El dictamen

La Comisión de los 21, encargada de dictaminar acerca de la denuncia de Daniel Strauss, trabajó con una gran rapidez, —con la misma celeridad con que el Gobierno puso la denuncia en manos de las autoridades judiciales, actuó la Comisión Parlamentaria^[134]—, acordando una resolución a las sesenta horas después de haber quedado constituida su ponencia. A las seis y cuarto de la mañana del sábado 26 de octubre, tras terminar sus deliberaciones, los ponentes inician la redacción de las conclusiones^[135] que pasan a los taquígrafos para su puesta en limpio a las siete y media. Inmediatamente después, el dictamen fue llevado a la imprenta del Diario de Sesiones para ser impreso. De acuerdo con las indicaciones recibidas del presidente de las Cortes, los comisionados se negaron a facilitar la copia del documento y a hacer declaraciones a los numerosos periodistas presentes desde hora muy temprana en el Congreso, donde esperaban con ansiedad conocer los términos del informe. Sin embargo, a pesar del silencio impuesto, desde el primer momento se tuvo la impresión de que el dictamen era acusatorio y que de él se deducirían importantes derivaciones políticas.

Hacia las diez de la mañana fueron facilitadas por la imprenta del Diario de Sesiones las galeradas del dictamen, comenzando a venderse por Madrid, hacia el mediodía, ediciones extraordinarias de los periódicos El Debate, La Libertad y El Sol, en cuyas páginas se reproducía la resolución de la Comisión investigadora cuya lectura causó una enorme impresión entre los madrileños. En los cafés, en las oficinas oficiales, en los comercios y en la misma calle no se hablaba de otra cosa que del caso Strauss, aumentando las expectativas por las derivaciones, tanto políticas como judiciales, que el asunto podría acarrear. El dictamen de la Comisión estimaba que la denuncia de Daniel Strauss no se trataba de una relación de hechos desprovistos de veracidad; entendía que debía hacerse una investigación a fondo por los órganos judiciales pertinentes, actuando las jurisdicciones especiales si llegan a perfilarse claramente indicios de culpabilidad en diputados o ministros o cualesquiera otras personas que gocen de fuero especial; y llegaba a la convicción moral de que se ha manifestado, en quienes intervinieron en los hechos que se examinan, conductas y modos de actuar en el desempeño defunciones públicas que no se acomodan a unas normas de austeridad y ética que en la gestión y dirección de los asuntos públicos se suponen como postulados indeclinables. Las personas afectadas por este duro juicio de la Comisión investigadora eran Rafael Salazar Alonso, José Valdivia, Eduardo Benzo, Sigfrido Blasco, Aurelio Lerroux, Joan Pich i Pon, Santiago Vinardell y Miguel Galante.

La edición especial del diario El Debate del sábado 26 de octubre, además del dictamen de la Comisión parlamentaria, publicaba, por primera vez, el texto íntegro de la carta y del relato contenido en la denuncia de Daniel Strauss. Al día siguiente, la denuncia aparecía reproducida en la práctica totalidad de la prensa española. Cuando los periódicos dan a conocer el contenido de los papeles de Strauss, muchas de las afirmaciones vertidas en ellos por el holandés recibieron réplicas adecuadas. Así, la prensa donostiarra pone el grito en el cielo cuando conoce que el inventor del Straperlo aseguraba en su escrito que tuvo que pagar sumas importantes a los periódicos de San Sebastián. En días sucesivos, los diferentes medios periodísticos de la ciudad vasca aparecen con visibles notas aclaratorias en las que rebaten la versión del inventor del Straperlo. El primero en tratar este asunto es El Diario Vasco: En su denuncia dice Strauss que dio dinero a los periódicos de San Sebastián. Hay «cinco mil razones» para pedir que esto se aclare. Ningún periódico de San Sebastián —aunque el nuestro no se publicaba por aquellas fechas—, puede quedar en entredicho. Al día siguiente, 28 de octubre, el diario La Noticia aclara sus relaciones con Strauss, que quedaban reducidas a la publicidad, artículos, anuncios, etc., por los que recibimos la cantidad de 744 pesetas según consta en la factura número 2924. El día 29 de octubre son La Voz de Guipúzcoa y El Día los diarios que salen al paso de las afirmaciones de Strauss. No acostumbramos a recibir ciertas dádivas, y menos de cierta procedencia, se escribe en el primero de estos periódicos. En cuanto al segundo, dice que se limitó a insertar un solo anuncio de los espectáculos del Casino y una gacetilla, cobrando por la inserción de aquel y de esta el precio establecido en la correspondiente tarifa de publicidad.

El Diario Vasco incluso llegó a analizar las inversiones realizadas por Strauss en San Sebastián, contrastándolas con los gastos que el holandés reflejaba en su denuncia. La conclusión del periódico es que Daniel Strauss llegó a ganar dinero en la capital guipuzcoana:

Y, a la vista de las declaraciones de un antiguo croupier que estuvo trabajando para Strauss en Mallorca, tampoco debió de ser muy onerosa la operación del Hotel Formentor:

«Íbamos bien contratados. Seis duros diarios nos ofreció a cada uno. Pero no pasó de la promesa. En conjunto, nuestro viaje y el dinero que quiso darnos, alegando que la orden de suspensión deshacía sus planes, no alcanzó las cuatro mil pesetas. En cambio, él, durante los días que se jugó en Formentor, calculamos que debió ganar unos diez mil duros. Lo único que allí corría de su cuenta era el autocar del Hotel, que realizaba dos viajes diarios a Palma para traer y llevar a los señores que jugaban en Formentor^[137]».

Cuando el escritor Wenceslao Fernández Flores ^[B126] al leer la denuncia conoce que el montante económico solicitado por Strauss asciende a 400 000 pesetas —cantidad con la que, presumiblemente, el holandés había comprado la voluntad de tantos altos funcionarios—, escribe en el diario ABC:

«Yo puedo soportar en el extranjero que me digan que un político español obtuvo por sinuosos caminos un millón, cuatro millones… Pero me saldrá el rubor al rostro si he de oír que uno de los compatriotas que me hacen el favor de gobernarme ganó de mala manera quince mil pesetas, una tortilla de escabeche y una cajetilla de “especiales”. Eso es muy duro. Y eso es lo que yo y otros muchos no perdonaremos nunca si llega a comprobarse que fue así^[138]».

Al conocer su inculpación, Juan Pich i Pon hace unas declaraciones a la Hoja Oficial de Barcelona, manifestando que todo el asunto Strauss es una falsedad y que se trata de un caso de chantaje. Pich i Pon se lamenta de que, sin habérsele oído, se hiciera público el documento de la carta de Strauss, faltándose al elemental precepto jurídico de oír a los inculpados^[139], un hecho que había denunciado telegráficamente al presidente de la Comisión parlamentaria. Continúa diciendo que va a entablar querella criminal contra Strauss, extendiendo la acción judicial contra todas aquellas personas u organismos que, sin fundamento, ponen su nombre en entredicho. En lo referente a sus relaciones con Daniel Strauss, Pich i Pon manifiesta que cuando se le dieron malos informes sobre el empresario holandés, se acentuó su separación de él y los negocios iniciados se fueron alejando hasta caer en el olvido. El antiguo subsecretario de Marina, quien en aquel momento ocupaba los cargos de alcalde gubernamental de Barcelona y de gobernador general de Cataluña, concluía sus declaraciones con el anuncio de que había enviado a Madrid a su secretario particular, Joan Pich Solarich, con el encargo de hacer llegar al presidente del Gobierno y a la Comisión de los 21 unos documentos y fotografías que ampliaban la información acerca de Strauss. En una de las instantáneas que lleva Pich Solarich a Madrid aparecía el inventor del Straperlo en compañía de Josep María Massip, director del periódico vespertino Última Hora, afín a la Esquerra y hombre de confianza de Lluis Companys. Junto a ellos también se podía ver en la fotografía a Braulio Solsona, un periodista que había sido gobernador civil durante el primer bienio republicano y que hacía las veces de secretario de Manuel Azaña cuando este visitaba Barcelona. Con estos documentos, Pich i Pon quería denunciar los contactos que Daniel Strauss había mantenido con Esquerra Republicana de Catalunya en relación con su Straperlo, un capítulo de la estancia del holandés en España que, curiosamente, había olvidado relatar en su extensa y meticulosa denuncia. Algunos diarios derechistas también se encargan de recordar la omitida faceta catalana del caso Strauss. Así, ABC, en su edición del 29 de octubre, haciendo uso del valor de las imágenes, publica en sus páginas de huecograbado algunas fotografías en las que aparece el inventor de la ruleta Straperlo acompañado de Lluis Companys y de Pi i Sunyer cuando estos líderes de la Esquerra ocupaban, respectivamente, los cargos de presidente de la Generalitat y de alcalde de Barcelona. Por su parte, el diario La Nación de la misma fecha alude a la complicación en el asunto Strauss de algunos personajes de la izquierda, entre ellos, el presidente Companys.

También Santiago Vinardell, desde París, donde ocupa el puesto de jefe la Oficina Española de Turismo, muestra su indefensión, al igual que Pich i Pon, en un escrito que remite al presidente de las Cortes:

«Después de leer el documento firmado por Strauss no llego a explicarme cómo la Comisión Parlamentaria ha podido fabricar una serie de afirmaciones falsas, injuriosas y calumniosas que afectan al honor sin probar punto por punto sus imputaciones, porque la mayor parte de las que me conciernen son falsas como podré demostrar en tiempo oportuno. El hecho de encontrarme en el extranjero aumenta la triste sensación de abandono de un español».