2. La desigualdad capital/trabajo

Nota: Véase recuadro «La medición de la parte del capital».

Fuente: Para el período 1980-1995, OCDE (1996: A27); para el período 1920-1975, Estados Unidos: Atkinson (1983: 202) y Duménil y Lévy (1996: apéndice estadístico), Francia: INSEE (1994: 84-153); cálculos del autor a partir de las series cse, ebe, idve y mse; Reino Unido: Atkinson (1983: 201).

Del reparto del valor agregado a los ingresos de los hogares

Precisemos primero el vínculo entre esta distribución 1/3-2/3 del ingreso entre capital y trabajo y la distribución de los ingresos de los hogares descripta en el capítulo 1. La tabla 8 representa la distribución del ingreso primario entre trabajo y capital; es decir, la suma de todos los salarios y remuneraciones brutos efectivamente pagados por las empresas a sus trabajadores —incluidas las cargas sociales— y la suma de las ganancias brutas o excedente bruto de explotación —es decir, todo lo que les queda a las empresas luego de pagar a sus trabajadores (véase recuadro «La medición de la parte del capital»)—. Por lo tanto, la relación con la distribución de los ingresos disponibles efectivamente percibidos por los hogares es compleja. Por ejemplo, una parte importante de las sumas que aparecen en las columnas «Trabajo» de la tabla 8, de hecho, son cargas sociales que reaparecen en forma de jubilaciones y transferencias sociales en los ingresos disponibles de los hogares de la tabla 1. Así, y en especial, las ganancias de las empresas no se distribuyen en los hogares capitalistas que poseen sus acciones u obligaciones: una parte importante de estas ganancias brutas, a menudo más de la mitad, es conservada por las empresas para compensar la depreciación del capital (cerca del 10% del valor agregado, en promedio) y realizar nuevas inversiones sin recurrir a capitales externos.

También hay que considerar los impuestos pagados por las empresas sobre sus ganancias antes de la distribución a los accionistas. Sin embargo, este último factor tiene una importancia limitada, ya que, si bien la tasa impositiva de las ganancias sea en la mayoría de los países occidentales del orden del 40-50%, las recaudaciones del impuesto a las ganancias no suelen superar el 2,5-3% del PBI, e incluso alcanzan el 1,5% del PBI en Francia en los años noventa, ¡aunque la proporción del capital en el valor agregado sea más elevada que en otros países (OCDE, 1995: 78)! La razón es que la noción de ganancia imponible es mucho más restrictiva que la noción de excedente bruto de explotación, ya que, antes de calcular su ganancia imponible, las empresas pueden deducir no solo el valor estimado de la depreciación de su stock de capital, sino también los intereses pagados a los acreedores, las provisiones por riesgos anticipados que tendrán que afrontar, etc. Por lejos, es la base fiscal con más «agujeros» de todo el sistema fiscal moderno, al igual que la base fiscal de las ganancias del capital percibidas por los hogares, que en su mayoría gozan de exenciones y exoneraciones de todo tipo.

Por último, también hay que considerar el hecho de que una parte importante de los salarios recibidos por los hogares y que aparecen en la columna «salarios» de la tabla 1 en realidad son pagados por las administraciones públicas a partir de ingresos que provienen del ingreso bruto del capital (como el impuesto a las ganancias) o sobre todo del conjunto del valor agregado de las empresas (como el TVA francés [Taxe sur la valeur ajoutée —Impuesto al Valor Agregado]). Esto lleva a aumentar la proporción de los salarios con respecto a la de las ganancias del capital en los ingresos percibidos por los hogares, en comparación con el reparto capital/trabajo del valor agregado de las empresas. Todos estos factores explican que, en función de una parte de las ganancias brutas del orden del 32-34% del valor agregado de las empresas, se descienda a una proporción de las ganancias del capital efectivamente percibidas por los hogares típicamente en el orden del 10% del ingreso total de los hogares (véase cap. 1).

La medición de la parte del capital

¿Cómo se miden las proporciones de ganancias y salarios? El producto de las ventas de las empresas a los consumidores y a las otras empresas siempre sirve para pagar tres tipos de costos diferentes, que se descomponen de la siguiente manera:

El producto de los consumos intermedios; es decir, los bienes y servicios que las empresas compraron a otras empresas y que consumen para producir sus propios bienes y servicios, en oposición a las máquinas y equipamientos que no se renuevan cada año y que constituyen el capital de la empresa.

La remuneración de los asalariados, que incluye los salarios netos efectivamente percibidos por los asalariados, las cargas sociales llamadas salariales, que se deducen en forma directa del recibo de sueldo de los asalariados (la suma del salario neto y las cargas sociales salariales es igual al salario bruto), así como las cargas sociales llamadas patronales que están a cargo de los empleadores. Este agregado representa el conjunto del ingreso bruto del trabajo, o más sencillamente el ingreso del trabajo.

El resto del producto de las ventas una vez que los dos primeros costos fueron pagados se llama entonces «excedente bruto de explotación» (EBE). En general es mucho más elevado que la ganancia de la empresa en sentido estricto, ya que el EBE sirve para pagar no solo los dividendos de los accionistas sino también los intereses de los créditos contraídos, el impuesto a las ganancias, así como el reemplazo de las máquinas y equipamientos usados —es decir, la depreciación del capital, o amortización—. Esta sumatoria representa el conjunto del ingreso bruto del capital o, de modo más sencillo, ganancia del capital.

El valor agregado de la empresa se define como la diferencia entre el producto de las ventas y el costo de los consumos intermedios. Por eso, el valor agregado es igual a la suma del ingreso del trabajo y las ganancias del capital. Cuando se calcula la proporción de las ganancias y la de los salarios, en realidad se calcula la parte de las ganancias del capital y la parte del ingreso del trabajo en porcentajes del valor agregado; es decir, se deja de lado la parte de los consumos intermedios. Este olvido es muy legítimo, ya que los consumos intermedios comprados a otras empresas sirven en sí mismos para remunerar el capital y el trabajo de esas otras empresas y, por lo tanto, hay que evitar contarlos dos veces.

Además de los impuestos que gravan el capital en forma directa (como el impuesto a las ganancias) o el trabajo (como las cargas sociales), que ya están contabilizadas en las ganancias del capital o el ingreso del trabajo, las empresas también tributan otros impuestos, llamados indirectos, como el impuesto sobre el consumo, cuyo monto no depende inmediatamente de la manera en que se reparte el valor agregado entre capital y trabajo, y que por ende no puede atribuirse al ingreso bruto del capital ni al ingreso bruto del trabajo. Cuando se calculan las proporciones de ganancias y los salarios, también suele olvidarse esta proporción de los impuestos indirectos; es decir, se calcula la parte de las ganancias del capital y del ingreso del trabajo en porcentajes del valor agregado neto de impuestos indirectos, o sea al costo de los factores. Esto permite obtener que la suma de la parte del capital y la parte del trabajo en el valor agregado es efectivamente igual al 100%, tal como en las tablas 8 y 9, lo que es más fácil de interpretar, ya que estos impuestos no dependen en forma directa del reparto capital/trabajo.

Por último, otra fuente de complicaciones es la manera en que se trata a las empresas unipersonales (agricultores, comerciantes, profesiones liberales, etc.), ya que el valor agregado de estas últimas sirve a la vez para remunerar el trabajo de los trabajadores independientes y el capital que invirtieron, sin que sus cuentas dejen traslucir nociones claras de salarios y ganancias. Al no presentarse corrección alguna para las empresas unipersonales, notaríamos, por ejemplo, que la proporción en el valor agregado de los salarios en sentido estricto total creció en forma considerable desde el siglo XIX, sencillamente porque el porcentaje de asalariados se incrementó mucho (Morrisson, 1996: 78). La OCDE estableció la convención contable de atribuir a los independientes el mismo ingreso promedio de trabajo que a los asalariados de las empresas; todas las cifras de las tablas 8 y 9 se ajustaron a esta convención.

Las enseñanzas de la regularidad de la proporción de las ganancias

Volvamos a la tabla 8. ¿Cómo interpretar esta regularidad en el tiempo y el espacio de la proporción de las ganancias? Con independencia de la teoría de las ganancias que se haya elegido, la primera lección de esta regularidad es que, por cierto, el origen del considerable aumento del poder adquisitivo de los asalariados en el siglo XX no está en la distribución capital/trabajo. En otras palabras, lo que permitió que el poder adquisitivo del obrero francés se multiplicara aproximadamente por 4 entre 1920 y 1990 (véase tabla 6) no son las luchas sociales ni la disminución de la parte de los ingresos apropiada por los capitalistas, ya que, a grandes rasgos, la proporción de los salarios en el valor agregado de las empresas era igual a los dos tercios del ingreso nacional tanto en 1920 como en 1990 (véase tabla 8). Además, mientras las guerras mundiales y los cambios de nomenclatura vuelven peligrosa toda reconstrucción de series estadísticas para el reparto ganancias/salarios más allá de 1920 para Francia, las estadísticas estadounidenses permiten remontarse de manera confiable hasta 1869. También indican que la parte de los salarios oscilaba ya entre el 66 y el 68% en el siglo XIX (Duménil y Lévy, 1996: cap. 15); es decir, un reparto ganancias/salarios bastante constante en un período de ciento veinte años, ¡mientras que los salarios se multiplicaban por más de diez!

Por supuesto, el hecho de que un tercio del valor agregado sea apropiado por el capital en cada punto temporal es un dato relevante, ya que si se hubiera distribuido este ingreso enteramente en el trabajo, incluida la parte correspondiente a la depreciación del capital, se habría logrado un aumento general de los salarios del 50%; esto habría representado una mejora considerable de las condiciones de vida a menudo miserables de un obrero en 1870, o incluso de 1990, comparadas con la opulencia en que viven tantos capitalistas individuales. Pero a la vez hay que admitir que este 50% habría sido dos veces menor que el aumento de los salarios que se produjo entre 1870 y 1910, y más de cuatro veces menor que el generado entre 1950 y 1990 (véase tabla 6). Y es dudoso que estos aumentos de salario de un 100% entre 1870 y 1910, o de más del 200% entre 1950 y 1990, hubieran ocurrido en caso de llevarse la proporción del capital a 0 en 1870 o en 1950: incluso si nuestros conocimientos al respecto son limitados, es verosímil pensar que la oferta de capital se habría vuelto escasa en semejante nivel de redistribución, y entonces la redistribución capital/trabajo óptima desde el punto de vista de los trabajadores habría sido todavía tanto más estrecha, aunque por cierto más importante que la que se implementó en la práctica (véase más arriba).

¿Quién paga las cargas sociales?

La segunda lección que se puede derivar de la tabla 8 tiene que ver con la cuestión de la incidencia fiscal (véase más arriba). En efecto, las cargas sociales pagadas por las empresas eran cuantitativamente insignificantes en el período 1920-1930, mientras que las cargas patronales representan alrededor del 45% del salario bruto en Francia en la década de 1990, sin contar las cargas salariales que representan más del 20% del salario bruto (véase recuadro «La medición de la parte del capital»). ¿Quién pagó estas cargas patronales? Seguro que no los patrones, ya que la parte del ingreso del trabajo en el valor agregado, que incluye todas las cargas sociales pagadas para los trabajadores, no aumentó entre 1920 y 1995. De la misma manera, en los años noventa las cargas patronales son mucho más débiles en los Estados Unidos y el Reino Unido que en Francia, pero la parte del ingreso del trabajo en el valor agregado no es más elevada en Francia que en esos dos países, sino lo contrario (véase tabla 8). En los Estados Unidos tanto como en el Reino Unido, en efecto, la tasa máxima de cargas patronales aplicable a los salarios brutos en 1996 es de apenas el 10% (un 7,65% en los Estados Unidos, un 10,2% en el Reino Unido); a esta tasa hay que agregarle una tasa idéntica para las cargas salariales, y la recaudación total de cargas sociales (patronales y salariales) representa alrededor del 6 o 7% del PBI, contra casi el 20% en Francia (OCDE, 1995: 79). Si las cargas patronales fueran pagadas por los patrones, la proporción del trabajo en el valor agregado en Francia debería superar a los países anglosajones en al menos el 10% del PBI.

Por lo tanto, queda claro que las ganancias del capital no pagan las cargas sociales. Es un hecho determinante, ya que implica que los sistemas modernos de protección social, que constituyen el meollo de la redistribución contemporánea —el impuesto a las ganancias representa el 1,5% del PBI en Francia en 1995, contra casi más del 20% para las cargas sociales—, y que se fundaron sobre la idea de un reparto de los gastos sociales entre capitalistas y trabajadores, no realizaron ninguna redistribución del capital hacia el trabajo: son los ingresos del trabajo los que absorbieron por completo el costo. Esto no pone en duda la legitimidad eventual de esos sistemas, ya que pueden permitir una fuerte redistribución en el interior de los ingresos del trabajo y cumplir una función de reaseguro que los mercados privados suelen ser incapaces de desempeñar correctamente (véase cap. 4). Pero cuestiona en profundidad la visión implícita del reparto capital/trabajo que prevaleció a menudo en la implementación de tales sistemas. Es una visión muy cercana a la teoría clásica del reparto capital/trabajo, según la cual la negociación permite obtener un mejor reparto; por ejemplo, con ayuda de una tasa de cargas patronales más elevada que la de cargas salariales, destinada a constituir un sobresueldo que se suma al salario ya abonado por los capitalistas.

De hecho, según las predicciones de la teoría de la incidencia fiscal, todo parece indicar que lo fundamental es saber bajo qué condiciones debe fijarse un tributo —es decir, cómo su monto depende del nivel de salario, de ganancia, etc.— y no cómo se llama ese gravamen o quién se presume oficialmente que lo paga, quién hace el cheque para la sección administrativa competente. Poco importa saber si la financiación de la protección social está asegurada por un impuesto sobre el ingreso que grava proporcionalmente los salarios de la misma manera que las cargas sociales, y no sobre aportes patronales o salariales. Precisamente eso sucede en Dinamarca, donde no existen cargas sociales, y donde el generoso sistema de protección social se financia por completo mediante el impuesto sobre el ingreso (que en la práctica y en esencia es siempre un impuesto al salario y los ingresos sociales, dada la importancia limitada de las ganancias del capital; véase más arriba). Sin causar sorpresa, la parte del ingreso del trabajo en el valor agregado de las empresas es la misma que en otros sitios (OCDE, 1996: A27): las empresas danesas desembolsan tanto dinero como las francesas para sus asalariados, solo que abonan todo en forma de salarios, sin pagar cargas sociales; son los asalariados quienes luego pagan su impuesto sobre el ingreso. De manera más general, la parte de las cargas sociales en el financiamiento de los sistemas de protección social europeos varía considerablemente según los países, entre los dos extremos —danés y francés—, pero queda de manifiesto que la parte del trabajo en el valor agregado de las empresas es la misma en todos lados. El único parámetro pertinente es saber si la tasa del gravamen, se trate de un impuesto sobre el ingreso o de una carga social, depende del nivel de salario —es decir, el grado de progresividad del impuesto— y si el gravamen depende también del nivel de ingreso otorgado al capital. En especial, solo un impuesto que hubiera gravado el capital habría permitido una verdadera redistribución capital/trabajo.

¿Una función de producción Cobb-Douglas?

Una vez derivadas estas lecciones, ¿cómo explicar esta regularidad de la proporción de las ganancias? La interpretación tradicional de los economistas es que durante el último siglo capitalista las economías occidentales están bastante bien descriptas en el nivel macroeconómico por una función de producción de tipo Cobb-Douglas; es decir, por una elasticidad de sustitución capital/trabajo igual a 1 (véase más arriba). En efecto, solo una elasticidad unitaria de sustitución capital/trabajo conduce de manera certera a la predicción de que las partes de ganancias y salarios deben ser constantes en el tiempo, sean cuales fuesen las variaciones de las cantidades disponibles de capital y de trabajo, o los conflictos políticos y crisis económicas que sufran los precios del trabajo y el capital. Esto también permitiría explicar la observada incidencia fiscal de las cargas sociales, impuestos que se basan sobre el trabajo y por consiguiente aumentan su precio.

Por supuesto, incluso si la tecnología se caracterizara por coeficientes fijos, podríamos imaginar que el conflicto social y político siempre se entabló, en todos los países, a partir del mismo reparto aceptable del ingreso: dos tercios para los salarios, un tercio para las ganancias. Como advierte el propio Solow (1958), habría que especificar la amplitud de las variaciones que sería natural esperar antes de que la constante resulte asombrosa. Sin embargo, los estudios econométricos que analizan directamente en el nivel microeconómico —es decir, el nivel de las empresas individuales— cómo varía el nivel de empleo deseado por las empresas en respuesta a variaciones del precio del trabajo han confirmado la existencia de una importante posibilidad de sustitución entre capital y trabajo. Luego de comparar los resultados de varias decenas de estudios sobre el conjunto de los países occidentales, Hammermesh (1996: 1993) constata que la mayoría de las estimaciones de la elasticidad de la demanda de trabajo corresponden a elasticidades de sustitución capital/trabajo comprendidas entre el 0,7 y el 1,1%, y concluye que «la función de Cobb-Douglas parece ser una buena aproximación de la realidad» (1996: 451-452, 467). El contraste entre experiencias de los países occidentales desde la década de 1970 en materia de empleo sugiere también una importante posibilidad de sustitución capital/trabajo (veáse más abajo). Entonces, los hechos observados parecen confirmar la pertinencia de la teoría marginalista del reparto capital/trabajo y, por tanto, la superioridad de la redistribución fiscal frente a la redistribución directa.

¿Tiempo histórico contra tiempo político?

Sin embargo, no habría que subestimar los límites de esta regularidad histórica. En efecto, esta regularidad de la proporción de las ganancias, impresionante en el largo plazo, no es válida en el corto plazo; solo se la encuentra en el mediano y largo plazo, y legítimamente puede resultarles muy lejana a los individuos involucrados. A modo de ejemplo, consideremos la evolución de la parte de las ganancias y de la de los salarios en los países de la OCDE de 1979 a 1995.

La tabla 9 muestra variaciones muy rotundas en el reparto ganancias/salarios. Mientras la proporción de los salarios tendía a aumentar en los años setenta, las ganancias bajaban y los salarios seguían aumentando a un ritmo elevado, la proporción de las ganancias se incrementa a su vez en las décadas de 1980 y 1990, a veces de manera considerable. En Francia, estas variaciones se dan de manera pronunciada, con una proporción de los salarios que era del 66,4% en 1970, antes de su crecimiento sostenido hasta el 71,8% en 1981; luego comienzan a bajar en forma gradual desde el bienio 1982-1983, y alcanzan el 62,4% en 1990 y el 60,3% en 1995. ¿Cómo explicar que del ingreso nacional más del 5% se haya redistribuido así desde el capital hacia el trabajo de 1970 a 1982, y que luego más del 10% se haya redistribuido desde el trabajo al capital de 1983 a 1995?

Ocurre que el primer período coincide exactamente con el período de fuerte progresión de los salarios inaugurado por los acuerdos de Grenelle^[3] en 1968; continuó con los movimientos sociales y las importantes revalorizaciones del salario mínimo de los años setenta, antes de terminar con el último «retoque» importante que tuvo el SMIC, salario mínimo social, en 1981. En cambio, el segundo período, que comienza en 1983, está marcado por las políticas de ajuste salarial, el final de la indexación de los salarios sobre los precios y mínimas revalorizaciones del SMIC. De hecho, el poder adquisitivo del salario neto promedio aumentó en un 53% entre 1968 y 1983; en cambio, entre 1983 y 1995 apenas creció un 8% (INSEE, 1996a: 48). Es verdad que el crecimiento del PBI fue del 44% entre 1970 y 1983, mientras que fue solo del 28% entre 1983 y 1995 (INSEE, 1996c: 34), y que este crecimiento tuvo que financiar una carga creciente de gastos de pensiones y salud; esto no quita que el costo de la detención del crecimiento de los salarios con respecto a la del ingreso nacional haya sido muy real. En otras palabras, dado un período de veinticinco años, todo parece haber funcionado según las predicciones de la teoría clásica del reparto capital/trabajo (véase más arriba): la proporción de las ganancias disminuye cuando las luchas sociales conquistan importantes aumentos salariales, y se incrementa cuando se impone austeridad a los asalariados, sin que por otro lado esto se traduzca en la prometida creación de empleo.

Desde luego, estas fuertes variaciones en un período de veinticinco años no cambian nada al hecho de que, sobre cincuenta o cien años, los salarios siempre han representado a grandes rasgos los dos tercios del valor agregado de las empresas, y que por lo tanto no es en el reparto del capital/trabajo que hay que buscar la causa del aumento del poder adquisitivo de los asalariados del 250% desde 1950 y del 700% desde 1870. ¿Pero qué importancia tiene esto para los asalariados que conocieron este período de veinticinco años? Conocieron una fuerte mejora en su nivel de vida desde 1968 a 1982, luego un relativo estancamiento entre 1983 y 1995, mientras que las riquezas producidas seguían aumentando y nada parece anunciar un regreso decisivo para fines de la década de 1990. ¿Cómo no asociarán progreso del nivel de vida de los asalariados con la redistribución capital/trabajo? La visión de derecha según la cual solo el crecimiento y no la redistribución capital/trabajo permite una verdadera mejora del nivel de vida (véase Introducción) solo es válida en el largo plazo histórico (véase más arriba); no tiene sentido alguno desde el punto de vista del tiempo político que interesa legítimamente a los trabajadores afectados.

Además, ¿cómo podrían no asociar la redistribución capital/trabajo con las luchas sociales y los aumentos salariales y, por lo tanto, con la redistribución directa, no con la redistribución fiscal? De hecho, nunca una redistribución fiscal redistribuyó el 10% del ingreso nacional en un período tan breve. Para dar una idea de su magnitud, las medidas de redistribución fiscal que implementó el gobierno socialista francés al iniciar su mandato en 1981 —en esencia, la creación del impuesto a las grandes fortunas y de la sobretasa para las franjas superiores del impuesto a las ganancias— representaban menos de diez mil millones de francos de 1981 (Nizet, 1990: 40, 433); es decir, ¡el 0,3% del ingreso nacional de la época! (Sin embargo en su momento la derecha las denunció como el súmmum del «agobio fiscal»). En teoría, nada impide a un gobierno implementar una redistribución de mayor dimensión utilizando impuestos y transferencias fiscales. Pero el hecho es que esto nunca se había visto en un período tan breve. Por lo tanto, es inevitable que se haya pensado y vivenciado la redistribución en términos de luchas sociales y aumentos salariales, no en términos de reforma fiscal y transferencias fiscales. Esta realidad histórica es lo que alimenta el escepticismo de izquierda respecto de la fiscalidad, tal vez más que el rechazo de la lógica de la redistribución fiscal y de su sistema de precios (véase más arriba). Volveremos a encontrar esta misma realidad y esta misma oposición entre tiempo histórico y tiempo político en relación con la desigualdad de los ingresos del trabajo (véase cap. 3).

Por otro lado, este tipo de variación del reparto capital/trabajo en un período de diez o quince años no es único en la historia, aunque las especificidades de la historia social y política francesa hagan que el período 1970-1990 sea particularmente espectacular. Por ejemplo, la proporción de los salarios en el valor agregado de las empresas estadounidenses pasó de alrededor del 65 al 55% entre 1869 y 1880, antes de volver a subir muy rápido al 65% en 1885, y luego al 66-68% en 1890. Sin embargo, el salario medio solo aumentó en un 2% entre 1869 y 1880, antes de aumentar en más del 27% entre 1880 y 1885, período marcado por grandes huelgas y un movimiento sindical especialmente activo (Duménil y Lévy, 1996: cap. 16). Por eso, en un período de diez o quince años la visión marginalista del reparto capital/trabajo a menudo puede ser bastante insignificante si se la compara con las realidades sociales. Esto vale también para la cuestión de la incidencia fiscal: en el corto plazo, las cargas patronales suelen ser pagadas por los patrones, sin que sean absorbidas de inmediato por las reducciones salariales; esta es la realidad que moldea ineludiblemente la visión que mucha gente tiene de la incidencia fiscal, incluso si, como ya vimos, no se puede discutir que a largo plazo el trabajo siempre termina por pagar las cargas.

Nota: Véase el recuadro «La medición de la parte del capital».

Fuente: OCDE (1996: A27).

¿Por qué la parte de las ganancias no aumentó en los Estados Unidos y el Reino Unido?

Sin embargo, no todo es tan simple en la historia del reparto capital/trabajo del período 1970-1990. En efecto, el caso francés también se ve en Italia, donde la proporción de las ganancias pasó del 34,5% en 1983 al 42,5% en 1995, y de manera un poco más atenuada en Alemania, donde pasó del 28,2% en 1981 al 36% en 1995. Sin embargo, resulta llamativo que solo los Estados Unidos y el Reino Unido escapen por completo a este aumento general de la proporción de las ganancias en el período 1980-1990, al igual que la parte de los salarios en el valor agregado británico, de alrededor del 68-71% (tabla 9). Es difícil comparar con cierta precisión entre países los niveles de la parte de las ganancias, vistas las múltiples diferencias de convenciones contables; pero las diferencias de evolución entre países no dejan lugar a dudas: la parte del capital ganó cerca del 10% de valor agregado en Francia, Italia y Alemania; en cambio, no aumentó en absoluto en los Estados Unidos y el Reino Unido. Contrariamente a lo que pudo observarse respecto de la desigualdad de los salarios —de hecho, estos dos últimos países se distinguen por una muy sólida progresión de la desigualdad desde los años setenta (véase cap. 1)—, se constata, así, que los países conquistados por el liberalismo a ultranza entre 1980 y 1990 son los únicos en que la proporción de las ganancias no aumentó. ¿Cómo se explica este hecho?

Sin dudas, una parte de la explicación es un puro fenómeno de recuperación: en Francia, la proporción de las ganancias había bajado en un 5-6% del valor agregado durante la década de 1970, por las rápidas progresiones salariales, mientras que el mismo fenómeno era mucho más moderado en el Reino Unido y no se dio para nada en los Estados Unidos (véase tabla 8). Sin embargo, esto no lo explica todo: la proporción de las ganancias en Francia desde 1985-1986 había recuperado su nivel de 1970 —y eso no le impidió seguir aumentando—, mientras permanecía estable en los Estados Unidos y el Reino Unido.

Es difícil no poner este hecho en paralelo con que esos dos países sean los únicos que crearon empleos durante este período; esto contribuyó a aumentar su masa salarial, cuando se estancaba en los países restantes. Entre 1983 y 1996, se generaron más de 25 millones de empleos en los Estados Unidos —esto es, una progresión del número total de empleos de alrededor del 25% (de 100,8 millones a 126,4 millones de empleos)— mientras que el número total de empleos en Francia aumentaba en apenas el 2% (de 21,9 millones a 22,3 millones de empleos), y que el PBI estadounidense y el francés aumentaban ambos en alrededor del 30% (OCDE, 1996: A23). Sin dudas, es la mejor prueba de que existen varias combinaciones de capital y trabajo que permiten aumentar la producción en las mismas proporciones y que, por lo tanto, las oportunidades de sustitución son considerables en el nivel macroeconómico: el crecimiento francés entre 1983 y 1996 se construyó sobre la utilización de trabajo calificado y de nuevos equipamientos y maquinarias; en cambio, el crecimiento estadounidense se basó sobre una utilización intensiva de trabajo y, en especial, de trabajo poco calificado en servicios, como gastronomía, comercio, etc. (Piketty, 1997b). Esta interpretación se confirma, por otro lado, con los datos disponibles sobre la evolución del stock de capital de las empresas (maquinarias, equipamientos, etc.): para el período 1970-1990 indican una progresión mucho más rápida en Francia y la mayoría de los países europeos que en los Estados Unidos (FMI, 1996). Esto muestra también hasta qué punto la sustitución capital/trabajo pone en juego importantes reasignaciones intersectoriales (de la industria hacia los servicios) y no solo una sustitución entre maquinarias y trabajadores en una empresa o un sector específico (véase más arriba).

La explicación más simple sería que la sustitución capital/trabajo y la creación de empleos no se produjeron en Francia por los elevados costos salariales, luego de la muy rápida progresión de los salarios entre 1968 y 1983. Esto sugeriría que el largo plazo en el que se sienten los efectos de la teoría marginalista no está tan alejado como los individuos involucrados podrían haberlo esperado (véase más arriba). Para que costos salariales más bajos puedan llevar a una proporción más elevada de los salarios, el efecto creación de empleos debería predominar sobre el efecto salario; es decir, una elasticidad de sustitución capital/trabajo superior a 1 (véase más arriba), o sea una elasticidad superior a las estimaciones habituales (véase más arriba). Además, si es verdad que la remuneración promedio por asalariado aumentó en apenas un 5% en los Estados Unidos entre 1983 y 1996, se incrementó cerca del 20% en el Reino Unido, contra menos del 12% en Francia. Esto no impidió que el número total de empleos británicos creciera en alrededor del 10% durante el mismo período (OCDE, 1996: A15, A19, A23). Entonces, en el período 1983-1996, fuese cual fuese el ámbito, Francia parece haber perdido en todos los frentes en simultáneo, ya que salarios y empleo se estancaron a la vez; esto llevó a un descenso excepcionalmente marcado de la proporción del trabajo en el valor agregado.

Dos factores diferentes al costo promedio del trabajo podrían explicar por qué la proporción de la masa salarial en las riquezas producidas desciende en Francia y Europa continental, mientras que permanece constante en los países anglosajones. Una primera explicación sería la dispersión creciente de los costos salariales por niveles de calificación en los países anglosajones, que habría permitido por sí sola el crecimiento del empleo en el período 1980-1990 (véase cap. 3). La segunda interpretación sería que el ingreso del trabajo incluye asimismo un componente no monetario bajo la forma de estabilidad y garantía del empleo. Esta habría disminuido en los países anglosajones mientras que habría permanecido elevada en Francia y la mayoría de los países europeos (una comparación entre Francia y los Estados Unidos consta en Cohen y otros, 1996). Entonces habría que explicar por qué el precio de esta garantía del empleo habría aumentado entre 1970 y 1995, y compararlo con el valor indiscutiblemente elevado que le atribuyen los asalariados involucrados.

La dinámica de la distribución del capital

La razón por la que la desigualdad capital/trabajo llama tanto la atención no es solo que el capital retiene una parte importante del ingreso total. Para el observador, suele resultar más llamativa aún la reproducción, incluso la amplificación, de la desigualdad capital/trabajo a lo largo del tiempo. Precisamente esta reproducción en el tiempo —aún más que el hecho de que el capital reciba siempre una parte importante del ingreso en determinado hito temporal— hizo que la desigualdad capital/trabajo parezca arbitraria, inútil, contradictoria —no solo con el sentido común de justicia social, sino también con el de la eficacia económica—: ¿por qué privar a todos aquellos cuyo país o cuyos padres no fueron ricos en capital de la posibilidad de invertir en la medida de sus talentos? En otras palabras, la desigualdad capital/trabajo plantea de inmediato la cuestión de redistribuciones eficaces y no solo de la redistribución pura. Por tanto, debemos pasar del estudio de la distribución factorial de los ingresos —el reparto macroeconómico del ingreso total entre los dos factores de producción que son el capital y el trabajo— al estudio de la distribución personal de los ingresos —el nivel de la dinámica de los trabajadores y capitalistas individuales y de las posibilidades de inversión que se les ofrecen—. ¿Es verdad que la lógica de la economía de mercado lleva a una reproducción ineficaz de la desigualdad de la distribución del capital en el tiempo? ¿Qué herramientas permitirían combatir este fenómeno?

La teoría del crédito perfecto y de la convergencia

Aquí también se enfrentan varias teorías. La cuestión central es la del mercado del crédito. De hecho, si el mercado del crédito fuera plenamente eficaz —es decir, si llegase a invertirse capital cada vez que existe una inversión rentable—, la desigualdad inicial de la distribución del capital debería terminar por atenuarse. Sin importar cuál sea la fortuna inicial de la familia o del país de origen, todas las unidades de trabajo igualmente emprendedoras deberían así poder realizar las mismas inversiones, gracias al mercado del crédito. Por lo tanto, esta desigualdad de las dotaciones iniciales en capital no debería perdurar. Desde luego, si el mercado del crédito es perfecto, la persona o el país pobre que se endeuda para invertir deberá devolver su empréstito y, así, con su ahorro no podrá alcanzar en forma instantánea el nivel de patrimonio de su acreedor. Y si la tasa de ahorro de quienes tienen bajos ingresos es suficientemente más débil que la tasa de ahorro de los que poseen altos ingresos, esta desigualdad entre el prestatario y su acreedor puede persistir un tiempo indefinido (Bourguignon, 1981). En el ámbito internacional, esto correspondería a una situación en que el producto bruto interno por habitante es el mismo en todos los países —ya que en todos lados se invirtió una cantidad igual de capital por trabajador— pero el producto bruto nacional es inferior en los países pobres en que el capital es poseído por los países ricos y que deben pagarles cada año la parte de los beneficios de su ingreso interno. Pero si la tasa de ahorro de los prestatarios es la misma que la de los prestamistas, o si la diferencia entre ambos no es muy importante, los prestatarios podrán acumular de manera progresiva los frutos de su trabajo, endeudarse cada vez menos y por fin alcanzar a sus acreedores. De hecho, las tasas de ahorro no son sistemáticamente más exiguas para los de ingresos bajos que para los altos: eran superiores al 30% para los «dragones» asiáticos en las décadas de 1950 y 1960, mientras que eran inferiores al 10-15% en los países occidentales entre las décadas de 1980 y 1990, aunque estos son mucho más ricos, y precisamente eso les permitió alcanzar a los países ricos (Young, 1995).

Este resultado de convergencia entre ricos y pobres es la principal predicción del modelo tradicional de crecimiento y acumulación del capital (Solow, 1956). ¿Cuáles son las justificaciones del modelo de crédito perfecto que permite obtener este resultado? Para quien cree en las fuerzas de mercado, la respuesta es simple: el juego de la competencia. En efecto, ¿por qué un banco o un rico capitalista no le prestarían a quien disponga de un proyecto de inversión rentable, cuando eso le permitiría apropiarse de una tasa de interés cómoda? Si el problema de los países pobres es que disponen de muy pocos equipamientos y maquinarias, entonces nuevas inversiones deberían permitir que aumente considerablemente su producción: ¿por qué el ahorro de los países ricos no llegaría a aprovechar tales rendimientos? Y si algunos son reticentes y timoratos, ¿por qué otros no acudirían para aprovechar la laguna que dejó la competencia y enriquecerse a su vez? La competencia entre ahorristas e intermediarios financieros para encontrar las inversiones más rentables —y, por lo tanto, para prestar fondos a todos los empresarios que pueden ofrecer dichos rendimientos— es lo que define el modelo de crédito perfecto. La consecuencia inmediata sería que solo consideraciones de pura justicia social pueden justificar una redistribución de los individuos mejor dotados en capital hacia quienes lo están menos: la desigualdad de la distribución no plantearía en sí misma ningún problema de ineficacia económica, ya que el mercado se encargaría de invertir el capital disponible y de organizar la producción de manera eficaz (en el sentido de Pareto; véase lo ya señalado aquí en la Introducción). Nunca se requerirá intervención directa alguna en el proceso de producción.

La cuestión de la convergencia entre países ricos y pobres

El modelo de convergencia lleva a predicciones particularmente llamativas en el nivel de la desigualdad internacional. La predicción teórica es que, si las capacidades para invertir no varían en forma sistemática de un país a otro, asistiríamos a un fenómeno de recuperación a nivel mundial: cuanto más pobres son los países al inicio, más capital debería desplazarse para invertirse allí y, por lo tanto, más elevada debería ser su tasa de crecimiento, de modo que la desigualdad internacional debería disminuir inexorablemente antes de desaparecer. ¿Qué sucede en la práctica?

La relación observada entre el nivel de ingreso por habitante de un país en 1960 y su tasa de crecimiento promedio en el período 1960-1990 no parece confirmar esta predicción: no se detecta relación sistemática alguna entre estas dos variables (Mankiw y otros, 1992: 427). En efecto, algunos países asiáticos relativamente pobres en 1960, como Taiwán, Corea del Sur o Singapur, tuvieron una tasa de crecimiento de su ingreso promedio tanto más elevada que la de los países occidentales; sin embargo, otros países pobres —como los del subcontinente indio o de África subsahariana— tuvieron un crecimiento promedio muy escaso, incluso negativo. El modelo de convergencia parece pertinente para describir la recuperación entre los países occidentales mismos: por ejemplo, la manera en la que los países de Europa del Este achicaron la brecha con los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, o también la manera en que los países asiáticos con ingreso intermedio alcanzaron a los países occidentales En cambio, ningún aspecto del modelo de convergencia es aplicable entre los países ricos y los más pobres, ni entre los países ricos y los sudamericanos con ingreso intermedio: por el contrario, las brechas de ingresos tendieron a profundizarse. Esa misma conclusión se aplicaría con verosimilitud en períodos más extensos; por ejemplo, si se pudiera medir correctamente las brechas de ingreso entre países desarrollados y países subdesarrollados desde el siglo XIX (Morrisson, 1996: 181). De hecho, no solo no hubo inversiones masivas desde los países ricos hacia los países pobres, sino que se dio lo contrario: en promedio, se observan flujos netos de capitales de los países más pobres hacia los países más ricos (Lucas, 1990b). ¡La fuga de capitales de los capitalistas de los países pobres hacia los países ricos supera las inversiones que van en el sentido opuesto!

El hecho de que el capital no se haya instalado en los países pobres y que estos últimos hayan seguido siendo pobres no implica necesariamente que la imperfección del mercado del crédito sea la única responsable. Por ejemplo, si se toma en cuenta el nivel del «stock inicial de capital humano» (porcentaje de la población alfabetizada, escolarizada, en enseñanza superior, etc.) en 1960, en los hechos se aprecia una relación negativa entre el ingreso promedio inicial en ese momento y la tasa de crecimiento promedio entre 1960 y 1990: en el nivel inicial de capital humano dado, los países más pobres en 1960 tuvieron un crecimiento más pronunciado. Es lo que los teóricos del crecimiento endógeno denominaron convergencia «condicional», en contraposición con la convergencia «incondicional» entre países pobres y ricos que predice el modelo tradicional de Solow (Mankiw y otros, 1992). Por ejemplo, los países sudamericanos, que tenían el mismo ingreso promedio que los futuros «dragones» asiáticos en 1960, tenían un stock inicial de capital humano muy inferior, sobre todo porque se había soslayado por completo a amplias capas de la población; por el contrario, los países asiáticos siempre tuvieron menos desigualdad y pasaron por un crecimiento mucho más escaso, y así alcanzaron a los países occidentales. Más allá del efecto del nivel medio de capital humano, la desigualdad inicial también tuvo un efecto negativo en el crecimiento futuro, ya sea directa, o bien indirectamente por la inestabilidad social y política engendrada (Benabou, 1996).

Otra lección de la experiencia de los tigres asiáticos es la importancia de la integración en el mercado mundial. Esta receta milagrosa, hecha de inversiones elevadas y relativamente igualitarias en capital humano, por una parte, y de liberalismo económico y apertura a los mercados externos, por la otra, parece extenderse desde las décadas de 1980 y 1990 a los grandes países asiáticos. Sin embargo, el éxito de la liberalización más limitado en la India que en China, recuerda la importancia fundamental del primer ingrediente sin el cual la liberalización y el mercado librado a sí mismo no pueden permitir un crecimiento sustentable (Drèze y Sen, 1995). Sin lugar a duda, estas políticas igualitarias de formación constituyen el ejemplo más sustancial de una redistribución eficaz (véase cap. 3).

Por otro lado, como calcula Robert Lucas (1990b), si la diferencia de ingreso promedio entre los Estados Unidos y la India debiera explicarse solo por su diferencia de dotación en maquinarias, equipamientos, etc., ¡la conclusión tendría que ser que la productividad marginal de una unidad de capital suplementario invertida en la India sería 58 veces superior a la productividad marginal de la misma unidad de capital invertida en los Estados Unidos! Con este tipo de rendimiento para el capital invertido en la India, no se entiende qué imperfección del mercado del crédito explicaría que los capitales occidentales no intenten llevarse una parte. Así, hay que reconocer lo evidente. Una parte esencial de la desigualdad entre países ricos y pobres —y, por otro lado, de la desigualdad en general— no se debe a la distribución desigual de los medios de producción, sino a la distribución desigual del capital humano: que cerca del 50% de la población india sea analfabeta seguramente reduce en mucho el rendimiento de una unidad de capital suplementaria invertida en la India (Drèze y Sen, 1995: cuadro A1).

El problema de la imperfección del mercado del capital

Sin embargo, reconocer que otros factores desempeñan un papel esencial no implica que los flujos de capitales de los países ricos y pobres no estén en discusión. Por otro lado, la ausencia de flujos masivos de los países ricos hacia los países pobres nos recuerda también la debilidad crónica de los flujos internacionales de capitales en general: por ejemplo, entre los países occidentales, la cantidad anual de ahorro nacional disponible y la cantidad anual de inversiones nacionales efectivamente realizadas están ligadas de manera estrecha; lo están más de lo que podría sugerir la integración de los mercados financieros entre esos países, que debería en principio permitir separar en muy amplia medida ahorro nacional e inversión nacional.

En efecto, contrariamente a lo que supone de modo implícito el modelo del mercado del crédito perfecto, una operación de crédito no consiste tan solo en colocar en forma mecánica capital allí donde no hay ninguno, esperar el rendimiento y retirar una parte suficiente. En la práctica, también hay que asegurarse de que el proyecto de inversión tiene una rentabilidad y un riesgo aceptables, algo que el tomador del préstamo siempre alegará; por dispuesto que se esté a deducir parte importante de las ganancias que se obtendrán, hay que asegurarse de que el tomador está suficientemente motivado para hacer lo necesario durante largos períodos a fin de que la inversión sea un éxito; por último, hay que asegurarse de que, una vez obtenidas las ganancias, el tomador no va a esfumarse en el aire. Todos estos problemas de motivación, bautizados «antiselección» y «riesgo moral» por los economistas, se asocian de modo inevitable a cualquier situación de mercado intertemporal; es decir, con todo mercado en el que el intercambio se desarrolla en varios períodos, comenzando por el mercado del crédito. Los volveremos a encontrar en el análisis del seguro social (cap. 4). Estas dificultades son de especial importancia en el caso de un mercado internacional, ya que la calidad de la información sobre los tomadores potenciales y los proyectos de inversión que realizar en otro país es particularmente deficiente, lo que explica la extrema debilidad de los flujos internacionales de capitales.

Dados estos problemas de información que se imponen a todos (mercados y Estados), ¿acaso el juego de la competencia permite regularlos de la manera menos mala? En la práctica, lo único que pueden hacer en verdad los acreedores para asegurarse de recuperar su inversión es exigirle al tomador el depósito de una garantía —o, lo que es lo mismo, que el tomador financie con su propio capital inicial parte de la inversión—, y así tome ante el acreedor un compromiso creíble con la viabilidad del proyecto. Por ese motivo, en la práctica la cantidad de crédito que un particular o una empresa puede obtener para financiar determinada inversión es más significativa si el tomador dispone de fondos propios importantes. En otras palabras, «solo les prestan a los ricos». Este fenómeno es eficaz desde el punto de vista de los prestadores, pero ineficaz para la sociedad en conjunto: el ingreso total podría ser más elevado si se redistribuyera el capital de modo que pudiesen concretarse todas las inversiones rentables. La imperfección del mercado del crédito es el ejemplo típico de una imperfección del mercado que permite justificar la redistribución mediante consideraciones de eficacia económica y no solo de pura justicia social: en principio, se hace posible mejorar la eficacia de la asignación de los recursos a la vez que se obtiene una distribución más equitativa (véase Introducción).

Es evidente que muchos observadores críticos del capitalismo, a partir de los teóricos socialistas del siglo XIX, debían ser conscientes de este fenómeno de racionamiento del crédito desde mucho tiempo atrás, aunque les parecería evidente, tanto que solían abstenerse de analizarlo o siquiera nombrarlo. Pero solo desde las décadas de 1970 y 1980 la teoría económica comenzó a analizar explícitamente los fundamentos de esta imperfección del mercado del capital y sus consecuencias para la redistribución (Piketty, 1994: 774-779). En efecto, estas últimas no se limitan al hecho de que la redistribución del capital puede permitir aumentar el ingreso total. Por ejemplo, ante el racionamiento del crédito, la riqueza inicial determina en parte las elecciones de actividad de los individuos (actividad asalariada, emprendedor independiente, etc.), de modo que una redistribución inicial de la riqueza puede tener consecuencias de largo plazo en la estructura ocupacional (porcentaje de asalariados, porcentaje de agricultores independientes, etc.) y el desarrollo, como lo demuestra el ejemplo de la distribución relativamente igualitaria que Francia heredó de la Revolución si se la compara con la distribución desigual en el momento de la Revolución Industrial británica (Banerjee y Newman, 1993).

Las intervenciones públicas posibles

¿Qué tipo de intervenciones públicas permite luchar contra el fenómeno de racionamiento del crédito y de la persistencia en el tiempo de la desigualdad capital/trabajo que este puede engendrar? El problema principal que sale al paso de las intervenciones posibles es el mismo que el que da origen al racionamiento del crédito: invertir no consiste meramente en colocar capital allí donde no lo hubiera. También es necesario hacer elecciones complejas de los sectores en que invertir, los bienes que producir, las personas en que delegar las decisiones. Esta dificultad es evidente para las soluciones radicales que consisten en abolir la propiedad privada del capital y en decretar la propiedad colectiva de los medios de producción, y que no proponen el menor mecanismo que permita regular estos problemas de motivación y asignación. Pero aparecen dificultades similares para otras herramientas de redistribución eficaz que fueron experimentadas históricamente, como los bancos públicos, los préstamos subvencionados o, en el caso de los países pobres, los bancos de desarrollo. En efecto, la teoría del racionamiento del crédito nos dice que es tan difícil para un banco público como para uno privado asegurarse de que el capital se invierta correctamente, cuando es cuestión de deducir de las eventuales ganancias del tomador el equivalente de la tasa de interés de mercado. Y si es cuestión de hacer una donación al tomador deduciendo menos que la tasa de interés de mercado, como suele ser el caso de los bancos públicos y otros créditos subsidiados, no es evidente que una administración pública, por mejores intenciones que posea, pueda decidir correctamente qué tomadores deben recibir una donación, qué sectores justifican inversiones suplementarias, etc. Estas dificultades muy reales se presentan cada vez que un país rico desea transferir riqueza hacia un país pobre: ¿a quién prestar ayuda internacional? ¿Cómo asegurarse de que será bien empleada? La redistribución del capital no puede consistir en lanzar desde un helicóptero un stock de capital allí donde no lo hay. En la práctica, es mucho más fácil redistribuir la desigualdad de dotaciones en capital entre países si se deja que la mano de obra se desplace hacia los países más dotados en capital que si se transfiere capital hacia los países menos dotados: la mano de obra sabe integrarse por sí misma y encontrar un lugar en el proceso de producción, al contrario del capital.

De hecho, casi todas las experiencias de crédito administrado estuvieron lejos de resultar un éxito. La mayoría de las experiencias de bancos de desarrollo terminaron en agujeros financieros, sin que se demostraran resultados sobre la inversión y la producción.

El único ámbito en que la redistribución del capital tuvo éxitos tangibles es el de la agricultura. Por ejemplo, algunos bancos de desarrollo especializados en préstamos a hogares campesinos pobres que estaban excluidos del sistema bancario tradicional —como el Banco Grameen en Bangladesh, que desde los años sesenta permitió a varios millones de campesinos equiparse y aumentar su productividad— inspiraron experiencias similares en el mundo entero. Las reformas agrarias que apuntaban a redistribuir la tierra, o al menos a asegurar a los campesinos pobres la seguridad de su locación, a menudo permitieron importantes incrementos de la productividad, como por ejemplo en Bengala (Banerjee y Ghatak, 1995).

Estos fuertes aumentos de productividad muestran la importancia de la imperfección del mercado del capital: un mercado del crédito perfecto debería haber dado créditos a los campesinos para que pudieran convertirse en propietarios y así realizar esas ganancias de productividad. Por supuesto, el problema es que no se habrían obtenido esos crecimientos de productividad si la motivación del campesino se hubiese reducido ante la perspectiva de un préstamo que reembolsar: solo la redistribución podía permitir mejorar la motivación de los campesinos y su productividad. Asimismo estas experiencias merecen ser comparadas con el balance desastroso de la colectivización de la tierra en los sistemas soviéticos. El hecho de que la redistribución de la propiedad privada del capital haya podido funcionar bien en la agricultura se explica con sencillez, ya que los difíciles problemas de asignación de la inversión, en este sector, son reducidos al estricto mínimo: basta con dar una cantidad de tierra adecuada a cada campesino para que este último esté más motivado para producir e innovar que cuando estaba bajo el control de su propietario terrateniente (o de su granja colectiva).

¿Un flat tax sobre el capital?

Por eso, para redistribuir con eficacia el capital ante el racionamiento del crédito hay que encontrar herramientas que sean lo más transparentes y universales posibles, a fin de evitar las trampas del crédito administrado. Históricamente, la implementación de una fiscalidad progresiva sobre los ingresos y las sucesiones contribuyó en amplia medida a reducir la concentración del capital (véase cap. 1). De manera más general, podría encararse la implementación de un impuesto general sobre el patrimonio que permita financiar una transferencia prefijada de patrimonio, una suerte de cheque-inversión para cada ciudadano que alcance la edad adulta, y luego dejar libre a cada quien para tomar préstamos e invertir allí donde le parezca más provechoso. Por supuesto, tal redistribución permanente de la riqueza tendría costos, ya que desalentaría inevitablemente la acumulación futura del patrimonio. Pero estos costos deben compararse con los beneficios que aporta el financiamiento de inversiones rentables que no se habrían realizado sin esta redistribución: no se puede aplicar en forma mecánica el argumento tradicional según el cual los costos del descenso de la acumulación de capital a largo plazo, generado por la imposición sobre el capital, siempre terminan por predominar, puesto que el mercado del capital es imperfecto (Chamley, 1996). Todo depende entonces de la importancia cuantitativa de las inversiones rentables no financiadas por el hecho de esta imperfección. ¿Acaso hay que gravar todos los patrimonios con una tasa del 1% o bien del 5%, o aún del 0,1%? Para ir más lejos, habría que disponer de estimaciones confiables del volumen de inversiones rentables no financiadas, lo que es muy difícil de medir. Además, el clima de guerra civil que siempre ha reinado entre los celadores del mercado del crédito perfecto —para quienes la desigual distribución del capital no plantea problema de eficacia alguno— y los críticos radicales del capitalismo —para quienes solo la abolición de la propiedad privada puede solucionar el problema en verdad— no favoreció demasiado el progreso de los conocimientos sobre esta cuestión que sin embargo es central.

Para resumir, vemos entonces que no faltan las justificaciones de una imposición redistributiva y transparente del capital y sus ingresos, ya sea en términos de pura justicia social —para operar una verdadera distribución capital/trabajo que sobrepasa la ficción de las cargas patronales (véase más arriba)—, o en términos de eficacia económica —para combatir los efectos negativos de la imperfección del mercado del capital—. En la práctica, el balance de la redistribución capital/trabajo en el siglo XX es desastroso no solo en los países que intentaron abolir la propiedad privada del capital —donde las condiciones de vida de los asalariados se estancaron mientras que progresaban a un ritmo elevado en los países capitalistas—, sino también en los países occidentales —en los que una parte demasiado débil de los gravámenes fiscales significa una verdadera carga para el capital (véase más arriba)—. Este desastroso balance muestra la importancia de la cuestión de las herramientas de la redistribución: no basta con querer redistribuir, sino también hay que emplear las herramientas adecuadas. Estas experiencias pasadas, así como las dificultades objetivas de gravar los ingresos del capital, que suelen ser muy difíciles de observar por el hecho de la multiplicidad de las formas de inversión y de su movilidad, sugieren que se podría obtener una sensible mejoría con la ayuda de un impuesto calculado de manera lo más simple posible, para poner fin a la hemorragia dramática de bases fiscales observadas en la práctica (véase más arriba). Se debería aplicar sobre un área geográfica lo más amplia posible para todas las ganancias del capital, a fin de evitar los efectos negativos de la competencia fiscal entre Estados (véase más arriba). Esta herramienta, el flat tax (el impuesto universal de tasa única), no está adaptada a la redistribución fiscal de los ingresos del trabajo, que exige y que permite una libertad mayor (véase cap. 4), pero podría bien convenirle a la realidad contemporánea de las ganancias del capital.

La reciente evolución de los patrimonios (con el crecimiento de las mayores fortunas mundiales más de tres veces más veloz que el del promedio de los patrimonios y de los ingresos en el transcurso del período 1987-2013 —6-7% por año contra 1,5-2% por año—) sugiere, sin embargo, que solo un impuesto progresivo sobre el capital permitiría regular esta dinámica desigualitaria; además produciría una mayor transparencia democrática y estadística sobre estas evoluciones (Piketty, 2013: cap. 12). Las evoluciones constatadas recientemente acerca de la importancia global de los patrimonios en relación con los ingresos y acerca del surgimiento de una nueva forma de «sociedad patrimonial» abogan en este sentido (Piketty, 2011, Piketty y Saez, 2013, Piketty y Zucman, 2014).