A primeros de agosto de 1936, cuando ya había comenzado en Madrid la serie de asesinatos, que no decayó en cantidad hasta diciembre del mismo año, se celebró en el palacio del Círculo de Bellas Artes una reunión, convocada y presidida por el Director General de Seguridad, Manuel Muñoz Martínez (Diputado a Cortes del Partido de Izquierda Republicana y grado 33 de la Masonería). En la reunión referida, celebrada con asistencia de representantes de todos los partidos políticos y organizaciones sindicales que integraban el Frente Popular, se acordó la constitución de un Comité Provincial de Investigación Pública, que, en estrecho y permanente contacto con la Dirección General de Seguridad roja, debía encargarse de dirigir la política represiva, con amplias atribuciones.

Según testimonios unánimes y coincidentes de cuantos asistieron a la expresada reunión constitutiva del Comité Provincial de Investigación Pública, quedó claramente aceptada por el Director de Seguridad la atribución de amplias facultades al referido Comité para que, erigido en «checa», acordase, sin limitaciones ni formalidades de ninguna clase, los asesinatos que estimara convenientes; entre otras declaraciones terminantes en este sentido constan las prestadas por Manuel Rascón Ramírez, miembro destacado de uno de los Tribunales de la «checa», así como las del Ingeniero, afiliado a Izquierda Republicana, Julio Diamante Menéndez (condenado a una pena temporal relativamente benigna por el Consejo de Guerra que le juzgó), quien acredito que en la reunión, presidida por el Director de Seguridad, este acogió sonriente la exigencia de alguno de los reunidos, que reclamó para el nuevo Comité las más amplias facultades para acordar asesinatos; actitud que, al no permitir ya duda alguna acerca del carácter de «checa» que el organismo creado había de revestir, impulsó al mencionado Julio Diamante a abstenerse de participar en las tareas activas del Comité, en el cual siguió representado el Partido de Izquierda Republicana por otros individuos.

El Comité Provincial de Investigación Pública, formado a base de diversas Secciones o «Tribunales», con representación de los partidos y Sindicales obreras que habían enviado sus delegados a la sesión constitutiva, funcionó hasta fines del mes de agosto en los sótanos del Círculo de Bellas Artes; después se trasladó a un palacio, en el número 9 de la calle de Fomento, donde el Comité continuó hasta su disolución, en noviembre del mismo año 1936, recibiendo, por razón de su emplazamiento en esta segunda etapa, el nombre de Checa de Fomento, tan conocido y temido en Madrid.

En sus dos etapas de actuación, esta «checa» oficial dispuso del derecho más absoluto de vida y muerte sobre toda la población de Madrid; facultades que le estaban plenamente reconocidas por el Gobierno del Frente Popular y por la Dirección General de Seguridad, que tenía sus delegados fijos en la «checa» de Fomento y entregaba a esta cuantos detenidos eran reclamados por la referida «checa» para ser asesinados, realizándose estas entregas, bien se encontrasen los detenidos en los calabozos de la Dirección General de Seguridad o en alguna cárcel, existiendo abundante constancia documental de estas órdenes de entrega dadas por la Dirección General de Seguridad roja.

La creación del Comité Provincial de Investigación Pública no tuvo como consecuencia la disolución de las demás «checas» —que en número de más de doscientas funcionaron de un modo perfectamente comprobado en Madrid— puesto que la mencionada «checa» oficial, lejos de acordar la disolución de las demás y atribuirse —aun dentro de la irregularidad que la caracterizaba— el monopolio de la represión, contribuyó a reforzar la autoridad de las otras «checas», dotando de investidura oficial a los grupos de asesinos de las mismas, que a tales efectos eran considerados como dependientes de la «checa» oficial de la calle de Fomento; encontrándose este extremo acreditado por documentación auténtica que contiene las plantillas del personal nominalmente afecto al Comité Provincial de Investigación Pública.

Según manifestaciones hechas por algunos de los miembros de esta «checa» ante el Consejo de Guerra que los juzgó, en ella tanto la libertad como la condena a muerte dependían con frecuencia del simple capricho o de la simpatía o antipatía personal, y las actuaciones referentes a cada detenido no ocupaban más de una cuartilla de papel.

Después de comparecer el detenido ante el Tribunal, este le interrogaba entre insultos y amenazas, que tenían por objeto arrancarle la confesión de creencias religiosas o ideas políticas cuya existencia daban los interrogadores por cierta, soliendo recurrir, a fin de sorprender y desconcertar al detenido, cuando las violencias empleadas no bastaban, a mostrarle de lejos una tarjeta que uno de los «jueces» sacaba del cajón de la mesa, tratando de hacer creer a la víctima que se trataba de su propia ficha, encontrada en alguno de los múltiples ficheros ocupados a los partidos políticos enemigos del Frente Popular. Acabado el interrogatorio y con él el «juicio», sin que se hubiera dado al detenido medio alguno de defensa, el «Tribunal» resolvía. Tres eran los acuerdos que se tomaban: libertad, asesinato o cárcel.

Los acuerdos de asesinato se hacían constar en la hoja correspondiente por medio de la inicial «L», como en el caso de libertad efectiva, pero con la diferencia de agregar a dicha «L» un punto, signo ortográfico que servía de contraseña para el inmediato asesinato del detenido, que era entregado con esta finalidad a alguna de las brigadillas.

Estas brigadillas, constituidas por un jefe, a quien se llamaba «responsable», y cuatro individuos, estaban específicamente dedicadas tanto a las detenciones y registros como al cumplimiento de los asesinatos acordados por cada «Tribunal». Cada partido político u organización sindical integrante del Frente Popular se hallaba representado en la «checa» por varios de estos grupos o brigadillas. Cuando la tarea que pesaba sobre estas brigadillas resultaba excesiva, se recurría también para los asesinatos a los milicianos del turno de guardia que prestaban sus servicios en el edificio de la «checa».

Entre los jefes o responsables de tales brigadillas acaso resulte el más destacado, por su monstruosa actuación, un anarquista llamado Antonio Ariño Ramis (a) «El Catalán», malhechor común, fugado de la Penitenciaría francesa de La Guayana, autor material de centenares de asesinatos, tanto en Madrid como en Vallecas, Fuentidueña de Tajo y algunos pueblos más de la provincia, el cual, al disolverse la «checa» de Fomento, pasó a formar parte del llamado Consejillo de Buenavista, donde continuó cometiendo asesinatos, también en gran número y con iguales caracteres de ferocidad.

De modo fehaciente, por denuncias formales presentadas por las familias de las víctimas, constan denunciados ante la Causa General de Madrid bastante más de mil asesinatos cometidos por la «checa» oficial de Bellas Artes y Fomento, obrando los nombres y circunstancias de las víctimas, así como la fecha de su detención; pero teniendo en cuenta las dificultades que en aquella época de terror impedían a las familias de los desaparecidos determinar los lugares donde los mismos eran conducidos o las «checas» que realizaban el asesinato, y teniendo también presente que al Comité Provincial de Investigación Pública afluían para su enjuiciamiento ilegal y ulterior asesinato muchos detenidos procedentes de otras «checas», puede establecerse en muchos millares el número de asesinatos decididos por el Comité de Investigación Pública y ejecutados por sus agentes y milicianos, con la aprobación y asistencia de la Dirección General de Seguridad roja, que facilitaba a la «checa» los ficheros y relaciones de antecedentes que a la misma pudieran interesar para sus actividades de persecución.

También por testimonios fidedignos y terminantes consta el permanente contacto entre los dirigentes de la «checa» y las máximas autoridades rojas, no solo por parte del Director de Seguridad, sino también del Ministro de la Gobernación, Ángel Galarza, a quien los dirigentes de la «checa» trataban con gran familiaridad; a instancia de estos últimos fueron remitidos a la «checa», para que esta se encargase de su distribución entre los elementos afectos a la misma, gran número de carnets de agentes del Gobierno. La Dirección de Seguridad tenía noticia diaria del balance de las criminales actividades del Comité de Investigación Pública por medio de sus delegados fijos en la «checa», a disposición de los cuales eran puestos con frecuencia los detenidos, que la Dirección General de Seguridad ordenaba entregar al Comité de Investigación Pública.

La recomendación influía de un modo decisivo en las determinaciones de la «checa», por graves que —según el criterio marxista— fuesen los cargos que apareciesen contra los detenidos.

Entre las víctimas de la «checa» de Fomento se cuentan debidamente concretadas, muchas mujeres y numerosos sacerdotes y religiosos, así como también gran número de obreros.

El día 2 de octubre de 1936 fue detenida por la «checa» la señorita Dolores Falquina y García de Pruneda, de veinticinco años, por el único motivo de haber acudido a reclamar noticias de su padre, Comandante de Ingenieros D. Antonio Falquina Jiménez, que detenido por el Comité de Investigación Pública, no había dado a su familia noticia alguna de su paradero. Tanto el Sr. Falquina como su hija Dolores fueron asesinados por la «checa» de Fomento. La señorita María de los Dolores Rizzo y Goñi, que coincidió, también como detenida en la «checa» de Fomento, con su amiga Dolores Falquina, refiere en los siguientes términos, en declaración prestada ante la Causa General, los últimos momentos de la víctima: «… Al día siguiente, día 3 de octubre, de madrugada, llamaron para declarar a la señorita Falquina y le preguntaron si era de Acción Católica y que dijera dónde estaban escondidos unos jóvenes falangistas. Contestó que, en efecto, era secretaria de la Parroquia de San José y que no conocía a tales muchachos, cuyos nombres, en verdad, le eran completamente desconocidos. A las cuatro de aquella misma madrugada fue llamada nuevamente por un miliciano portador de un sobre azul. Tanto la declarante como la víctima creyeron que iba a ser puesta en libertad; pero pocos minutos después oyó la que declara un fuerte grito dado por la víctima, y que lo conoció por la voz. Después no volvió a la celda ni se ha sabido más de ella, suponiendo fuera seguidamente asesinada…».

En los sótanos de la «checa» —según se encuentra acreditado— el dirigente socialista Tomás Carbajo asesinó a tiros al Duque de Hornachuelos, que se encontraba recluido en uno de los calabozos y que acababa de sufrir un ataque de enajenación mental.

Los chequistas tratados con más confianza por el Director General de Seguridad, Manuel Muñoz, y que visitaban a este con mayor asiduidad, eran el ya mencionado Tomás Carbajo, el comunista Arturo García de la Rosa y el correligionario de Manuel Muñoz, Leopoldo Carrillo Gómez. Pero quien visitaba al Director de Seguridad casi diariamente en el edificio de la Dirección, para hacerle entrega de la mejor parte de las alhajas u objetos de valor producto de los saqueos realizados por la «checa» en los domicilios de sus víctimas, era el también miembro de Izquierda Republicana Virgilio Escámez Mancebo, que ejercía en la «checa» el cargo de tesorero.

El testigo D. Federico Arnaldo Alcover, Abogado, que acudió en cierta ocasión del mes de octubre de 1936 al Comité de Investigación Pública para visitar a Arturo García de la Rosa, acompañado de un pariente de dicho dirigente de la «checa», presenció que el llamado Tribunal presidido por De la Rosa juzgó en el espacio de media hora a unas doce personas, que después de ser interrogadas brevemente sobre cuestiones sin trascendencia, mediante preguntas que prejuzgaban el criterio de los chequistas, y sin que se escribiese ni firmase nada, eran sacados de la sala, resolviéndose inmediatamente acerca de su muerte, y dándose cuenta el visitante de que la casi totalidad de los examinados, que habían sido insultados durante su interrogatorio, eran condenados a muerte, para ser ejecutados de madrugada. El mismo testigo refiere haber visto amontonados en el suelo gran número de objetos de culto religioso, y agrega que en algunas de las Custodias se hallaba todavía la Sagrada Forma.

Por orden del Director General de Seguridad se resolvió que los haberes que se pagaban a los «jueces», agentes y milicianos de la «checa» saliesen del saqueo, resultando suficientes para ello las cantidades que en metálico y billetes requisaban los agentes de la «checa», sin que hubiese que recurrir a realizar con esta finalidad los valores o alhajas, ya que incluso del dinero recogido sobraba una parte, que iba siendo entregada al Director de Seguridad, dándose el mismo destino a lo intervenido a los detenidos sobre su persona.

Los «tribunales» de la «checa» funcionaban ininterrumpidamente, con carácter permanente, relevándose por turnos de a ocho horas siendo de mucha actividad las horas de la noche y de la madrugada elegidas por los agentes de las diversas brigadillas para realizar las ejecuciones en las carreteras y cementerios de las afueras de la capital. En cada turno funcionaban simultáneamente tres «tribunales», encargados de juzgar a los detenidos.

Los agentes de las brigadillas de ejecución de la «checa» de Fomento pasaron en bloque, a través de las Milicias de Vigilancia de retaguardia, a integrar la Policía roja, en cuyas filas actuaron hasta la liberación de la zona marxista.

Entre multitud de crímenes análogos realizados por el Comité de Investigación Pública, puede citarse el asesinato colectivo de cincuenta detenidos que se encontraban en los calabozos de la «checa» y que en las primeras horas del día 31 de octubre de 1936 fueron conducidos en autobuses al pueblo de Boadilla del Monte, en cuyo término municipal fueron asesinados y enterrados en una gran zanja previamente abierta. Entre estas víctimas —exhumadas después de la liberación de Madrid— figura identificado el cadáver del joven de veinte años Antonio Morales Antuñano. (En la fotografía anexa aparece la fosa tal como quedó al practicarse las exhumaciones).

Al disolverse el Comité Provincial de Investigación Pública, en noviembre de 1936, por temor a las Fuerzas nacionales que, en su avance, habían llegado ante Madrid, la «checa» entregó al Gobierno rojo —aparte de otras entregas que de un modo continuo había venido realizando con anterioridad y de lo que en provecho propio sustraían los chequistas— cuatrocientas setenta y dos cajas de alhajas y dos de oro y plata, procedentes de las expoliaciones realizadas en domicilios de las víctimas, de cuyo tesoro dispuso en su beneficio el Gobierno rojo.

Disuelta la «checa» de Fomento, sus miembros se reparten, con autorización del Gobierno, parte de los fondos obtenidos en los saqueos, a razón de treinta mil pesetas cada "«juez» de la «checa». Estos mismos individuos formaron inmediatamente un Consejo de policía, presidido por los comunistas Santiago Carrillo y Segundo Serrano Poncela, a cuyo cargo quedó de un modo exclusivo el orden público en la Capital abandonada por el Gobierno rojo. El referido Consejo de Orden Público repartió a sus miembros entre las diversas cárceles de Madrid, y tras una brevísima selección, que ya había sido comenzada por el disuelto Comité de Investigación Pública, fueron extraídos de las prisiones, entonces abarrotadas, varios millares de presos de todas las edades, profesiones y condiciones sociales, que fueron asesinados por las Milicias de Vigilancia improvisadas por el Gobierno rojo en Paracuellos del Jarama, Torrejón de Ardoz y otros lugares próximos a Madrid, donde reposan los restos de estas víctimas. Las órdenes que sirvieron para realizar estas extracciones aparecen firmadas por las autoridades rojas de orden público. (Documentos 2 y 3).

Tales extremos son sobradamente conocidos y se encuentran confirmados por abundante prueba documental y por declaraciones de testigos y de inculpados que ponen de manifiesto la directa responsabilidad del Gobierno en la creación de la «checa» de Bellas Artes y Fomento y en las criminales actividades de la misma.

Existe un documento que prueba de modo incontrastable esta responsabilidad histórica del Gobierno del Frente Popular: Con motivo del asesinato, durante el período rojo, de un vecino de Madrid llamado D. Bernardo Tomás Chelvi Mulet, y de haber sido detenido por las autoridades rojas, acusado del secuestro y asesinato de dicho señor, el destacado elemento de Izquierda Republicana, Leopoldo Carrillo Gómez, representante de dicho Partido en la ya disuelta «checa, de Fomento, la Agrupación de Izquierda Republicana de Madrid —no obstante haber sido puesto en libertad Leopoldo Carrillo a los tres días— dirigió un escrito de protesta, en mayo de 1937, al Ministro de la Gobernación, quejándose de la detención sufrida por Leopoldo Carrillo y afirmando que, por haber actuado el Comité de Investigación Pública de acuerdo con el Gobierno del Frente Popular y bajo la dependencia del mismo, los miembros de dicho Comité debían ser plenamente amparados, sin que pudiera admitirse fueran molestados en ningún caso por las responsabilidades contraídas ni las sanciones acordadas en el ejercicio de sus funciones; debiendo cumplirse en este respecto lo convenido entre el Ministro de la Gobernación y la Comisión del referido Comité, que a tal objeto visitó al Ministro en Valencia el 12 de febrero de 1937, presentándole un escrito firmado por los representantes de las organizaciones, reclamando plena garantía para los miembros del extinguido Comité; documento, el de I. R., que el Ministro transcribió, dirigiéndose oficialmente con tal motivo a la Dirección de Seguridad, en comunicación de 14 de mayo de 1937, que aparece firmada por dicho Ministro rojo, Ángel Galarza, como puede apreciarse en la fotocopia que se acompaña.

Por vía de ejemplo de lo que era práctica diaria en multitud de casos, también comprobados documentalmente, se incorpora a la presente relación informativa fotocopia de un escrito enviado al Director General de Seguridad rojo, en 21 de septiembre de 1936, por el entonces detenido D. Francisco Ariza Colmenarejo, quien —a fin de evitar su asesinato— suplica que no le sea concedida la libertad hasta que las autoridades puedan responder de su seguridad personal. Y, como respuesta a esta angustiosa petición se expide una orden de libertad fechada en 23 del mismo mes de septiembre de 1936, que consigna que esta libertad es otorgada previo aval del Comité Provincial de Investigación Pública. Según consta en la Causa General, el referido señor Ariza Colmenarejo, así entregado a la «checa» de Fomento, fue seguidamente asesinado.

Finalmente, merece ser destacado otro caso que de modo bien patente muestra el sentido vengativo de la «checa» oficial de la calle de Fomento. Se trata del asesinato del Capitán de Asalto D. Gumersindo de la Gándara Marvella, que, encontrándose detenido en la cárcel de San Antón, es entregado por la Dirección General de Seguridad, en 26 de septiembre de 1936, al referido Comité Provincial de Investigación Pública, que lo ejecuta inmediatamente, en unión de los también Oficiales de Asalto D. Carlos Cordoncillo y D. Manuel López Benito, siendo de notar que la propia autoridad judicial roja había acordado ya la libertad de dichos Oficiales por no haberse apreciado en ellos ninguna conducta hostil contra la República, conforme se acredita por los documentos obrantes en el anexo correspondiente.

La clave del asesinato del Capitán Gándara —conocidamente republicano— solo puede encontrarse en haber sido uno de los firmantes del acta que en 26 de febrero de 1933 suscribieron cinco Capitanes de Asalto con mando en Madrid, por motivos que alcanzaron por entonces triste notoriedad: los campesinos anarquistas del poblado de Casas Viejas (Cádiz), moralmente envenenados, como todas las masas trabajadoras españolas en aquella época, por la propaganda demagógica realizada con miras electorales por los partidos políticos de izquierdas, se rebelaron —precisamente contra el Gobierno izquierdista presidido por Manuel Azaña— haciendo uso de las armas. La represión fue cruel, y la fuerza pública enviada por el Gobierno fusiló en el acto a cuantos prisioneros cogió, incluso mujeres. Al ser conocidos estos sucesos y denunciados en el Parlamento, aquel Gobierno —después de pretender negarlos y de ejercer coacciones sobre algunos de los Oficiales que habían intervenido en la represión, para que no declarasen la verdad— atribuyó lo ocurrido a extralimitación de la fuerza pública, que no se había atenido a las órdenes recibidas. Ante esta actitud ministerial, y a fin de defender el prestigio del Cuerpo de Asalto, los cinco capitanes de dicho Cuerpo con mando en Madrid suscribieron un acta, en la que afirmaban que las órdenes superiores transmitidas a las fuerzas de Madrid por aquella época eran las de que el Gobierno no quería ni heridos ni prisioneros. Fueron inútiles los esfuerzos hechos por el Gobierno Azaña para que estos Capitanes retiraran su acta, y en vista de ello fueron encarcelados y separados del Cuerpo de Asalto. Pero la impresión producida por estas revelaciones y por otras pruebas evidentes fue tan viva, que el Director General de Seguridad, Arturo Menéndez, llegó a ser procesado por auto judicial de 13 de marzo de 1933, y el Jurado que juzgó en Cádiz al Jefe de la fuerza pública que con tanta dureza había actuado en el pueblo de Casas Viejas, estimó la existencia real de las órdenes superiores, al responder dicho Jurado a la pregunta octava del veredicto. Incluso fue presentada ante el Tribunal de Garantías Constitucionales una acusación contra Azaña, Casares Quiroga, Indalecio Prieto, Largo Caballero, Fernando de los Ríos y demás miembros del Gobierno, que no prosperó por no haber sido presentada por el Parlamento, única entidad facultada, según la legislación republicana para acusar a los Ministros.

El Capitán Gándara —que había servido sin reservas a la República hasta que, en 1933, su conciencia le impuso el deber de proclamar las graves responsabilidades del Gobierno republicano-socialista presidido por Azaña— es asesinado en 1936 por el Frente Popular, siendo Azaña Presidente de la República y Largo Caballero Jefe del Gobierno.