CAPÍTULO 1

EL CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL

DE LA RESISTENCIA (1939-1952).

JOSEP SÁNCHEZ CERVELLÓ^[0].

La dictadura franquista fue hasta la desaparición del maquis, a principios de los años cincuenta, especialmente violenta. Su dureza tenía su origen en la tipología de la guerra colonial a la que estaba vinculado el núcleo del Ejército nacional y que tuvo su perfil más cruento entre 1921 y 1927 cuando se emplearon gases asfixiantes, sobre todo yperita, en la lucha contra las fuerzas rifeñas de Aldelkrim^[1].

Esa brutalidad quedó también evidenciada desde los inicios de la conspiración antirrepublicana, cuando sus integrantes previeron desde el principio un nivel de represión desmesurada para aplastar cualquier atisbo de resistencia. Así, Emilio Mola, firmando como el Director, emitió en abril de 1936 la Instrucción Reservada n.º 1 en la que señalaba: «la acción ha de ser en extremo violenta, para reducir lo antes posible al enemigo». Para ello se establecía que individuos y «partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento» tendrían su merecido: la cárcel o los pelotones de ejecución^[2].

Las medidas que los rebeldes tomaron contra sus enemigos quedaron codificadas a lo largo de los primeros años del régimen y son una fuente de primera mano para evaluar el enraizamiento de sus propósitos exterminadores de lo que Franco y sus subordinados denominaron la «anti-España».

1. LEYES REPRESIVAS DE LA DICTADURA

1. El Estado de guerra en toda la zona sublevada se proclamó pocos días después el golpe militar(28-8-1936) con lo cual los delitos y los inculpados debían ser juzgados por tribunales militares. Claro que eso no fue óbice para que durante toda la guerra, e incluso después, muchos ejecutados, desterrados o expoliados no hubiesen sido inculpados ni procesados nunca. Con todo, esos tribunales militares se caracterizaron porque se juzgaban, normalmente, muchas causas a la vez sin que tuviesen relación entre ellas. Así, los hechos atribuidos por la fiscalía se declaraban probados, sin que se hubiese practicado ninguna prueba. De cómo funcionaban esos tribunales sumarísimos nos ha dejado un testimonio demoledor uno de sus encausados: «partían de una incongruencia […]. Era cuanto menos chocante que unos individuos rebeldes contra la República y la Constitución, a las cuales habían jurado absoluta fidelidad, se constituyesen en un tribunal permanente para juzgar a importantes núcleos de población, acusándolos, sorprendentemente, de “rebelión militar” […]. Entramos en la sala donde ya se había constituido el tribunal que nos tenía que juzgar. En el sector del público había algunos familiares, curiosos e, incluso, alguno de los denunciantes […]. Era un juego morboso de ver sufrir a unos adversarios políticos o simplemente unas enemistades del propio pueblo […].Nuestra causa se analizó por el procedimiento sumarísimo de urgencia y, efectivamente, en un periodo de tiempo que no llegó a media hora, 15 personas escuchamos, como si fuese un serial radiofónico, todos incluidos en el mismo informe, como el relator exponía los “hechos probados” para cada caso. Por el mismo procedimiento, el que actuaba de defensor hizo su obligado papel pidiendo atenuantes. Rápidamente, después de mencionar 2 o 3 artículos del Código de Justicia Militar, ordenaron que nos pusiéramos de pie para oír el “Fallamos que debemos condenar y condenamos…”, seguido de las respectivas penas para cada nombre, igual como si se pasara lista. Repartieron entre los presentes dos penas de muerte, once condenas a 30 años y dos a 12 años^[3]».

   La vida en las prisiones y los campos de detención era durísima. El tortosino Subirats Piñana, que llegaría a ser presidente del Tribunal de Cuentas europeo y senador, detenido en Santa María de Oya, señala: «las condiciones de hacinamiento eran tales que padecimos ataques de toda clase de parásitos (piojos, pulgas, sarna, ladillas) y una epidemia, de la que sólo sabíamos que afectaba el aparato digestivo, hizo estragos entre los prisioneros, en particular entre los más jóvenes^[4]». Tampoco eran mejores las condiciones de los batallones de trabajadores, como lo señaló Francisco García, que allí fue enviado en mayo de 1940: «Estábamos a las órdenes de oficiales que llevaban una cruz negra fuera de la guerrera o dentro. Era la señal de que habían matado a algún soldado o algún interno. Era una cruz parecida a la T, negra, muy aparatosa, la llevaban a la altura del corazón. Dormíamos en el corral de las masías, como si fuéramos ganado […].Como exponente del 12 Batallón de Trabajadores tengo que mencionar el saco de arena, sujeto a la espalda con dos alambres atados en los hombros. Además, tenías que trabajar a pico y pala […]. Los castigos y los malos tratos eran continuos: los insultos, puntapiés en los testículos, estar en posición de firmes en medio de una carretera por la noche, raparte al cero, trabajar rápido, vigilados por soldados armados con fusil y bala en la recámara, grandes palizas para dejarte insensible y con heridas: trabajos de castigo a altas horas de la noche: no avisar de las explosiones […] que causaban heridos, no respetar los enfermos y obligarlos a trabajar; estar hambrientos e ir mal vestidos; el trato a golpe de látigo: las palizas al oír hablar catalán; los trabajos insalubres y peligrosos, como trabajar dentro de un lago tanto tiempo que los pies se tornaban blancos e incluso se infectaban: formar la compañía para oír insultarnos al jefe que acababa con un “hijo de puta”: dormir en tiendas de campaña para cuatro cerca de la frontera con Francia con la amenaza de que si alguno se escapaba, sus compañeros serían fusilados; la correspondencia censurada, etc»^[5].

   Ramón Videllet señaló, de los batallones de trabajadores en los cuales estuvo un año y medio, que «padecíamos tanta hambre que un cabo y un soldado en Punta Tarifa (Cádiz) cogieron dos kilos de harina de una casa en el campo. Eran buena gente, pero por esta miseria los fusilaron^[6]».

2. Decretos de ilegalización de las fuerzas sociopolíticas apoyantes del Frente Popular y opuestas al Movimiento Nacional, con incautación de sus propiedades y depuración de funcionarios y empleados de empresas que trabajaban para el Estado (Decreto 108, 13-9-1936). El día anterior Franco había sido nombrado Generalísimo y jefe supremo e incontestable de la España insurgente y, a partir de entonces, la escalada normativa represora se reforzó.
3. Decreto contra la Masonería (15-9-1936). En el primer artículo se señalaba: «la francmasonería y otras asociaciones clandestinas son declaradas contrarias al derecho. Todo activista que permanezca en ellas tras la publicación del presente edicto será considerado como reo del crimen de rebelión». Muchos ya habían sido ejecutados cuando salió la ley.
4. Orden de depuración de funcionarios y obligatoriedad de ser revisados por una comisión depuradora (30-10-1936). Un ejemplo de esa limpieza la ofrece la destitución de los 15 860 funcionarios de la Generalidad, de los cuales sólo permanecieron 753, que procedían de la antigua Diputación Provincial de Barcelona que, a su vez, tuvieron que pasar por el tamiz de la Comisión Depuradora respectiva. Esta caza de brujas, sin que hubiese ninguna ley que la estableciese, se alargó al ámbito de la empresa privada, donde se expurgaron las plantillas del personal poco adicto al GMN o a los propietarios. Bastaba con que aquéllos les señalasen como «rojos», para quedarse sin empleo.
5. Prohibición de la difusión de material pornográfico (16-9-1937). Medida que sobrepasaba el ámbito sexual, pues el preámbulo declaraba que era peligroso para la Patria «la difusión de literatura pornográfica y disolvente», a la que acusaban de ser la causa del fermento revolucionario. Medida que fue seguida por una Orden que establecía la depuración de las bibliotecas de ese material sensible y peligroso.
6. La Ley de Prensa (22-4-1938) dotaba «al ministro encargado del Servicio Nacional de Prensa la facultad ordenadora de la misma» (art. 1.º). Es decir, le autorizaba para censurar a los medios que se descarrilasen de los propósitos del régimen con diversas multas o sanciones que podían, incluso, acarrear la clausura temporal o definitiva de las publicaciones cuyo umbral de libertad dejaba de existir al otorgarles, exclusivamente, una función al servicio de la nación, eufemismo que quería encubrir la sumisión a la dictadura. Ley que se mantuvo vigente hasta la Ley Fraga de 1966.
7. Ley de Responsabilidades Políticas (9-2-1939). Ilegalizaba las formaciones del Frente Popular, las «separatistas» y las que se hubiese opuesto al «Glorioso Movimiento Nacional», declarando en su artículo 1.º: «la responsabilidad política de las personas tanto jurídicas como físicas, que desde el 1.º de octubre de 1934 y antes del 19 de julio de 1936, contribuyeron a crear o a agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España y de aquellas otras que a partir de la segunda de dichas fechas, se hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grave».

   Lo de la retroactividad jurídica de la ley es una evidencia de la bellaquería política de la dictadura, al condenar por unos hechos que no eran ilegales cuando se produjeron y cuya interpretación no se ajustaba estrictamente al marco jurídico establecido. Así, por ejemplo, en Flix, en donde se produjo una huelga de varios meses sin producirse ninguna alteración del orden público, los dirigentes obreros fueron juzgados por los tribunales de posguerra inculpándoles de desafectos por estos hechos.

8. Ley contra la masonería y el comunismo (1-3-1939). Reprimía delitos «contra la desarmonía social», «disgregación de la patria», y los intentos de organizar partidos, grupos políticos y enumeraba las personas punibles: socialistas, comunistas, anarquistas, trotskistas, masones y análogos. A los masones, aparte de estar incriminados por la Ley de Responsabilidades Políticas, les estaba prohibido ejercer cualquier cargo en el sector público y se les impedía formar parte de un Tribunal de Honor, a ellos y a sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad. El Tribunal Especial para Represión de la Masonería y el Comunismo estuvo en vigor hasta 1963 cuando se creó el TOP.
9. Ley de Seguridad del Estado (29-3-1941). Los infractores de delitos de traición, de sabotaje, de asociación y propaganda ilegal, de infundir rumores, etc., tanto dentro como fuera de España, pagaron con penas de cárcel muy largas e incluso de muerte. Al amparo de esa ley fueron juzgados en Almería, el 28 de abril de 1941, 100 personas acusadas de formar parte de una organización clandestina y cuyo delito fue repartir el «parte inglés» que «se copia a máquina y se distribuye con precauciones. Este parte de guerra se introduce además a la cárcel del Ingenio […]. Se extiende su circulación y, lo de siempre, se denuncia por alguno el hecho». A parte de las penas de cárcel, por ese «delito» fueron ejecutados 8 acusados, entre ellos una mujer de 20 años^[7]. En 1947 sería substituida por la Ley de bandidaje y terrorismo.
10. La Ley de bandidaje y terrorismo (18-4-1947) equiparaba los «delitos políticos» con el delito de «rebelión militar», lo que significaba la posibilidad de condena a muerte al ser juzgado, casi siempre, por un Consejo de guerra, sumarísimo la mayoría de las veces. Juan Busquets, integrante del grupo confederal de Marcelino Massana, fue detenido en octubre de 1949 en Barcelona y condenado a la pena capital por esa Ley, pasando 20 años en la cárcel^[8].

    Los delitos resultantes de la guerra civil o, en otras palabras, los resultantes de la defensa de la legalidad, no prescribieron hasta 1969.

2. LA DUREZA DE LA GUERRA Y DE LA POSGUERRA

Donde más pronto conocieron la «España Imperial» o la «Nueva España», dos nombres para definir la venganza y el atropello, fue en las zonas donde triunfo el golpe de Estado. Señalaba un sevillano, de buena familia y posición, que huyó de su ciudad en 1937, que la represión había tenido tres fases: «Primera. Fusilamiento en las calles, a las salidas de las carreteras y en las tapias de los cementerios, sin expediente, ni trámite de ninguna clase, para dominar por el terror, que ha de ser en lo sucesivo su principal arma. Esta época duró hasta primeros de octubre de 1936. La segunda en la que se instruía expediente a los detenidos, sin oírlos la mayoría de las veces. Las sentencias de muerte las firmaban las diversas autoridades encargadas de la represión […]. Esta época duró hasta febrero de 1937. Y la tercera que rige en la actualidad (1938) en que la parodia de unos Consejos de guerra, ya prejuzgados de antemano, quieren dar la sensación de justicia para acallar el rumor, cada vez más denso, que en torno a tantas vidas segadas se está levantando. Todos los días sentencias a muerte a gran número de personas; la mayoría son acusadas de hechos que no sabían que existiesen hasta oír al fiscal relatarlos. Las sentencias no se cumplen inmediatamente. Los condenados padecen el suplicio constante de no saber los días o las horas que les quedan de vida^[9]».

De la magnitud de la represión escribiría, una vez acabada la guerra civil, un personaje poco favorable a la causa republicana: «Sería inútil negar que sobre España pesa todavía un sombrío aire de tragedia. Las ejecuciones son aún muy numerosas, sólo en Madrid de 200 a 250 diarias. En Barcelona 150 y en Sevilla, que en ningún momento estuvo en manos de los rojos, 80»^[10]. Quien escribió esto fue el yerno de Mussolini.

Lo que diferenció a la represión franquista de la anterior dictadura de Primo de Rivera o la de Salazar que duró, con su continuador Caetano, 48 años, fue la brutalidad. En Portugal, durante toda la dictadura se produjeron menos de 500 muertes de víctimas políticas en el territorio europeo^[11], muchas de ellas por las difíciles condiciones de vida en los centros de detención, especialmente en el de Tarrafal y, concretamente, durante el periodo 1936-1940. En España esa cifra se alcanzó sólo en la provincia de Tarragona, con 717 fusilados contabilizados entre 1938 y 1944^[12]. Pero el número de víctimas fue mayor del registrado pues sólo en la ciudad de Reus existieron dos centros de detención donde hubo ejecuciones que no están registradas: la fábrica Pich i Aguilera, y el Centro Psiquiátrico Pere Mata^[13].

Hubo, además, otras muertes que tampoco fueron contabilizadas al ocurrir en ejecuciones en el momento de entrada de las tropas nacionales en las poblaciones: o bien, durante el periodo del maquis; en batallones de trabajadores: y en las cárceles. Por tanto la cifra total de la provincia de Tarragona podría doblar a la de Portugal, la diferencia es que Portugal tenía 9 millones de habitantes y la provincia de Tarragona 148 931 en 1936. Si bien, en 1939, por las pérdidas en la guerra y por el exilio aún tenía menos habitantes.

Asimismo, cuando las tropas franquistas «liberaban» una población, iban acompañadas de batallones de Orden y Policía, encargados de controlar a los civiles que fuesen notoriamente desafectos a los sublevados para asegurarse el orden público. Además, nombraban a las autoridades afectas al Glorioso Movimiento Nacional y se encargaban de mantener el estado de guerra hasta que no estuviese la situación controlada. Estas columnas, formadas por soldados destinados a esas funciones específicas, eran también las responsables de ordenar las primeras ejecuciones sumarias. Así, por ejemplo, después de la caída del frente de Aragón y de las poblaciones de la derecha del Ebro, entre mayo y abril de 1938, propiciaron numerosos fusilamientos de gente de izquierdas poco significada, pues los responsables políticos huían metamorfoseados con el Ejército Popular de la República^[14]. El objetivo de esa práctica era imponerse por el terror. En las plazas conquistadas incentivaron la delación, señalando que «todos los vecinos están obligados, sin que previamente se les cite, a denunciar cuantos hechos conozcan de carácter delictivo o político, aunque éstos recaigan en personas que se supongan en zona roja^[15]».

A partir de las denuncias se ponía en marcha el esquema represivo. Los denunciados que se podían cazar iban a la cárcel. También podían ser detenidas o humilladas las mujeres, las novias o los familiares directos de los dirigentes republicanos. Igualmente, era frecuente el empleo de aceite de ricino, que hacían beber sobre todo a las mujeres de los «rojos», causándoles fuertes descomposiciones, por lo que no podían salir de casa durante unos días, lo que en época de mala alimentación era terrible. Además, a muchas desafectas les cortaban el pelo al cero. También los connotados como rojos tenían que ir a trabajar en la limpieza, acarreo de materiales de construcción para obras públicas, y, en algunos casos los caciques les obligaron a hacer faenas particulares, sin cobrar, aunque tuviesen familiares detenidos, exiliados o desaparecidos, por lo que esos jornales, en una economía de subsistencia, les eran vitales. Además si los gerifaltes del nuevo régimen tenían las casas destruidas podían incautarse, sin ningún problema, de las de los izquierdistas^[16].

A partir de julio de 1938, cuando los nacionales previeron la caída de Valencia y con ella el hundimiento de la República, se dieron instrucciones de cómo se debía verificar la ocupación de las ciudades leales «durante los primeros quince días de ser ocupada una ciudad se había de detener al máximo número de personas contrarias que habían de ser encerradas en prisiones y campos de concentración. Para evitar que pudiesen huir […] se había de establecer un control estricto de la circulación y de salida de vehículos». Además, en cada sector en que los conquistadores habían dividido la ciudad, debían disponer de un local para los detenidos y apoderarse de toda la documentación «rojo-separatista» que pudiese dar pistas de nombres y actividades de los disidentes^[17]. Siendo éste el origen de la mayor parte del Archivo de Salamanca que, a pesar de la politización del caso, sirvió para recoger toda la documentación: prensa, libros, circulares, cartas, boletines oficiales, fotografías, etc., de la zona leal para incriminar a sus defensores. Así me lo señaló un comisario de batallón: «fui detenido y conducido a varios centros de detención donde pase un calvario, y todo porque mi nombramiento vino en el órgano del Ejército, y desde Salamanca informaron a mi localidad de mi graduación en el Ejército Popular^[18]».

La política de venganza y arbitrariedad que convirtió España en una inmensa cárcel fue especialmente dura en los pueblos, donde el anonimato no era posible, y donde las humillaciones eran de por vida. En Villalba dels Arcs (Tarragona), un pueblo de poco más de 1000 habitantes, después de la guerra, cuando aún había decenas de vecinos prisioneros y exiliados y cuando los militares rebeldes ya habían ejecutado a 13 personas, el alcalde y miembros de FET y de las JONS asesinaron de forma sádica a otros 14 vecinos, a algunos de los cuales les sacaron los ojos con agujas de coser sacos y a otros les amputaron los genitales. Algunas de estas ejecuciones salvajes se hicieron en plena luz del día, después de movilizar al pueblo, como en Fuenteovejuna, y delante de su familia. Hasta tal punto enloquecieron los derechistas de Villalba dels Arcs que fue uno de los pocos lugares de España que, sin ser sede judicial, funcionó un Tribunal Militar Especial para juzgar los desmanes de la gente adicta al GMN^[19]. Hay que señalar que la mayor parte de los ejecutados no habían sido procesados por los franquistas, lo que significaba que su adscripción ideológica y su participación en la guerra había sido poco significativa. Otro caso de represión desmedida sucedió en Calaceite (Teruel), en donde los vencedores practicaron torturas tan salvajes que «algún preso se suicidó en la celda para huir del tomento —como Ramón Petxina—, y a otro, José Serrano Sancho, le castraron^[20]». También en Calanda «a principios de 1940 se practicaban en el ayuntamiento violaciones y “bacanales” como parte de una gran violencia sobre mujeres izquierdistas y también desde la alcaldía se planificaban una serie de asesinatos a manos de falangistas locales, al margen de la autoridad militar^[21], lo que obligó a intervenir a ésta en algunos casos».

El control de la población, los avales y la inseguridad provocada por las arbitrariedades de las nuevas autoridades hicieron de aquel periodo un infierno, al que también contribuyó de forma decidida la Iglesia, tan poco acostumbrada, en nuestro país, al perdón. Un ejemplo lo tenemos en la actitud del sacerdote Antoni Mascaró de Batea que desde abril de 1938 a octubre de 1939, intervino directamente en la deportación de numerosos vecinos a los que consideraba rojos y consiguió, también, que se impusiesen multas a los enemigos ideológicos que no habían sido deportados, para así financiar a FET y a las JONS, sin importarle que los derrotados ya estuviesen comprendidos en la Ley de Responsabilidades Políticas y sus propiedades, intervenidas^[22].

El clima de terror y los abusos judiciales estuvieron detrás del fenómeno de los huidos, gente que se tiró al monte para no caer en manos de los franquistas. Un ejemplo de eso se evidencia en el caso de la familia Bolós Silvestre de Valbona (Teruel), en donde Daniel regentaba un bar en el que, al anochecer, se escuchaba Radio España Independiente-Estación Pirenaica. Al ser denunciados, y por miedo a caer en manos de la Guardia Civil, que en las zonas donde actuaba el maquis, como lo era aquélla, aplicaba torturas y ejecuciones sumarias, Daniel y dos hermanos más huyeron al monte incorporándose a la guerrilla en marzo de 1947.

Fue en ese clima de oprobio que emergió la guerrilla y se hicieron posibles las condiciones para su consolidación.

3. LA SITUACIÓN INTERNACIONAL

Justo iniciada la posguerra española se firmó el Pacto germano-soviético entre Molotov y Ribbentrop (agosto 1939), sin que ningún partido comunista lo denunciase, lo que causó entre su militancia bastantes deserciones.

Por ello el PCF y el PCE fueron declarados ilegales en Francia en septiembre, acusándolos de actitud derrotista y antifrancesa. Los principales dirigentes del PCE/PSUC emigraron a la URSS y a Latinoamérica y dejaron al partido desballestado, siendo reconstituido por Jesús Monzón. Por otro lado, tras la muerte del antiguo secretario general del PCE, José Díaz, se produjo una sórdida lucha por el poder en el seno de la dirección en la URSS, al dividirse entre los partidarios de Jesús Hernández y los de la Pasionaria. En esa lucha, la Pasionaria y Santiago Carrillo —que acabó siendo el responsable del partido en Francia y en España— estaban en el mismo barco e hicieron la vida imposible a Hernández, que hubo de dejar Moscú, mientras que Monzón, que se había hecho con la dirección sin contar con los soviéticos ni con sus superiores orgánicos, fue degradado y enviado al interior, siendo detenido en Tarragona en el verano de 1945.

El pecado capital de Monzón, según Carrillo, era que de forma aventurera había impulsado la operación del Valle de Arán y la lucha armada en el interior. Pero no sólo no era cierto sino que la URSS no era ajena al deseo de que se incrementasen en España las acciones armadas. Así lo refirió Líster al señalar que, en octubre de 1944, estando al mando de una División en el frente ucraniano, fue llamado a Moscú por Dimitrov, máximo responsable de la IC, que le explicó los proyectos de Stalin en relación a España y que pasaban por potenciar el movimiento guerrillero^[23]. Por tanto, la actuación del Valle de Arán iba en la línea de lo que el PCF hacía en Francia, el PCG en Grecia, el PCI en Italia y el PC en Yugoslavia. Es decir, reforzar militarmente a los partidos comunistas para que en el nuevo orden de posguerra fuesen lo suficientemente fuertes para que pudiesen impedir el aislamiento de la URSS, tal y como había sucedido de 1917 a 1939. El problema de Monzón era que en Francia había mantenido contactos orgánicos con los aliados y escapado del pertinente control superior.

Por otro lado, desde 1939, los países democráticos —Gran Bretaña, Francia y los EE UU— se aproximaron a la oposición antifranquista por si fuese necesario sacar por la fuerza a Franco del poder en caso de que consumase un mayor acercamiento al Eje, e incluso apoyaron al movimiento guerrillero^[24]. Además, tanto Francia como Gran Bretaña y EE UU, reclutaron a antiguos militares republicanos para sus servicios de inteligencia. Así, el comandante Gustavo Durán trabajó para los americanos^[25], el coronel Segismundo Casado para los británicos^[26] muchos de los descodificadores de las comunicaciones republicanas fueron contratados por Francia para trabajar en la zona no ocupada^[27].

También la oposición catalanista y vasca, como el resto de la oposición española, fue rehén durante los años de la confrontación mundial de la dialéctica de los aliados que les garantizaba un futuro democrático tras el triunfo de la Segunda Guerra Mundial a cambio de su colaboración en la guerra^[28]. Jesús Abenza, sargento jefe de la 9.ª Compañía, que bajo el mando del general Leclerc liberó París, señaló «llevábamos en cabeza las banderas republicanas, autorizadas por los mandos. Entramos en París el 24 de agosto de 1944 […] la gente gritaba: ¡Vive la France! Nosotros decíamos: No somos franceses, somos españoles. Entonces nos decían: ¡Vivent les espagnols! […].Y proseguimos adelante. Por todos los pueblos donde pasamos, desde Normandía hasta las fronteras de Austria, dejamos compañeros enterrados, con letreros que el mando hacía poner: “Mort pour la France”. Los jefes nos decían: Vuestro sacrificio y vuestro esfuerzo serán recompensados. Cuando Francia esté liberada, liberaremos España de la tiranía de Franco. Todos nos engañaron».^[29]

Acabada la Segunda Guerra Mundial se crearon Gobiernos de Unión Nacional en los países occidentales en los que los comunistas habían dado un contributo de sangre a la liberación, caso de Italia, Francia y Bélgica. Especialmente significativo fue el caso de Grecia, en donde los comunistas eran muy poderosos. El Partido Comunista Griego (KKE) dirigía el Frente Nacional de Liberación (EAM) que había capitalizado la resistencia contra los alemanes a través del Ejército Nacional de Liberación Popular (ELAS). Para contrariar el establecimiento de un Gobierno procomunista, los británicos se apoyaron en el rey Georgios II y en El Cairo crearon, a finales de 1944, un Gobierno derechista encabezado por Georgios Papandreu que llegó a Atenas acompañado por el Ejército británico. A finales de 1944, los enfrentamientos armados se sucedieron con gran violencia entre los monárquicos y los comunistas. La importancia de ese ensayo de guerra civil, con la intervención masiva y decisiva de los británicos, fue la clave para que en Francia e Italia, en donde los partidos comunistas eran, asimismo, muy fuertes y disponían de poderosas guerrillas, no se sublevasen pues «la brutalidad de la intervención británica en Grecia pesó de forma decisiva en las directrices y en la táctica de Thorez. Togliatti y otros líderes comunistas de la Resistencia obligándolos a maniobrar con redoblada prudencia, sacrificando las aspiraciones de numerosos resistentes a una política realista de compromiso que permitió, después de la liberación, a los medios liberales y conservadores, retomar el control de los países anteriormente ocupados [por los nazis], evitando por lo menos a sus respectivos pueblos los males de una guerra civil sin salida^[30]».

Esa primera experiencia cruenta se cerró con un acuerdo de paz al que contribuyó decisivamente Stalin, que estaba más interesado en consolidar la presencia soviética en los países del Este, tal y como se plasmaría en los Acuerdos de Yalta que se estaban negociando en aquellos momentos. Stalin prefería llegar a acuerdos con los aliados que le garantizasen el control de los países satélites, aunque tuviese que sacrificar a los comunistas helenos; igual que antes había preferido la alianza con Hitler que ayudar decisivamente a la República española. Por eso, la cúpula soviética presionó al KKE para que aceptase el Acuerdo de Varkiza (febrero 1945) que establecía el desarme del ELAS y la realización de elecciones libres con fiscalización occidental. Las elecciones se celebraron en marzo de 1946. En ellas, los comunistas se abstuvieron y permitieron el establecimiento de un Gobierno derechista. Más tarde, con el plebiscito celebrado en septiembre de ese año, se produjo el restablecimiento de la monarquía. Entonces el KKE, en octubre, inició la sublevación y, a lo largo de 1947, la guerra se extendió por todo el país. Los guerrilleros helenos tuvieron el apoyo de Yugoslavia y de la URSS. ¿Qué había cambiado desde el acuerdo de Varkeriza de febrero de 1945 hasta octubre de 1946? ¿Cuáles eran las razones del cambio de 180^o experimentado por Stalin? En primer lugar que el reparto de las zonas de influencia europeas ya se había realizado en Yalta (febrero) y en Potsdam (julio-agosto de 1945); y, en segundo lugar, Churchill, en marzo de 1946 había hecho un discurso en Fulton que anunciaba con toda crudeza el inicio de la guerra fría, al señalar: «un telón de acero separa Europa». Por tanto, ante la guerra fría declarada Stalin, decidió que si, hipotéticamente, la aventura griega le salía bien, mejoraría su influencia en la zona de los estrechos del Bósforo y de los Dardanelos.

En febrero de 1947, el Gobierno británico informó a Washington de que no era posible continuar ayudando a Grecia y a Turquía. El 12 de marzo, el presidente Truman, en el Congreso, pidió ayuda para esos países, dando lugar a la Doctrina Truman de «containment» del comunismo, por la que los EE UU afirmaron su disposición de ayudar a todos los países que luchasen contra la URSS y sus agentes.

Las repercusiones de esa política se extendieron por toda Europa occidental. De marzo a mayo de 1947 se produjo la expulsión de los partidos comunistas de los Gobiernos de Unidad Nacional en París, Roma y Bruselas. El 5 de junio, el secretario de Estado americano, Georges Marshall, anunció el Programa de Ayuda para la Reconstrucción de Europa (Plan Marshall). La URSS obligó a Checoslovaquia a abandonarlo. En septiembre de 1947 se creó la Kominform (Oficina de Información de los Partidos Comunistas y Obreros). En su constitución Jdanov, el representante soviético, señaló la división del mundo en dos bloques y la necesidad de que los países satelizados por la URSS siguiesen su liderazgo. En febrero de 1948 se produjo el golpe de Praga, estableciéndose una «democracia popular», lo que tuvo una tremenda repercusión en toda Europa. La Kominform en junio de 1948 denunció el «titismo», seguido de la ruptura diplomática entre Belgrado y Moscú. Y, a partir del verano de 1948, se produjeron «purgas» en las democracias populares para asegurarse la obediencia a Stalin, ya que el origen del desentendimiento soviético-yugoslavo se había originado porque Tito pretendía hacer una política independiente del Kremlin.

La guerra civil griega concluiría en agosto de 1949, tras el cierre de la frontera de Yugoslavia con Grecia, por donde los comunistas griegos recibían la ayuda soviética^[31].

4. LA POLÍTICA DE BLOQUES CONTRA LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA

Concluida la Segunda Guerra Mundial, en el documento aprobado en Yalta (febrero 1945), Churchill, Stalin y Roosevelt afirmaron que «los países liberados y los que estaban bajo la órbita nazi, tendrán elecciones libres», lo que animó decididamente a los expatriados españoles, que tuvieron la convicción de que pronto volverían a casa. Este sentimiento se vio favorecido en abril de 1945, en la Conferencia de San Francisco, embrión de las futuras Naciones Unidas, cuando se produjo una condena formal del Régimen franquista.

En Potsdam, entre julio y agosto, tuvo lugar una nueva cumbre tripartita entre Churchill-Attlee, Truman y Stalin, aprobándose una resolución que indicaba que «España, por su origen, por naturaleza e historia, está íntimamente asociada a los estados agresores», por lo cual se la excluía de la comunidad internacional, imposibilitándola de pertenecer a la ONU.

La dictadura se sintió tan seriamente amenazada que introdujo reformas cosméticas para aproximarse a los aliados: así, en julio de aquel mismo año, suprimió el Ministerio del Movimiento, y dos meses más tarde eliminó la obligatoriedad del saludo a la romana en las ceremonias oficiales. Las concesiones del franquismo revelaban que la dictadura acompañaba inteligentemente la situación internacional y por eso Franco creía que podría capear el temporal con concesiones de forma pero sin cambiar el fondo.

En febrero de 1946, en una reunión de la ONU celebrada en Londres, se condenó de nuevo a la dictadura franquista. También en marzo, el Gobierno francés cerraba su frontera con España como consecuencia de la ejecución de Cristino García^[32]. Pero ni Francia quería ir más lejos, ni los EE UU y Gran Bretaña tampoco. Por ello, estos tres países, a finales de aquel mes, publicaron la Nota Tripartita, en la que indicaban: 1.º Que la solución al problema de España tenía que resolverse por métodos pacíficos, lo que era una clara desautorización a la táctica guerrillera. 2.º Se apostaba por una solución política entre republicanos, monárquicos y liberales, que tenían que crear un Gobierno provisional que convocase elecciones. 3.º Se pedía la destitución de Franco, la disolución de la Falange y el aislamiento diplomático del Régimen. 4.º La solución al problema español era un asunto interno, en el que las tres potencias no intervendrían.

Gran Bretaña se encargó de trabajar en pro del acercamiento entre Gil Robles e Indalecio Prieto, máximos representantes de las tendencias liberales entre las dos Españas enfrentadas en 1936. Por otro lado, Washington, París y Londres trabajaron para que el Régimen español fuese aislado por la comunidad internacional. En ese sentido, el 15 de diciembre de 1946, una nueva resolución de la ONU homologaba al Régimen franquista con los de Hitler y Mussolini y solicitaba la retirada de embajadores^[33].

Pero, tras el golpe de Praga, se verificó un recrudecimiento de la guerra fría, pues los aliados se reunieron en Londres (abril-junio 1948) para constitucionalizar sus zonas de ocupación en Alemania. En junio, para evitarlo, al menos en la zona occidental de Berlín, la URSS la bloqueó hasta mayo de 1949, días antes, en abril nacía la OTAN, en junio de 1950 se iniciaba la guerra de Corea, que iba a durar tres años, y que tuvo gran trascendencia pues fue el conflicto que durante esa década agudizó más la tensión bipolar. Por eso no fue extraño que, finalmente, el 4 de diciembre de 1950, la Asamblea General de la ONU anulase la Resolución de 1946 que condenaba a Franco y recomendaba la vuelta de embajadores. Rápidamente se hicieron sentir sus efectos. El 2 de marzo de 1951 presentaban sus cartas credenciales el embajador norteamericano Stanton Griffith, dos semanas más tarde lo hizo el representante británico Jhon Balfour y, el 17, el francés Bernard Hardion. Era el paso imprescindible para ligar el Régimen de Franco a Occidente. En los años posteriores la alianza de la dictadura franquista y Occidente se iría consolidando con la entrada de España en la UNESCO (1952), la firma del Concordato con el Vaticano (agosto de 1952) el Acuerdo bilateral con los EE UU (septiembre 1953) y, finalmente, en diciembre de 1955 accedía a la ONU.

5. LA OPOSICIÓN DEMOCRÁTICA: DE LA DERROTA MILITAR A LA POLÍTICA.

La derrota republicana estuvo precedida de fuertes divergencias internas en el seno de las fuerzas que apoyaban el Régimen: PSOE, UGT, CNT e IR. Las querellas en los partidos y sindicatos se acentuaron tras el golpe de Casado (marzo 1939), que constató el aislamiento del PCE, del que tuvo mucha culpa su total dependencia de las directivas de la Komintern ya verificadas durante la guerra^[34]. Estas divisiones se alargaron hasta la muerte de Franco e incluso después, pues los dos organismos estatales de oposición, la JDE impulsada por el PCE y la Plataforma Democrática, por el PSOE, no se entendían en 1975 por diferendos derivados de la guerra.

A pesar de estas diferencias, en julio de 1941, cuando aún no había transcurrido ni un mes de la agresión germana a la «patria del proletariado», el PCE lanzó su primer llamamiento en nombre de la Unión Nacional Española (UNE) con el objetivo de unir a todos los patriotas, fuesen de derecha o de izquierda, en contra de Franco. Pero, el objetivo último era impedir que España entrase en guerra al lado del Eje. El sectarismo del PCE, en esas fechas, era tan grande que hacia un llamamiento para aglutinar a todos los sectores disidentes del franquismo pero dejaba fuera del acuerdo a «los casadistas, los espías nazi-trotskistas, Prieto, Araquistaín y Abad de Santillán^[35]». En otras palabras, a todos los sectores del PSOE, pues Prieto representaba el sector mayoritario, Araquistaín era «caballeristas» y Besteiro había formado parte de la Junta de Casado, del POUM, y de la CNT-FAI. Por tanto, al PCE como «compagnon de route» solo le quedaban los partidos republicanos moderados que eran muy anticomunistas y los que habían apoyado a Franco.

El estalinismo del PCE y su aislamiento del resto de la oposición, mientras duró la ocupación nazi de Francia, a finales de 1944, quedó enmascarada por la lucha contra el invasor, que ocupó la mayor parte de las energías de los republicanos exiliados. En ese combate, justo es señalarlo, el PCE dio la principal contribución de sangre. Por eso, acabada la Segunda Guerra Mundial, controlaba grandes extensiones de la frontera francesa y las principales rutas que enlazaban con España. Además, se había hecho con el dominio de regiones boscosas, desde las que estableció infraestructuras para desencadenar las acciones de resistencia contra la dictadura y especialmente la actividad guerrillera. El proyecto político militar del PCE precisaba, para triunfar, aglutinar al resto de la oposición republicana e incluso a los monárquicos, por eso el PCE se arropó con disidentes del PSOE-CNT ligados a Negrín y de otras fuerzas políticas, como IR, que habían colaborado en el último Ejecutivo republicano. Estos militantes de organizaciones no comunistas rápidamente fueron desautorizados por sus formaciones. El pacto con los monárquicos trataron de llevarlo a cabo a través de Sixto Agudo, Blanco, que, a finales de 1943, fue enviado desde Francia a Sevilla para entrevistarse con el catedrático de aquella universidad Manuel Giménez Fernández, exministro de Agricultura de la CEDA (1934-1935). Pero Blanco fue detenido antes de lograr su objetivo^[36]. En paralelo con el PCE su hermano catalán, el PSUC, trató de realizar la misma operación con la oposición catalana creando la Alianza Catalana en 1942, también con disidentes de ERC, ACR , PSUC, CNT, UGT, PRE y Unió de Babassaires^[37], si bien con los mismos resultados que el PCE. Por eso los comunistas, para que las restantes fuerzas exiliadas no pudiesen crear una plataforma alternativa, llegaron incluso a usar la violencia tratando de impedir que sus rivales se organizasen^[38]. A pesar de ello, en octubre de 1944, surgió la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas (ANFD), impulsada por el sector más influyente de la CNT, IR y los socialistas^[39] que propugnaba también un acuerdo con los monárquicos para expulsar a Franco del poder.

Desde luego, la ANFD estaba más cerca que el PCE de llegar a acuerdos con la Confederación de Fuerzas Monárquicas por sus postulados más moderados. De hecho. D. Juan, ante el nuevo dilema que se vivía en Europa, abandonando la anterior exaltación franquista que le había conducido a presentarse voluntario a las filas rebeldes^[40], creyó también que podía dar una contribución a la transición política y, el 19 de marzo de 1945, hizo público un Manifiesto al Pueblo Español desde Lausana, señalando: «hoy, pasados seis años desde que finalizó la guerra civil, el régimen implantado por el general Franco, inspirado desde el principio en los sistemas totalitarios de las potencias del Eje, tan contrario al carácter y a la tradición de nuestro pueblo, es fundamentalmente incompatible con las circunstancias que la guerra presente está creando en el mundo». Y reclamaba que Franco abandonase el poder^[41]. El más decidido partidario del acercamiento de la ANFD a los monárquicos fue Indalecio Prieto al procurar que su partido abandonase las instituciones republicanas. De hecho, había sido secretario de la Junta Española de Liberación (JEL), creada en México en noviembre de 1943, y creía que esa plataforma era más neutra, en cuestión de régimen, que la restauración de las instituciones republicanas y que sin éstas sería posible conseguir la convocatoria de un referéndum, pactado con los monárquicos, que abonase la transición en España. Su actitud provocó la caída del Gobierno republicano presidido por José Giral en enero de 1947 (se había constituido en noviembre de 1945) y, en febrero, le sucedió al frente del mismo el secretario general del PSOE, Rodolfo Llopis. Con todo, Prieto consiguió imponer el pacto con los monárquicos en la Asamblea de Delegados que el PSOE celebró en Toulouse, en julio de 1947, mediante una resolución que, además, condenaba al Gobierno en el exilio por estar en él el PCE y señalaba que las instituciones republicanas eran simbólicas. Su objetivo era ir al encuentro del Manifiesto de Lausana y de la Nota Tripartita (marzo 1946).

Esta redefinición de la política del PSOE venía auspiciada por el Partido Laborista británico que estaba en el poder desde julio de 1945. Pero para que la operación tuviese éxito, era preciso desmontar las instituciones republicanas de las que el PCE fue obligado a salir en verano de 1947, en consonancia con lo que sucedía en toda la Europa occidental. Pero el Gobierno LLopis no tenía ninguna capacidad política y, por eso, en el interior de España la ANFD actuaba al margen del ejecutivo y procuraba pactar directamente con los representantes de D. Juan, haciendo un esfuerzo de moderación y de realismo político^[42].

Establecida la conveniencia del pacto entre la corona y el exilio, y con el concurso de Ernest Bevin, ministro de Exteriores británico, en octubre de 1947 se entrevistaron en Londres Prieto y Gil Robles, cuando el Gobierno de Llopis había caído (28 de agosto). La voluntad conciliadora de los socialistas fue reforzada en febrero de 1948 cuando el III Congreso del PSOE, celebrado en Toulouse, bendijo la operación.

Franco neutralizó el proyecto de conjunción republicano dinástica, en marzo de 1947, con la aprobación del proyecto de Ley de Sucesión, que se cargaba los principios tradicionales de la monarquía: legitimidad y continuidad hereditaria, marginando a la rama oficial y dejando abierta la puerta a otra entronización; lo que debilitó sensiblemente la postura liberalizante de D. Juan, que estaba más preocupado por tender puentes con Franco que entenderse con la oposición. Con todo, el 28 de mayo de 1948 Gil Robles y Prieto firmaron el Pacto de San Juan de Luz que establecía un horizonte democratizador a través de: 1) Amnistía; 2) Garantía de libertades públicas; 3) Mantenimiento del Orden Público; 4) Mejorar la economía y la renta (aceptación del Plan Marshall); 5) Eliminar a los autoritarios de la vida política; 6) Incorporación de España a Occidente; 7) Libertad de culto, con preeminencia de la Iglesia católica; 8) Consulta popular sobre la futura forma de gobierno. Pero el acuerdo nació muerto pues, tres días antes, Franco y D. Juan se habían entrevistado a bordo del Azor y pactaron que la rama oficial de los borbones seria entronizada algún día, lo que permitió que D. Juan Carlos fuese a estudiar a España el 8 de noviembre de 1948. El camino de San Juan de Luz no pasó de un proyecto ya que no se concretaría por el radicalismo de la guerra fría. Franco, sintiéndose seguro, acorraló a los signatarios de aquel acuerdo, impuso multas y deportaciones a los dirigentes monárquicos y persiguió implacablemente a los miembros de la ANFD y a los del Comité Pous i Pagés que funcionaba clandestinamente en Cataluña agrupando a la oposición no comunista y que estaba identificado con la ANFD^[43].

La CNT, ante el fracaso de la transición se planteó relanzar la lucha guerrillera en las zonas rurales, si bien antes en Cataluña ya había operado mediante militantes que actuaron al margen del aparato confederal realizando, sobre todo, actos de sabotaje y guerrilla urbana, especialmente: Massana, Quico Sabater, Facerias, Caracremada lo que, obviamente, no significaba que por todas las agrupaciones guerrilleras que se fueron constituyendo en España, a partir de finales de 1944, no hubiese confederales, pero éstos actuaron con poca coordinación con sus organizaciones del interior y de Francia.

En Toulouse, en febrero de 1949, el Movimiento Libertario Español, en un pleno de las agrupaciones locales se planteó la unidad de los dos sectores «el puro» y «el político» y decidieron relanzar la actividad guerrillera. Con ese objetivo, en marzo de 1949 pasaron al interior, por Benasque, diez militantes y un guía, pero fueron fácilmente neutralizados por la Guardia Civil. En julio de ese año, once más entraron por Urdiceto (Huesca), pero nuevamente fueron diezmados por la Benemérita, según parece el mismo fotógrafo que les proporcionaba la documentación falsa trabajaba también para la Guardia Civil^[44].

También los socialistas, aislados y pillados lejos de la frontera, se enfrentaron a las FOP, entrando en las guerrillas a nivel individual, pero el PSOE y la UGT, como los anarquistas, no trataron de enfrentarse al franquismo militarmente, aunque ambos sectores políticos no rehuyeron el combate cuando no tuvieron más remedio. El caso más significativo fue el del socialista asturiano José Mata Castro, que organizó una importante partida en Sama de Langreo y que fue evacuada en octubre de 1948 por el puerto de Luanco, en un barco fletado por Prieto^[45].

El PCE, desde la invasión del valle de Arán, fue el que capitalizó la acción guerrillera, tratando de someter a su disciplina y encuadramiento a los distintos grupos de huidos que había por toda España y, a partir de 1945, envió cuadros y enlaces para que realizasen esta labor. Así, en 1946 y en la primera mitad de 1947, el PCE recogió sus frutos al conseguir un importante auge de su política militar^[46]. Pero tras la elaboración de la doctrina Truman, que consagraba la contención del comunismo a cualquier precio, el Régimen, con el beneplácito que daba la nueva situación geoestratégica internacional, implantó, en abril de ese año, la Ley de Bandidaje y Terrorismo, y, abiertamente, empleó el Ejército contra la insurgencia sin los escrúpulos anteriores que pretendían ocultar esa colaboración hasta entonces esporádica. Por eso, durante la segunda mitad de 1947, la nueva táctica de tierra quemada impuesta por la Guardia Civil daría innegables éxitos. La nueva ley fomentaba la delación y concedía beneficios a los desertores. Su aplicación, junto con el endurecimiento de las leyes de la guerra con la aplicación de la llamada «Ley de fugas», el fomento de las contrapartidas, la detención de masoveros, la despoblación de casas de campo y el uso generalizado de la tortura hicieron que cundiese el pánico y las divergencias entre la propia guerrilla, circulando en cada caída la sospecha de la traición, lo que fomentó el ajuste de cuentas entre los propios guerrilleros y el aumento de los conflictos entre los de la CNT y los del PCE.

A partir del verano de 1947, después de ser expulsado del Gobierno de Llopis, el PCE, haciendo una lectura equivocada de la realidad y aplicando mimèticamente la estrategia de la ELAS en Grecia, que acababa de pasar de la guerra irregular a la convencional, elaboró un documento en el que señalaba que la lucha guerrillera, hasta entonces despreciada por las otras organizaciones antifranquistas, era la alternativa. Además, pretendía convertir la zona de Levante en el epicentro de la guerra de guerrillas en España, porque tenía comunicaciones terrestres con Francia, garantizadas a través de enlaces que conseguían llegar a la zona del AGLA tras 12 días de marcha. Además, el PCE se planteaba utilizar medios navales en la costa mediterránea, desde el delta del Ebro hasta la provincia de Valencia, para asegurarse el avituallamiento y la posibilidad de mantener una relación rápida con la retaguardia francesa.

Creían que era posible aumentar la superficie insurgente en el territorio del AGLA hasta abarcar la toda la provincia de Tarragona, toda la de Cuenca y alargarla hasta la de Guadalajara y Albacete, para permitir que los campamentos establecidos en las sierras de Jaralambre y Gúdar estuviesen más alejados de la zona de operaciones. También estudiaron aumentar la propaganda de las actuaciones de la guerrilla a través de las emisoras «Radio España Independiente, París, Praga, etc., dando cada 8 o 10 días un parte de operaciones como alto mando guerrillero» y publicar de nuevo en Francia el boletín Ataque, como órgano del alto mando insurgente para «popularizar y comentar todo el movimiento guerrillero^[47]».

Con ese objetivo de aumentar cuantitativa y cualitativamente la actividad guerrillera, el 11 de febrero de 1948, Lister y Carrillo se entrevistaron en Belgrado con Tito y otros miembros de la dirección yugoeslava, planteándoles la posibilidad de que aviones de ese país lanzasen material con paracaídas en la zona del AGLA. Tito preguntó a sus interlocutores si habían puesto en conocimiento de Stalin esa operación. Al responderle que no, les insistió en que era preciso obtener su aquiescencia^[48]. Era evidente que en medio del conflicto soviético-yugoslavo que entonces ya había estallado, aunque no era público, Tito, que acabó cerrando su frontera para la guerrilla comunista griega, no tenía intención de ayudar a la española. Con todo, la dirección soviética no hizo ninguna indicación que supusiese una inflexión en la línea de apoyo a la lucha armada en España, como mínimo hasta septiembre de ese año, pues en las publicaciones oficiales del partido y en la documentación interna cogida por la Guardia Civil no hay ninguna referencia en ese sentido. En septiembre de ese año hubo una reunión en el Kremlin entre Stalin, Molotov, Suslov y Vorochilov con Carrillo, Pasionaria y Francisco Antón. Entonces, según parece, Stalin les habría señalado que debían abandonar la lucha armada y pasar a la infiltración en los sindicatos y otras organizaciones de masas franquistas^[49].

Esa orientación estratégica no podía tomarse con prontitud puesto que el PCE había hecho de la resistencia armada su prioridad. Con todo, Carrillo, en la revista teórica del partido que salió después de que se hubiesen entrevistado con Stalin, señalaría que para el partido se debía priorizar la lucha política a través de los Consejos de Resistencia^[50]. Y, a partir de entonces, se intentó infructuosamente que los guerrilleros fuesen los «instructores y organizadores de los campesinos^[51]».Las resistencias de una parte de las guerrillas a disolverse provocaron diversos ajustes de cuentas.

Con todo, la debilidad del PCE y las disputas internas, desde el fracaso guerrillero en Grecia (agosto 1949), eran muy grandes y tuvieron su culminación el 7 de septiembre de 1950, cuando el PCE y el PSUC fueron declarados ilegales en Francia. Era la consecuencia de lo ocurrido el 17 de febrero en Barbazan (Haute Garona), en donde la policía descubrió un depósito de armas, no solo de la guerrilla española, sino también del PCF que los guardaba ante la eventualidad de que se produjera una guerra entre Francia y la URSS. Al ser descubierto el alijo, el inspector Rooma que llevaba la investigación fue secuestrado el 5 de abril y diez días después su cuerpo fue hallado en una fosa. El día 18, Díaz del Valle (un histórico militantes del PCE), apareció en el Sena, y el 21, el cadáver de Redención Querol, flotando en un lago. Días antes su compañero, Miquel Muntaner, fue herido en Barcelona por pistoleros del PCE y en su lecho de muerte confesó todo a la policía franquista. La detención de su asesino, Ramón Boldán, acabó de desvelar todo el entramado. Más de 200 comunistas (160 de los cuales españoles) fueron deportados de Francia^[52]. La dirección comunista pasaba por sus horas más bajas y es que las purgas y las disidencias estaban en el orden del día. El ejemplo más evidente fue la expulsión del secretario general del PSUC, Joan Comorera, en septiembre de 1949, por «titista». Fue entonces cuando, en mayo de 1952, el PCE dio la orden de evacuación al AGLA. Entonces, los 27 hombres que quisieron partir llegaron a Francia después de andar 35 noches. Era el final formal de la guerrilla^[53]. Aun en la zona del AGLA y en otras zonas de España quedaron algunos irreductibles que se habían negado a dejar el monte, pero con la evacuación del AGLA, el PCE inició el viraje que le condujo en 1956 a postular la política de «Reconciliación Nacional» y a minimizar su papel en la lucha guerrillera^[54], postura que mantuvo hasta los años noventa^[55].