10
BANKIA

Aunque no tuviera ninguna relación directa conmigo, quiero exponer cómo todo lo referente a la crisis de Bankia ha influido decisivamente en esa pérdida de confianza en el PP por parte de los electores. Y este caso es un buen ejemplo de cómo, cuando el PP asume las políticas intervencionistas heredadas de los socialistas y se olvida de sus principios, siempre se equivoca.

Al Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, le parecía que una buena salida para la crisis en la que estaban inmersas las cajas de ahorro era lo que se dio en llamar la «fusión fría». Era una forma de evitar la oposición de los gestores de las cajas a las fusiones, que él consideraba inevitables, puesto que, al mantener los consejos de cada caja, cada uno mantenía su puesto y sus privilegios, y, encima, se constituía un consejo del nuevo órgano fusionado, con sus correspondientes puestos y privilegios aún mayores que los de las cajas primigenias. Así se hace con Caja Madrid y las otras.

En mayo de 2012, el Gobierno (ya de Rajoy) considera que Rato no puede seguir de presidente de Bankia (una entidad que había nacido apenas un año antes con la «fusión fría» de Caja Madrid y otras cajas), porque el Banco de España había expresado una serie de objeciones a las cuentas de Bankia.

Se nombra a Goirigolzarri presidente, y se decide entonces que hay que inyectar a Bankia dieciocho mil millones de euros procedentes del Banco Europeo de Inversiones. Esto, la constatación de que Bankia había caído en una situación insostenible, vino a indignar a mucha gente, por cuanto no hay que olvidar que Caja Madrid, que era una entidad prestigiosa y considerada solvente, había desaparecido como consecuencia de la fusión con Bancaja, Caja Ávila, Caja Segovia, Caja Insular de Canarias, Caixa Laietana y Caja Rioja, en lo que se llamó «la reforma financiera», patrocinada, no se olvide, por el último Gobierno de Zapatero y con Miguel Ángel Fernández Ordóñez como Gobernador del Banco de España.

Sobre Caja Madrid yo siempre tuve la misma opinión y se la transmití a José Blanco, que era el segundo del PSOE en aquellas fechas: es muy difícil que funcione bien una institución financiera que no tiene claramente definidos quiénes son sus propietarios. Antiguamente, cuando era la Caja de Ahorros y Monte de Piedad y se regía por los principios de su fundador, el padre Piquer —es decir, era una institución benéfica—, la Caja había alcanzado un prestigio indiscutible y un alto grado de eficacia en su labor de facilitar el crédito a los más humildes.

Todo cambió con la Ley de Cajas de 1985, impulsada por los socialistas, que convirtió de facto a las cajas en bancos, pero con la particularidad de que el consejo de administración de las cajas no representaba a los propietarios y accionistas —como ocurre en los bancos—, sino que, con el mantra de «democratizar las cajas», esa Ley obliga a que en el consejo estén representados los partidos políticos, los sindicatos, las patronales, los municipios, los impositores y los empleados de cada caja. En definitiva, no se sabía quiénes eran los propietarios de las cajas ni ante quién tenían que rendir cuentas los gestores de las mismas. Esa es la raíz del fracaso de las cajas, unida, claro está, al comportamiento de algunos de sus gestores. Mientras estuvo Jaime Terceiro de presidente, Caja Madrid fue un ejemplo de eficacia y austeridad.

Sin embargo, no cabe la menor duda de que el hecho de que el presidente de Caja Madrid, luego Bankia, cuando se descubrió la situación de crisis en que se encontraba, fuera Rodrigo Rato, que había sido todo dentro del PP y en los Gobiernos del PP, fue otro elemento indudable para aumentar el rechazo que estas siglas provocaban.

Si comprobar que los gestores de Caja Madrid —luego Bankia— habían conducido a la entidad a una situación crítica indignó a la opinión pública, esa indignación se hizo aún mayor cuando, en octubre de 2014, saltó la información del uso que los consejeros de Caja Madrid habían hecho de las tarjetas de crédito que habían recibido por el hecho de serlo. La indignación de la calle y de los medios de comunicación arrasó al PP, y eso, a pesar de que, entre los usuarios de las tarjetas, había representantes de otros partidos, como Izquierda Unida y el PSOE, de las centrales sindicales UGT y Comisiones Obreras, de la Patronal, de los impositores y de los empleados de la Caja.

Este asunto de las llamadas «tarjetas black» por la opacidad fiscal que esas tarjetas tuvieron, ha sido otra de las causas del desprestigio de la clase política, en general, y del PP, en particular.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que uno de los consejeros, Jesús Pedroche, pidió el listado de sus gastos al secretario de la Caja para incluirlo en su declaración de la renta. El secretario trasladó esa petición a Blesa, a la sazón presidente, que, por escrito contestó: «¿Pero de qué va este señor?». Y el secretario, también por escrito, contestó a Pedroche que era la Caja la que se hacía cargo del pago de los tributos de esas tarjetas. Es decir, que tanto el presidente como el secretario de la Caja, que eran los que facilitaban las tarjetas, les decían a los titulares de las mismas que no tenían que ocuparse de pagar los impuestos porque lo hacía la Caja.

Es imprescindible que, a la hora de depurar responsabilidades, se sepa cómo y quiénes transformaron el sistema de tarjetas que tenía Caja Madrid de gastos «a justificar», con un límite de seiscientos euros mensuales, en un sistema opaco que, al parecer, se contabilizaba manualmente como «quebrantos» o errores informáticos, sin que los auditores externos ni los internos dieran las señales de alarma que tenían que haber emitido.

Esto, unido a que las retribuciones de los consejeros se habían multiplicado por veinte, como dijo Jaime Terceiro en su declaración como testigo ante el juez, suponía el mejor mecanismo para asegurar su falta de independencia.

En resumen, la crisis de Bankia, el caso Bárcenas con el sms de Mariano y la sesión del Congreso del 1 de agosto de 2013, junto con la publicación de las «tarjetas black» y la Púnica en el otoño de 2014 hicieron que la confianza que la inmensa mayoría de los españoles había dado al PP desapareciera en una proporción impresionante en las cinco Elecciones celebradas desde junio de 2014: las Europeas, las Andaluzas de marzo de 2015, las Municipales y Autonómicas de mayo de 2015, las Catalanas de septiembre de 2015 y, el 20D de ese mismo año, las Generales.

Hay que reconocer que la corrupción ha sido letal para el PP. No sólo el martilleo, como dijo Rajoy, de la corrupción en los medios de comunicación, sino también la falta de reacción radical. Porque los casos se han sucedido. Algunos cuantitativamente no muy importantes, pero cualitativamente letales, como la publicación con pelos y señales de todos los gastos que todos los consejeros de Caja Madrid habían hecho con unas tarjetas que no declaraban a Hacienda y el morbo que aquello produjo.

Por cierto que la publicación detallada de todos los gastos que habían efectuado los beneficiarios de las «tarjetas black» creo que debería hacernos reflexionar sobre el funcionamiento de la Agencia de Protección de Datos y, en general, sobre la salvaguarda de un derecho tan fundamental como la intimidad. Puede que los que usaron esas tarjetas y no declararon sus gastos a Hacienda cometieran algún acto ilícito; por eso están incursos en una causa y serán juzgados y, en su caso, condenados. Pero en ningún ordenamiento legal español está contemplada la pena de «picota» ni la de condenar a nadie a desnudarse financieramente ante sus conciudadanos con la publicación detallada de los gastos que ha efectuado, aunque no tuviera derecho a hacerlos. Creo que esa publicación no estuvo justificada y que los beneficiarios de las tarjetas hayan hecho algo ilícito —cuestión que les toca dirimir a los jueces— no es razón para que los demás nos enteremos de lo que han hecho con ellas, porque es un asunto que corresponde a su más estricta intimidad con las consecuencias que podemos suponer para su vida familiar.

Y ya que hablamos de la Agencia de Protección de Datos y de su funcionamiento, no está de más recordar su inacción ante las graves violaciones de mi intimidad que sufrí durante los últimos días de la campaña electoral al Ayuntamiento de Madrid en mayo de 2015. Porque hay que recordar que el jueves anterior al domingo de las Elecciones se publicó mi declaración de la renta del año 2013, curiosamente dos días después de que el candidato del PSOE, Antonio Miguel Carmona, me exigiera en el debate en Telemadrid que la hiciera pública. No me pedía la de 2012, cuando cobraba de fondos públicos, ni la de 2014, que era el último año, sino la de 2013. Por algo lo diría.

Los efectos de aquella publicación fueron letales para mi candidatura porque, en los trackings que se hicieron ese mismo día, la intención de voto a mi candidatura cayó doce puntos entre los jubilados. Y por si esto fuera poco, al día siguiente, el viernes, salió publicado el extracto de mi cuenta corriente, y allí podía verse hasta lo que me pagaban los medios de comunicación en los que colaboraba. Algo insólito que no ha tenido ninguna respuesta por parte de los responsables de proteger la intimidad de los datos de los españoles.