamada reforma económica egipcia, que contribuyó al empobrecimiento de la población, la desestructuración de la clase media y el aumento de las desigualdades. En poco tiempo, el Gobierno congeló salarios, eliminó pagas extraordinarias y recortó de forma drástica la inversión en servicios públicos, como sanidad o educación. Mientras tanto, la deuda aumentaba. Dichas políticas de ajuste, el impacto de la especulación financiera que disparó los precios de los productos básicos en 2008, y la corrupción y despotismo del régimen de Mubarak fueron el combustible de la revolución egipcia.

El 31 de marzo de 2013, la deuda externa egipcia se elevaba a 38.385 millones de dólares, un 87,33% del PIB, con lo que destinaban casi un 30% del presupuesto al pago de la deuda. Después de la caída de Mubarak, el FMI volvió a escena, ofreciendo un crédito de 4800 millones de dólares al Gobierno de Mohamed Morsi, a cambio, nuevamente, de la implementación de un programa de ajuste, que incluía reformas fiscales, ajustes del déficit, recortes en los subsidios para materias primas como el gas natural o el aumento de las tasas en productos básicos. Sin embargo, el Gobierno interino egipcio, surgido del golpe de Estado de julio de 2013, rechaza de momento restablecer las negociaciones con el FMI.

Por su lado, la deuda de Túnez ascendía a finales de 2011 a 22.335 millones de dólares, de los cuales 14.958 millones correspondían a deuda pública. Una deuda que es heredada del régimen de Ben Alí y que, por tanto, podemos calificar como deuda odiosa. Al igual que en el caso de Egipto, el FMI, que nunca dudó en hacer negocios con los dictadores, se apresuró a ofrecer un crédito al nuevo Gobierno tunecino después del derrocamiento de Ben Alí. Un préstamo de 1636 millones de dólares, concedido en junio de 2013, acompañado del control directo y las consabidas políticas que impone el FMI.

Una de las reivindicaciones clave de las activistas en el marco de la revolución tunecina fue la realización de una auditoría de la deuda, exigiendo el no pago de la deuda odiosa de Ben Alí. Una demanda que fue asumida por todos los partidos políticos en las elecciones de octubre de 2011, después de la revolución. De esta manera se logró que en julio de 2012 se aprobara en el Parlamento tunecino, y por primera vez en un parlamento africano, una propuesta de ley para realizar una auditoría de la deuda, que quedaría en manos de la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, esta Asamblea ha relegado el proyecto de la auditoría, que de momento está estancado.

Atacando la deuda y la austeridad también más allá de nuestras fronteras

Como hemos visto, la crisis de la deuda es el elemento clave que permite la violación de derechos económicos, sociales y culturales, no solo en nuestro país y la periferia europea, sino también en países de todos los continentes. Las crisis de deuda son recurrentes en el capitalismo, y solo abordando las causas sistémicas que las provocan podremos superarlas. También resulta innegable que no puede haber desarrollo humano sin romper con la infernal espiral de la deuda y la dependencia que esta provoca respecto a los mercados financieros y las instituciones financieras internacionales. Por ello es imprescindible que unamos fuerzas y reforcemos las alianzas internacionales para luchar coordinada y conjuntamente contra la deuda y la austeridad, contra el sistema económico y el sistema político que las originan y para la construcción de alternativas que nos permitan superar este sistema económico.

Bibliografía