3.
La esclavitud sexual
en el siglo XXI

Desde el año 2003 hasta la actualidad, el tráfico de personas y la prostitución aumentaron de manera brutal. Tanto en Pecar como Dios manda como en Argentina con pecado concebida, e incluso en las páginas de este mismo volumen, nos hemos ocupado de la evolución de la prostitución y la trata de personas, y hemos podido comprobar de qué forma el crecimiento del ominoso delito de explotación sexual siempre ha estado directamente relacionado con la impunidad otorgada por las estructuras políticas y policiales. De hecho, una de las formas más habituales de financiación de la política ha sido la relación de los «punteros» y recaudadores partidarios con las organizaciones dedicadas a la explotación sexual.

En una nota publicada el 13 de septiembre de 2010 en el diario Página/12, titulada «Ahora la trata en la Argentina aumentó en magnitud», se incluyó una esclarecedora entrevista a la relatora de la ONU, la abogada nigeriana Joy Ngozi Ezeilo, en la que, en su paso por la Argentina, sostuvo que «la corrupción policial es parte del problema». Entre las múltiples causas del incremento del tráfico y la explotación de mujeres, la funcionaria de la ONU señaló que, en el caso argentino, existe una falta de protección no sólo a las víctimas, sino a quienes investigan estos casos. En efecto, muchos familiares de víctimas, periodistas y funcionarios honestos que se han atrevido a denunciar e indagar, en lugar de recibir colaboración por parte de las autoridades, terminaron siendo amenazados, perseguidos e instados a no profundizar en el tema.

Durante estos últimos años, la modalidad de este delito ha variado y se ha enraizado de manera notable. En el mismo artículo, y siempre citando a la autoridad de la ONU, se afirma que la trata de personas «está aumentando en magnitud». Tanto en lo relativo a la explotación laboral como sexual, la Argentina «claramente se ha convertido en país de destino y en menor medida de origen y tránsito».

En su visita al país, Ezeilo no se limitó a describir el preocupante cuadro de situación, sino que recomendó medidas «urgentes» a las autoridades y señaló al Gobierno Nacional como el principal responsable: «El Gobierno debe demostrar un compromiso serio y promover tolerancia cero a la corrupción de los funcionarios».

La funcionaria de la ONU denunció además que no se logrará ningún avance si no se liberan recursos para enfrentar el problema. La conclusión de Ezeilo fue extremadamente dura al describir la situación argentina en materia de trata de personas y explotación de mujeres. Así lo destaca la nota de Página/12:

Su diagnóstico fue muy duro: manifestó su preocupación por la «impunidad» con la que la trata tiene lugar en el territorio nacional, por la «poca capacidad» para combatirla, por «los abusos espantosos que sufren las víctimas» y por la «corrupción» de la policía y otros miembros de las fuerzas de seguridad que «están directamente involucrados en implementar medidas contra este delito, especialmente a nivel provincial, donde reciben coimas y colaboran ilegalmente con tratantes».

El problema de la explotación sexual no sólo atañe a las mujeres, sino que, durante estos últimos años, se ha extendido al tráfico y la prostitución forzada de niñas y niños. La funcionaria de la ONU no disimula su asombro e indignación ante la proliferación de estos delitos en la Argentina: «Lo que más me sorprendió es la cuestión de las víctimas de la trata, que me han contado los espantosos abusos que han sufrido. Eso me enoja muchísimo y me da fuerza para redoblar los esfuerzos en esta lucha por erradicar este horrendo crimen».

En otra conferencia de prensa, manifestó su preocupación por los beneficios que reporta para algunos este problema, aludiendo a la indiferencia oficial: «La impunidad con la que la trata de personas se lleva a cabo y los horribles abusos a las víctimas es un caso moderno de esclavitud que reporta enormes beneficios a muchas empresas».

Si, tal como denuncia Joy Ngozi Ezeilo, el Gobierno Nacional no ha hecho demasiado para combatir la trata de personas y la explotación sexual, no se debe, precisamente, a que desconozca el tema. Néstor Kirchner fue intendente de Río Gallegos durante cuatro años y gobernador de su provincia, Santa Cruz, por más de una década. Las actuales autoridades provinciales, que responden a la misma agrupación y estructura política del expresidente, han mantenido una fuerte polémica con una fundación dedicada a combatir estos crímenes aberrantes.

A mediados del 2009 se hizo pública una denuncia de la Fundación La Alameda y del Movimiento de Trabajadores Excluidos, a raíz del funcionamiento de una organización que manejaba una red de prostíbulos en la ciudad de Río Gallegos. Este complejo de burdeles constituía un pequeño barrio conocido como «Las Casitas», en el cual eran explotadas y sometidas a esclavitud numerosas mujeres, muchas de ellas menores de edad. De acuerdo con la denuncia, en cada unidad habitacional trabajaban por lo menos cinco mujeres que, llevadas por la fuerza o merced a engaños, eran obligadas a prostituirse. Según pudo comprobarse, las jóvenes provenían de diferentes provincias e incluso de otros países del continente. Este conjunto de «whiskerías» era una verdadera red de trata de personas y explotación sexual, sostenida por la connivencia entre traficantes, policías y funcionarios gubernamentales. En lugar de tomar cartas en el asunto, investigar y perseguir los diferentes delitos varias veces denunciados, la policía se dedicaba, virtualmente, a regentear la explotación sexual.

El caldo de cultivo y el origen de esta actividad estaban determinados por el marco social de pobreza, la inexistencia de oportunidades laborales y la ausencia de políticas de inclusión educativa. En este contexto, las mujeres eran reclutadas de diferentes maneras: en algunos casos eran engañadas mediante el ofrecimiento de trabajos bien remunerados; en otros, eran seducidas por determinados personajes de la organización y llevadas con promesas matrimoniales y, en otras circunstancias, eran lisa y llanamente secuestradas y obligadas a ejercer la prostitución.

Con la complicidad de funcionarios, a las mujeres se les proveían documentos falsos. Si eran menores, se les fraguaba la edad y, en todos los casos, se las hacía rotar permanentemente por diferentes prostíbulos de otras provincias para generarles una situación de constante desarraigo y para que no pudieran establecer vínculos afectivos con clientes que, eventualmente, pudieran denunciar la situación.

Uno de los puntos más siniestros en esta turbia cadena de delitos consistía en convertir a las víctimas en culpables. Los proxenetas obligaban a las mujeres a pagar las «deudas» que habían contraído con ellos en concepto de traslados, alojamiento, alimentación y «trámites administrativos». En estas condiciones eran forzadas a prostituirse para saldar sus «compromisos».

Algunos casos resonantes investigados por la Fundación La Alameda tuvieron amplia difusión en los medios nacionales y provinciales. Interpelados por medios periodísticos, los funcionaros gubernamentales siempre han intentado justificar la prostitución como «un mal necesario», encuadrado en las costumbres y la tradición de los pueblos, como si fueran meros comentaristas de la realidad y no los verdaderos responsables de combatir los gravísimos delitos que implica la explotación sexual. A propósito, en un artículo esclarecedor, la Fundación La Alameda sostuvo:

El Estado debe hacer cumplir la Convención sobre Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer, tanto como la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y debe eliminar toda actividad que implique trata de personas y cualquier forma de esclavitud, fundamentalmente si se trata de reducir a niños para ser explotados sexualmente, que es una práctica análoga a la reducción a la esclavitud y, como tal, debe ser erradicada. Al Estado debe exigírsele que combata estas organizaciones mafiosas, varias de ellas con actividad internacional; (…) Al Estado debe exigírsele también que preserve a las víctimas de este crimen, asegurándoles sus derechos, entre ellos, a socializarse y educarse, a tener una vida digna y plena. Ninguna mujer nace para ser prostituta. Mucho menos, para ser esclava y prostituta.

Con el apoyo de organizaciones religiosas, organizaciones no gubernamentales, referentes sociales y medios independientes, la Fundación La Alameda emprendió una lucha denodada contra la complicidad de los funcionarios de la ciudad de Río Gallegos y de la provincia de Santa Cruz. La denuncia advertía, además, que el funcionamiento de Las Casitas de Tolerancia de Río Gallegos no se limitaba a la explotación sexual, la trata de personas y el abuso de menores, sino que también sus actividades promovían el narcotráfico. En 2009 se abrió un expediente en la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y se inició una investigación judicial sobre Las Casitas y sus ramificaciones en otros pueblos de Santa Cruz.

Finalmente, luego de una épica batalla legal contra las mafias, la complicidad oficial y la indiferencia de las autoridades, la Fundación La Alameda consiguió que se clausurara aquella red delictiva que funcionaba en las afueras de Río Gallegos. En un comunicado, La Alameda prometió redoblar esfuerzos para terminar con la explotación sexual al amparo de la política: «Con esperanza, denuncia y compromiso, para una sociedad sin esclavos, ni excluidos».

No será una lucha fácil ni exenta de obstáculos. El poder político no sólo no muestra ningún interés en combatir estos delitos, sino que no guarda ningún disimulo en apañarlos. El 30 de septiembre de 2010, el kirchnerismo bloqueó en la Cámara de Diputados el tratamiento de la Ley Anticorrupción y el debate de una normativa contra la Trata de Personas. Ningún legislador oficialista bajó al recinto y, tras bambalinas, festejaban la frustración de la oposición ante la falta de quórum.

El comercio sexual y la trata de personas es, sin embargo, un problema generalizado que se ha extendido como un cáncer en todo el país. La misma Fundación La Alameda pidió que la Justicia llame a declarar al jefe del gobierno porteño, Mauricio Macri, a raíz de una denuncia presentada por el diputado Nacional Fernando «Pino» Solanas. En julio del 2009, Macri fue filmado mientras se burlaba de las graves acusaciones que lo hacían responsable del funcionamiento de los prostíbulos de la ciudad de Buenos Aires. Sin saber que las cámaras de televisión estaban encendidas, antes del inicio del rodaje de un corto publicitario, refiriéndose a Solanas, Mauricio Macri dijo entre risas: «Hay que darle trabajo a Constitución, Pino (Solanas): una tintorería, un prostíbulo, una tintorería, un prostíbulo, así están las sábanas limpias».

El intendente se refería al creciente número de burdeles ilegales en el barrio de Constitución. A raíz de esta declaración de dudoso sentido del humor, Gustavo Vera, director de La Alameda, pidió que Macri declarara ante la Justicia.

La denuncia no fue presentada sólo a consecuencia de la desafortunada broma de Mauricio Macri, sino en el marco de una causa anterior, que acumulaba centenares de fojas, impulsada por una docena de diputados nacionales junto con la Defensoría del Pueblo, en la que se investigaba el funcionamiento de mafias dedicadas a la trata de personas, la explotación sexual y al narcotráfico en los barrios de Constitución y Monserrat. En su presentación, los abogados de La Alameda expresaron:

Más allá del repudiable tratamiento jocoso de parte de uno de los funcionarios públicos que debería tener como primordial tarea la lucha contra la trata de personas, surge claramente que el jefe de gobierno porteño ha conocido la existencia de lugares en los que se cometen delitos diariamente.

Lo cierto es que, si no contaran con la complicidad de funcionarios policiales y gubernamentales, estas cadenas de prostíbulos no podrían funcionar ni un solo día.