SERVICIOS INFORMATIVOS

Manipulación en el periodismo «serio»

El colmo, lo más despreciable cuando se habla de manipulación en los medios de comunicación, es comprobar que los espacios destinados a informar, a mantener al ciudadano al tanto de la actualidad y la realidad que le rodea, están sujetos a toda clase de manipulaciones políticas y económicas que terminan por traducirse en una imagen distorsionada que conviene a los patrocinadores de la información. Después de leer este capítulo, es posible que usted también piense, como un conocido productor televisivo, que la telebasura está en los telediarios…

El catedrático de Derecho Constitucional Juan José González Encinar hacía en su día una magnífica acotación de la función de los medios públicos de comunicación en una sociedad democrática:

Las respectivas funciones que en un sistema democrático corresponden a un partido político y a una televisión pública son de naturaleza esencialmente distinta. La primera función de un partido político consiste en intentar convencer a los ciudadanos de que la opción política que representa es la mejor de las opciones posibles. Una televisión pública tiene exactamente la función contraria: no la de influir sobre la opinión en un sentido partidista, no la de decantar las voluntades, o los votos, en un determinado sentido, sino, por el contrario, la de mantener abierto y libre el permanente proceso de formación de la voluntad popular. Siendo ello así, si es un partido político el que dirige o controla una televisión pública, ésta pierde, lisa y llanamente, su razón de ser.^[63]

Esto sería, al menos teóricamente, lo que debería suceder. Sin embargo, a lo largo de las páginas siguientes veremos hasta qué punto se aleja de la realidad de este planteamiento idílico.

En el proceso de elaboración y difusión de una noticia, es cierto que lo subjetivo, por muy profesional que se sea, es casi imposible que no tenga un mayor o menor grado de influencia: existe la autocensura, la falta de datos objetivos o el propio criterio del periodista. Hay otro factor que influye enormemente en el aumento actual de la manipulación informativa, y es la precariedad laboral que existe en el sector del periodismo, ya sea en las empresas privadas o en las públicas.

La estabilidad de un periodista en su empleo depende de cuánto se identifique con la línea editorial de la empresa para la cual trabaja.

En el tema de la precariedad laboral el expediente de Regulación de Empleo, que en su momento afectó a 215 trabajadores de Antena 3, es prototípico. El comunicado que hicieron circular los trabajadores es el documento en el que mejor se recoge la situación:

Nos ponemos en contacto con vosotros para denunciar la situación que estamos viviendo en la redacción de informativos. La directora de los servicios informativos ha amenazado con despedir a quienes participen en cualquier manifestación contra el ERE, que afecta a nuestra cadena. Lomana trata de vulnerar nuestro derecho constitucional de manifestación y huelga. La directora de informativos ha pedido todas las grabaciones en vídeo del acto de apertura de campaña que realizó anoche el PP. Trata de identificar a los trabajadores de Antena 3 que protestaron en ese mitin contra la decisión de la dirección de la cadena de despedir a trescientos noventa trabajadores. Está amenazando directamente a los redactores, cámaras y productores de los servicios informativos para que no sigan con sus protestas. Si los empleados de esta casa hemos decidido manifestarnos contra el PP, es sencillamente porque le consideramos el máximo responsable de la situación por la que atraviesa la empresa. De todos es sabido el interés que Aznar tuvo por controlar Antena 3 y convertirla en su televisión. Los gestores J. J. Nieto o Sáenz de Buruaga, son los que han perjudicado el crecimiento de nuestra cadena. Ahora, Aznar supervisa personalmente el proceso de venta de Antena 3 por parte de Telefónica a Planeta. Parece que tras la nefasta gestión de sus amigos, ahora el presidente del Gobierno ha saltado al extremo contrario. Al de un grupo de gestores que quiere vender por partes los bienes de la cadena y convertir Antena 3 en un centro emisor con un puñado de trabajadores fijos y centenares de personal contratado a través de empresas de trabajo temporal.^[64]

Las tensiones, tiras y aflojas y dramas personales que trajo consigo el despido de aquellos trabajadores sólo sirvió para que unos días después, tal y como vaticinaba este escrito, la cadena contratara a 325 empleados a través de una empresa de trabajo temporal.

¿Dónde está la telebasura?

En el curso de 2003, de la Universidad de Verano de El Escorial, el productor de Crónicas marcianas lanzó la provocativa pero sesuda frase que antes hemos mencionado: «La telebasura está en los telediarios de la 1».Y en aquel momento tenía razón… No existe peor basura mediática que aquella que ofrece manipulación y engaño disfrazados de información.

Echemos un vistazo al reparto de la audiencia en España.^[65]

Está claro que hay un sector muy importante de la población que recibe su información diaria, exclusiva o casi exclusivamente, a través de la pequeña pantalla. Ello no sería mayor inconveniente de no haberse verificado, en la última década, una evolución hacia el espectáculo informativo puro y duro. Las cadenas privadas han ido poco a poco ganándole terreno a los informativos de la televisión pública, hasta acabar superándola en algún caso, gracias a la táctica de engrosar sus espacios con sucesos, catástrofes e imágenes impactantes, mientras que la política nacional e internacional, la economía y otros asuntos relevantes comienzan a ocupar una posición de segunda categoría en los telediarios.

En el nuevo orden informativo, aquello de lo que no se puede presentar imágenes, simplemente no existe. Ésa es la razón por la que el ejército estadounidense ha optado por evitar, en la medida de lo posible, la difusión de las imágenes de sus intervenciones en Oriente Medio.

Por otro lado, los mismos criterios económicos que han sido determinantes en la producción de la ingente cantidad de telebasura que puebla las parrillas televisivas han comenzado a filtrarse en los informativos. Se ahorra en personal, se ahorra en medios y ello hace que se acabe recurriendo a las soluciones más fáciles y económicas.

Una directiva europea (89/552/CEE) señala en el artículo 10.1: «La publicidad habrá de diferenciarse del resto del programa gracias a medios ópticos o acústicos» y, más adelante, en el artículo 11.1, añade que «la publicidad podrá introducirse en los programas siempre que no perjudique su integridad, ni su valor». El artículo 11.4, refiriéndose entre otros a los programas informativos, establece: «Cuando la publicidad interrumpa un programa, habrán de pasar como mínimo veinte minutos entre cada interrupción sucesiva». También prohíbe, en el artículo 17.3, el patrocinio de los informativos: «No se podrá patrocinar telediarios, ni emisiones de actualidad política».

Cada vez son más los contenidos de los espacios informativos que son fruto del material, más o menos procesado, procedente de gabinetes de prensa y departamentos de relaciones públicas de empresas privadas, organizaciones y partidos políticos que convierten determinadas noticias en verdaderos anuncios publicitarios no pagados. El asunto roza el bochorno cuando se comprueba cómo exactamente la misma pieza, el mismo vídeo que ha llegado por medio de agencia o a través del departamento de prensa de tal o cual empresa, es reproducido sin modificaciones el mismo día por la totalidad de las cadenas nacionales y alguna de las autonómicas.

El periodismo de investigación es casi un recuerdo de tiempos pasados, más íntegros y románticos, y en su lugar se ha impuesto un ritmo de trabajo que impide que los profesionales acudan a las fuentes para contrastar la información, la más elemental de las prácticas periodísticas. En las redacciones impera un estilo acelerado de fabricación de noticias que prioriza el rellenar espacios a cualquier precio y servir espectáculo a una audiencia de meros consumidores de información. Se impone la cantidad sobre la calidad, la espectacularidad sobre el rigor, la imagen sobre la palabra y la ficción, revestida para ser creíble, sobre la realidad.

El caso Urdaci

Pero si en las cadenas privadas la calidad de la información se ha visto mermada notablemente por la estricta aplicación de las leyes del mercado, no es menos cierto que, por lo general y hasta ahora, las públicas no sólo no han estado libres de pecado, sino que han dado muestras de un bochornoso servilismo ante los gobernantes de los que dependen. Quizá el punto culminante de esta situación deberíamos ubicarlo el 22 de diciembre de 2002, cuando la plataforma ciudadana Nunca Mais convocó una concentración frente a la Televisión Pública Gallega (TVG) y la delegación de Televisión Española en Santiago de Compostela para protestar contra el tratamiento que los medios públicos habían hecho de la catástrofe del Prestige en Galicia. La manifestación estuvo apoyada por los comités intercentros de los dos entes públicos. Nunca antes un medio de comunicación público había tenido que enfrentarse al bochorno de verse recriminado de esta forma por la población.

En la televisión de Galicia ya existía un precedente de irregularidades informativas, como el asunto de las vacas locas, una cuestión de obvio interés para el sector agropecuario gallego y del que se informó con mayor detalle en las televisiones nacionales que en la propia televisión autonómica. De hecho, cuando se descubrió que estaban enterrando a las reses afectadas, las imágenes del transporte en camiones del ganado muerto y su posterior enterramiento fueron grabadas por TVG, que no las emitió, aunque sí las cedió a los canales de televisión nacionales (Antena 3,Telecinco, TVE, etc.), a través de los cuales pudieron verlas los gallegos.

No obstante, el que peor lo pasó en aquellos días negros de chapapote fue Alfredo Urdaci, el entonces director de los Servicios Informativos de TVE, que tuvo la feliz idea de hacer una cobertura de la catástrofe del Prestige desde la primera línea, presentando la segunda edición del Telediario desde la lonja de Muxía, la localidad más castigada por el desastre. El problema fue que, como ya hemos visto, los ánimos estaban realmente caldeados respecto a la «imparcialidad» con que las televisiones públicas estaban informando de la catástrofe. Los voluntarios y pescadores, que manchados de fuel hasta las cejas venían agotados de luchar contra la marea negra, se tomaron la retrasmisión de Urdaci como una bofetada en el rostro y actuaron en consecuencia. Durante todo el informativo se les pudo ver protestando y gritando consignas del estilo de «Fraga, Aznar, venid a limpiar». Cuando el realizador intentó minimizar el daño tomando un plano cerradísimo y casi insostenible del rostro de Urdaci, no consiguió sino que arreciaran los gritos.

Alfredo Urdaci Iriarte accedió a la dirección de Informativos de TVE en mayo de 2000, y durante su gestión se convirtió en el más polémico de todos los que hasta el momento han ocupado el puesto. La sombra de la manipulación informativa persiguió pertinazmente al ente durante todo su mandato y culminó con una sentencia de la Audiencia Nacional, fechada el 23 de julio de 2003, en la que se decía que la cobertura informativa de la huelga general del 20-J había violado los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical. La lectura de la sentencia en antena por parte del propio Urdaci fue uno de los momentos más polémicos de su gestión. La lectura textual de las siglas «C», «C», «O», «O», en vez de referirse directamente a Comisiones Obreras, fue interpretada por muchos como una burla. Las noticias de la polémica gestión de Urdaci llegó incluso a trasponer fronteras y un informe del Consejo de Europa colocó a Televisión Española como ejemplo de manipulación informativa.

En una entrevista concedida a la cadena de televisión France 5^[66], con motivo del juicio por manipulación, Alfredo Urdaci respondía de esta forma a su entrevistador Michael Richard:

El personaje llegó a ser tan popular que se convirtió en blanco de políticos columnistas y ciudadanos de a pie, e incluso protagonizó un corto, dirigido por el cineasta Imanol Uribe, sobre la manipulación informativa en los medios públicos.

Un antiguo director de informativos de la casa, Diego Carcedo, se refería a Urdaci en términos no demasiado laudatorios, pero que resumen muy bien el clima de opinión imperante sobre el periodista:

Me ha sorprendido mucho su radicalización… Se veía un periodista conservador pero no tan militante políticamente. En él se unen la manipulación descarada y la ocultación de noticias.^[67]

La propia Televisión Española se convirtió en un avispero incontrolable para Urdaci. El Comité contra la Manipulación Informativa nació con la firma del siguiente manifiesto por parte de 800 trabajadores del ente:

El Comité produjo treinta y cinco informes en los que se ponía de manifiesto el sesgo informativo de TVE, especialmente durante la guerra de Iraq.^[68] En ellos se cuenta, entre otras cosas, cómo las corresponsalías de Rusia, Alemania y Francia, es decir, los países contrarios a la intervención armada en Iraq, prácticamente desaparecieron de la escena informativa durante el tiempo que duró el conflicto, o cómo la gran manifestación contra la guerra del 15 de febrero de 2003, que sólo en Madrid congregó a más de un millón y medio de personas, no fue merecedora de ninguna conexión en directo por parte de la televisión pública.

Pero ¿por qué Urdaci? Una de las claves de los clamores de indignación que levantaba el director de informativos es que se dejaba ver demasiado, mucho más que cualquiera de sus predecesores. Presentaba, como hemos dicho, el Telediario-2, y al mismo tiempo, y a medias con Luis Herrero, conducía el debate de la 2. Su incansable laboriosidad le llevaba a ocuparse de los informativos especiales y de las entrevistas con políticos relevantes. Tanta aparición pública y, según sus enemigos, tan poca discreción al mostrar sus filias y fobias.

La punta del iceberg

No obstante, el caso Urdaci no es sino la punta del iceberg de un problema que todos denuncian pero que, a la hora de la verdad, nadie ha puesto una voluntad real por solucionar. Radiotelevisión Española es un medio al que la ley encomienda expresamente una función de servicio público.^[69] Sin embargo, su trayectoria en casi toda la etapa democrática (antes también, pero en una dictadura se supone que así es como deben ser las cosas) se ha caracterizado por una constante dependencia del poder político que ha mermado progresivamente su credibilidad.

De todos modos, sería tan ingenuo como injusto culpar de esta situación a los profesionales del medio. Bastante tienen ellos con trabajar en condiciones tan anómalas, como la de estar bajo las órdenes de un director general nombrado directamente por el Gobierno. Además, en RTVE existen los llamados «contratos estrella», de los que se benefician profesionales que no pertenecen a la plantilla del ente. Estas contrataciones cubren los puestos de responsabilidad en los servicios informativos, la dirección de los programas de mayor audiencia o las tertulias de carácter político. Con cada cambio de gobierno, estas estrellas se convierten en fugaces y son sustituidas por otras cuyo brillo agrade más al partido gobernante.

En su día, el PP rechazó que el Gobierno perdiera el poder de nombrar y cesar al director general de RTVE, entre otras razones, como expuso entonces su portavoz en esta materia en el Congreso, Alejandro Ballesteros, porque el modelo de que ese cargo dependa del Parlamento «sólo existe en Eslovaquia». Bien por los eslovacos. En esta intervención, que tuvo lugar en mayo de 2001, el diputado se centró en intentar desmontar las acusaciones de manipulación, concepto que consideró «muy subjetivo y nada jurídico», y aseguró que la oposición no había dado ningún «dato o hecho» para sostener esa denuncia y se agarró a la elevada audiencia de los telediarios para sustentar su credibilidad.

En los meses siguientes, los datos y hechos se sucedieron para ratificar la existencia de la manipulación informativa en RTVE. La polémica gala de los premios Goya 2003, con su mensaje rotundo de «No a la guerra», es un buen ejemplo de ello. La ceremonia, gracias a las intervenciones improvisadas de premiados y presentadores en torno a temas como la guerra de Iraq o la catástrofe del Prestige, tomó una dirección que no estaba prevista en el guión. Los derechos de retransmisión los tenía Televisión Española y, conforme a ello, distribuyó imágenes al resto de cadenas. La sorpresa fue mayúscula cuando los receptores de las imágenes comprobaron que en la selección enviada faltaban todos los planos y comentarios reivindicativos que se habían producido durante el acto. TVE había omitido las protestas, las críticas alusiones al Gobierno y los mensajes contra la guerra de Iraq. Lógicamente, el resto de las cadenas, que esperaban este contenido como agua de mayo para convertirlo en uno de los principales argumentos de los informativos del día siguiente, protestaron sonoramente y reclamaron al ente público las imágenes de las protestas.

Tras el cambio de gobierno, se ha producido un notable y visible cambio de tono en los informativos de la cadena pública, un cambio de tono que ha desagradado grandemente a los votantes del PP.

El 11 de junio de 2004, una periodista de TVE fue increpada y abucheada por más de siete mil militantes y simpatizantes que asistieron a un mitin del Partido Popular en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid.^[70] Cuando la periodista cogió el micrófono y empezó a hacer pruebas de sonido, la gente comenzó a abuchear y lanzar proclamas contra los trabajadores de Televisión Española. El ruido era tal que resultaba totalmente imposible comprender lo que estaba diciendo en aquel momento Mariano Rajoy, que se vio obligado a guardar silencio durante casi un minuto. Al retomar el discurso, dijo: «Pues a las nueve y ocho minutos entro en directo en televisión». Los miles de asistentes tomaron nota y, cuando vieron a la periodista coger el micrófono de Televisión Española, empezaron a increparla. La reportera de TVE se vio obligada a acortar su intervención delante de la cámara. Al terminar la conexión, una señora se acercó a ella y, señalándola con el dedo índice, le espetó: «Tú eres una manipuladora». Rajoy, que desde el estrado no veía lo que estaba pasando, se acercó al terminar el mitin a interesarse por lo sucedido y conversó durante unos minutos con la periodista, a la que pidió disculpas.

No debemos pensar que estos males son exclusivos de RTVE. En realidad, y en mayor o menor medida, podríamos contar más o menos lo mismo de todos los medios de titularidad pública. Cada gobierno, sea central, autonómico o local, tiene, casi sin excepción, «su» radiotelevisión para defender su política y oponerla a la de sus contrincantes. Lo curioso de esta realidad es que la denuncia de las irregularidades de estos medios suele proceder de los mismos partidos políticos, pero siempre referida a los medios controlados por sus adversarios y nunca a los controlados por su propio partido.

Para muestra, un botón. En junio de 2004, en una denuncia efectuada por la Agrupación de Periodistas de la Federación de Comunicación y Transporte de CC. OO., se acusaba de intrusión en los contenidos de las noticias y reportajes a los directivos de Telemadrid. Al parecer, el motivo de la denuncia fue la implicación personal del director de informativos y del director general para que no se emitiera un reportaje del programa Mi cámara y yo, cuyo contenido suele tener un carácter más documental que informativo.

El reportaje contaba la historia cotidiana de una barriada de casas de alquiler en estado prácticamente ruina, en la que conviven ancianos con escasos recursos económicos y rentas de alquiler antiguas que rondan los seis euros, con inmigrantes cuyos caseros se aprovechan de su precaria situación y no tienen más remedio que pagar alquileres de hasta 300 euros por persona para vivir hacinados en una vivienda que deja mucho que desear. Los periodistas de Telemadrid se dispusieron a montar su reportaje con el abundante material con el que contaban, fundamentalmente declaraciones de vecinos y responsables municipales. Al parecer, parte del problema vino cuando se descubrió que uno de los dueños del edificio era el padre del arquitecto municipal de Pozuelo de Alarcón, donde está situada la barriada.^[71] El director de informativos, Agustín de Grado, llamó al director del programa para enterarse de su contenido y le ordenó que no se emitiera, decisión ratificada por el director general al argumentar que se daba una imagen demasiado negativa de Madrid. La decisión del director del programa y del redactor encargado del reportaje fue tan rápida como valiente: presentar su dimisión. La Agrupación de Periodistas de CC. OO. presentó también una protesta por esta actuación.

El lunes 14 de marzo de 2005, la audiencia tuvo un nuevo ejemplo del sesgo informativo de Telemadrid, que fue puntualmente denunciado por los trabajadores del medio. Tras varios días recordando, a través de debates y reportajes, la tragedia del 11-M, Telemadrid decidió coronar aquellas jornadas con un reportaje programado en la hora de mayor audiencia y que llevaba por título Los cuatro días que cambiaron España. Durante las dos horas de emisión que siguieron a continuación, los autores de esta pieza se dedicaron básicamente a justificar la actuación del PP entre el y el 14 de marzo de 2004, señalando de forma bastante directa a la Cadena SER como culpable de manipular a la opinión pública. Entre las insidias que se insinuaban en aquel reportaje también se daba a entender que los partidos de izquierda estaban detrás de las movilizaciones ante las sedes del PP.

El autor del reportaje era José Antonio Ovies, subdirector de informativos de Telemadrid, quien fue denunciado en su momento por UGT y CC. OO. cuando era responsable de informativos en TVE Asturias por ocultar y minimizar la jornada de huelga general contra el decretazo de Aznar. La asamblea de redacción de Telemadrid y de Telemadrid Radio decidió emitir un comunicado rechazando cualquier relación con el reportaje y denunciando la manipulación informativa que venían sufriendo desde que Esperanza Aguirre designó a Manuel Soriano como director general del medio.

Canal 9

Con todo, ha sido la televisión valenciana, Canal 9, la que inmediatamente por detrás de TVE ha cosechado el mayor número de quejas y sospechas de manipulación. La lista de agravios denunciados contra esta cadena por parte de diferentes instancias, incluidos los sindicatos, va desde una evidente desproporción, a favor del PP, de los tiempos de aparición de los diferentes líderes políticos hasta episodios tan imaginativos como decorar con falsas ovaciones la información de los mítines de Aznar.

Durante el período de gobierno autonómico de Eduardo Zaplana, era chascarrillo habitual entre los periodistas asegurar que Zaplana era un presentador más de Canal 9. Un informe del Comité de Redacción de Canal 9, elaborado el 13 de julio de 2000, desvelaba que la cadena emitió en un solo día treinta declaraciones del por entonces presidente de la Generalitat y ni una de la oposición. Eduardo Zaplana sumaba cinco minutos, tres veces más que las apariciones televisivas de todos los políticos de la oposición juntos, y en tan sólo seis meses alcanzaba un total de 318 apariciones en el Noticies 9, el informativo de la cadena autonómica. Por su parte, el conjunto de los dirigentes del PSPV-PSOE anotaban 31 apariciones, y 29 los de Esquerra Unida.

Es una constante que el Comité de Redacción de Canal 9 acuse a la cadena de superficialidad, propaganda y sensacionalismo al servicio de un partido político. Una de sus memorias presentaba un panorama descorazonador de los servicios informativos de Canal 9:

Abuso de sucesos, fútbol, el tiempo, utilización de los informativos para hacer autobombo de Tómbola, uso de un lenguaje sensacionalista y apocalíptico en los informativos (muy especialmente en la segunda edición), temas de internacional tratados cada vez de manera más superficial, proliferación de «sangre e hígado» y sucesos, manipulación y censura para beneficiar al Partido Popular y al presidente Eduardo Zaplana, multitud de noticias que no se dan y que siempre tienen como denominador común el que pueden resultar poco beneficiosas para el Partido Popular, datos económicos que se destacan cuando son positivos para el gobierno del PP y que se esconden cuando son negativos, desinformación sobre el caso Ivex, etcétera.^[72]

Tales planteamientos han llevado a una práctica profesional desquiciante, según los miembros del Comité de Redacción, que ponen como ejemplo el «despachar en cuarenta segundos una novedad importante sobre el caso Pinochet, mientras el rescate de un gato se narra en dos minutos y medio. La técnica es sencilla: se ocultan las noticias que molestan magnificando los hechos intrascendentes».

En beneficio de Canal 9 hay que decir que, en lo tocante a la trivialización de la información y el recurso del sensacionalismo fácil, lo denunciado en este texto no tiene nada que envidiar a la situación imperante en la mayoría de las televisiones privadas. Mucho más grave fue la depuración de periodistas que en el verano del año 1997 se llevó a cabo en el ente. Más de veinte periodistas con una dilatada trayectoria profesional y un gran conocimiento del medio televisivo fueron expulsados del núcleo central de los informativos de la 1.ª y 2.ª ediciones.

Curiosamente, los apartados pertenecían a secciones como política, Comunidad Valenciana, economía, nacional, internacional, información institucional… y su perfil personal y profesional apuntaba a que se trataba de periodistas difíciles de manipular. Esos periodistas, todos ellos fijos en plantilla, fueron sustituidos por contratados, entonces sin experiencia. Una redacción que tenía más del 75 por ciento de sus miembros fijos pasó a ser una redacción con poco más de un 25 por ciento de periodistas fijos. Ya se sabe que la precariedad vuelve al periodista —y a cualquier otro asalariado— mucho más predispuesto a colaborar con sus jefes. Como consecuencia de esto, el 75 por ciento de los informativos está destinado al fútbol, los sucesos, las fiestas y los asuntos frívolos; hasta quince noticias de sucesos se han llegado a ofrecer en un mismo informativo y sólo una de cada cien noticias está referida a la actualidad política valenciana.

Lo ocurrido el 23 de marzo de 2004 es por sí mismo más elocuente que cualquier cosa que podamos argumentar. Ese día la cadena interrumpió su emisión para anunciar el nombramiento de Eduardo Zaplana como portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados un notición, vamos. Se ofrecieron dos avances informativos obviando la noticia más importante del día: la detención en Valencia de dos presuntos terroristas islámicos, que comparada con el nuevo cargo de Zaplana era, como todos ustedes comprenderán, algo por completo carente de interés. A las 18.20 horas y a las 19.40, Canal 9 cortó la emisión del western El último pistolero —programa de mayor audiencia aquella tarde— para ofrecer ambos avances informativos de 2 minutos y de 36 segundos, respectivamente, sobre tan magno acontecimiento.^[73]

La purga

El fantasma de la purga no sólo ha recorrido los pasillos del Canal 9, sino que es un visitante habitual de casi todos los medios informativos de titularidad pública.

El 14 de mayo de 1990, el diario El País sacaba a la luz una sórdida historia que implicaba al entonces recién estrenado presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga Iribarne.^[74] Cuando apenas llevaba cien días en el cargo, Fraga encargó a sus colaboradores un dossier sobre los profesionales que trabajaban en la Radiotelevisión Gallega (RTVG), con sus currículos, sus afinidades políticas y personales, y hasta los comentarios más o menos indiscretos que se les pudieran atribuir. Lo realmente increíble es que semejante monumento a la delación parapolicial fue elaborado, y parece ser que llegó hasta las manos de sus destinatarios.

La cosa no habría pasado de ser un episodio más de caciquismo si la trama no hubiera sido denunciada por los afectados, pero esto no fue así y algunos de los documentos llegaron hasta la prensa. El material en cuestión no tenía desperdicio: listas de personal susceptible de ser cesado o despedido, clasificaciones en las que junto al nombre de los profesionales se colocaban frases como «nacionalista radical», «inquisidor socialista» o «elemento subversivo», etc. La polémica llegó al extremo de tener que consultarse a un perito grafólogo para que certificara que el propio Fraga había sido el autor de una de estas listas en las que se recomendaban ceses y ascensos en función de la afinidad política. Pero ni la certificación del grafólogo ni el trasiego de documentos que se vivió aquellos días hicieron que Fraga se apeara de su posición inicial:

El PP no ha encargado nunca ni hubiera aceptado un informe de esta naturaleza. Siento un profundo desprecio hacia quienes utilizan ciertos métodos y hacia quienes intentan convertir este asunto en una campaña política.^[75]

EFE de fraude

Con todo, y a pesar de lo expuesto hasta el momento en esta suerte de galería de los horrores mediáticos, el caso más terrible posiblemente sea el de la Agencia EFE, de titularidad estatal, y cuyo papel es precisamente el de surtir de noticias al resto de los medios de comunicación. A pesar de que ya dedicamos un capítulo entero a lo sucedido entre el 11 y el 14 de marzo de 2004, bueno será, precisamente en este otro apartado, repasar la actuación de la agencia estatal de noticias durante aquellos días.

El propio comité de empresa denunció que, desde la mañana del 11-M, periodistas de la agencia informaron de la existencia de un teléfono móvil configurado en árabe, de la furgoneta hallada en Alcalá de Henares y de la posibilidad, que más tarde resultó no ser cierta, de que una de las víctimas fuera un terrorista. Ninguna de estas informaciones, ni las verdaderas ni la errónea, llegaron jamás a los abonados que, en cambio, resultaron generosamente servidos de multitud de indicios que vinculaban a ETA con la matanza.

El director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Jorge Dezcallar, se vio obligado a acudir a la Agencia EFE para desmentir las informaciones que aseguraban que sus agentes ya habían descartado al 99 por ciento la tesis de la autoría de ETA:

El CNI cumple con su obligación con todo rigor y, por tanto, no es cierto y no tiene sentido que hayamos abandonado totalmente una línea de investigación en beneficio de otra o de otras.^[76]

Aquel mismo sábado 13 de marzo, el ministro portavoz, Eduardo Zaplana, acudió a la sede de la agencia para grabar una declaración «institucional», que sería emitida por televisión pero dando a entender que se emitiría «desde el palacio de la Moncloa». «¿Por qué vino a EFE y hubo que improvisar un plato que pareciera una sala oficial?», se pregunta el comité de empresa. Se cuenta que incluso hubo que romper el cristal de una vitrina para conseguir una bandera de España que hiciera más convincente el decorado. La dirección de EFE, ante estas acusaciones, adujo lo siguiente:

(…) grabó al portavoz del Gobierno en la sede central de la Agencia, en un escenario normal, como se hace con todo tipo de personalidades (…) con el objeto de que esa información (…) fuese distribuida a todos sus abonados.

La dirección de la cadena pública de noticias, en una circular interna a los trabajadores, ha tildado la denuncia del comité de empresa de «difamación profesional», añadiendo que «el que se cuidaran todas las informaciones relativas a una investigación policial forma parte del trabajo normal de una agencia de prensa responsable».

«La organización»

En algunas ocasiones, la censura o autocensura en los productos informativos no viene tanto a raíz de las presiones de tal o cual partido político sino como consecuencia de un clima general de miedo y/o desconfianza. Tal es el caso de muchos medios de comunicación vascos que durante años, ahora menos, tuvieron secuestrada parte de su independencia por el chantaje de los violentos. Se trata de medios, como la televisión autonómica vasca, ETB, en la que pronunciar la palabra «España» o «español» constituía un verdadero problema. Teniendo en cuenta esto, intentar imaginar el tratamiento que recibían las noticias sobre terrorismo se nos hace complicado. ETA no era un grupo terrorista, ni una banda armada, sino simplemente «la organización». Sus integrantes no eran asesinos, ni terroristas, ni tan siquiera el genérico y benevolente «delincuentes», sino «miembros de la organización», como los que se afilian a una ONG. Sus víctimas, sin foto, sin familia, las más de las veces sin nombre, no «eran asesinadas» sino que «resultaban muertas».

Se intentaba dar una imagen idílica de lo que sucedía en un País Vasco, avanzado tecnológicamente y próspero económicamente, que contrastaba con una España caótica, corrupta y chapucera. La sección de sucesos se poblaba con noticias que venían de fuera de Euskadi. El mensaje era claro: en Madrid también se mata y no se arma tanto alboroto.

En el caso de ETB, el Partido Popular ha sido quien ha denunciado de manera más insistente la parcialidad de sus contenidos. Mariano Rajoy estimó en su día, a raíz de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional citara al director de ETB para que explicase por qué emitió el vídeo de ETA, que era «especialmente chocante» que ETB no emitiera discursos institucionales muy importantes que sí difunden el resto de las televisiones, ni «los anuncios de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, que defienden unos valores bastante más respetables que los de la organización terrorista, como la vida, la libertad y los derechos de los ciudadanos», anuncios que «son vetados en esa televisión». Javier Arenas calificó en aquel momento de «gravísimo» que ETB «dé cobertura a los encapuchados de ETA» porque «en un sistema democrático los terroristas que practican el crimen tienen que estar en la cárcel y no en una televisión pública».

Por supuesto que, en medio de semejante panorama, quedan medios y profesionales que no están dispuestos a pasar por el aro, que no se pliegan a chantajes ni presiones. Para ellos está reservado el calvario de las amenazas, los escoltas y, finalmente, el exilio. El tema no es en absoluto para tomarlo a broma.

El 27 de agosto de 1998, en los medios de comunicación del País Vasco se recibieron postales anónimas en las que con un tono de velada amenaza se exigía a los destinatarios que se posicionaran a favor del traslado a Euskadi de los presos vascos: «Es bueno para ti, para todos. El sufrimiento de este pueblo no es gratuito». El escrito, encabezado con la frase «Lo vais a pagar caro», insistía en que los destinatarios de las postales eran «responsables de la política de aniquilamiento» de los reclusos de ETA.